La extorsión, un demonio que recorre Bogotá azuzado desde las cárceles

El aumento de la extorsión no es un fenómeno distrital. Este flagelo se empezó a disparar en todo el país tras la pandemia. Tanto los grupos armados como la delincuencia organizada han hecho de este delito su principal fuente de financiación y una de las maneras más efectivas de imponer terror en los territorios que buscan dominar.

El aumento de la extorsión no es un fenómeno distrital. Este flagelo se empezó a disparar en todo el país tras la pandemia. Tanto los grupos armados como la delincuencia organizada han hecho de este delito su principal fuente de financiación y una de las maneras más efectivas de imponer terror en los territorios que buscan dominar.

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Según la fundación Pares, este fenómeno incrementa el riesgo de vulneraciones de los derechos fundamentales, en especial de comerciantes, transportadores, tenderos y habitantes de sectores periféricos, pues con los fines económicos vienen las amenazas, los atentados contra personas, viviendas y locales, y, en casos extremos, el homicidio.

La situación de la ciudad, a todas luces, preocupa. De acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional (Siedco), entre enero y abril, de 19 localidades (no se incluye Sumapaz), en 16 el delito casi que se ha triplicado, al pasar de 290 denuncias en el mismo período de 2023 a 790 este año. Las cinco localidades donde hubo mayor incremento fueron Ciudad Bolívar (pasó de 12 denuncias a 48), Los Mártires (de 32 casos a 121), Barrios Unidos (de 10 a 29), Suba (de 41 a 109) y Teusaquillo (de 9 a 23). Las únicas localidades donde los índices disminuyeron fueron Usme, Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe, con una reducción del 35,6, 40 y 29,3 %, respectivamente.

El Tren de Aragua, con presencia en el centro, suroriente y suroccidente de la ciudad, ha delimitado su territorio con fronteras invisibles, generando disputas con otras bandas como los Camilos, los Paisas, los Maracuchos, los Lobos y, por último, los Satanás, que se ha visto reducida tras la captura de su cabecilla y de varios lugartenientes. No obstante, sus reductos operan en Kennedy, Barrios Unidos y Los Mártires, donde extorsionan a comerciantes, conductores, bicitaxistas, trabajadoras sexuales, entre otros. Según detalló la fundación Pares, en 2023 exigía pagos semanales que oscilaban entre $250.000 y $300.000, y a comerciantes con mayor poder adquisitivo las exigencias llegaban hasta los $300 millones.

Modalidades

En general, la modalidad más frecuente es la clásica, en la que contactan a sus víctimas a través de llamadas, mensajes de texto, redes sociales o panfletos en los que exigen dinero a cambio de no atentar contra sus comercios, viviendas, empleados o familias. Otra es la microextorsión, que se caracteriza por pequeños cobros a cambio de supuestos servicios de seguridad en comercios, viviendas o zonas concurridas. Aunque la modalidad que más llama la atención es la que se realiza desde centros carcelarios, en la que generalmente los delincuentes se valen de información presente en las redes sociales de la víctima para urdir elaboradas estratagemas de engaño, como suplantación de identidad o simulación de accidentes o de situaciones que comprometan a algún ser querido de la víctima, para lograr sonsacarle dinero.

Esta modalidad pone en evidencia que las capturas en la lucha contra este delito, como la de los cabecillas de los Satanás, no representan ninguna certeza, mientras no se controlen las extorsiones desde las cárceles. Un caso que ilustra la gravedad y el descaro de esta situación fue descubierto en la cárcel La Modelo. donde Iván Daniel Rodríguez Rivera, alias Bebé, quien era un conocido “pluma” del Patio 5, tenía un call center dedicado al delito. El fiscal 58 local de Bogotá relató que eran “aproximadamente 30 personas creando cuentas y páginas con perfiles falsos de aerolíneas. Un personal se encargaba de atraer a las víctimas y otras de llamarlas”.

¿Quiénes están detrás?

La fundación Pares identificó a 48 cabecillas de organizaciones delincuenciales, quienes estarían detrás de los casos de extorsión dinamizados desde las prisiones. En Bogotá identificaron a 11, donde se destacan nombres como el de Michael Brayan Retes, alias Brayan 38, cabecilla del Tren de Aragua, recluido en Barranquilla; José Manuel Verá, líder de los Satanás, preso en la cárcel La Tramacúa, de Valledupar, o Néstor Aguirre, líder de la banda los Camilos.

Los tres tienen algo en común: “Han sido señalados de presuntamente continuar coordinando y liderando actividades delictivas, en especial extorsión, desde la prisión. Esto lo realizan principalmente a través de llamadas telefónicas, así como mensajes y audios a través de Whatsapp, burlando los controles y las medidas de seguridad en las cárceles”, según explica la fundación.

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¿Cómo robustecer esta lucha?

La semana pasada, las autoridades pusieron en marcha el Plan Troya contra la extorsión, el cual prioriza las localidades de Suba, Santa Fe, Puente Aranda y Kennedy, puntos neurálgicos en donde se concentran la mayor cantidad de denuncias. Este plan, liderado por el Gaula, busca tener su mayor impacto con el factor sorpresa, por medio de la presencia permanente de unidades especializadas en este delito en las zonas priorizadas. En medio del Plan Troya, el pasado 5 de junio las autoridades lograron la captura de siete personas dedicadas a extorsionar a comerciantes de Tunjuelito y Ciudad Bolívar. Una de las capturas se dio en flagrancia, mientras una víctima pagaba $50 millones producto de una extorsión. Cuatro de los capturados forman parte de los Satanás.

Sin embargo, las acciones desplegadas por la Policía se quedan cortas, si se tiene en cuenta que, de acuerdo con la Procuraduría, en 2023 el 41 % de las extorsiones del país provinieron de una cárcel. Por tal razón, el uso de estrategias como los inhibidores de señales en los centros penitenciarios son fundamentales. Si bien esta estrategia no constituye una novedad, es importante que tenga un manejo adecuado, pues según el ente de control, a inicios de este año, de 22 inhibidores de señal instalados en igual número de cárceles, solamente funcionan dos.

Por otro lado, la estrategia Dominó, de la cual forman parte los inhibidores de señal, también contempla el traslado periódico de los líderes de grupos delincuenciales señalados de extorsionar desde las celdas a distintos centros de reclusión. La Procuraduría también ha insistido en la instalación de una unidad interinstitucional especializada en luchar contra la extorsión. Sin embargo, como indica la experiencia, estas dinámicas no pueden llevarse a cabo con éxito mientras se sigan dando las condiciones que perpetúan y facilitan que las cárceles continúen siendo centros extorsivos.

Mientras la corrupción siga enquistada en los penales, no se cuente con la decidida participación de los organismos de control, existan vacíos en la vigilancia y se mantengan las continuas condiciones de hacinamiento, es claro que ningún plan funcionará. De ahí que se reviva la propuesta de realizar una profunda reforma al sistema carcelario, la cual, como están las cosas, más que una necesidad, parece una obligación.

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