La cuestionada elección en la CAR
Sigue la inconformidad de organizaciones ambientales por la reelección de Alejandro Motta e Iván Garzón como sus representantes en la junta directiva de la Corporación, por lo que piden intervención de la Procuraduría. El ente ambiental indica que ellos solo facilitaron el espacio para adelantar el proceso.
Mónica Rivera - @Yomonriver (mrivera@elespectador.com)
La reelección de Alejandro Motta e Iván Garzón como los dos representantes de las organizaciones ambientales, en el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), cayó como un baldado de agua en un sector de los ambientalistas, que en las últimas semanas han denunciado posibles irregularidades en el proceso. Si bien el proceso tiene apariencia de democrático, al permitir la participación de todas las organizaciones ambientales de los municipios donde tiene influencia la CAR (las cuales se deben inscribir para participar), en el camino se fueron descubriendo supuestas maniobras que sembraron dudas.
La alerta no es para menos. La importancia de estos cargos radica en que ser parte de dicho órgano directivo garantiza tener voz y voto en una corporación que toma trascendentales decisiones administrativas, como la apertura de investigaciones ambientales, así como analizar y otorgar licencias, concesiones y autorizaciones ambientales. En el caso de Cundinamarca, entre las acciones más destacadas está aprobar la concertación ambiental de los planes de ordenamiento territorial de los municipios y el estudio de intervención en áreas protegidas, como la reserva Van der Hammen.
La controversia
Esta controversia se inició el mes pasado con la publicación de un informe de la CAR, en el que se revisaron las entidades ambientales inscritas para participar en la elección de los dos representantes de las organizaciones ambientales, que terminó en la inhabilitación de 200 sociedades. En el informe no solo se hizo una relación de las personas preseleccionadas para ser candidatas, sino que se lanzó la alerta por presuntas irregularidades en la conformación de dichas organizaciones.Por ejemplo, se encontró que María Fernanda Reyes Barahona era parte de la junta directiva de 171 de ellas, y que su hermano David Stivel Reyes Barahona formaba parte de otras 67. También casos de entidades que certificaron el pago de propaganda en las emisoras Guasca Estéreo y Radio Panamericana, como actividades en pro de la protección del medioambiente y que muchas registraron el mismo correo (amigosambientalistas01@gmail.com).
(Le recomendamos: Los peros a la elección del Consejo Directivo de la CAR de Cundinamarca)
Todo esto se sumó a los reclamos de algunos reconocidos ambientalistas, que días antes habían criticado las intenciones de Motta de hacerse reelegir en el cargo, en el que cumple más de 20 años. Según señala la ambientalista Alegría Fonseca, su constante reelección ha impedido la participación de otros líderes que sí han trabajado de forma visible por el medioambiente.
Días después de conocerse el documento, el Juzgado Noveno Penal Municipal de Bogotá ordenó provisionalmente la suspensión del proceso. Sin embargo, no lo hizo por los hallazgos de la CAR, sino, paradójicamente, por una tutela que radicó la Asociación Ambiental Gaia Esperanza, una de las inhabilitadas. El argumento era la supuesta vulneración de los derechos a la participación, el debido proceso y la igualdad.
Aunque días después el juez levantó la suspensión y el pasado martes se realizó la audiencia para elegir a los nuevos representantes, la pausa no cambió lo que estaba previsto. Según el acta, al final reeligieron a Motta con 103 votos y a Iván Garzón, con 102. Lo que no aclara el documento es que en la sesión hubo un rifirrafe entre los participantes, que terminó en la retirada de los representantes de 35 organizaciones que no votaron, al advertir que no hubo “condiciones de orden legal” y que no fueron atendidas las sugerencias de la Procuraduría y la Defensoría (que también se retiraron).
El detonante fue el mecanismo de elección que fijaron. Aunque la idea era elegir a dos representantes y la propuesta inicial era que cada organización votara por un candidato y al final ganaban los dos con mayores votaciones, se decidió que se podría votar dos veces (una por cada plaza a proveer). El reproche era que el método elegido ponía en desventaja a los grupos minoritarios, pues (como lo advirtió la CAR) había personas que representaban varias organizaciones.
(Lea también: Ojo al relevo de poder en las CAR, la cuarta cueva de corrupción de Colombia)
De acuerdo con Sabina Rodríguez van der Hammen, lo que ha pasado es que varios de estos grupos “han cooptado el sistema de participación, por lo que no hay relevo. Además, no hay preocupación en las acciones ambientales ni un interés de que haya un cambio. Las irregularidades también evidencian lo fácil que es coaptar el sistema”.
Ante lo ocurrido, la ambientalista Alegría Fonseca aseguró que interpondrá una acción de nulidad del proceso, ya que sumada a las posibles irregularidades en la reelección de los representantes ante la CAR, hay otras condiciones cuestionables, como que a Motta lo habilitaron sin haber presentado la hoja de vida con soportes de formación profesional y experiencia.
Aunque las elecciones fueron convocadas por la CAR y es la encargada de revisar y determinar qué candidatos cumplen las condiciones para participar, el ente ambiental aclaró que no es la encargada de velar por el proceso electoral, ya que esto lo determinan de forma particular las organizaciones ambientales, tras una asamblea general que se convoca con tal fin.
