¿Desaparecidos en cementerios de Bogotá?, una dudosa insinuación por investigar
Aunque el Distrito y la Fiscalía reiteran que no hay desaparecidos ni mecanismos de búsqueda urgente activos en la capital, relacionados con la época del paro nacional, algunas oenegés sostienen que hay inconsistencias en las búsquedas y que no se pueden desestimar las denuncias.
Laura C. Peralta Giraldo
La duda sobre si aún hay personas desaparecidas, tras el paro nacional de 2021, se reavivó en las últimas semanas cuando, en medio de las denuncias por corrupción alrededor del contrato para administrar los cementerios del Distrito en Bogotá, surgió una macabra insinuación: que sus hornos los pudieron haber usado para borrar el rastro de 300 personas, de las que no se sabe su paradero.
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La duda sobre si aún hay personas desaparecidas, tras el paro nacional de 2021, se reavivó en las últimas semanas cuando, en medio de las denuncias por corrupción alrededor del contrato para administrar los cementerios del Distrito en Bogotá, surgió una macabra insinuación: que sus hornos los pudieron haber usado para borrar el rastro de 300 personas, de las que no se sabe su paradero.
Esta alarmante cifra y acusación las rechazaron con contundencia las autoridades. El Distrito y la Fiscalía General de la Nación no solo aseguran que este hecho es falso y risible, sino que la Alcaldía adelanta acciones legales contra el sujeto que sembró la peligrosa duda.
A pesar de esto, la incertidumbre alrededor del paradero de algunos jóvenes reportados como desaparecidos en la época de las protestas (que estuvo marcada por casos de abuso policial), revivió a tal punto de que algunas organizaciones no gubernamentales (con cautela, pero sin descartar del todo la hipótesis), sostienen que ninguna denuncia se debe desestimar.
La duda, que volvió a reactivar el tema, la sembró el exdirector comercial de Jardines Luz y Paz, Sergio Venegas, quien aseguró ante el medio de comunicación Cambio, que en 2021 fueron cremados 300 cuerpos, supuestamente de manifestantes, en el Cementerio Parque Serafín, por orden de un general de la Policía Nacional.
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La cifra no solo es escandalosa para las entidades distritales y nacionales, que expresaron que Venegas deberá enfrentarse a consecuencias penales de no demostrar su afirmación, sino también para oenegés que hicieron seguimiento de los reportes de desapariciones después del 28 de abril (28S). Aun así, dichas organizaciones han solicitado a las autoridades que abran investigaciones, pues no descartan que haya algún porcentaje de verdad en la denuncia.
En mayo de 2021, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue tajante al decir que en la capital no había personas desaparecidas y lo reiteró esta semana, momento en el que agregó que hay fines políticos detrás de la acusación de Venegas: “Es falso que en Bogotá hubo desaparecidos en el paro nacional. Las 79 denuncias existentes las verificamos con Fiscalía, Defensoría, Personería, ONU, CIDH y todos están vivos. No hubo desaparecidos. Hay un corrupto desenmascarado mintiendo y oportunistas haciéndole el coro”.
En eso coincide el fiscal general, Francisco Barbosa, quien catalogó la denuncia como “una barbaridad” y prometió que Venegas deberá asistir a la Fiscalía General de Nación, pues para él es mentira que cuerpos de manifestantes hayan sido cremados.
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No obstante, sigue en el aire las dudas con respecto a personas que siguen sin ser ubicadas tras del Paro del 28S. Por eso, mientras el órgano de control critica una sobredimensión en los reportes de las oenegés, algunas de ellas, como Temblores ONG o la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, exponen que hubo capturas con fines de ocultamiento, que deben entenderse como desapariciones forzadas.
“Es risible lo que pasó en Colombia: Dos oenegés presentaron 548 reportes de desapariciones, que luego subieron a 627. Convocamos a una mesa técnica y empezamos la aplicación del Mecanismo de Búsqueda Urgente y ¿qué pasó?, que aparecieron todas las personas. No hubo desaparecidos. Fue una forma de querer torpedear la institucionalidad colombiana”, dijo Barbosa.
