La colonización de Las Aguas
Los habitantes de este barrio bogotano se niegan a dejar sus casas. Desde hace dos años, el Distrito comenzó un proceso de expropiación de 36 predios que se encuentran en el mismo lugar en donde se construirá el proyecto Centro Cultural Español.
María Camila Peña
Por años, la familia Torres pensó que su casa, ubicada en la calle 20 con primera, justo en frente de la Universidad de los Andes y en donde habían encontrado refugio después de desplazarse forzosamente de Puente Nacional, era un bien de patrimonio intocable.
El sastre Jairo Castrillón, reconocido entre los políticos por la calidad de sus trajes, estaba seguro de que en su taller de la carrera tercera con calle 19 seguiría prosperando su negocio por varios años más. Para el escritor Jairo Aníbal Niño fue una sorpresa tener que entregar su apartamento de Las Aguas, donde nacieron algunos de sus mejores cuentos infantiles, a cambio de 69 millones de pesos, simplemente porque en aquel lugar, que había sido su hogar durante los últimos años, se construiría el proyecto Centro Cultural Español.
Dos años atrás ellos y los demás vecinos de la manzana cinco del barrio Las Aguas, situada entre el Eje Ambiental y la carrera 3ª y las calles 19 y 20, comenzaron a dudar de sus viejos anhelos de continuar con su vida en el sitio que habían elegido. De repente, uno por uno fueron recibiendo notificaciones selladas por la Empresa de Renovación Urbana (ERU) en las que les informaban que debían venderle sus predios al Distrito para darle paso a un importante proyecto que renovaría el centro de la ciudad.
En febrero de 2006, miembros del Distrito los citaron en el auditorio del Icetex y mediante una charla de casi dos horas les explicaron que en sus predios la embajada española construiría un centro cultural de cinco mil metros cuadrados que contaría con galerías, biblioteca, aulas y que sería de uso público.
Les dijeron que la segunda parte del proyecto todavía no estaba definida, pero que contaría con un centro comercial y apartamentos de vivienda. En la reunión les prometieron beneficios a aquellos que aceptaran los acuerdos de compraventa, les garantizaron que serían justamente remunerados y los vecinos decidieron conformar un comité de residentes.
Tiempo después llegaron los avalúos realizados por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá. En ese momento, los residentes se dieron cuenta de que las cifras por las que estaban tasados sus predios no eran las esperadas. Pese a esto, algunos aceptaron las ofertas a cambio de gozar de los prometidos beneficios, que básicamente consistían en subsidios de vivienda, opciones de reubicación y negociación en el precio de los predios.
Otros 11, como el artista Juan Camilo Arango, quien a raíz del desalojo ha comenzado a apropiarse de las paredes de la casa convirtiéndolas en arte, se resistieron a entregarle al Distrito sus casas y lotes por tan poco. “A mí me están comprando el metro cuadrado a $250 mil, con eso nunca vamos a poder conseguir algo ligeramente parecido a esta casa. La idea con este proyecto artístico es transmitir el mensaje de que con la demolición de esta casa también están acabando con mi obra y la del grupo de artistas que ha dejado sus manifestaciones grabadas en las paredes”.
Frente al tema, la Secretaría de Hábitat ha hecho énfasis en que contrataron a la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá para que hiciera los avalúos, por ser los que más experiencia tienen en el tema. Además, afirmó Juliana Álvarez, la secretaria
encargada, que “éste ha sido un proceso que comenzó en junio de 2006 y en ningún momento el Distrito ha querido maltratar a los ciudadanos ni mucho menos dejarlos en la calle. Desde el comienzo se invitó a los habitantes a que participaran del proyecto como socios, pero ellos no quisieron.
Durante todo este proceso hemos acompañado a la comunidad. Por ejemplo, en el caso de los Torres, una pareja de personas de la tercera edad que aceptó vender su predio, les compramos la casa, les dimos un reconocimiento por la actividad comercial, conseguimos que se inscribieran al Sisbén y les dieran dos subsidios por un total de $110 mil. Se les cancelaron tres millones de pesos por los arriendos que iban a dejar de recibir, a los hijos les conseguimos un subsidio de vivienda por nueve millones y a la hija se le ofreció un trabajo”.
