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La última semana los encargados de la seguridad en Bogotá han tenido que correr más de la cuenta. La batalla campal entre hinchas en El Campín, los disturbios en las protestas en Kennedy y Suba, así como una seguidilla de balaceras en distintos puntos, han puesto en alerta a ciudadanos y autoridades, debido al desparpajo con que vienen ocurriendo esos hechos. Así se evidenció ayer, cuando tres situaciones casi simultáneas pusieron en entredicho las afirmaciones que, apenas 24 horas antes, había hecho el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, quien desde que asumió el 6 de junio no ha tenido fácil la tarea de reducir la percepción de inseguridad.
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Aunque el funcionario resaltó la reducción de delitos de alto impacto, como homicidios, hurtos a bicicletas, comercios y residencias, además de la implementación de acciones para contener los homicidios en varias localidades, ayer se registró un asesinato, que llevó al Distrito a ofrecer $50 millones de recompensa por información de los responsables. Se trató del homicidio del patrullero Humberto Sabogal Soto, de 41 años, quien en medio de labores de patrullaje, en la localidad Antonio Nariño, recibió varios disparos a manos de un sujeto a quien se disponían a requisar. En la balacera también resultaron heridos el policía Jesús David Pineda y un taxista, que estaba en el lugar de los hechos. El caso trae a la memoria la muerte del patrullero Edwin Caro, asesinado hace cinco meses en el norte de Bogotá, cuando hacía una requisa.
Horas antes del fatal hecho se había registrado un hurto a un ciudadano extranjero, quien caminaba por la localidad de Chapinero y fue interceptado por dos hombres, que lo persiguieron y le dispararon en el tórax, hecho al que se suma el que ocurrió en la troncal de Transmilenio de la NQS con calle 75, donde tras un hurto una mujer resultó lesionada.
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Una vez se conoció el ataque contra los policías, en el sur de la capital, el secretario de Seguridad y el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) acudieron al lugar, mientras que la alcaldesa Claudia López canceló su visita al Fritanga Fest y citó a un consejo de seguridad, en el que se concluyó la necesidad de acelerar el refuerzo del pie de fuerza, así como el aumento de oferta de servicios y obras prioritarias en los lugares más afectados por la inseguridad.
Los funcionarios lamentaron la muerte del patrullero, quien llevaba 15 años en la Policía y dejó esposa y dos hijos. También resaltaron la formación, condecoraciones y más de 30 felicitaciones en la hoja de vida del policía, natural del municipio de El Espinal (Tolima), quien pertenecía al modelo por cuadrantes. El secretario de Seguridad agregó la necesidad de fortalecer una de las estrategias a la que le apuestan para mejorar la seguridad: el desarme. “Hacemos esfuerzos para incautar armas blancas, de fuego y traumáticas, usadas para delinquir. En lo corrido del año se han incautado 120 mil armas blancas, 720 de fuego y 630 traumáticas, y queremos incentivar a que la gente voluntariamente entregue estos elementos”.
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Por su parte, el general Camacho, quien afirmó que si bien no buscaba estigmatizar, anunció que buscarán poner en marcha una estrategia con Migración Colombia ante la cifra de ciudadanos extranjeros capturados: 2.400 de 16.000. “Es una afectación importante, teniendo en cuenta que las unidades judiciales tienen problemas para identificarlos y quedan en libertad”.
Los hechos, enfrentados a los discursos de las autoridades, volvieron a poner sobre la mesa la dualidad entre lo que dicen las cifras y lo que siente la gente (percepción de seguridad). Esto ocurre, según el analista de seguridad Luis Fernando Echavarría, por la denominada cifra negra. “Las cifras de hurtos se basan en denuncias y la cifra negra son todos los hechos que no son denunciados. La información es importante, pero el discurso no se puede quedar en cifras, porque la ciudadanía lo percibe como un engaño, aunque en la práctica no lo sea”.
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Por eso, para el experto, la clave está en fortalecer la investigación, en especial de acciones sistemáticas como los hurtos en TM, mientras que llamó la atención sobre la estrategia de desarme, que es más de convivencia que de seguridad. También lo es para Jairo Libreros, experto en seguridad de la U. Externado, quien considera que de poco sirve promover un desarme si no se analizan los métodos con que las bandas criminales están consolidando sus acciones, como planes de escape, refuerzos y otros hechos para garantizarse impunidad. “Es importante fortalecer las actividades de inteligencia para identificar patrones y hacer un trabajo fuerte no solo para desarmar, sino disminuir el tráfico ilícito de armas que en los últimos años ha alcanzado un pico alto”.
El Distrito indicó que si bien su afán es incrementar la presencia de uniformados en las calles, también lo es incrementar la investigación criminal para avanzar en la identificación de estructuras delincuenciales. No obstante, la realidad y los análisis indican que en cuanto a inseguridad hay un tema estructural y organizado al que se debe apuntar para que tanto la percepción como las cifras de seguridad vayan en el mismo sentido.
