La demanda busca tumbar un decreto que sería inconstitucional e ilegal.
Foto: Paula Sánchez
El 17 de marzo el abogado Sebastián Briceño, especialista en ordenamiento territorial, radicó una demanda ante el Consejo de Estado, de la que se tendrá noticia en los próximos meses. Según dice, es un proceso más “técnico” y “académico” que político, ya que apunta a corregir un vacío en la Ley 388 de 1997, que cobijan los Planes de Ordenamiento (POT) del país. En concreto, la mira la tiene puesta en el artículo 19 del Decreto reglamentario 3600 de 2007, que condiciona la cesión que hacen los constructores en suelos rurales.
Por Juan Camilo Parra
Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com