Pese a las afirmaciones del Distrito, los habitantes aseguran que durante el proceso de expropiación se sintieron presionados por las autoridades. “A nosotros lo que nos están haciendo es un desplazamiento forzado. Desde hace 10 meses nos tienen el local cerrado y aunque nos dieron subsidios de vivienda, con ese dinero nunca vamos a poder tener la misma calidad de vida”, dice José Siniualdo Torres.
“Para mí es traumático tener que dejar mi taller después de 40 años de haber trabajado acá”, dice, por su parte, el sastre Jairo Castrillón, quien ha atendido en su local de la carrera 3ª con calle 19 a ministros, embajadores, presidentes de multinacionales y todo tipo de políticos. “Yo acepté la propuesta por los beneficios, pero hasta ahora ni siquiera me han dicho en dónde me van a reubicar”.
Según Álvarez, “en el caso del señor Castrillón, se le otorgó un subsidio de arrendamiento por 220 millones, y se le ha hecho todo el acompañamiento para ayudarle a conseguir un local. Lo que pasa es que él es el que tiene que decidir hacia dónde quiere trasladarse”.
El pasado lunes, funcionarios de la ERU, junto con miembros de la Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital, la Alcaldía Local de Santa Fe, la Secretaría de Integración Social y la Policía tomaron posesión de los predios de aquellos vecinos que en un primer momento se negaron a aceptar las ofertas. Ese día, los 11 obstinados tuvieron que firmar un acta de entrega ante las diferentes autoridades, en la que les notificaron que tenían hasta el 7 de julio para desocupar y entregar las casas, exceptuando el caso del artista Arango, quien consiguió un mes más de plazo.
Desde ese día, los pocos habitantes que aún quedan en la manzana cinco de Las Aguas, resignados, comenzaron a empacar sus pertenencias y los comerciantes no han parado de llenar cuadernos con los datos de sus clientes para que cuando llegue el día de la partida puedan avisarles en dónde se reubicarán. En medio de la incertidumbre, la comunidad todavía no entiende por qué debe irse para que nuevos proyectos culturales y de vivienda se desarrollen en lo que por más de 40 años fue suyo.
Por años, la familia Torres pensó que su casa, ubicada en la calle 20 con primera, justo en frente de la Universidad de los Andes y en donde habían encontrado refugio después de desplazarse forzosamente de Puente Nacional, era un bien de patrimonio intocable.
El sastre Jairo Castrillón, reconocido entre los políticos por la calidad de sus trajes, estaba seguro de que en su taller de la carrera tercera con calle 19 seguiría prosperando su negocio por varios años más. Para el escritor Jairo Aníbal Niño fue una sorpresa tener que entregar su apartamento de Las Aguas, donde nacieron algunos de sus mejores cuentos infantiles, a cambio de 69 millones de pesos, simplemente porque en aquel lugar, que había sido su hogar durante los últimos años, se construiría el proyecto Centro Cultural Español.
Dos años atrás ellos y los demás vecinos de la manzana cinco del barrio Las Aguas, situada entre el Eje Ambiental y la carrera 3ª y las calles 19 y 20, comenzaron a dudar de sus viejos anhelos de continuar con su vida en el sitio que habían elegido. De repente, uno por uno fueron recibiendo notificaciones selladas por la Empresa de Renovación Urbana (ERU) en las que les informaban que debían venderle sus predios al Distrito para darle paso a un importante proyecto que renovaría el centro de la ciudad.
En febrero de 2006, miembros del Distrito los citaron en el auditorio del Icetex y mediante una charla de casi dos horas les explicaron que en sus predios la embajada española construiría un centro cultural de cinco mil metros cuadrados que contaría con galerías, biblioteca, aulas y que sería de uso público.
Les dijeron que la segunda parte del proyecto todavía no estaba definida, pero que contaría con un centro comercial y apartamentos de vivienda. En la reunión les prometieron beneficios a aquellos que aceptaran los acuerdos de compraventa, les garantizaron que serían justamente remunerados y los vecinos decidieron conformar un comité de residentes.
