La puja por venderle glifosato a la Policía

Desde 2011, cuando Estados Unidos dejó de proveer el glifosato y se nacionalizó el programa de erradicación, la Policía empezó a comprar el herbicida. Desde ese año, Tanalú fue prácticamente el único proveedor de la institución, incluso sin importar que su producto de marca Cúspide 480 hubiera sido el epicentro de una discordia entre el gobierno estadounidense y el colombiano, cuando se indicó que el compuesto que entregó la empresa en la primera negociación (por $12.000 millones), al parecer, no cumplía los requisitos de las autoridades ambientales de EE. UU.

Según los análisis que en su momento le hicieron las autoridades de EE. UU. al producto fabricado en China, este tenía componentes más tóxicos e inflamables, era de consistencia irregular y, de manera inexplicable, alteraron las etiquetas del producto para hacer creer que el herbicida cumplía los requisitos. “Los peritos encontraron que la sustancia que estaba en los galones no era la misma que había ofrecido el vendedor”, alertaron en su momento. Por este episodio hubo un riesgo de descertificación del programa de erradicación en el país.

A pesar de los anuncios de investigaciones, no se volvió a saber del tema ni de la empresa hasta mediados del año pasado, cuando se hizo público que desde 2018 la Policía le estaba comprando de nuevo. En su momento, la institución explicó que el herbicida cumplía las regulaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), tenía registros por el país y no había sido vetado en 2011, pues se había usado en el programa de aspersión aérea hasta 2015.

Lo que se sabe es que la empresa y sus socios mantuvieron esa posición dominante, debido a que eran el único importador en Colombia que había tramitado permisos ante las autoridades nacionales, para venderle glifosato a la Policía para erradicación de cultivos de coca. Solo entre 2018 y 2019 ganó tres contratos seguidos, a través de los cuales le vendió 1.336 canecas de 200 litros, en $5.230 millones.

Cuestionamientos

En esta oportunidad la Policía tiene en marcha un nuevo proceso por $3.898 millones, que espera adjudicar el 28 de febrero. En carrera se encuentran Tanalú Campeón y la empresa Del Monte Agrosciences SAS, las cuales ya radicaron los documentos que exige el pliego de condiciones. Aunque el proveedor habitual intentó que sus archivos fueran confidenciales, su competidor hizo que la Policía los publicara.

Lo que se nota en este proceso, luego de compararlo con los que se adelantaron en 2011, 2018 y 2019, es que la Policía Antinarcóticos aumentó las especificaciones técnicas obligatorias, al pasar de cinco requisitos a 18. Por ejemplo, el año pasado fueron más laxos y pedían solo la descripción del producto, el dictamen toxicológico del Ministerio de Protección, el registro del ICA, la garantía de inexistencia de algunos compuestos tóxicos y un documento de la ANLA que avalara su uso.

Este año, la lista incluye que la composición y pureza del producto sean ratificadas por un laboratorio reconocido, el dictamen toxicológico del Ministerio de Protección y el Ambiental de la ANLA, registro del ICA aprobando el herbicida, certificados que indiquen que tanto los compuestos como las empresas formuladoras y fabricantes están avaladas por las autoridades ambientales de EE. UU. (EPA) y otro que indique el origen del producto, identificando la planta y la ciudad.

Es justo en estos requisitos que el nuevo jugador dice haber encontrado faltas de su contrincante y cuestionamientos al pliego de condiciones, que en algunos puntos deja una “puerta entreabierta”, por la que se podría colar producto de mala calidad. Para comenzar, según uno de los directivos de Del Monte Agrosciences, hay reparos relacionados con el Plan de Gestión de Riesgo y Desastres (PGRD) y la Evaluación de Riesgos Ambientales (ERA), que parecen estar desactualizados frente a las nuevas normas ambientales nacionales.

A esto se suma que el producto de su competencia, al parecer, no cuenta con pruebas de campo (que evalúan la dosis más adecuada para controlar los cultivos) y que en los documentos se nota que el producto no reporta los mismos proveedores que están en el dictamen toxicológico, el Ambiental y en el registro ante el ICA. “Esto es fundamental para determinar el origen de la planta de fabricación y formulación, a fin de ejercer una trazabilidad y verificación en cumplimiento de producción bajo las normas internacionales”, agrega el directivo.

