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EEstá claro que Bogotá tiene un déficit en infraestructura y equipamientos de defensa y justicia. No solo por las constantes denuncias de hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y los Centros de Traslado por Protección (CTP), sino por la alta ocupación en las tres cárceles que hoy operan en la ciudad. Si bien buscar espacio libre para construir colegios y centros de salud es complicado, para los equipamientos de seguridad lo es aún más, pues nadie quiere como vecino un centro de reclusión.
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Ha pasado en Bosa, donde se está construyendo un Centro Integral de Justicia, y en Puente Aranda, donde se adecuaría una bodega para convertirla en una nueva URI. En ambos casos los habitantes temen por la seguridad y la devaluación de sus predios. La situación se repite en los barrios La Paz y Diana Turbay, en la localidad Rafael Uribe Uribe, junto a los cuales se tiene prevista la ampliación de la cárcel La Picota y la construcción de la segunda sede de la cárcel Distrital.
La obra es casi un hecho. A finales de abril la administración firmó con el Ministerio de Justicia un convenio interadministrativo para el desarrollo de los proyectos, con lo que se busca optimizar los predios alrededor de La Picota, para ampliarla y sacar adelante el proyecto, por lo que en este lugar se tendría la capacidad para atender a 11.000 reclusos, entre quienes estarían los trasladados de La Modelo y El Buen Pastor.
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Para llegar a esto se entregará una parte del predio de La Picota al Distrito para que pueda construir el centro de reclusión y ampliar la avenida Caracas, la troncal de Transmilenio y, de paso, desviar un tramo de la quebrada La Chiguaza. Por su parte, el Ministerio de Justicia financiaría la megaobra con la ejecución de planes parciales, el apoyo de privados y/o subastas de los predios de las dos cárceles que desaparecerán.
Lo malo es que esto no es tan fácil, pues en contra tienen restricciones para el uso del suelo en la zona. Para resolverlo, en noviembre de 2020 la Secretaría de Seguridad expidió un decreto para modificar los lineamientos urbanísticos y las condiciones específicas para la construcción de un centro de traslado por protección, el C4, los CAI, centros de internamiento preventivo, los establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) y la cárcel Distrital.
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En estos últimos dos casos se establece que se podrán construir “en cualquier localidad en la que se acredite el cumplimiento de los criterios de localización general”, es decir, centralidades, zonas de comercio cualificado, aglomerado, zonas industriales, de servicios urbanos básicos o zona industrial y de servicios en áreas de actividad urbana integral, como lo son los predios aledaños a La Picota.
Pero el decreto no fue suficiente. Para volverlo realidad es necesario modificar en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad el uso del suelo de las zonas donde están las cárceles La Picota, La Modelo y El Buen Pastor, para dar la viabilidad jurídica, técnica y administrativa al megaproyecto. Es por eso que en el artículo 182 del proyecto POT los últimos dos párrafos se dedican al tema. Por un lado exime a los predios de La Picota del cumplimiento de cargas urbanísticas y deja en manos de la Secretaría de Seguridad las condiciones de ocupación, implantación y mitigación de impactos. Por el otro, indica que a los predios de los otros penales se les asignará el área de actividad estructurante cuando se realice su traslado.
Lo que alegan los habitantes de la zona es que dicha decisión no se concertó con ellos y temen que la megaobra pueda traer más problemas de seguridad y movilidad, sin contar que podría profundizar problemas a los que el Distrito no ha dado respuesta, como la descontaminación de la quebrada La Chiguaza.
En recientes reuniones con la Alcaldía Local de Rafael Uribe, los vecinos pidieron respuestas sobre intervenciones como los puentes vehiculares sobre la quebrada (ante recientes movimientos de masa), así como la situación del colegio Colombia Viva, que tendría una parte de su estructura dentro de la ronda del afluente. Asimismo, mostraron preocupación por la cercanía del colegio San Agustín a la nueva cárcel y las demoras en la construcción del Centro de Atención Prioritaria en Salud (CAPS), ante la falta de equipamientos de salud en la zona.
Mientras los habitantes de los barrios aledaños a La Picota han mostrado su inconformismo con el proyecto, el Distrito y el Gobierno Nacional están a la espera de la aprobación del POT. De lograrlo, la Alcaldía tendría que invertir casi $23.000 millones para la cárcel Distrital y el Ministerio de Justicia podría continuar con las negociaciones con inmobiliarias, que ya han mostrado su interés por los predios de La Modelo y El Buen Pastor. Si todo avanza con el mismo entusiasmo con el que se ha proyectado, la megaobra estaría lista para 2024, lo que aseguraría la descongestión de las URI y estaciones de Policía, un reto pendiente de varias administraciones en la ciudad.
