La cadena de errores en el sistema carcelario que le costó la vida a Einer Beltrán

Dos niñas gemelas, casi recién nacidas, no tendrán recuerdos de su padre, el patrullero de la Policía Nacional, Einer Alberto Beltrán Arrieta, de 33 años, quien murió este jueves, en medio de un operativo criminal, que tuvo como objetivo el “rescate” de un hombre, que llevaba cinco meses detenido, en la Estación de Policía de Suba, por delitos de alto impacto. La tragedia que enluta a la familia del joven uniformado fue una cadena de errores y problemas estructurales en el sistema carcelario y penitenciario, que aqueja al país y, con inquina, a Bogotá.

Dos niñas gemelas, casi recién nacidas, no tendrán recuerdos de su padre, el patrullero de la Policía Nacional, Einer Alberto Beltrán Arrieta, de 33 años, quien murió este jueves, en medio de un operativo criminal, que tuvo como objetivo el “rescate” de un hombre, que llevaba cinco meses detenido, en la Estación de Policía de Suba, por delitos de alto impacto. La tragedia que enluta a la familia del joven uniformado fue una cadena de errores y problemas estructurales en el sistema carcelario y penitenciario, que aqueja al país y, con inquina, a Bogotá.

En primer lugar, hay que diferenciar las estaciones de policía, las unidades de reacción inmediata (URI), las cárceles y las penitenciarias, así como sus funcionalidades. En las dos primeras, su misión es servir de lugar de detención transitoria, luego de una captura en flagrancia o de una con orden judicial, las 36 horas después de hacerse efectiva y antes de que un juez con función de control de garantías imparta legalidad.

La tercera, en el papel, es un centro de reclusión para personas que están en proceso de investigación, sindicados o en etapa de juicio; mientras que la cuarta, como su nombre lo indica, es para personas que están condenadas y están cumpliendo su pena de prisión impartida por un juez.

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De hecho, son varios los pronunciamientos de la Corte Constitucional que hablan sobre la prohibición de tener personas detenidas en estaciones de policía y unidades de reacción inmediatas. Aun así, casos como el del homicidio del patrullero Beltrán —y otros del pasado como el incendio en la estación de Soacha en 2020, en donde murieron ocho presos— demuestran que del dicho al hecho falta trecho, y mucho, para cumplirlo.

Una cita autorizada y mortal

Ir al odontólogo, este jueves 6 de octubre, autorizado por un juez de Bogotá, se convirtió en el plan de fuga ideal —como sacado de una serie de televisión— de Carlos Alberto Torres Cruz, para huir de la justicia, que lo está procesando por tráfico de estupefacientes, homicidio, porte ilegal de armas y concierto para delinquir.

La cita era en la Diagonal 19 con Transversal 21 (barrio Olaya, sur de Bogotá, cerca a las avenidas Primera de Mayo y Caracas), adonde Beltrán y otro uniformado trasladaron al ahora prófugo. Allí, llegaron tres cómplices de Torres armados, encañonaron a los dos policías, le quitaron el arma de dotación al patrullero y le dispararon, hiriéndolo de muerte.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Carlos Triana, los cuatro sujetos “emprenden la huida y lamentablemente es donde se causa la muerte y el asesinato de uno de los uniformados, rechazamos contundentemente este hecho”.

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El problema estructural del hacinamiento

En Colombia el hacinamiento carcelario es una realidad de peso e inocultable. Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en el país hay una sobrepoblación intramural de 16.259 privados de la libertad, lo que se traduce en un hacinamiento del 20,03 %, que se ve reflejada en 79 establecimientos.

Esto se traduce en que todos los centros de detención en el país tienen una capacidad para 81.175 personas, mientras que la actual población es de 97.434.

El panorama en Bogotá es parecido al nacional, pues sus centros de reclusión tienen capacidad para 10.379 presos, pero la población carcelaria actual es de 11.973. Lo que refleja una sobrepoblación de 1.594 y un hacinamiento del 15,4 %

Según los datos, la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad Para Mujeres de Bogotá, conocida como El Buen Pastor, es el establecimiento con mayor porcentaje de hacinamiento (45,4 %), seguido por el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, conocida como La Picota, con un porcentaje de 13,4 %.

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Al respecto, la Personería de Bogotá ha alertado sobre el hacinamiento en estaciones de policía, como en la de la localidad Santa Fe, la cual tiene una capacidad máxima para 40 detenidos, pero que, a corte de agosto de 2022, tenía una ocupación de 189 personas, es decir, un porcentaje de hacinamiento del 370 %.

Entre tanto, cifras de la Policía Nacional señalan un hacinamiento del 61,4 % en marzo de 2020 (había 10.074 personas cuando hay cupo para 6.242) y uno del 153,9 % en julio de 2021 (había 20.821 personas con un cupo para 8.200).

¿Cómo abordar el problema?

Ante este panorama, ocurre una situación en la que los lugares de reclusión o detención transitoria —como las estaciones de policía y URI— están detenidas personas sindicadas y hasta condenadas: un problema operativo preocupantes, primero, porque ese tipo de espacios no cuentan con la infraestructura y medidas de seguridad propias de una cárcel o penitenciaria, lo cual es un escenario propicio para los motines —como el más reciente en la estación de Kennedy y en la de Santa Fe, en febrero de este año—.

Así lo explica el experto en seguridad y exsubsecretario de Seguridad de Bogotá, Andrés Nieto, quien asegura que “hay un grave problema con el Inpec, la cual necesita una restructuración o una liquidación porque no tiene capacidad de operación”. Y agrega que “la policía terminó respondiendo disciplinariamente y jurídicamente por fugas, cuando hay guardias y profesionales del Inpec encargados de esto”.

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Por otro lado, María Stella Baracaldo, asesora y experta en convivencia y seguridad, añade que “estamos ahogados en cuanto al hacinamiento, a pesar de que la ley prohíbe tener detenidos en estaciones de policía. La población penitenciaria tiene que estar clasificada y no pueden estar detenidas en estaciones, ¿pero si no hay infraestructura suficiente qué?”.

Sobre el caso del patrullero Beltrán, Baracaldo cuestiona el “por qué mandaron a dos policías solos a acompañar a un preso (Carlos Alberto Torres Cruz) que es de alta peligrosidad” y añade que “no hay policía suficiente para hacer esos desplazamientos, ni hay penitenciarias suficientes”.

Finalmente, Nieto apunta a que tiene que haber prioridad para detenidos por delitos graves en cuanto a su detención, pues, dice, que “en Colombia se siguen atendiendo los casos por orden de llegada. Entonces, si llega primero un caso por un delito menor que otro por uno más grave, el cupo a un centro carcelario ya fue asignado. Lo que haría es crear una forma de selección y priorización de casos para así priorizar las medidas intramurales”.

“Además, hay muchos casos represados, por eso hay que fortalecer sistema de justicia. Un país debería tener 86 jueces y fiscales por cada 100 mil habitantes, mientras que Colombia tiene solo 11 por cada 100 mil. Así, los fiscales no tienen como desarrollar las actividades propias de la judicialización”, apunta.

Sin ir más lejos, un incendio y violentos motines en estaciones de Policía que terminan en fugas, la sobreocupación, la sustitución de responsabilidades entre Inpec y Policía, el incumplimiento a la ley y las demoras en la judicialización crearon este jueves en Bogotá, sin proponérselo, un coctel mortal que le costó la vida al patrullero Einer Alberto Beltrán Arrieta, quien pagó el más alto precio de un plan de fuga que aprovechó toda la cadena de vacíos en el sistema carcelario y penitenciario del país.

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