La pesadilla de habitantes de Fontibón por el ruido de aviones

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) insiste en que la segunda pista del Aeropuerto El Dorado funcione 24 horas. La iniciativa revive la preocupación de los vecinos de la terminal aérea (Fontibón, Engativá y el municipio de Funza), quienes rechazan la idea, ya que esto que implicaría soportar el ruido de las aeronaves también en las noches.

El proyecto, que lo dio a conocer El Espectador en agosto del año pasado, tomó forma en noviembre, cuando la Aerocivil presentó ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) el estudio de impacto ambiental para pedir la modificación de la licencia que le impide la operación nocturna de la segunda pista.

Mientras la Aeronáutica busca mejorar el tráfico aéreo en la capital, los vecinos son conscientes de que esta pista es necesaria para el desarrollo del país, pero tienen argumentos para oponerse. Uno, que desde 1998 (cuando empezó a operar la pista) han tenido que soportar de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. el ruido, que supera los 65 decibeles reglamentados. Con el nuevo proyecto perderían las pocas horas de descanso, lo cual afectaría su salud. Otro, que hay casas en las que no se han hecho los trabajos de insonorización. Aunque saben que cerrar la pista es una lucha perdida, por lo menos quieren mejorar su calidad de vida.

Desde que se enteraron de la propuesta, los vecinos le han hecho seguimiento y aseguran que el proceso ha tenido irregularidades. Por ejemplo, en la primera audiencia que solicitaron a la ANLA, para discutir el proyecto, no se presentó ningún organismo de control que velara por la ciudadanía y la cita fue en Corferias y no en el lugar de afectación, algo que pidió la comunidad, ya que no todos podían ir hasta allá. Por esto decidieron suspender la diligencia hasta que se les brinden garantías y están a la espera de una nueva fecha.

“Ya no les creemos”

Julio Ramón Acosta Téllez, líder social, ha vivido toda su vida con el ruido de los aviones. Hoy tiene 55 años y afirma que poco o nada les cree a las promesas de la Aerocivil de la nueva modificación, en la que para él no se tuvo en cuenta a los ciudadanos. “Sólo unos pocos participaron”, dice.

Con eso concuerda Gloria Molina, otra líder y habitante de este sector, quien agrega que tampoco hay un esquema sancionatorio dentro del plan de manejo presentado a la ANLA. En el capítulo de sanciones se nombran dos tipos de amonestaciones: pedagógica y financiera, pero no está especificado cuánto sería el monto si una aerolínea sobrepasa el límite de decibeles. “No es serio que aún se hable de pedagogía con las aerolíneas y no existan sanciones fuertes, cuando nuestra salud está en juego. Ni siquiera hay tarifas establecidas en el nuevo plan de manejo”, dice Molina.

Otro aspecto que también los tiene preocupados es la disminución del valor del avalúo predial. Por ejemplo, el valor de la vivienda de Julio Ramón Acosta costaba en 2014 $196 millones y en 2015 pasó a $168 millones. Eso sí: hubo aumento en el pago del impuesto. Para ellos, esta es la manera como el Estado devalúa sus predios para que luego sean comprados para una futura expansión del aeropuerto.

Para Inti Raúl Asprilla, representante a la Cámara de Bogotá por la Alianza Verde y quien ha visibilizado la problemática, este proyecto atenta contra el derecho fundamental de la intimidad familiar. “Según un estudio realizado por el Distrito, 20 de las 26 estaciones de monitoreo muestran que no se cumple con el límite de decibeles para el horario nocturno”, asegura Asprilla.

Ese mismo estudio afirma que si se modifica la actual licencia ambiental, se generarían mayores impactos sobre la población, que según datos de la Secretaría Distrital de Planeación es de 500.000 habitantes. De acuerdo con las mediciones, aseguran que en la zona se presentan niveles de ruido superiores a 65 decibeles en promedio, desde hace más de una década, y que incluso hay lugares que no están delimitados por la Aerocivil que también se ven afectados.

Para el representante, es también absurdo que la ANLA esté revisando este documento, cuando al anterior plan de manejo ambiental se le abrió una investigación el 9 de mayo de 2013 por incumplimiento de las normas. En efecto, la ANLA emitió en esa fecha un auto a la Aerocivil por no haber realizado “un consolidado de las insonorizaciones realizadas, incumpliendo así presuntamente lo dispuesto en el artículo 7º de la resolución 0534 de 1998”. Pero solo en noviembre del año pasado les respondió. Allí cuentan cuáles han sido las estrategias con las que ha mitigado el impacto del ruido y se demuestra, a través de firmas y fotos, las reuniones con algunos miembros de la comunidad. Adicionalmente, se habla de nuevos equipos para el monitoreo permanente que, según la entidad, habrá cuando se extienda la operación. En estos momentos, todos estos papeles están siendo analizados por la autoridad ambiental.

Además, advierte que desde el año pasado están reforzando la vigilancia de los aviones que violen la norma de ruido. De hecho, según el director, se está midiendo el ruido en tiempo real. También insiste en que las multas se cobrarán, pero el asunto de a qué se destinarán es algo que no se puede pensar a la ligera, ya que son temas del Gobierno Nacional.

Lenis insiste que es imposible que el ruido sea mayor que el de hace 15 años, pues “más de un 90% de la flota de aviones son de categoría 3, que son mucho menos ruidosos”. Y resalta que las restricciones son severas. Al igual que los ciudadanos, la Aerocivil está a la espera de una nueva audiencia para que se resuelvan todas las inquietudes y se pueda por fin llegar a un acuerdo con la comunidad.

