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Tras un año de la muerte de Dilan Cruz, la esquina de la calle 19 con carrera cuarta se ha convertido en un altar. Sobre el lugar donde cayó el joven, luego de recibir el impacto de una bean bag, que disparó un capitán del Esmad, está pintada la silueta de unas grandes piernas que no permiten olvidar su rastro. Justo al lado, alrededor de un árbol, se sembraron plantas y se pintó el rostro del estudiante, que se convirtió en uno de los íconos de las protestas.
Si bien a lo largo de este año se ha intentado honrar su memoria, su familia sigue a la espera de justicia. Contrario a lo que pasa en las calles, el proceso está estancado. Mientras en lo penal sigue el debate de si el caso es competencia de la justicia militar o de la ordinaria, en lo disciplinario el abogado del capitán Manuel Cubillos, quien disparó la escopeta calibre 12 que segó la vida de Cruz, interpuso una tutela exigiendo medidas cautelares y la práctica de nuevas pruebas en el proceso que adelanta la Procuraduría General, luego de perder una apelación y una recusación.
“Dilan solo ha recibido del Estado impunidad, impunidad, impunidad. Ha pasado un año y no hay una respuesta clara. Cada vez ponen más trabas y dilatan cada paso de manera impresionante. Lo cierto es que, en lugar de tomar fuerza, uno cae en el desaliento”, dijo este fin de semana a El Espectador Yenny Alejandra Medina, madre de Dilan, con lo que se resume lo vivido por la familia en el último año.
Y es que no ha sido fácil. A los 20 días de la muerte de Dilan, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura entregó el proceso a la justicia penal militar, al determinar que el capitán Cubillos estaba en ejercicio de sus funciones cuando sucedieron los fatales hechos. Desde ese momento, los abogados de la familia han acudido a diferentes acciones de tutela para reversar la decisión, alegando que esta no ofrecía “argumentos suficientes”. En la primera, la Corte Suprema falló a favor de la familia Cruz y el caso volvió a estudio de la Judicatura. Pero, tras múltiples tropiezos por cuenta de la pandemia, de nuevo la Sala Disciplinaria remitió el proceso a la justicia penal militar.
Una nueva tutela llevó el caso ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que pidió a la Judicatura revisar una vez más el caso, pues supuestamente no habría tenido en cuenta las pruebas testimoniales de uniformados de la Policía, diferentes a las entregadas por los civiles, y que confirmarían que para el momento que Dilan cae herido, los manifestantes no estaban atacando a la Fuerza Pública y “coinciden que las reacciones del Esmad no estaban realmente justificadas y que fueron ellos los que afectaron una manifestación pacífica, con el uso desmedido de la fuerza”.
Mientras se espera una nueva determinación de la Judicatura, la Procuraduría desde hace dos meses evalúa las pruebas para determinar si le formula cargos o no al capitán Cubillos. La defensa del uniformado pidió al ente de control la posibilidad de entregar más pruebas, pero se la negaron, al igual que una recusación posterior. A la par, el caso pasó del procurador delegado para Derechos Humanos al despacho de Fernando Carrillo, instancia en la que también se han dado movimientos en los últimos días, pues el abogado del uniformado interpuso una tutela para solicitar medidas cautelares e insistir en la práctica de nuevas pruebas.
En medio de la incertidumbre, ayer, en el primer aniversario, se realizó un plantón y se instaló una nueva lápida sobre la calle 19 con carrera cuarta. La oportunidad sirvió para que la familia hiciera un nuevo llamado, no solo por el avance en el proceso de Dilan, sino de todos aquellos en los que se ha señalado abuso policial, pues al fin de cuentas las historias siguen indignando, pero los resultados judiciales todavía no se ven.
