La segunda caída del concejal de Bogotá Róger Carrillo

Apenas lo destituyeron como director nacional del Instituto de Seguros Sociales (ISS), en 2009, Róger Carrillo vio la oportunidad de meterse de lleno en la política. Dos años después fue elegido concejal de Bogotá para el cuatrienio 2012-2015 por el Partido Conservador. Su labor le rindió frutos y fue reelegido. Hoy, sin embargo, cuando apenas comienza su segundo periodo en el cargo, su continuidad está en manos de los jueces. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en fallo de primera instancia, declaró la pérdida de su investidura al concluir que indujo a cuotas políticas suyas a que le financiaran parte de sus actividades proselitistas por intermedio de una fundación.

El Consejo de Estado tendrá la última palabra, ya que Carrillo apelará. Por lo pronto, se trata de la segunda caída de este político conservador que, en siete años, ha sido foco del escrutinio público por presuntos procederes corruptos. Su salida del ISS, por decisión del entonces ministro de Protección Social, Diego Palacio, se debió a que, a pesar de múltiples advertencias por supuestas irregularidades, firmó un contrato por $5.400 millones para la organización de historias clínicas. Del proceso posterior salió indemne, pero ahora, como concejal, está enredado por cuenta de una fundación que manejan amigos y familiares de él.

La historia de lo que allí ocurría fue publicada por El Espectador en su edición del pasado 18 de abril, tras conocer pruebas y testimonios que, en buena parte, también fueron estudiados por el Tribunal y que le permitieron establecer la responsabilidad de Carrillo en una triangulación de dinero que lo benefició directamente. El principal denunciante es el abogado conservador Jesús Andrade Mora, que alguna vez fue cercano al concejal.

Lea también: La Fundación que enreda al concejal Róger Carrillo.

Ese esquema funcionaba, esencialmente, de la siguiente manera: Carrillo (ahijado político del senador conservador Efraín Cepeda), valiéndose de sus influencias políticas y en el Estado, ponía cuotas políticas en entidades públicas que luego debían devolverle el favor con aportes en bingos y actividades sociales que organizaba la Fundación Proyecto Bogotá. Aunque él siempre ha argumentado que no pertenece a esa organización (lo que es cierto), los magistrados establecieron, como también lo había contado este diario, que la junta directiva y demás integrantes son parte del círculo cercano al concejal.

Allegados suyos adquirieron en octubre de 2010 (un año antes de las elecciones a Concejo de 2011) la Asociación Apostólica Getsemaní, que controlaba un pastor cristiano, y le cambiaron los estatutos y el nombre a Proyecto Bogotá. Esta, agrega el Tribunal, “fue creada para financiar parcialmente y promover la carrera política del señor Carrillo”.

Los dos testimonios en los que se basa el fallo para sancionarlo coinciden en que él, ya sentado en su curul, comenzó a ubicar cuotas políticas en el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones de Bogotá (Foncep), entidad del Distrito, durante la Alcaldía de Gustavo Petro. De hecho, Miriam Rosa Acosta Suárez, directora del Foncep en esa época, es mencionada dentro de las declaraciones como la principal cuota que tuvo el concejal en esa dependencia.

Esa influencia burocrática le permitía cobrar favores. Y lo hacía, de acuerdo con los testimonios en su contra, a través de personas contratadas en su Unidad de Apoyo Normativo (UAN), el grupo de trabajo que le paga el Concejo para que lo asesore en las actividades propias de su cargo. Eran ellas quienes recaudaban el dinero que las cuotas políticas se comprometían a pagarle al concejal. A quien se negara a contribuir, dijeron los denunciantes bajo juramento, “le hacían la vida imposible”.

Una de las principales pruebas que se conoció en el proceso fue una relación contable de la Fundación, también dada a conocer en su momento por El Espectador. En el documento, se hace referencia al pago de préstamos, fotos, tarjetas de presentación y multas de tránsito impuestas al político. Esta fue otra razón que llevo al Tribunal a concluir que “Carrillo tenía una participación activa en la aludida fundación, tan es así que resultaba beneficiario de los recursos económicos de la misma”.

Los magistrados, incluso, consideran que ese flujo de recursos hacia los bolsillos de Carrillo terminó favoreciendo su reelección, teniendo en cuenta que dobló su votación entre su primera y su segunda campaña: pasó de 7.616 votos a 15.412. Él ha dicho que no, que es imposible que una fundación quebrada le aporte recursos suficientes para conseguir tales apoyos.

Por este caso también cursa una investigación penal en la Fiscalía y una disciplinaria en la Procuraduría. Carrillo es, además, uno de los 28 concejales inmersos en una indagación que adelanta la Fiscalía por las presuntas irregularidades cometidas a la hora de aprobar las vigencias futuras para financiar el metro de Bogotá, este año.

En caso de que quede en firme la sentencia del Tribunal de Cundinamarca, su curul la ocupará Fernando Vásquez, su enemigo político.

