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En esta semana que termina, el panorama alrededor de la posible salida de Gustavo Petro de la Alcaldía cambió. En el escenario político, movimientos en la Alianza Verde, el Palacio Liévano y la misma Casa de Nariño están incidiendo en la carrera presidencial y en la lucha del progresismo por mantenerse en el poder en Bogotá. Por el lado judicial, quedó claro que en los próximos días el Consejo de Estado podría tomar una decisión que deje la suerte de Petro en manos del presidente Juan Manuel Santos. El jefe de Estado ha asegurado que sus actuaciones no saldrán del marco institucional, pero no deja de preocuparlo la proximidad de las elecciones.
Las energías de Petro estaban enfocadas en su campaña por el No a la revocatoria. Dejó de lado la Plaza de Bolívar y se concentró en recorrer los parques y las plazas de las localidades, mantuvo el discurso de que refrendar su gobierno es igual a defender la democracia, se involucró en el escándalo de las interceptaciones supuestamente cometidas por las Fuerzas Militares a negociadores en La Habana y denunció amenazas en contra suya y del gerente del Canal Capital, Hollman Morris. El alcalde defendió su mandato mientras sus abogados se movían en defensa de los fallos de tutela que, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, suspendieron los efectos de la destitución e inhabilidad que le impuso la Procuraduría.
María Claudia Rojas, la presidenta del Consejo de Estado, prometió el pasado jueves que el alto tribunal tendrá una decisión sobre las tutelas antes del 2 de marzo, día en el que, hasta ahora, se votará la revocatoria. En el despacho de Petro la percepción es que esa decisión será contraria a sus intereses y que, aunque no existe consenso entre los 27 magistrados, se haría pública en los próximos cinco días. Las razones para pensarlo no son pocas: en esta semana, ocho magistrados se declararon impedidos pues reconocieron que tienen estrechos lazos con funcionarios del Ministerio Público y, unos pocos, con personas del Distrito. Ninguno de los impedimentos fue aceptado. Según Rojas, ya se ha debatido por qué esos nexos no son obstáculo para los jueces.
Si llegara a ocurrir, si la decisión de segunda instancia no fuera favorable para Petro, hay un plan B: las tutelas interpuestas en el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, que también buscan frenar la sanción disciplinaria contra el alcalde. Son unas 350, fueron unificadas y en los próximos días comenzarán a hacer trámite para que sea el Consejo Superior de la Judicatura el que dé la última palabra al respecto. Lo que no es claro es si, en caso de que el Consejo de Estado se pronuncie primero manteniendo en firme el fallo de la Procuraduría, la Judicatura estaría dispuesta a controvertir a este tribunal, promoviendo así un “choque de trenes”.
Previendo que el fallo de la Procuraduría que destituyó e inhabilitó por 15 años a Gustavo Petro quede en firme, sólo faltaría la firma del presidente de la República para que el líder de Progresistas deje el Palacio Liévano. Esa es la razón, dicen en la Casa de Nariño y en el progresismo, de algunos mensajes que tanto el alcalde como sus más fieles seguidores han enviado a la Casa de Nariño: existen fórmulas para frenar la supuesta arbitrariedad de la Procuraduría que no implican romper con la Constitución y que tendrían probables beneficios políticos para el presidente en momentos electorales, sin perder la esperanza de que el dilema de las tutelas se resuelva después de que el futuro del mandato de Petro se defina por medio de los votos.
No le piden a Santos que lo haga sin ofrecerle nada a cambio. Con la confianza que le da la favorabilidad en las encuestas, cercana al 60%, el clima de indignación que generó la supuesta extralimitación de la Procuraduría y el efecto simbólico de haber llenado la Plaza de Bolívar en cada una de sus salidas al balcón de la Alcaldía, Petro puede tener una fuerza electoral que le ayude a Santos a conseguir su reelección con los votos de una facción de la izquierda que hoy parece la más fuerte. En el progresismo dicen que serían capaces de ponerle un millón de votos al gobierno a cambio de, por lo menos, un poco más de tiempo.
La campaña por la reelección de Santos tiene claro que con Marta Lucía Ramírez como candidata conservadora y los coqueteos del uribismo para unificar esa campaña con la de Óscar Iván Zuluaga, los votos definitorios están en los sectores de izquierda. Ya está planteado que los sectores alternativos ven con buenos ojos que Santos se la juegue por la paz y si, además, le tira un salvavidas al alcalde de Bogotá, la campaña por la reelección podría apoderarse de los sectores indignados que Petro ha sabido sensibilizar frente al fallo que lo destituyó y a la revocatoria que lideran sectores de derecha. Santos podría acumular un buen número de votos ajenos a lo que queda de la Unidad Nacional.
El alcalde cree y se la está jugando para que, en las urnas, la ciudadanía refrende su mandato. No obstante sabe que aun con las votaciones a su favor, una decisión de la Procuraduría en firme sólo podrá ser detenida en la Presidencia. Como lo más seguro es que para el momento en que Santos deba firmar no se sepa si la Corte Constitucional estudiará el caso Petro, la propuesta al presidente es que eleve consultas al Consejo de Estado para saber cuál es su margen de maniobra frente al fallo. La otra idea, mucho más arriesgada y menos probable, es que Santos espere a que la Corte Constitucional siente jurisprudencia sobre la legitimidad y la legalidad del fallo del Ministerio Público.
El presidente Santos ha dicho en diversos escenarios que respetará las directrices judiciales. Por ello es previsible que, si acepta alguna de las fórmulas que alargarían la decisión sobre el alcalde y que le daría oxígeno para esperar a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resuelva su petición de medidas cautelares (que Petro cree será positiva), ésta sea la consulta al Consejo de Estado, pues así afectaría menos el orden institucional del país. Por ahora, en la Casa de Nariño no hay certezas sobre el camino a seguir. El cálculo de costo y beneficio sobre apostar por Petro, o por no casar una pelea con la Procuraduría y la Rama Judicial, no está hecho.
Petro ya dijo que no hace parte de la Alianza Verde, partido por el cual se presentarán al Congreso todos los militantes de Progresistas, el movimiento que él lidera. Se ha deslindado totalmente de cualquier interés en la consulta interna de ese partido, que se realizará el próximo 9 de marzo. Exfuncionarios muy cercanos a su despacho, como Selma Asprilla, hermana de su escudero Guillermo Asprilla, han sostenido que votarán por el presidente Santos. Los coqueteos han estado a la orden del día. Mientras tanto, en las toldas del presidente siguen dudando sobre la pertinencia de apostar por Petro y si hacerlo sería suficiente para satisfacer su principal aspiración: ganar la presidencia en primera vuelta.
‘Santos ha sido neutral en mi caso’: Petro
Desde el 9 de diciembre de 2013, día en que se conoció la destitución del alcalde Gustavo Petro, el presidente Juan Manuel Santos ha mantenido públicamente una posición que se resume en la siguiente frase: “En mi caso, como presidente de la República, debo respetar la Constitución y las leyes. Al alcalde Petro se le están respetando todos los recursos que tiene para defenderse”.
Petro ha señalado que, de acuerdo con la Carta Política del 91, el jefe de Estado es el único con potestad para sacar de su cargo al alcalde mayor de la capital del país. Santos, sin embargo, ha reiterado: “Lo que los jueces y lo que los órganos judiciales determinen, es lo que el Ejecutivo tiene que hacer”. El presidente ha dejado claro que no refutará las potestades del Ministerio Público.
El alcalde insiste en que el presidente podría tener un rol más proactivo en este tema, aunque reconoce que el mandatario “ha sido neutral y responsable en mi caso”.