Finalmente, alerta que, pese a que la Policía exige que la planta de producción del producto esté aprobada por las autoridades ambientales de Estados Unidos, para garantizar que el producto comprado en China es de alta calidad, no hay claridad en los documentos del proponente. “En el dictamen toxicológico no aparece ninguna empresa con sello EPA, y en el Ambiental y el del ICA aparece el nombre de un comercializador de Estados Unidos con sello EPA, pero lo presentan como si fuera un fabricante chino, lo cual no es cierto”.

La evaluación

Aunque Tanalú ha insistido en que cumple todos los requisitos de ley, en esta oportunidad los reparos de su contrincante los estaría ratificando la propia Policía. El actual proceso de compra de glifosato se encuentra en la etapa de evaluación y, los resultados parciales muestran que incumple siete de los 18 requisitos técnicos obligatorios, por lo que está quedando fuera de competencia. Según el comité, no presentó certificado de que su producto cumple estándares de las autoridades ambientales de EE. UU., ni tampoco documentos sobre la concentración de algunos compuestos. Además, las pruebas de laboratorio no correspondían con lo que estaban ofreciendo.

El rechazo en la mayoría de ítems fue por algo particular: la empresa, en vez de anexar los documentos que permitieran probar la calidad del producto, radicó un oficio firmado por su representante legal, el que se limita a autocertificar a su empresa. Ante esto, la respuesta de la Policía fue: “El documento aportado por el proponente no es prueba suficiente que le permita a la entidad obtener la garantía solicitada, toda vez que estas características son verificables a través de medios técnicos”.

A pesar de que el panorama parece complejo para el que ha sido el único proveedor de glifosato de la Policía en la última década, esto no quiere decir que su contrincante esté mejor. Según la misma evaluación técnica Del Monte Agrosciences SAS también incumple dos de los 18 requisitos técnicos obligatorios, por lo que en este momento está inhabilitado. Según el comité evaluador, al parecer, hay inconsistencias entre el producto y el certificado que indica que cumple los estándares de las autoridades ambientales de EE. UU. Además, dice que no anexó soporte sobre la concentración de algunos compuestos.

Por ahora, ambos competidores tienen plazo hasta mañana para presentar los documentos que falten o presentar aclaraciones, con el fin de seguir en carrera. Si logran mejorar su calificación, el próximo jueves se sabrá quién le venderá el glifosato a la Policía.

Desde 2011, cuando Estados Unidos dejó de proveer el glifosato y se nacionalizó el programa de erradicación, la Policía empezó a comprar el herbicida. Desde ese año, Tanalú fue prácticamente el único proveedor de la institución, incluso sin importar que su producto de marca Cúspide 480 hubiera sido el epicentro de una discordia entre el gobierno estadounidense y el colombiano, cuando se indicó que el compuesto que entregó la empresa en la primera negociación (por $12.000 millones), al parecer, no cumplía los requisitos de las autoridades ambientales de EE. UU.

Según los análisis que en su momento le hicieron las autoridades de EE. UU. al producto fabricado en China, este tenía componentes más tóxicos e inflamables, era de consistencia irregular y, de manera inexplicable, alteraron las etiquetas del producto para hacer creer que el herbicida cumplía los requisitos. “Los peritos encontraron que la sustancia que estaba en los galones no era la misma que había ofrecido el vendedor”, alertaron en su momento. Por este episodio hubo un riesgo de descertificación del programa de erradicación en el país.

A pesar de los anuncios de investigaciones, no se volvió a saber del tema ni de la empresa hasta mediados del año pasado, cuando se hizo público que desde 2018 la Policía le estaba comprando de nuevo. En su momento, la institución explicó que el herbicida cumplía las regulaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), tenía registros por el país y no había sido vetado en 2011, pues se había usado en el programa de aspersión aérea hasta 2015.

Lo que se sabe es que la empresa y sus socios mantuvieron esa posición dominante, debido a que eran el único importador en Colombia que había tramitado permisos ante las autoridades nacionales, para venderle glifosato a la Policía para erradicación de cultivos de coca. Solo entre 2018 y 2019 ganó tres contratos seguidos, a través de los cuales le vendió 1.336 canecas de 200 litros, en $5.230 millones.

Cuestionamientos

En esta oportunidad la Policía tiene en marcha un nuevo proceso por $3.898 millones, que espera adjudicar el 28 de febrero. En carrera se encuentran Tanalú Campeón y la empresa Del Monte Agrosciences SAS, las cuales ya radicaron los documentos que exige el pliego de condiciones. Aunque el proveedor habitual intentó que sus archivos fueran confidenciales, su competidor hizo que la Policía los publicara.

