Polémica por la creación de un bloque cívico para la seguridad en Bogotá

La ciudadanía cada vez está más inquieta por la seguridad en sus barrios. Sea cuestión de una realidad que varía según las cifras, o de una mera percepción ciudadana, este es uno de los temas que encabeza la agenda en Bogotá, y de quienes aspiran a gobernarla.

Nota relacionada: Captan modalidad de robo: así desvalijan carros disimuladamente en Bogotá.

Mientras que la Policía y las autoridades distritales adelantan ofensivas maratónicas contra el crimen, como el Plan de Choque 360, una parte de la ciudadanía ha decidido tomar sus propias cartas en el asunto. La más reciente iniciativa, que despertó aplausos y cuestionamientos en igual cantidad, fue la conformación de un grupo ciudadano de motorizados que apoyarán a la Policía de Bogotá en labores de vigilancia.

El objetivo principal de este grupo conformado por 3.500 personas, será la de avisar a la Policía de cualquier imprevisto que vean en la ciudad; desde robos, hasta riñas, y agresiones a ciudadanos vulnerables. Contarán con una sirena equipada a su moto, y un chaleco de balas que cada miembro de la unidad compró de su propio bolsillo.

Además, podrán exceder los límites de velocidad para acompañar delitos en los que estén involucrados otros vehículos motorizados. En este sentido, también tendrán la posibilidad de evadir semáforos en rojo cuando la situación lo amerite.

Entre los integrantes de este colectivo figuran mensajeros, investigadores privados, escoltas, y hasta profesores voluntarios. Cada uno de ellos, podrá decidir de manera autónoma cuando patrullar y en qué zonas de las localidades priorizadas: Suba, Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy y Bosa.

La elección de estas zonas, dijo a EFE la directora de Convivencia y Diálogo Social de la Alcaldía de Bogotá, Carolina Orozco, se dio por los altos índices de hurto que presentan dichas localidades.

Aunque la conformación de este grupo es monitoreada de cerca por la Policía y la Secretaría de Seguridad, dado que puede solucionar de manera temporal el déficit de Policías en la ciudad, ya se han escuchado algunas voces disonantes.

Uno de los puntos más álgidos, concierne a la utilización de la fuerza que utilizarían estos ciudadanos. En especial, aquellos que cuentan con permiso de porte de armas, como en el caso de los escoltas que conforman el grupo. Sobre este punto, Carolina Orozco apostilló que estos individuos no están autorizados a emplear la fuerza. No obstante, el debate aún sigue latente entre la ciudadanía y los expertos en el tema.

Hay otras ciudades a nivel mundial en las que este tipo de experiencias ya han sido implementadas, como se lo explicó a El Espectador Luis Fernando Echeverría, experto en seguridad urbana. En Perú, destaca Echeverría, se crearon los Serenazgos, que si bien no son un grupo de moteros “si hacen parte de una iniciativa para involucrar a los civiles en labores de vigilancia urbana”.

A tal efecto, Echeverría menciona que los resultados de estas acciones pueden ser positivos, sobre todo en materia de colaboración y denuncia. Sin embargo, el experto resalta la importancia de la imposición de límites que se le debe hacer a los miembros de este tipo de organizaciones.

“Deben existir límites sobre lo que pueden y no pueden hacer estas personas. Sobre cómo van a actuar y sobre cuáles van a ser sus funciones. Evidentemente, no le podemos dar funciones de Policía porque, legalmente, no se le pueden trasladar este tipo de funciones a particulares”, recalcó el experto.

Estos límites, dice él, son necesarios para impedir que se privatice la seguridad ciudadana, y con el fin de impedir que se presenten vulneraciones en materia de derechos humanos.

Paralelamente a lo anterior, en aras de definir hasta dónde pueden llegar estos patrulleros ciudadanos, elaborar un protocolo de acción serviría para estipular de manera clara los límites de intervención que puede tener esta iniciativa. Lo anterior, comenta Echeverría, podría fortalecerse jurídicamente mediante la radicación de un acuerdo de proyecto ante el Concejo, o de un decreto emitido por la Alcaldía.

Aunque la Constitución ya es clara, respecto al uso de la fuerza exclusivo por parte de las fuerzas armadas, las dos acciones mencionadas anteriormente podrían dar una hoja de ruta legal al proyecto. Este punto, resalta el experto, “debe ser tenido en cuenta por cualquier tipo de candidato a la Alcaldía o al Concejo que tenga como prioridad en su agenda el tema de la seguridad”.

De acuerdo con el primer balance del Plan de Choque 360, durante el mes de agosto se evidenció una reducción en 8 de los 12 delitos de alto impacto en la ciudad.

Según el informe, hubo una reducción en delitos como: lesiones personales (-16 %), hurto a comercio (-12 %), hurto a celular (-8 %), hurto a bicicletas (-17 %), hurto a motocicletas (-4 %), extorsión (-9 %), delitos sexuales (-31 %) y violencia intrafamiliar (-15 %). En cuanto al delito que más descendió, las autoridades que presidieron el Concejo de Seguridad aseguraron que fue el de hurto a residencias, con una reducción del 10 %.

