La eterna batalla para sacar las mansiones de los cerros orientales

Desde una imagen satelital de los cerros orientales de Bogotá se puede ver la dimensión del espacio que abarcan las mansiones que se fueron abriendo paso en la zona de reserva durante los últimos 20 años. Esto, en contra de la sentencia del Consejo de Estado que ordena proteger el bosque oriental, así como de cualquier sellamiento o acción que adelantara la alcaldía local de Chapinero o los grupos en defensa ciudadanos.

Desde una imagen satelital de los cerros orientales de Bogotá se puede ver la dimensión del espacio que abarcan las mansiones que se fueron abriendo paso en la zona de reserva durante los últimos 20 años. Esto, en contra de la sentencia del Consejo de Estado que ordena proteger el bosque oriental, así como de cualquier sellamiento o acción que adelantara la alcaldía local de Chapinero o los grupos en defensa ciudadanos.

Se ingresa por una vía que abrieron por la calle 79 y que en principio solo llevaba al Metropolitan Club y aunque allí se hicieron casas mucho antes de que apareciera la sentencia que protege la zona, es evidente que en el transcurso de los años aparecieron obras adicionales para instalar una cancha de tenis, una piscina de agua natural, un lago y hasta una casa de muñecas de 45 m2.

En curso hay más de 19 procesos sancionatorios de la entidad ambiental y alredor de 30 en la alcaldía local y la inspección de Policía, pero en este momento el tema es noticia por una sentencia condenatoria a uno de los dueños de estas edificaciones, el Arrayán, que tiene 6.970 m2 y contra quien la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ya le había impuesto una sanción por $23.000 millones, debido a las afectaciones ambientales.

El Arrayán

La historia de este predio comienza con una aclaración. En 2005 el Consejo de Estado ordenó proteger los cerros orientales de Bogotá, por lo que la ciudad debía tomar una serie de acciones para recuperar la reserva forestal oriental, pero dentro de las especificaciones del fallo dejo en claro que se respetaría el derecho de quienes previamente habían adquirido licencias ambientales y habían construido, como era el caso de esta vivienda.

El problema comienza desde que se habla de adecuaciones a la vivienda. En 2015, el predio fue adquirido por la empresa Imaco, hoy Jameg, de propiedad de Carlos Quintero, quien inició obras en el segundo piso y aprovechó para hacer un lago artificial.

Según declaró a las autoridades, lo hizo porque el abogado al que consultó le dijo que no había ningún problema con que el predio estuviera en zona de reserva. Además, añadió que solo se enteró de las restricciones cuando la alcaldía de Chapinero llegó a sellar la obra ante la falta de permisos ambientales. Pese a esto, continuaron las obras y no solo se terminó la mansión, sino que además se hizo el controvertido lago artificial.

Por estas razones, la Fiscalía le imputó a Quintero los delitos de daño en los recursos naturales, invasión de áreas de especial importancia ecológica y urbanización ilegal, pero, en primera instancia, el Juzgado Octavo Penal del Circuito, negó todas las pretensiones al considerar que la Fiscalía centró su argumentación en explicar la conducta y no en “las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las obras de construcción o el daño en concreto causado a los recursos naturales del lugar”.

Sumado a esto, el juez indicó que no encontró merito para determinar que si hubo daño ecológico. Ya que la casa se construyó antes del 2004 y que además el represamiento del agua estaba sustentado por las condiciones del terreno, así como no tuvo en cuenta el testimonio y análisis de un biólogo, que en verdad había estudiado una licenciatura en ciencias de la educación en química y biología.

Esto motivó a la Fiscalía a apelar, porque el juez en su análisis no tuvo en cuenta que se desvió el cauce y se levantaron muros sobre la quebrada Los Rosales, así como las fotografías evidencian que las obras no solo fueron para hacerle mantenimiento a la casa, sino para construir una mansión, para lo que tuvieron que tumbar árboles. Con respecto al experto indican que se omitió su experiencia de más de 20 años y que también es especialista en Planeación para la Educación Ambiental de la universidad Santo Tomás y magister en Gestión Ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana.

Para reforzar la solicitud, la CAR manifestó que no se “hizo una sana crítica de las pruebas” y que, de hecho, no se tuvieron en cuenta los análisis técnicos de las afectaciones a la zona, ya que se habría hecho la tala del bosque nativo y no se pidieron permisos ambientales o urbanísticos.

La condena

El magistrado Luis Enrique Bustos, en segunda instancia, decidió revocar parcialmente la sentencia y determinó que sí se incurrió en los delitos por daños en los recursos naturales en concurso con invasión de áreas de especial importancia ecológica.

“Carlos Augusto Quintero aprovechó su condición económica para ejecutar sendas obras en su residencia, sabiendo no solo que debía contar con los permisos de ley, sino que se encontraba en una zona de especial protección, haciendo más gravoso el comportamiento por él desplegado”, dice el fallo, que además resalta un comportamiento reprovechable, ya que pese a que se impusieron sellos, continuaron con las obras.

Por esto, se condenó a Quintero a pagar 91 meses y ocho días de prisión domiciliaria a Quintero, así como se le obligó a pagar 1.213,4 salarios mínimos mensuales vigentes.

Para Óscar Ramos, alcalde local de Chapinero, esto es un gran logro en medio del largo proceso que ha cursado contra los dueños de estas viviendas. “No puede ser que estas personas poderosas se aprovechen y dejen a las autoridades maniatadas, pero con este tipo de casos se marca un precedente y se confirma que hay un delito ambiental comprobado. Una persona que tiene $5.000 millones para hacer una mansión, tiene $300 millones para pagar la multa, pero otra cosa es que se atenga a pagar meses o años de prisión”.

La opinión de Ramos va encaminada a que desde la alcaldía local se sancionan las infracciones urbanísticas, por construir sin licencia y en zona de reserva. “Hay 30 construcciones en Bagazal y todas tienen proceso en la CAR, en la inspección judicial y han tenido multas hasta por $3.000 millones de la alcaldía local, así como las respectivas órdenes de demolición”.

En este punto está el otro problema. Según Ramos, cada demolición cuesta alrededor de $500 millones, una tercera parte de los recursos de inversión de desarrollo local con los que cuenta Chapinero. “Hemos hecho los estudios de costo y beneficio, pero no podemos adelantar esas acciones, por lo que tomamos la decisión de persuadir y hacer presión contante con operativos”.

Desde la CAR tampoco hay muchas respuestas. La única demolición que se hizo fue la del predio Bambú, donde luego de muchas acciones legales para retrasar el proceso, se lograron tumbar las bases de la megaestructura en la que al parecer se iban a instalar oficinas.

Posteriormente, el ente ambiental anunció que había llegado a un acuerdo con los dueños de la mansión Monterodro, quienes también son propietarios de la ECCI y hasta donde se sabía seguían viviendo en el lugar, pero, como en el resto de casos, no hay razón de qué ha pasado en los procesos de investigación de responsabilidades, ya que no todos han incumplido la ley, ni de las demoliciones que no continuaron.