Tiempo después llegaron los avalúos realizados por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá. En ese momento, los residentes se dieron cuenta de que las cifras por las que estaban tasados sus predios no eran las esperadas. Pese a esto, algunos aceptaron las ofertas a cambio de gozar de los prometidos beneficios, que básicamente consistían en subsidios de vivienda, opciones de reubicación y negociación en el precio de los predios.
Otros 11, como el artista Juan Camilo Arango, quien a raíz del desalojo ha comenzado a apropiarse de las paredes de la casa convirtiéndolas en arte, se resistieron a entregarle al Distrito sus casas y lotes por tan poco. “A mí me están comprando el metro cuadrado a $250 mil, con eso nunca vamos a poder conseguir algo ligeramente parecido a esta casa. La idea con este proyecto artístico es transmitir el mensaje de que con la demolición de esta casa también están acabando con mi obra y la del grupo de artistas que ha dejado sus manifestaciones grabadas en las paredes”.
Frente al tema, la Secretaría de Hábitat ha hecho énfasis en que contrataron a la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá para que hiciera los avalúos, por ser los que más experiencia tienen en el tema. Además, afirmó Juliana Álvarez, la secretaria
encargada, que “éste ha sido un proceso que comenzó en junio de 2006 y en ningún momento el Distrito ha querido maltratar a los ciudadanos ni mucho menos dejarlos en la calle. Desde el comienzo se invitó a los habitantes a que participaran del proyecto como socios, pero ellos no quisieron.
Durante todo este proceso hemos acompañado a la comunidad. Por ejemplo, en el caso de los Torres, una pareja de personas de la tercera edad que aceptó vender su predio, les compramos la casa, les dimos un reconocimiento por la actividad comercial, conseguimos que se inscribieran al Sisbén y les dieran dos subsidios por un total de $110 mil. Se les cancelaron tres millones de pesos por los arriendos que iban a dejar de recibir, a los hijos les conseguimos un subsidio de vivienda por nueve millones y a la hija se le ofreció un trabajo”.
Pese a las afirmaciones del Distrito, los habitantes aseguran que durante el proceso de expropiación se sintieron presionados por las autoridades. “A nosotros lo que nos están haciendo es un desplazamiento forzado. Desde hace 10 meses nos tienen el local cerrado y aunque nos dieron subsidios de vivienda, con ese dinero nunca vamos a poder tener la misma calidad de vida”, dice José Siniualdo Torres.
“Para mí es traumático tener que dejar mi taller después de 40 años de haber trabajado acá”, dice, por su parte, el sastre Jairo Castrillón, quien ha atendido en su local de la carrera 3ª con calle 19 a ministros, embajadores, presidentes de multinacionales y todo tipo de políticos. “Yo acepté la propuesta por los beneficios, pero hasta ahora ni siquiera me han dicho en dónde me van a reubicar”.
Según Álvarez, “en el caso del señor Castrillón, se le otorgó un subsidio de arrendamiento por 220 millones, y se le ha hecho todo el acompañamiento para ayudarle a conseguir un local. Lo que pasa es que él es el que tiene que decidir hacia dónde quiere trasladarse”.
El pasado lunes, funcionarios de la ERU, junto con miembros de la Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital, la Alcaldía Local de Santa Fe, la Secretaría de Integración Social y la Policía tomaron posesión de los predios de aquellos vecinos que en un primer momento se negaron a aceptar las ofertas. Ese día, los 11 obstinados tuvieron que firmar un acta de entrega ante las diferentes autoridades, en la que les notificaron que tenían hasta el 7 de julio para desocupar y entregar las casas, exceptuando el caso del artista Arango, quien consiguió un mes más de plazo.
Desde ese día, los pocos habitantes que aún quedan en la manzana cinco de Las Aguas, resignados, comenzaron a empacar sus pertenencias y los comerciantes no han parado de llenar cuadernos con los datos de sus clientes para que cuando llegue el día de la partida puedan avisarles en dónde se reubicarán. En medio de la incertidumbre, la comunidad todavía no entiende por qué debe irse para que nuevos proyectos culturales y de vivienda se desarrollen en lo que por más de 40 años fue suyo.