Lo que se nota en este proceso, luego de compararlo con los que se adelantaron en 2011, 2018 y 2019, es que la Policía Antinarcóticos aumentó las especificaciones técnicas obligatorias, al pasar de cinco requisitos a 18. Por ejemplo, el año pasado fueron más laxos y pedían solo la descripción del producto, el dictamen toxicológico del Ministerio de Protección, el registro del ICA, la garantía de inexistencia de algunos compuestos tóxicos y un documento de la ANLA que avalara su uso.

Este año, la lista incluye que la composición y pureza del producto sean ratificadas por un laboratorio reconocido, el dictamen toxicológico del Ministerio de Protección y el Ambiental de la ANLA, registro del ICA aprobando el herbicida, certificados que indiquen que tanto los compuestos como las empresas formuladoras y fabricantes están avaladas por las autoridades ambientales de EE. UU. (EPA) y otro que indique el origen del producto, identificando la planta y la ciudad.

Es justo en estos requisitos que el nuevo jugador dice haber encontrado faltas de su contrincante y cuestionamientos al pliego de condiciones, que en algunos puntos deja una “puerta entreabierta”, por la que se podría colar producto de mala calidad. Para comenzar, según uno de los directivos de Del Monte Agrosciences, hay reparos relacionados con el Plan de Gestión de Riesgo y Desastres (PGRD) y la Evaluación de Riesgos Ambientales (ERA), que parecen estar desactualizados frente a las nuevas normas ambientales nacionales.

A esto se suma que el producto de su competencia, al parecer, no cuenta con pruebas de campo (que evalúan la dosis más adecuada para controlar los cultivos) y que en los documentos se nota que el producto no reporta los mismos proveedores que están en el dictamen toxicológico, el Ambiental y en el registro ante el ICA. “Esto es fundamental para determinar el origen de la planta de fabricación y formulación, a fin de ejercer una trazabilidad y verificación en cumplimiento de producción bajo las normas internacionales”, agrega el directivo.

Finalmente, alerta que, pese a que la Policía exige que la planta de producción del producto esté aprobada por las autoridades ambientales de Estados Unidos, para garantizar que el producto comprado en China es de alta calidad, no hay claridad en los documentos del proponente. “En el dictamen toxicológico no aparece ninguna empresa con sello EPA, y en el Ambiental y el del ICA aparece el nombre de un comercializador de Estados Unidos con sello EPA, pero lo presentan como si fuera un fabricante chino, lo cual no es cierto”.

La evaluación

Aunque Tanalú ha insistido en que cumple todos los requisitos de ley, en esta oportunidad los reparos de su contrincante los estaría ratificando la propia Policía. El actual proceso de compra de glifosato se encuentra en la etapa de evaluación y, los resultados parciales muestran que incumple siete de los 18 requisitos técnicos obligatorios, por lo que está quedando fuera de competencia. Según el comité, no presentó certificado de que su producto cumple estándares de las autoridades ambientales de EE. UU., ni tampoco documentos sobre la concentración de algunos compuestos. Además, las pruebas de laboratorio no correspondían con lo que estaban ofreciendo.

El rechazo en la mayoría de ítems fue por algo particular: la empresa, en vez de anexar los documentos que permitieran probar la calidad del producto, radicó un oficio firmado por su representante legal, el que se limita a autocertificar a su empresa. Ante esto, la respuesta de la Policía fue: “El documento aportado por el proponente no es prueba suficiente que le permita a la entidad obtener la garantía solicitada, toda vez que estas características son verificables a través de medios técnicos”.

A pesar de que el panorama parece complejo para el que ha sido el único proveedor de glifosato de la Policía en la última década, esto no quiere decir que su contrincante esté mejor. Según la misma evaluación técnica Del Monte Agrosciences SAS también incumple dos de los 18 requisitos técnicos obligatorios, por lo que en este momento está inhabilitado. Según el comité evaluador, al parecer, hay inconsistencias entre el producto y el certificado que indica que cumple los estándares de las autoridades ambientales de EE. UU. Además, dice que no anexó soporte sobre la concentración de algunos compuestos.

Por ahora, ambos competidores tienen plazo hasta mañana para presentar los documentos que falten o presentar aclaraciones, con el fin de seguir en carrera. Si logran mejorar su calificación, el próximo jueves se sabrá quién le venderá el glifosato a la Policía.