La muerte que agrava la crisis con los emberas en el Parque Nacional

La muerte de un niño de un año y nueve meses volvió a encender las alarmas respecto a las condiciones en las que viven los más de 400 indígenas emberas, que completaron dos meses durmiendo en cambuches en el Parque Nacional, tiempo en el cual no han podido llegar a un acuerdo con el Distrito o la Unidad de Víctimas.

La muerte de un niño de un año y nueve meses volvió a encender las alarmas respecto a las condiciones en las que viven los más de 400 indígenas emberas, que completaron dos meses durmiendo en cambuches en el Parque Nacional, tiempo en el cual no han podido llegar a un acuerdo con el Distrito o la Unidad de Víctimas.

Variables como el clima han profundizado las necesidades de las familias en el parque, pues además de dificultades respiratorias por cuenta de las lluvias, los indígenas denuncian que ya no tienen qué comer. Por su parte, el Distrito ha reportado que por lo menos 29 personas, la mayoría niños, han tenido que ser atendidas en centros asistenciales.

La puja ha sido difícil. La comunidad indígena dice que no hay voluntad de diálogo del Distrito ni de la Unidad de Víctimas, a los que les han pedido garantizar el reasentamiento de la población indígena, bien sea con la extensión de las ayudas de arrendamiento o en una zona con condiciones dignas; organizar un plan retorno, para los que quieren regresar a los territorios, y, finalmente, dar reconocimiento a las Autoridades Indígenas de Bakatá, para que puedan participar en la estructuración de la política pública en la capital.

Este último punto ha sido el más controversial, pues el Distrito ha indicado que esto demuestra una injerencia política detrás de las necesidades que presentan los indígenas, ya que el 7 de noviembre los líderes indígenas enviaron un correo a la Secretaría de Gobierno solicitando la contratación por prestación de servicios de 12 personas con el Distrito, que suman $114 millones, y la financiación de cuatro ollas comunitarias por $104 millones, para avanzar en los diálogos.

Debido a esto, el Distrito interpuso ante la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) denuncias por la supuesta vulneración de los derechos de los niños asentados en el Parque Nacional y el restablecimiento de sus derechos, ya que señalan que no se está priorizando la atención inmediata que requieren.

Pero detrás hay otros hechos. En respuesta a la querella interpuesta por invasión del espacio público, la semana pasada se intentó realizar el desalojo de los indígenas, del que finalmente desistió el Distrito por intermediación de los órganos de control. Los emberas explican que al comienzo de este mes se intentaron establecer nuevos diálogos, pero que no había disposición. Por su parte, tanto el Distrito como la Unidad de Víctimas han indicado que no han podido brindar una atención en la zona, mientras que la Secretaría de Gobierno se mantiene en que su mejor alternativa es el traslado al parque de La Florida, donde ya se le está dando atención a otro grupo de indígenas, que aceptó las condiciones del Distrito.

De ahí no se ha avanzado. De acuerdo con Jairo Montañez, líder de las Autoridades Indígenas de Bakatá, la muerte del menor era una tragedia anunciada, pues desde octubre lanzaron una alerta temprana por las críticas condiciones en que permanecían los niños.

Tras conocerse los hechos, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, indicó que el menor murió pese a todas las maniobras de reanimación que se le hicieron. “Tenía una condición supremamente grave y no había sido posible trasladarlo, porque no había la voluntad de su familia y del grupo social que lo acompañaba”.

Rosmira Campo, una de las emberas en la zona, dice que hay otras condiciones que se han profundizado, como la falta de alimentos. “En nuestro caso somos ocho. Si conseguimos una bolsa de arroz, toca hacerla toda y con eso comemos una vez al día”.

Por situaciones como esta, y el reiterado llamado a establecer un diálogo, la Personería inició una indagación preliminar contra las secretarías de Gobierno, Salud e Integración Social para determinar si hubo alguna omisión con la muerte del menor. Por lo pronto, la prioridad está en aclarar las responsabilidades en el caso, así como en establecer prontas soluciones, para las 400 familias en la zona.

De las que están en el parque La Florida, el próximo miércoles se trasladarán las primeras 130 familias a sus territorios, por lo que el reiterado llamado de los entes de control ha sido el de establecer el diálogo y hallar puntos de acuerdo, pues está demostrado que ambas partes deben ceder y buscar la mejor alternativa para evitar mayores vulnerabilidades para los emberas en el parque.