“La Rolita”: la incierta apuesta por un operador público de transporte

Con el nombre de “La Rolita”, quizás apelando a un sentimiento de apropiación entre los bogotanos, la Alcaldía se mantiene firme en su plan de contar con un operador público de transporte, a pesar del rechazo de los operadores privados y de quienes consideran inviable el proyecto.

Ya hizo el lanzamiento y ha hecho inversiones, a pesar de la batalla jurídica que se libra y que mantiene la iniciativa en el limbo. La apuesta es grande. De salir a flote entraría con puntos a favor: sería un modelo novedoso y, de paso, serviría para desentrañar las cifras de los operadores privados, única base para determinar la realidad financiera del transporte en la ciudad y su enorme hueco fiscal.

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Pero sacarla a las calles no parece sencillo. Aunque cuenta con el respaldo del Concejo, ya tuvo su primer tropiezo a comienzos de año, cuando un juez administrativo declaró nula su creación, tras la acción de nulidad de los operadores privados, que argumentaron irregularidades en la estructuración. La apelación de la Alcaldía ha permitido mantener vivo el plan, aunque con incertidumbre, pues de no revertir la decisión, lo hecho hasta ahora sería un costoso paso en falso. Así las cosas, ¿qué ganarían o perderían los capitalinos?

¿Un salto al vacío?

La creación del operador público de transporte fue una de las apuestas que incluyó la actual administración en el Plan de Desarrollo, avalado por el Concejo de Bogotá en junio de 2021, el cual debe tener personería jurídica, autonomía administrativa, contable, financiera y presupuestal, así como patrimonio propio. En ese sentido, la sociedad sería presidida por el alcalde y financiada con recursos del Distrito.

La idea, para algunos expertos, mejoría la eficiencia del sistema actual. “Es bueno en todo sentido, pero fundamental para tener puntos de referencia frente a los operadores privados, en especial el costo de transportar un pasajero hora sentido, y saber si es o no costoso lo que hoy se paga.”, indicó José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la U. Nacional.

A pesar de ciertas limitaciones con las que contaría el nuevo operador, la entrada del Distrito a la mesa de los operadores no les gusta a los dueños de los buses, que circulan en Transmilenio y el SITP. Por eso impulsaron una acción de nulidad, en la que argumentaron que para crear el nuevo operador no basta solo con la autorización del Concejo. Debe existir un estudio que justifique la iniciativa.

“El argumento fue que se aprobó sin un estudio que justificara la iniciativa, requisito previsto en la ley. El juzgado, en su análisis jurídico, consideró que, en efecto, ese estudio se necesitaba, así que anuló el artículo en primera instancia”, aseguró Felipe Bastidas, el abogado que interpuso la demanda.

Sin embargo, el Distrito apeló y el caso está en manos del Tribunal de Bogotá. Como la nulidad no está en firme, avanzó con la implementación. “No queremos que la ciudad dependa solo de operación privada. Tenemos gratitud con quienes lo hacen, pero es mejor que tengamos un sistema mixto, para que podamos aprender juntos”, expresó la alcaldesa Claudia López, durante el lanzamiento del operador.

“La Rolita”, en su máxima capacidad, operará el servicio de 183 buses, que conectarían al barrio Ismael Perdomo, en Ciudad Bolívar, con el resto de la ciudad, una zona donde las licitaciones han sido declaradas desiertas por falta de oferentes. Hoy hay 17 vehículos en circulación y, sin operar en pleno, según indica la concejal Lucía Bastidas (Alianza Verde), ya hay una cuantiosa inversión pública. Según el informe de ejecución presupuestal, a julio, el operador público ya presentaba gastos por $9.673 millones, “¿qué pasará con esta inversión si se confirma la nulidad?”, cuestionó Bastidas.

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Ante este interrogante, expertos en movilidad, como Germán Prieto, indican que esta decisión, por acelerada, podría salirle caro al Distrito. “Existe el riesgo de que todo esto sea una salida en falso de la Alcaldía. De esta manera, si un juez toma una determinación en contra, se tendrá que volver a estructurar el proceso, lo cual sería una gran pérdida para la ciudad”.

Género y transporte

Más allá de la incertidumbre jurídica, “La Rolita” propone premisas de movilidad sostenible como parte de su sello, en un sector con inequidad de género, económica y social. Para ello tendrá paridad de género, así como que esta operará buses eléctricos o de gas. En ese sentido, para algunos expertos, esto permite imponer un nuevo enfoque en la movilidad, sin basarse únicamente en la sostenibilidad financiera del transporte público, generando algo de tranquilidad a las mujeres que temen viajar en transporte público. “Vale recordar que, desafortunadamente, el transporte público es el segundo lugar más riesgoso para las mujeres”, destaca José Stalin Rojas.

A esto, agregan los expertos, la propuesta del operador público podría ayudar a enfrentar el déficit actual de conductores y, en general, de personal en el sector de transporte, que actualmente sufren dificultades para encontrar personas interesadas en estos empleos cada vez más.

De esta manera, aunque su futuro sigue siendo incierto, para los estudiosos de la movilidad es claro que su creación es un paso en la dirección correcta, que podría cambiar la forma como se negocia con los operadores privados, así como la manera en que se administra el de transporte en la ciudad. Por el momento, está por verse cómo este objetivo de la administración transitará las adversidades jurídicas. Lo claro es que la administración no parece querer esperar la decisión de los tribunales para hacer de “La Rolita” una realidad.