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) insiste en que la segunda pista del Aeropuerto El Dorado funcione 24 horas. La iniciativa revive la preocupación de los vecinos de la terminal aérea (Fontibón, Engativá y el municipio de Funza), quienes rechazan la idea, ya que esto que implicaría soportar el ruido de las aeronaves también en las noches.

El proyecto, que lo dio a conocer El Espectador en agosto del año pasado, tomó forma en noviembre, cuando la Aerocivil presentó ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) el estudio de impacto ambiental para pedir la modificación de la licencia que le impide la operación nocturna de la segunda pista.

Mientras la Aeronáutica busca mejorar el tráfico aéreo en la capital, los vecinos son conscientes de que esta pista es necesaria para el desarrollo del país, pero tienen argumentos para oponerse. Uno, que desde 1998 (cuando empezó a operar la pista) han tenido que soportar de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. el ruido, que supera los 65 decibeles reglamentados. Con el nuevo proyecto perderían las pocas horas de descanso, lo cual afectaría su salud. Otro, que hay casas en las que no se han hecho los trabajos de insonorización. Aunque saben que cerrar la pista es una lucha perdida, por lo menos quieren mejorar su calidad de vida.

Desde que se enteraron de la propuesta, los vecinos le han hecho seguimiento y aseguran que el proceso ha tenido irregularidades. Por ejemplo, en la primera audiencia que solicitaron a la ANLA, para discutir el proyecto, no se presentó ningún organismo de control que velara por la ciudadanía y la cita fue en Corferias y no en el lugar de afectación, algo que pidió la comunidad, ya que no todos podían ir hasta allá. Por esto decidieron suspender la diligencia hasta que se les brinden garantías y están a la espera de una nueva fecha.

“Ya no les creemos”

Julio Ramón Acosta Téllez, líder social, ha vivido toda su vida con el ruido de los aviones. Hoy tiene 55 años y afirma que poco o nada les cree a las promesas de la Aerocivil de la nueva modificación, en la que para él no se tuvo en cuenta a los ciudadanos. “Sólo unos pocos participaron”, dice.

Con eso concuerda Gloria Molina, otra líder y habitante de este sector, quien agrega que tampoco hay un esquema sancionatorio dentro del plan de manejo presentado a la ANLA. En el capítulo de sanciones se nombran dos tipos de amonestaciones: pedagógica y financiera, pero no está especificado cuánto sería el monto si una aerolínea sobrepasa el límite de decibeles. “No es serio que aún se hable de pedagogía con las aerolíneas y no existan sanciones fuertes, cuando nuestra salud está en juego. Ni siquiera hay tarifas establecidas en el nuevo plan de manejo”, dice Molina.

Otro aspecto que también los tiene preocupados es la disminución del valor del avalúo predial. Por ejemplo, el valor de la vivienda de Julio Ramón Acosta costaba en 2014 $196 millones y en 2015 pasó a $168 millones. Eso sí: hubo aumento en el pago del impuesto. Para ellos, esta es la manera como el Estado devalúa sus predios para que luego sean comprados para una futura expansión del aeropuerto.

Para Inti Raúl Asprilla, representante a la Cámara de Bogotá por la Alianza Verde y quien ha visibilizado la problemática, este proyecto atenta contra el derecho fundamental de la intimidad familiar. “Según un estudio realizado por el Distrito, 20 de las 26 estaciones de monitoreo muestran que no se cumple con el límite de decibeles para el horario nocturno”, asegura Asprilla.

Ese mismo estudio afirma que si se modifica la actual licencia ambiental, se generarían mayores impactos sobre la población, que según datos de la Secretaría Distrital de Planeación es de 500.000 habitantes. De acuerdo con las mediciones, aseguran que en la zona se presentan niveles de ruido superiores a 65 decibeles en promedio, desde hace más de una década, y que incluso hay lugares que no están delimitados por la Aerocivil que también se ven afectados.

Para el representante, es también absurdo que la ANLA esté revisando este documento, cuando al anterior plan de manejo ambiental se le abrió una investigación el 9 de mayo de 2013 por incumplimiento de las normas. En efecto, la ANLA emitió en esa fecha un auto a la Aerocivil por no haber realizado “un consolidado de las insonorizaciones realizadas, incumpliendo así presuntamente lo dispuesto en el artículo 7º de la resolución 0534 de 1998”. Pero solo en noviembre del año pasado les respondió. Allí cuentan cuáles han sido las estrategias con las que ha mitigado el impacto del ruido y se demuestra, a través de firmas y fotos, las reuniones con algunos miembros de la comunidad. Adicionalmente, se habla de nuevos equipos para el monitoreo permanente que, según la entidad, habrá cuando se extienda la operación. En estos momentos, todos estos papeles están siendo analizados por la autoridad ambiental.

Además, advierte que desde el año pasado están reforzando la vigilancia de los aviones que violen la norma de ruido. De hecho, según el director, se está midiendo el ruido en tiempo real. También insiste en que las multas se cobrarán, pero el asunto de a qué se destinarán es algo que no se puede pensar a la ligera, ya que son temas del Gobierno Nacional.

Lenis insiste que es imposible que el ruido sea mayor que el de hace 15 años, pues “más de un 90% de la flota de aviones son de categoría 3, que son mucho menos ruidosos”. Y resalta que las restricciones son severas. Al igual que los ciudadanos, la Aerocivil está a la espera de una nueva audiencia para que se resuelvan todas las inquietudes y se pueda por fin llegar a un acuerdo con la comunidad.