La seguridad de los biciusuarios

El asesinato a sangre fría de Yenny Cerquera es la cuota inicial del costo que puede generar la debilidad en la coordinación de la gestión de los asuntos públicos de la ciudad.

Por cuenta del COVID-19, el gobierno distrital ha tenido que afrontar el manejo de una crisis que afecta todo su territorio, en paralelo con la gestión de los asuntos que la ciudad aún no logra resolver, en un contexto definido por recursos limitados en el presente y su disminución en el futuro próximo.

Justo al inicio de la pandemia señalábamos que, de no estructurar un sistema de respuesta articulado en 4 ejes: seguridad alimentaria, seguridad sanitaria, empleo e ingresos y servicios públicos, más temprano que tarde la crisis COVID-19 se convertiría en una crisis general para la gestión de la ciudad. Pasados 2 meses de cuarentena, el deterioro del contexto local avanza firme, jalonado por la debilidad en la coordinación interinstitucional y las luchas entre niveles de gobierno.

Paradójicamente Yenny estaba aportando a la solución de la crisis, era una servidora de la salud y se movilizaba en bicicleta, una de las apuestas de la Alcaldía para el diseño de la “nueva normalidad”. Su muerte no fue causada por el virus, sino por las debilidades estructurales de la oferta de seguridad en la ciudad.

Más allá del debate recurrente sobre la ineficacia de la justicia, el factor circunstancial de la nacionalidad de los asesinos y el éxito de la Policía Metropolitana en la captura de los responsables, este homicidio exige una evaluación detallada del sistema de seguridad local y de sus capacidades, para identificar los factores y debilidades que no permitieron salvaguardar su vida.

De acuerdo con la Encuesta de Movilidad 2019, en la “antigua normalidad” en Bogotá se realizaban 880.367 viajes en bicicleta por día a lo largo de los 540 kms de rutas disponibles en todas las localidades y corredores ordinarios. Como resultado de la pandemia, han sido creados al menos 80 kms y 192 adicionales están contratados para construcción, lo que significará un aumento de biciusuarios.

Para proteger a los ciudadanos que usan este modo de transporte, la Administración señala que cuenta con 344 unidades policiales, 86 gestores y 150 unidades de movilidad. También ha anunciado la creación de un mecanismo de monitoreo y análisis del hurto de bicicletas, así como el desarrollo de infraestructura segura. No queda duda de que la apuesta por la bicicleta como protagonista de la “nueva normalidad” demanda un programa de seguridad más robusto.

En ese sentido, debe avanzarse en una coordinación entre la alcaldía y los actores privados para la ocupación del territorio, la eliminación de zonas grises para la delincuencia y de las estructuras detrás de estos crímenes. Una articulación de capacidades de seguridad pública y privada que incorpore el uso de botones de pánico y aplicaciones de alerta, aumentando la efectividad de la respuesta policial con base en redes de seguimiento y observación, viabilizando el cierre virtual del área de ocurrencia de un delito.

También debe desarrollarse un programa con la Cámara de Comercio para otorgar sellos de confiabilidad en la comercialización de bicicletas y repuestos para visibilizar la informalidad y la delincuencia como adición a las operaciones de inteligencia e investigación enfocadas en la judicialización y desmantelamiento de las organizaciones receptoras y reducidoras. Asimismo, reforzar el programa de registro de bicicletas ideado por el gobierno anterior.

Finalmente, la inclusión de la bicicleta como actor integral del sistema de movilidad de la ciudad significa que todo desarrollo urbanístico o de infraestructura relacionado con el transporte debe garantizar estándares de seguridad vial y física apropiados para el uso de bicicletas, diseños urbanísticos que regulen su acceso y tecnologías para ampliar el alcance de la vigilancia, agilizar la respuesta de protección e identificar a los agresores.

Cada muerte ocurrida en el hurto de una bicicleta es un fracaso de la protección ciudadana. Otorgar al Secretario de Seguridad un mandato robusto de coordinación para proteger a los biciusuarios es el primer paso para asegurar el éxito de este medio de transporte en la “nueva normalidad”, atender los retos de la pandemia y acabar con los homicidios de usuarios, una tragedia que los bogotanos no hemos logrado superar.