Lea también: Empresarios traficaban explosivos y los vendían a criminales: todos a la cárcel.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

La ciudadanía cada vez está más inquieta por la seguridad en sus barrios. Sea cuestión de una realidad que varía según las cifras, o de una mera percepción ciudadana, este es uno de los temas que encabeza la agenda en Bogotá, y de quienes aspiran a gobernarla.

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Mientras que la Policía y las autoridades distritales adelantan ofensivas maratónicas contra el crimen, como el Plan de Choque 360, una parte de la ciudadanía ha decidido tomar sus propias cartas en el asunto. La más reciente iniciativa, que despertó aplausos y cuestionamientos en igual cantidad, fue la conformación de un grupo ciudadano de motorizados que apoyarán a la Policía de Bogotá en labores de vigilancia.

El objetivo principal de este grupo conformado por 3.500 personas, será la de avisar a la Policía de cualquier imprevisto que vean en la ciudad; desde robos, hasta riñas, y agresiones a ciudadanos vulnerables. Contarán con una sirena equipada a su moto, y un chaleco de balas que cada miembro de la unidad compró de su propio bolsillo.

Además, podrán exceder los límites de velocidad para acompañar delitos en los que estén involucrados otros vehículos motorizados. En este sentido, también tendrán la posibilidad de evadir semáforos en rojo cuando la situación lo amerite.

Entre los integrantes de este colectivo figuran mensajeros, investigadores privados, escoltas, y hasta profesores voluntarios. Cada uno de ellos, podrá decidir de manera autónoma cuando patrullar y en qué zonas de las localidades priorizadas: Suba, Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy y Bosa.

La elección de estas zonas, dijo a EFE la directora de Convivencia y Diálogo Social de la Alcaldía de Bogotá, Carolina Orozco, se dio por los altos índices de hurto que presentan dichas localidades.

Aunque la conformación de este grupo es monitoreada de cerca por la Policía y la Secretaría de Seguridad, dado que puede solucionar de manera temporal el déficit de Policías en la ciudad, ya se han escuchado algunas voces disonantes.

Uno de los puntos más álgidos, concierne a la utilización de la fuerza que utilizarían estos ciudadanos. En especial, aquellos que cuentan con permiso de porte de armas, como en el caso de los escoltas que conforman el grupo. Sobre este punto, Carolina Orozco apostilló que estos individuos no están autorizados a emplear la fuerza. No obstante, el debate aún sigue latente entre la ciudadanía y los expertos en el tema.

Hay otras ciudades a nivel mundial en las que este tipo de experiencias ya han sido implementadas, como se lo explicó a El Espectador Luis Fernando Echeverría, experto en seguridad urbana. En Perú, destaca Echeverría, se crearon los Serenazgos, que si bien no son un grupo de moteros “si hacen parte de una iniciativa para involucrar a los civiles en labores de vigilancia urbana”.

A tal efecto, Echeverría menciona que los resultados de estas acciones pueden ser positivos, sobre todo en materia de colaboración y denuncia. Sin embargo, el experto resalta la importancia de la imposición de límites que se le debe hacer a los miembros de este tipo de organizaciones.

“Deben existir límites sobre lo que pueden y no pueden hacer estas personas. Sobre cómo van a actuar y sobre cuáles van a ser sus funciones. Evidentemente, no le podemos dar funciones de Policía porque, legalmente, no se le pueden trasladar este tipo de funciones a particulares”, recalcó el experto.

Estos límites, dice él, son necesarios para impedir que se privatice la seguridad ciudadana, y con el fin de impedir que se presenten vulneraciones en materia de derechos humanos.

Paralelamente a lo anterior, en aras de definir hasta dónde pueden llegar estos patrulleros ciudadanos, elaborar un protocolo de acción serviría para estipular de manera clara los límites de intervención que puede tener esta iniciativa. Lo anterior, comenta Echeverría, podría fortalecerse jurídicamente mediante la radicación de un acuerdo de proyecto ante el Concejo, o de un decreto emitido por la Alcaldía.

Aunque la Constitución ya es clara, respecto al uso de la fuerza exclusivo por parte de las fuerzas armadas, las dos acciones mencionadas anteriormente podrían dar una hoja de ruta legal al proyecto. Este punto, resalta el experto, “debe ser tenido en cuenta por cualquier tipo de candidato a la Alcaldía o al Concejo que tenga como prioridad en su agenda el tema de la seguridad”.

De acuerdo con el primer balance del Plan de Choque 360, durante el mes de agosto se evidenció una reducción en 8 de los 12 delitos de alto impacto en la ciudad.

Según el informe, hubo una reducción en delitos como: lesiones personales (-16 %), hurto a comercio (-12 %), hurto a celular (-8 %), hurto a bicicletas (-17 %), hurto a motocicletas (-4 %), extorsión (-9 %), delitos sexuales (-31 %) y violencia intrafamiliar (-15 %). En cuanto al delito que más descendió, las autoridades que presidieron el Concejo de Seguridad aseguraron que fue el de hurto a residencias, con una reducción del 10 %.

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