Alejandro Lanz, codirector ejecutivo de Temblores ONG, si bien le da en parte la razón a la Fiscalía al reconocer que sí se puede hablar de una sobredimensión en las cifras de desaparecidos, debido a dificultades en el rastreo de personas y los “fines de ocultamiento” de estas detenciones, por parte de la autoridad, dice que es clave volver a revisar.
“Hubo capturas sin informarle a las personas si era para ser judicializadas o si iban a ser trasladas a los Centros de Traslado por Protección (CTP) por el artículo 155. De estos 548 reportes hubo personas que al montarse a la patrulla gritaban su nombre y su número de cédula y estos registros empezaron a llegar a las bases de datos de las organizaciones no gubernamentales”.
Lanz agrega que en muchos de los casos pudieron constatar que la persona capturada estuvo bajo custodia de la policía tres días, sin conocer las razones, el lugar, ni poder comunicarse con un familiar o abogado. “Eso ya constituye una práctica de desaparición forzada”. No obstante, su opinión sobre los casos de abuso policial y retenciones ilegales están lejos de ser un argumento para validar la supuesta cremación de 300 jóvenes durante el paro nacional.
Es precisamente la alta cifra la que tampoco termina de convencer a Adriana Arboleda, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Pese a la incertidumbre, es enfática en mencionar que “todo lo que tenga que ver con cementerios en Colombia debe ser atendido con prontitud y con diligencia por parte de las autoridades judiciales y administrativas. La realidad nos ha mostrado que estos espacios han sido utilizados como mecanismo de impunidad, de forma arbitraria y con fines económicos”.
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¿Hay desaparecidos del paro nacional 28S en Bogotá?
Responder esta pregunta resulta complicado, dado que no se sabe a ciencia cierta si llegaron todas las posibles denuncias a instancias de una organización no gubernamental o gubernamental o si estas pudieron ser rechazadas por falta de información. La versión oficial es que no y así lo reiteran, con cifras oficiales, cada que el tema vuelve a la agenda.
Según datos que entregó la Fiscalía este 19 de enero, en Bogotá “se conocieron 53 reportes de personas desaparecidas, de los cuales 28 fueron admitidos y las personas localizadas; 18 registros estaban duplicados, y 7 fueron inadmitidos”. No obstante, las cifras varían de acuerdo a la entidad u oenegé.
“Denunciamos cientos de casos de personas reportadas como desaparecidas. De estos, muchos fueron descartados por la propia Fiscalía por presuntas inconsistencias en la documentación. Asimismo, múltiples mecanismos de búsqueda de urgente no fueron activados o fueron desactivados a priori, bajo el argumento de la falta de ratificación de la denuncia”, expone la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada.
Para la vocera de Movice, tanto la Alcaldía de Bogotá, como la Fiscalía y Defensoría han desconocido la realidad al decir que no hubo desapariciones: “Algunas de esas personas reportadas aparecieron muertas. Al día de hoy, de ese listado y reporte que hicimos, seguimos teniendo personas desaparecidas. No sabemos con exactitud cuántas porque esa es justamente la labor que tiene que hacer la Fiscalía”, dice.
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De otro lado, Temblores informó que para el 20 de agosto de 2021, de 13 personas reportadas como desaparecidas en la capital colombiana, 10 aparecieron con vida y 1 sin vida (Duván Barros). De las dos personas restantes no se tiene mucha información sobre su identidad y su paradero, por lo cual, elevaron dos derechos de petición ante Fiscalía y Defensoría, con los que también se espera conocer: cuántos mecanismos de búsqueda se activaron durante el paro, por cuánto tiempo permanecieron activos y cuándo se cerraron.
Saber con certeza el número de desaparecidos en el paro, así como el porcentaje de ficción o realidad detrás de la insinuación de los 300 manifestantes cremados, parece que requerirá de tiempo, de investigación y de voluntad por parte de la administración y el Gobierno Nacional. La conclusión más cercana hasta la fecha es, como dice la Mesa, que “ninguna denuncia sobre un posible desaparecido debería desestimarse”.
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