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La pandemia en Soacha no solamente ha debilitado la economía y resquebrajado la situación laboral y social de muchos de sus habitantes, sino que también ha abierto espacios para el fortalecimiento de los actores armados que están en el municipio. Sumada a la evidente ruptura social y a la baja presencia institucional, la cuarentena les ha facilitado el control sobre los territorios y la imposición de restricciones a la movilidad y a la comercialización de víveres.
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Este es el panorama que se refleja en la última alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, expedida en agosto, en la que se menciona el aumento del riesgo por cuenta de actores armados no estatales y grupos armados de delincuencia organizada (GADO), que se han establecido en el vecino municipio y que, en gran parte, han incrementado la invasión de terrenos baldíos para vincular a su actividad criminal.
Asimismo, han aprovechado las vulnerabilidades del encierro para aumentar el reclutamiento (principalmente de venezolanos y niños), así como los préstamos de usura y las “ayudas”, como forma de generar legitimidad, sometimiento y control social entre las comunas y los barrios. Pero, ¿por qué se están concentrando en Soacha?
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El atractivo para estas organizaciones radica en su posición geográfica estratégica que las conecta por el oriente con los Llanos Orientales, por el centro y sur con Tolima y Huila, y por el norte con Bogotá, gracias a la conurbación (espacios donde no es fácil identificar los límites) con las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa. A esto se suman las rentas ilegales y la alta vulnerabilidad de sus habitantes, generando las condiciones para el fortalecimiento de las estructuras criminales.
En un principio fue zona de interés del M-19, que motivó la creación de comunidades y barrios en la zona; luego se vio influenciada por la presencia de las Farc en Sumapaz, y a principios de este siglo se consolidaron los paramilitares, con el bloque Capital, integrado por miembros de los bloques Centauros y Santander. Su desmovilización trajo, entre 2007 y 2016, la reagrupación de estructuras que han dado vida a diferentes grupos ilegales.
Todas las organizaciones en esta población buscan aprovechar la conexión porosa con Bogotá, para continuar con sus rentas ilegales que, además, han estado relacionadas con el desplazamiento interurbano, desapariciones forzadas, imposición de normas de conducta, amenazas y extorsiones, entre otros hechos, que han persistido en los últimos años, pero que recientemente han afectado en mayor grado a menores de edad, líderes y lideresas, comunidad LGBT, comunidades étnicas, migrantes, reincorporados y comerciantes.
Tan solo en los últimos años, de acuerdo con información de la Defensoría, aunque se veía una disminución en la instrumentalización de niños y migrantes, se ha evidenciado un incremento en la proporción de jóvenes que son víctimas de homicidio. Entre 2017 y junio de 2020, el 50 % de estos crímenes se concentraron sobre personas entre los 18 y 29 años.
Asimismo, en los últimos meses se han incrementado las amenazas contra venezolanos, líderes y comunidad LGBT, y se han documentado hechos contra funcionarios públicos. Por ejemplo, el libro bomba que fue dejado en el despacho del alcalde Juan Carlos Saldarriaga o el ataque con una granada a un vehículo de la Policía donde iban tres uniformados.
¿Quiénes están detrás?
Aunque muchas de las acciones recientes no se han adjudicado a un grupo en específico, la Defensoría sí ha identificado la presencia de Águilas Negras, residuos del bloque Capital, comandos urbanos de los Rastrojos, disidentes de las Farc y estructuras criminales locales, que en muchas ocasiones tercerizan sus crímenes a bandas locales.
“La tercerización de las bandas locales permite a los grupos armados no incurrir en gastos y riesgos asociados con el transporte de sus tropas, preservan la vida de su personal y aprovechan el conocimiento del terreno, así como el posicionamiento de bandas locales para ocultar su intervención y lucro sobre las actividades criminales”, señala la alerta de la Defensoría.