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Con el nombre de “La Rolita”, quizás apelando a un sentimiento de apropiación entre los bogotanos, la Alcaldía se mantiene firme en su plan de contar con un operador público de transporte, a pesar del rechazo de los operadores privados y de quienes consideran inviable el proyecto.

Ya hizo el lanzamiento y ha hecho inversiones, a pesar de la batalla jurídica que se libra y que mantiene la iniciativa en el limbo. La apuesta es grande. De salir a flote entraría con puntos a favor: sería un modelo novedoso y, de paso, serviría para desentrañar las cifras de los operadores privados, única base para determinar la realidad financiera del transporte en la ciudad y su enorme hueco fiscal.

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Pero sacarla a las calles no parece sencillo. Aunque cuenta con el respaldo del Concejo, ya tuvo su primer tropiezo a comienzos de año, cuando un juez administrativo declaró nula su creación, tras la acción de nulidad de los operadores privados, que argumentaron irregularidades en la estructuración. La apelación de la Alcaldía ha permitido mantener vivo el plan, aunque con incertidumbre, pues de no revertir la decisión, lo hecho hasta ahora sería un costoso paso en falso. Así las cosas, ¿qué ganarían o perderían los capitalinos?

¿Un salto al vacío?

La creación del operador público de transporte fue una de las apuestas que incluyó la actual administración en el Plan de Desarrollo, avalado por el Concejo de Bogotá en junio de 2021, el cual debe tener personería jurídica, autonomía administrativa, contable, financiera y presupuestal, así como patrimonio propio. En ese sentido, la sociedad sería presidida por el alcalde y financiada con recursos del Distrito.

La idea, para algunos expertos, mejoría la eficiencia del sistema actual. “Es bueno en todo sentido, pero fundamental para tener puntos de referencia frente a los operadores privados, en especial el costo de transportar un pasajero hora sentido, y saber si es o no costoso lo que hoy se paga.”, indicó José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la U. Nacional.

A pesar de ciertas limitaciones con las que contaría el nuevo operador, la entrada del Distrito a la mesa de los operadores no les gusta a los dueños de los buses, que circulan en Transmilenio y el SITP. Por eso impulsaron una acción de nulidad, en la que argumentaron que para crear el nuevo operador no basta solo con la autorización del Concejo. Debe existir un estudio que justifique la iniciativa.

“El argumento fue que se aprobó sin un estudio que justificara la iniciativa, requisito previsto en la ley. El juzgado, en su análisis jurídico, consideró que, en efecto, ese estudio se necesitaba, así que anuló el artículo en primera instancia”, aseguró Felipe Bastidas, el abogado que interpuso la demanda.

Sin embargo, el Distrito apeló y el caso está en manos del Tribunal de Bogotá. Como la nulidad no está en firme, avanzó con la implementación. “No queremos que la ciudad dependa solo de operación privada. Tenemos gratitud con quienes lo hacen, pero es mejor que tengamos un sistema mixto, para que podamos aprender juntos”, expresó la alcaldesa Claudia López, durante el lanzamiento del operador.

“La Rolita”, en su máxima capacidad, operará el servicio de 183 buses, que conectarían al barrio Ismael Perdomo, en Ciudad Bolívar, con el resto de la ciudad, una zona donde las licitaciones han sido declaradas desiertas por falta de oferentes. Hoy hay 17 vehículos en circulación y, sin operar en pleno, según indica la concejal Lucía Bastidas (Alianza Verde), ya hay una cuantiosa inversión pública. Según el informe de ejecución presupuestal, a julio, el operador público ya presentaba gastos por $9.673 millones, “¿qué pasará con esta inversión si se confirma la nulidad?”, cuestionó Bastidas.

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Ante este interrogante, expertos en movilidad, como Germán Prieto, indican que esta decisión, por acelerada, podría salirle caro al Distrito. “Existe el riesgo de que todo esto sea una salida en falso de la Alcaldía. De esta manera, si un juez toma una determinación en contra, se tendrá que volver a estructurar el proceso, lo cual sería una gran pérdida para la ciudad”.

Género y transporte

Más allá de la incertidumbre jurídica, “La Rolita” propone premisas de movilidad sostenible como parte de su sello, en un sector con inequidad de género, económica y social. Para ello tendrá paridad de género, así como que esta operará buses eléctricos o de gas. En ese sentido, para algunos expertos, esto permite imponer un nuevo enfoque en la movilidad, sin basarse únicamente en la sostenibilidad financiera del transporte público, generando algo de tranquilidad a las mujeres que temen viajar en transporte público. “Vale recordar que, desafortunadamente, el transporte público es el segundo lugar más riesgoso para las mujeres”, destaca José Stalin Rojas.

A esto, agregan los expertos, la propuesta del operador público podría ayudar a enfrentar el déficit actual de conductores y, en general, de personal en el sector de transporte, que actualmente sufren dificultades para encontrar personas interesadas en estos empleos cada vez más.

De esta manera, aunque su futuro sigue siendo incierto, para los estudiosos de la movilidad es claro que su creación es un paso en la dirección correcta, que podría cambiar la forma como se negocia con los operadores privados, así como la manera en que se administra el de transporte en la ciudad. Por el momento, está por verse cómo este objetivo de la administración transitará las adversidades jurídicas. Lo claro es que la administración no parece querer esperar la decisión de los tribunales para hacer de “La Rolita” una realidad.

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