La dificultad de ser migrante en cuarentena

Las medidas decretadas durante la cuarentena tienen un fin: reducir el contagio de COVID-19 en la ciudad, para evitar el colapso del sistema de salud y, de paso, un mayor número de muertes por cuenta del virus. Pese a ello, estas medidas se han convertido en un reto para los migrantes que están en el país, pues condiciones como el pico y cédula generan confusión, mientras que mantenerse en una vivienda y conseguir lo del diario se ha convertido en todo un reto para quienes están de forma irregular en la ciudad.

Johanna lleva más de un año en Bogotá y, como muchos, llegó desde Venezuela en busca de una mejor vida para sus dos hijos y de oportunidades para ayudar a la familia que se quedó en su país. En ese camino ha tenido muchos choques, pues, además de darse cuenta de que no es nada fácil conseguir trabajo sin los documentos de Migración que se lo permitan, le ha tocado rebuscarse el dinero de mil formas, desde pedir en la calle hasta vender dulces en cuanto lugar pueda.

La cuarentena fue un baldado de agua. Si bien meses antes logró salir de un pagadiario en el centro a una casa en arriendo en el barrio La Victoria, de Ciudad Bolívar, ella sigue viviendo del diario, por lo que, sin la posibilidad de salir a trabajar, buscó ayudas del Estado. Lo único que tiene, por ahora, es el bono mensual de $50.000 que entrega la Secretaría de Educación a los estudiantes de colegios públicos, como su hijo, que está en cuarto de primaria.

“La verdad sí he tenido dificultades, porque me toca salir y andar por todos lados, pues la Policía molesta mucho, pero tengo que conseguir con qué vivir”, dice. Sumado a esto está la educación de su hijo, pues si bien en el colegio le entregan guías para que desarrolle, no ha podido conectarse a las clases virtuales, porque no tienen internet. A Johanna le preocupa no solo el rezago que pueda tener, sino las condiciones en que el niño va a terminar su año escolar.

Esta es solo una de las cosas que preocupa a los venezolanos, en especial a los que permanecen de manera irregular en la ciudad y viven de la informalidad (es decir, la mayoría), pues está la confusión que les genera la medida de pico y cédula, ya que, si bien en algunos lugares abiertos y de comercio les permiten la entrada con la cédula venezolana o el pasaporte, en otros se la impiden por no tener el papel colombiano o porque no hay claridad sobre qué documento es el que deben presentar en su condición.

“La situación de vulnerabilidad de los migrantes por la pandemia se ha visto aumentada, especialmente porque no tienen la posibilidad de acatar las medidas de aislamiento. Muchos han perdido los lugares donde vivían, porque, al quedarse sin trabajo, no tienen las fuentes de sustento”, dice Alexandra Castro, docente del grupo de investigación en derecho internacional del Externado.

En esto coincide Gilberto Zuleta, coordinador del Proyecto contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes de UNODC, quien asegura que en condiciones como las de la pandemia ellos “se ven más expuestos a que, debido a sus necesidades económicas, sean captados para ser explotados”. Asimismo, corren más riesgos, porque también aceptan actividades en las que pueden estar expuestos al virus, como vendedores ambulantes, mensajeros o domiciliarios.

El problema va más allá. Mientras los expertos temen la aparición de nuevos rechazos, quizás al ser señalados como portadores del virus (dada su vulnerabilidad) o acaparadores de los servicios de salud, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Trabajadores Migratorios alertó que estas condiciones ayudan a reforzar la xenofobia. Por esto pidió a los países que los integren “en los planes y políticas nacionales de prevención y respuesta al COVID-19 teniendo en cuenta el género, la edad y la diversidad, y a que respeten su derecho a la salud”, dijo Felipe González Morales, relator especial de los DD. HH. de los migrantes.

El retorno

Las dificultades han obligado a muchos a regresar. Puntualmente, según Migración Colombia, han retornado a su país 60.804 venezolanos; es decir el 3,3 % de los que se tenían registrados para febrero de este año. Pese a esto, aun permanecen en el país 1,7 millones, de los cuales alrededor de un millón son irregulares. Un dato adicional: 347.178 (el 19,6 %) están en Bogotá.