Por ahora, hasta que un juez se pronuncie, tanto Alejandro Motta como Iván Garzón seguirán siendo los representantes de las organizaciones ambientales ante la CAR hasta 2023. Por ahora solo resta esperar la elección de los otros representantes (de los indígenas y del sector privado) y el nuevo director de la CAR, que será el próximo 26 de noviembre.
Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook
La reelección de Alejandro Motta e Iván Garzón como los dos representantes de las organizaciones ambientales, en el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), cayó como un baldado de agua en un sector de los ambientalistas, que en las últimas semanas han denunciado posibles irregularidades en el proceso. Si bien el proceso tiene apariencia de democrático, al permitir la participación de todas las organizaciones ambientales de los municipios donde tiene influencia la CAR (las cuales se deben inscribir para participar), en el camino se fueron descubriendo supuestas maniobras que sembraron dudas.
La alerta no es para menos. La importancia de estos cargos radica en que ser parte de dicho órgano directivo garantiza tener voz y voto en una corporación que toma trascendentales decisiones administrativas, como la apertura de investigaciones ambientales, así como analizar y otorgar licencias, concesiones y autorizaciones ambientales. En el caso de Cundinamarca, entre las acciones más destacadas está aprobar la concertación ambiental de los planes de ordenamiento territorial de los municipios y el estudio de intervención en áreas protegidas, como la reserva Van der Hammen.
La controversia
Esta controversia se inició el mes pasado con la publicación de un informe de la CAR, en el que se revisaron las entidades ambientales inscritas para participar en la elección de los dos representantes de las organizaciones ambientales, que terminó en la inhabilitación de 200 sociedades. En el informe no solo se hizo una relación de las personas preseleccionadas para ser candidatas, sino que se lanzó la alerta por presuntas irregularidades en la conformación de dichas organizaciones.Por ejemplo, se encontró que María Fernanda Reyes Barahona era parte de la junta directiva de 171 de ellas, y que su hermano David Stivel Reyes Barahona formaba parte de otras 67. También casos de entidades que certificaron el pago de propaganda en las emisoras Guasca Estéreo y Radio Panamericana, como actividades en pro de la protección del medioambiente y que muchas registraron el mismo correo (amigosambientalistas01@gmail.com).
(Le recomendamos: Los peros a la elección del Consejo Directivo de la CAR de Cundinamarca)
Todo esto se sumó a los reclamos de algunos reconocidos ambientalistas, que días antes habían criticado las intenciones de Motta de hacerse reelegir en el cargo, en el que cumple más de 20 años. Según señala la ambientalista Alegría Fonseca, su constante reelección ha impedido la participación de otros líderes que sí han trabajado de forma visible por el medioambiente.
Días después de conocerse el documento, el Juzgado Noveno Penal Municipal de Bogotá ordenó provisionalmente la suspensión del proceso. Sin embargo, no lo hizo por los hallazgos de la CAR, sino, paradójicamente, por una tutela que radicó la Asociación Ambiental Gaia Esperanza, una de las inhabilitadas. El argumento era la supuesta vulneración de los derechos a la participación, el debido proceso y la igualdad.
Aunque días después el juez levantó la suspensión y el pasado martes se realizó la audiencia para elegir a los nuevos representantes, la pausa no cambió lo que estaba previsto. Según el acta, al final reeligieron a Motta con 103 votos y a Iván Garzón, con 102. Lo que no aclara el documento es que en la sesión hubo un rifirrafe entre los participantes, que terminó en la retirada de los representantes de 35 organizaciones que no votaron, al advertir que no hubo “condiciones de orden legal” y que no fueron atendidas las sugerencias de la Procuraduría y la Defensoría (que también se retiraron).
El detonante fue el mecanismo de elección que fijaron. Aunque la idea era elegir a dos representantes y la propuesta inicial era que cada organización votara por un candidato y al final ganaban los dos con mayores votaciones, se decidió que se podría votar dos veces (una por cada plaza a proveer). El reproche era que el método elegido ponía en desventaja a los grupos minoritarios, pues (como lo advirtió la CAR) había personas que representaban varias organizaciones.
(Lea también: Ojo al relevo de poder en las CAR, la cuarta cueva de corrupción de Colombia)
De acuerdo con Sabina Rodríguez van der Hammen, lo que ha pasado es que varios de estos grupos “han cooptado el sistema de participación, por lo que no hay relevo. Además, no hay preocupación en las acciones ambientales ni un interés de que haya un cambio. Las irregularidades también evidencian lo fácil que es coaptar el sistema”.
Ante lo ocurrido, la ambientalista Alegría Fonseca aseguró que interpondrá una acción de nulidad del proceso, ya que sumada a las posibles irregularidades en la reelección de los representantes ante la CAR, hay otras condiciones cuestionables, como que a Motta lo habilitaron sin haber presentado la hoja de vida con soportes de formación profesional y experiencia.
Aunque las elecciones fueron convocadas por la CAR y es la encargada de revisar y determinar qué candidatos cumplen las condiciones para participar, el ente ambiental aclaró que no es la encargada de velar por el proceso electoral, ya que esto lo determinan de forma particular las organizaciones ambientales, tras una asamblea general que se convoca con tal fin.
Por ahora, hasta que un juez se pronuncie, tanto Alejandro Motta como Iván Garzón seguirán siendo los representantes de las organizaciones ambientales ante la CAR hasta 2023. Por ahora solo resta esperar la elección de los otros representantes (de los indígenas y del sector privado) y el nuevo director de la CAR, que será el próximo 26 de noviembre.
Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook