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La administración de Claudia López ve en la construcción una carta indispensable en la reactivación económica, y más ahora que las cifras de desempleo están disparadas. Según su Plan Distrital de Desarrollo (PDD), las obras públicas serán un motor que generará 500 mil empleos entre 2020 y 2023. Se espera que este año cierre al menos con 100 mil nuevos empleos a través de la reactivación de obras y la aceleración de diseños.
Para 2021, la meta es más ambiciosa: incorporar a 225 mil trabajadores más, mediante la contratación y ejecución de nueva infraestructura; en 2022, se prevé que crezca en 135 mil, y para 2024, otros 40 mil. De cumplirse con estas expectativas, la infraestructura aportaría en la mitigación de la cifra récord de desempleo que llegó en julio al 26,1 %, representada en casi 1,1 millones de desempleados.
Frente a esto, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Diego Sánchez, explicó a El Espectador que ya empezaron la tarea, pues la ciudad reactivó obras que se vieron suspendidas por la cuarentena, incluso algunas ya terminaron, como la avenida La Sirena y el mantenimiento de la plataforma del Portal El Tunal. Detalló, además, que en este tiempo tuvieron que cubrir los gastos de los protocolos de bioseguridad, ya que “la entidad tiene más capacidad que los contratistas para asumir estas incertidumbres”. Para esto, el IDU apropió $6.477 millones.
Sánchez agregó que la “nueva realidad”, si bien ha impactado en la productividad, no lo hará en la generación de empleo. Y lo explica de la siguiente manera: aunque los frentes de trabajo son menos, por el distanciamiento que se debe mantener, y en caso de un contagio de COVID-19 toda la cuadrilla queda en cuarentena, esto ha llevado a contar con más personal de seguridad y salud, así como trabajadores temporales para cubrir la mano de obra de debe frenar por el virus.
Eso sí, toda esta priorización de obras públicas, aunque positiva para la economía y el empleo, tendrá una consecuencia obvia: el impacto en la movilidad, ya que habrá muchas obras en simultáneo, lo que demandará planes de tráfico. “Eso podría pasar, por ejemplo, cuando coincidan los trabajos de la troncal de la 68, el metro y la Cicloalameda de Medio Milenio”, dijo Sánchez. La advertencia se hace, ya que para fin de año comenzará un paquete de 15 obras de valorización (cinco viales y 10 de espacio público), es decir, se espera un 2021 con muchas obras públicas, que se irán cruzando con el arranque de nuevos proyectos en 2022 y 2023.
Las obras privadas
También está la participación de las obras privadas, las cuales esperan una recuperación en los próximos años, producto de los 200 mil nuevos subsidios de vivienda (100 mil para VIS y 100 mil para No VIS), que prometió en mayo el gobierno de Iván Duque. Además, los avances que se logren con el Distrito para dar luz verde a los planes parciales y el futuro que tendría la ciudad una vez aprueben el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que propondrá López.
Con relación a lo primero, el gerente de Camacol Bogotá Cundinamarca, Alejandro Callejas, aseguró que el hecho de que se subsidie Vivienda No VIS (que en la capital es la que supera los 150 salarios mínimos) se traduce en un incentivo para la clase media y un acierto de mayor impacto para la reactivación de la economía, pues este tipo de construcciones generan más empleos, mayores aportes y mejores beneficios a su encadenamiento productivo, el cual está compuesto por 25 subsectores.
En Bogotá, más allá de las metas de construcción de vivienda que fije la administración, aseveró Callejas, su sector puede superar todas esas expectativas en la medida que se habilite suelo para construir. “Hemos tenido una conversación estrecha para materializar los planes parciales, que es un tema importante para Bogotá, no solo en número de unidades residenciales, sino por el empleo que generaría”, comentó el gerente de Camacol.
Callejas se refirió a 40 planes que están adoptados por el Distrito, pero que no han iniciado. De tener luz verde, calculó, estos podrían significar más de 60 mil viviendas, 350 mil empleos y más de $22 billones en demanda de insumos, sin contar lo que dejarían a la ciudad en materia de equipamientos urbanos, vías y áreas ambientales. Pero aquí no se detiene, pues aseguró que hay otros planes que están a la espera de ser aprobados y que representan 114 mil viviendas adicionales, 205 mil nuevos empleos, $11 billones en insumos y $143.000 millones en temas fiscales. “Así es que de verdad nos podemos reactivar”, enfatizó.
En cuanto al POT, que ya está por cumplir 20 años en Bogotá sin que sea renovado, Camacol pidió que sean tenidos en cuenta los estudios técnicos que se han desarrollado en los últimos años y que su proceso en el Concejo no se vea empañado por imposiciones políticas. La esperanza también se encuentra en las expansiones urbanísticas que alcanzó a dejar la pasada administración, como Lagos Torca (en el norte de la ciudad), Lagos de Tunjuelo (en el sur) y Ciudad Río (en el occidente).
“Lagos de Torca es el más consolidado. La alcaldesa ha ratificado el compromiso que tiene el Distrito de sacarlo adelante. Eso está andando y estamos acompañando a los desarrolladores para que se surtan un par de trámites adicionales, que es básicamente la sustracción de la Boyacá sobre la reserva Thomas van der Hammen y que quede organizada la conectividad ecológica entre los cerros y el río”, concluyó el vocero de Camacol.
Todo parece vaticinar un escenario en el que la construcción será catapultada en la capital, con lo que se generarían más de un millón de empleos (entre obras públicas y privadas), por lo que vale la pena preguntarse si Bogotá, eventualmente, contaría con esa cantidad de mano de obra y si la oferta logrará encontrar un equilibrio con la demanda, pues el impacto económico ha sido para el bolsillo de todos los bogotanos.