“El tema del retorno de venezolanos ha generado un montón de desafíos a la institucionalidad. Al respecto, hay que recordar que su situación es responsabilidad directa de las autoridades locales y nacionales. De las locales, porque deben velar por todas las personas en su territorio sin importar su origen, y del orden nacional, porque es necesario que dé una respuesta a las limitaciones que han presentado estas personas por la actitud que ha tomado Venezuela frente al retorno”, indica la investigadora Castro.

Aunque ya se superaron los inconvenientes en la frontera por cuenta de las limitaciones que impuso Venezuela por días y que obligaron a cientos de migrantes a permanecer en Bogotá casi dos semanas a la espera de una autorización para seguir su camino de regreso, el reto sigue estando en que reciban la atención adecuada y que desde las instituciones se vele por no promover la xenofobia.

En este camino, Jeimmy Pachón, subdirectora para la Identificación y Caracterización, de la Secretaría de Integración Social, asegura que la actual administración trabaja en tres líneas para la atención de migrantes. “El primero es la ampliación del centro de atención a migrantes, que contará con más servicios psicosociales, jurídicos y de atención inmediata. Además, ya pusimos a funcionar el programa ‘Medios de vida y estabilización social’, que es donde estamos viendo los casos de las personas con vocación de permanencia y necesita estabilizarse”.

En este caso les dan orientación para acceder a trabajos legales en las condiciones actuales de la ciudad. “Se habla de regularización no de legalización, porque deben ir a Migración a obtener un salvoconducto por tres meses, pues el Permiso Especial de Permanencia (PEP) no se está entregando”. Por último, están las alianzas y la cooperación, direccionada a la construcción de una política pública para migrantes y a combatir la xenofobia y la aporofobia, pues, según Pachón, ya se definieron los recursos.

Lo que se haga en los próximos meses será fundamental, pues ya está claro que la pandemia ha profundizado las necesidades de los migrantes y, por consiguiente, ha dificultado su calidad de vida, como le ha ocurrido a Johanna. De ahí la necesidad de que las medidas sean también pensadas para ellos y, de paso, se garantice una atención robusta, pues al fin de cuentas el mayor número de los venezolanos que están en el país se concentran en Bogotá.

Las medidas decretadas durante la cuarentena tienen un fin: reducir el contagio de COVID-19 en la ciudad, para evitar el colapso del sistema de salud y, de paso, un mayor número de muertes por cuenta del virus. Pese a ello, estas medidas se han convertido en un reto para los migrantes que están en el país, pues condiciones como el pico y cédula generan confusión, mientras que mantenerse en una vivienda y conseguir lo del diario se ha convertido en todo un reto para quienes están de forma irregular en la ciudad.

Johanna lleva más de un año en Bogotá y, como muchos, llegó desde Venezuela en busca de una mejor vida para sus dos hijos y de oportunidades para ayudar a la familia que se quedó en su país. En ese camino ha tenido muchos choques, pues, además de darse cuenta de que no es nada fácil conseguir trabajo sin los documentos de Migración que se lo permitan, le ha tocado rebuscarse el dinero de mil formas, desde pedir en la calle hasta vender dulces en cuanto lugar pueda.

La cuarentena fue un baldado de agua. Si bien meses antes logró salir de un pagadiario en el centro a una casa en arriendo en el barrio La Victoria, de Ciudad Bolívar, ella sigue viviendo del diario, por lo que, sin la posibilidad de salir a trabajar, buscó ayudas del Estado. Lo único que tiene, por ahora, es el bono mensual de $50.000 que entrega la Secretaría de Educación a los estudiantes de colegios públicos, como su hijo, que está en cuarto de primaria.

“La verdad sí he tenido dificultades, porque me toca salir y andar por todos lados, pues la Policía molesta mucho, pero tengo que conseguir con qué vivir”, dice. Sumado a esto está la educación de su hijo, pues si bien en el colegio le entregan guías para que desarrolle, no ha podido conectarse a las clases virtuales, porque no tienen internet. A Johanna le preocupa no solo el rezago que pueda tener, sino las condiciones en que el niño va a terminar su año escolar.