Apenas lo destituyeron como director nacional del Instituto de Seguros Sociales (ISS), en 2009, Róger Carrillo vio la oportunidad de meterse de lleno en la política. Dos años después fue elegido concejal de Bogotá para el cuatrienio 2012-2015 por el Partido Conservador. Su labor le rindió frutos y fue reelegido. Hoy, sin embargo, cuando apenas comienza su segundo periodo en el cargo, su continuidad está en manos de los jueces. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en fallo de primera instancia, declaró la pérdida de su investidura al concluir que indujo a cuotas políticas suyas a que le financiaran parte de sus actividades proselitistas por intermedio de una fundación.

El Consejo de Estado tendrá la última palabra, ya que Carrillo apelará. Por lo pronto, se trata de la segunda caída de este político conservador que, en siete años, ha sido foco del escrutinio público por presuntos procederes corruptos. Su salida del ISS, por decisión del entonces ministro de Protección Social, Diego Palacio, se debió a que, a pesar de múltiples advertencias por supuestas irregularidades, firmó un contrato por $5.400 millones para la organización de historias clínicas. Del proceso posterior salió indemne, pero ahora, como concejal, está enredado por cuenta de una fundación que manejan amigos y familiares de él.

La historia de lo que allí ocurría fue publicada por El Espectador en su edición del pasado 18 de abril, tras conocer pruebas y testimonios que, en buena parte, también fueron estudiados por el Tribunal y que le permitieron establecer la responsabilidad de Carrillo en una triangulación de dinero que lo benefició directamente. El principal denunciante es el abogado conservador Jesús Andrade Mora, que alguna vez fue cercano al concejal.

Lea también: La Fundación que enreda al concejal Róger Carrillo.

Ese esquema funcionaba, esencialmente, de la siguiente manera: Carrillo (ahijado político del senador conservador Efraín Cepeda), valiéndose de sus influencias políticas y en el Estado, ponía cuotas políticas en entidades públicas que luego debían devolverle el favor con aportes en bingos y actividades sociales que organizaba la Fundación Proyecto Bogotá. Aunque él siempre ha argumentado que no pertenece a esa organización (lo que es cierto), los magistrados establecieron, como también lo había contado este diario, que la junta directiva y demás integrantes son parte del círculo cercano al concejal.

Allegados suyos adquirieron en octubre de 2010 (un año antes de las elecciones a Concejo de 2011) la Asociación Apostólica Getsemaní, que controlaba un pastor cristiano, y le cambiaron los estatutos y el nombre a Proyecto Bogotá. Esta, agrega el Tribunal, “fue creada para financiar parcialmente y promover la carrera política del señor Carrillo”.

Los dos testimonios en los que se basa el fallo para sancionarlo coinciden en que él, ya sentado en su curul, comenzó a ubicar cuotas políticas en el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones de Bogotá (Foncep), entidad del Distrito, durante la Alcaldía de Gustavo Petro. De hecho, Miriam Rosa Acosta Suárez, directora del Foncep en esa época, es mencionada dentro de las declaraciones como la principal cuota que tuvo el concejal en esa dependencia.

Esa influencia burocrática le permitía cobrar favores. Y lo hacía, de acuerdo con los testimonios en su contra, a través de personas contratadas en su Unidad de Apoyo Normativo (UAN), el grupo de trabajo que le paga el Concejo para que lo asesore en las actividades propias de su cargo. Eran ellas quienes recaudaban el dinero que las cuotas políticas se comprometían a pagarle al concejal. A quien se negara a contribuir, dijeron los denunciantes bajo juramento, “le hacían la vida imposible”.

Una de las principales pruebas que se conoció en el proceso fue una relación contable de la Fundación, también dada a conocer en su momento por El Espectador. En el documento, se hace referencia al pago de préstamos, fotos, tarjetas de presentación y multas de tránsito impuestas al político. Esta fue otra razón que llevo al Tribunal a concluir que “Carrillo tenía una participación activa en la aludida fundación, tan es así que resultaba beneficiario de los recursos económicos de la misma”.

Los magistrados, incluso, consideran que ese flujo de recursos hacia los bolsillos de Carrillo terminó favoreciendo su reelección, teniendo en cuenta que dobló su votación entre su primera y su segunda campaña: pasó de 7.616 votos a 15.412. Él ha dicho que no, que es imposible que una fundación quebrada le aporte recursos suficientes para conseguir tales apoyos.

Por este caso también cursa una investigación penal en la Fiscalía y una disciplinaria en la Procuraduría. Carrillo es, además, uno de los 28 concejales inmersos en una indagación que adelanta la Fiscalía por las presuntas irregularidades cometidas a la hora de aprobar las vigencias futuras para financiar el metro de Bogotá, este año.

En caso de que quede en firme la sentencia del Tribunal de Cundinamarca, su curul la ocupará Fernando Vásquez, su enemigo político.