El asesinato a sangre fría de Yenny Cerquera es la cuota inicial del costo que puede generar la debilidad en la coordinación de la gestión de los asuntos públicos de la ciudad.

Por cuenta del COVID-19, el gobierno distrital ha tenido que afrontar el manejo de una crisis que afecta todo su territorio, en paralelo con la gestión de los asuntos que la ciudad aún no logra resolver, en un contexto definido por recursos limitados en el presente y su disminución en el futuro próximo.

Justo al inicio de la pandemia señalábamos que, de no estructurar un sistema de respuesta articulado en 4 ejes: seguridad alimentaria, seguridad sanitaria, empleo e ingresos y servicios públicos, más temprano que tarde la crisis COVID-19 se convertiría en una crisis general para la gestión de la ciudad. Pasados 2 meses de cuarentena, el deterioro del contexto local avanza firme, jalonado por la debilidad en la coordinación interinstitucional y las luchas entre niveles de gobierno.

Paradójicamente Yenny estaba aportando a la solución de la crisis, era una servidora de la salud y se movilizaba en bicicleta, una de las apuestas de la Alcaldía para el diseño de la “nueva normalidad”. Su muerte no fue causada por el virus, sino por las debilidades estructurales de la oferta de seguridad en la ciudad.

Más allá del debate recurrente sobre la ineficacia de la justicia, el factor circunstancial de la nacionalidad de los asesinos y el éxito de la Policía Metropolitana en la captura de los responsables, este homicidio exige una evaluación detallada del sistema de seguridad local y de sus capacidades, para identificar los factores y debilidades que no permitieron salvaguardar su vida.

De acuerdo con la Encuesta de Movilidad 2019, en la “antigua normalidad” en Bogotá se realizaban 880.367 viajes en bicicleta por día a lo largo de los 540 kms de rutas disponibles en todas las localidades y corredores ordinarios. Como resultado de la pandemia, han sido creados al menos 80 kms y 192 adicionales están contratados para construcción, lo que significará un aumento de biciusuarios.

Para proteger a los ciudadanos que usan este modo de transporte, la Administración señala que cuenta con 344 unidades policiales, 86 gestores y 150 unidades de movilidad. También ha anunciado la creación de un mecanismo de monitoreo y análisis del hurto de bicicletas, así como el desarrollo de infraestructura segura. No queda duda de que la apuesta por la bicicleta como protagonista de la “nueva normalidad” demanda un programa de seguridad más robusto.

En ese sentido, debe avanzarse en una coordinación entre la alcaldía y los actores privados para la ocupación del territorio, la eliminación de zonas grises para la delincuencia y de las estructuras detrás de estos crímenes. Una articulación de capacidades de seguridad pública y privada que incorpore el uso de botones de pánico y aplicaciones de alerta, aumentando la efectividad de la respuesta policial con base en redes de seguimiento y observación, viabilizando el cierre virtual del área de ocurrencia de un delito.

También debe desarrollarse un programa con la Cámara de Comercio para otorgar sellos de confiabilidad en la comercialización de bicicletas y repuestos para visibilizar la informalidad y la delincuencia como adición a las operaciones de inteligencia e investigación enfocadas en la judicialización y desmantelamiento de las organizaciones receptoras y reducidoras. Asimismo, reforzar el programa de registro de bicicletas ideado por el gobierno anterior.

Finalmente, la inclusión de la bicicleta como actor integral del sistema de movilidad de la ciudad significa que todo desarrollo urbanístico o de infraestructura relacionado con el transporte debe garantizar estándares de seguridad vial y física apropiados para el uso de bicicletas, diseños urbanísticos que regulen su acceso y tecnologías para ampliar el alcance de la vigilancia, agilizar la respuesta de protección e identificar a los agresores.

Cada muerte ocurrida en el hurto de una bicicleta es un fracaso de la protección ciudadana. Otorgar al Secretario de Seguridad un mandato robusto de coordinación para proteger a los biciusuarios es el primer paso para asegurar el éxito de este medio de transporte en la “nueva normalidad”, atender los retos de la pandemia y acabar con los homicidios de usuarios, una tragedia que los bogotanos no hemos logrado superar.