Esta es solo una de las cosas que preocupa a los venezolanos, en especial a los que permanecen de manera irregular en la ciudad y viven de la informalidad (es decir, la mayoría), pues está la confusión que les genera la medida de pico y cédula, ya que, si bien en algunos lugares abiertos y de comercio les permiten la entrada con la cédula venezolana o el pasaporte, en otros se la impiden por no tener el papel colombiano o porque no hay claridad sobre qué documento es el que deben presentar en su condición.

“La situación de vulnerabilidad de los migrantes por la pandemia se ha visto aumentada, especialmente porque no tienen la posibilidad de acatar las medidas de aislamiento. Muchos han perdido los lugares donde vivían, porque, al quedarse sin trabajo, no tienen las fuentes de sustento”, dice Alexandra Castro, docente del grupo de investigación en derecho internacional del Externado.

En esto coincide Gilberto Zuleta, coordinador del Proyecto contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes de UNODC, quien asegura que en condiciones como las de la pandemia ellos “se ven más expuestos a que, debido a sus necesidades económicas, sean captados para ser explotados”. Asimismo, corren más riesgos, porque también aceptan actividades en las que pueden estar expuestos al virus, como vendedores ambulantes, mensajeros o domiciliarios.

El problema va más allá. Mientras los expertos temen la aparición de nuevos rechazos, quizás al ser señalados como portadores del virus (dada su vulnerabilidad) o acaparadores de los servicios de salud, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Trabajadores Migratorios alertó que estas condiciones ayudan a reforzar la xenofobia. Por esto pidió a los países que los integren “en los planes y políticas nacionales de prevención y respuesta al COVID-19 teniendo en cuenta el género, la edad y la diversidad, y a que respeten su derecho a la salud”, dijo Felipe González Morales, relator especial de los DD. HH. de los migrantes.

El retorno

Las dificultades han obligado a muchos a regresar. Puntualmente, según Migración Colombia, han retornado a su país 60.804 venezolanos; es decir el 3,3 % de los que se tenían registrados para febrero de este año. Pese a esto, aun permanecen en el país 1,7 millones, de los cuales alrededor de un millón son irregulares. Un dato adicional: 347.178 (el 19,6 %) están en Bogotá.

“El tema del retorno de venezolanos ha generado un montón de desafíos a la institucionalidad. Al respecto, hay que recordar que su situación es responsabilidad directa de las autoridades locales y nacionales. De las locales, porque deben velar por todas las personas en su territorio sin importar su origen, y del orden nacional, porque es necesario que dé una respuesta a las limitaciones que han presentado estas personas por la actitud que ha tomado Venezuela frente al retorno”, indica la investigadora Castro.

Aunque ya se superaron los inconvenientes en la frontera por cuenta de las limitaciones que impuso Venezuela por días y que obligaron a cientos de migrantes a permanecer en Bogotá casi dos semanas a la espera de una autorización para seguir su camino de regreso, el reto sigue estando en que reciban la atención adecuada y que desde las instituciones se vele por no promover la xenofobia.

En este camino, Jeimmy Pachón, subdirectora para la Identificación y Caracterización, de la Secretaría de Integración Social, asegura que la actual administración trabaja en tres líneas para la atención de migrantes. “El primero es la ampliación del centro de atención a migrantes, que contará con más servicios psicosociales, jurídicos y de atención inmediata. Además, ya pusimos a funcionar el programa ‘Medios de vida y estabilización social’, que es donde estamos viendo los casos de las personas con vocación de permanencia y necesita estabilizarse”.

En este caso les dan orientación para acceder a trabajos legales en las condiciones actuales de la ciudad. “Se habla de regularización no de legalización, porque deben ir a Migración a obtener un salvoconducto por tres meses, pues el Permiso Especial de Permanencia (PEP) no se está entregando”. Por último, están las alianzas y la cooperación, direccionada a la construcción de una política pública para migrantes y a combatir la xenofobia y la aporofobia, pues, según Pachón, ya se definieron los recursos.

Lo que se haga en los próximos meses será fundamental, pues ya está claro que la pandemia ha profundizado las necesidades de los migrantes y, por consiguiente, ha dificultado su calidad de vida, como le ha ocurrido a Johanna. De ahí la necesidad de que las medidas sean también pensadas para ellos y, de paso, se garantice una atención robusta, pues al fin de cuentas el mayor número de los venezolanos que están en el país se concentran en Bogotá.