La más grande es, sin duda, la GADO de los Paisas, de quienes también se ha confirmado su presencia en localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Usme, Suba y Usaquén, en Bogotá. Además, se conoce que establecieron un bastión en el barrio Egipto, en La Candelaria, tras el desmantelamiento de la olla en el Bronx. En Soacha, según la Defensoría, han creado “franquicias” con diferentes estructuras delincuenciales, a las que les encargan territorios, para evitar la exposición. De igual forma, actúan bajo células lideradas por jóvenes que facilitan su reproducción y reclutamiento.
Su accionar se ha identificado en zonas como la Comuna IV, especialmente en la frontera con Bogotá, y los límites con zonas rurales, donde han ejecutado “crímenes ejemplarizantes”, como desmembramientos, desaparición forzada y desplazamientos, que no solo han afectado a sus rivales, sino a las personas de los territorios donde tienen presencia, en los que han impuesto pautas de conducta, que finalmente desincentivan las denuncias.
Asimismo, han sido relacionados con la casa de pique, que en julio del año pasado se encontró en Altos de Cazucá. De acuerdo con las autoridades, los cuerpos que a lo largo del año pasado fueron encontrados en Engativá, Ciudad Bolívar, Bosa, Los Mártires y Fontibón serían personas asesinadas en este lugar, algunos de los cuales serían extranjeros que se habrían involucrado en el narcotráfico y a los que habrían ultimado con el fin de demostrar su dominio en la zona.
Aunque se evidenció una reducción en su accionar desde el 26 de octubre del año pasado, tras la captura de su cabecilla Luis Rodrigo Rodríguez, alias el Montañero, se ha notado un reacomodamiento de poder dentro de la estructura y nuevas disputas en el municipio.
Junto a este GADO se han encontrado disidencias de las Farc. Según la Defensoría, Gentil Duarte, uno de los principales cabecillas de la organización, ordenó la creación de células urbanas para su reposicionamiento en Soacha y en las localidades como Usaquén, Engativá, Bosa, Kennedy y el barrio 20 de Julio, en Bogotá. En el municipio se han asentado en la Comuna IV, entre los sectores del Portal del Nogal y La María, bajo el mando de Ferley González, del frente décimo “Martín Villa”, que opera desde Arauca.
Su aparición no ha pasado inadvertida, pues se relaciona con la quema de tres buses de una misma empresa, en septiembre de 2019; el atentado con una granada contra un vehículo de la Sijín, en julio de este año, y con la extorsión de comerciantes. Se les asocia con las actividades de la GADO los Helios o los Berna, dedicados al microtráfico y quienes desde hace dos años tomaron el control del sector de La Capilla. La organización era integrada por menores de edad que utilizaban armamento de corto y largo alcance, y tenían túneles que se conectaban con al menos 11 viviendas. Su supuesto líder era Bernardo Pineda, alias Don Berna, el Cucho o Don Miguel, capturado en mayo de este año y quien fue uno de los nueve internos que murieron en el incendio del pasado 4 de septiembre, en el CAI de San Mateo.
De la misma forma, se han encontrado residuos paramilitares y organizaciones autodenominadas Águilas Negras, que desde 2016 habrían hecho un pacto de entendimiento con los Paisas. Estos operan en barrios como Loma Linda, de la Comuna I, mientras que los Rastrojos lo hacen en la Comuna III. A ellos, además del accionar delincuencial, se les asocia con panfletos a través de los cuales en los últimos años se han decretado toques de queda, han amenazado a poblaciones estigmatizadas como líderes de la comunidad LGBT y han declarado objetivo militar a 33 personas, entre ellos profesores y líderes de izquierda. Además, han sido asociados con el centro de ensamble de armamento, que fue encontrado en una vivienda de Soacha, en febrero de este año, que están armando para distribuir en Bogotá.
Finalmente, están los carteles mexicanos, de los cuales hay una debatida discusión sobre su presencia, pero de los que se cree tienen alta influencia sobre grupos armados que financian dentro del país y con los cuales han entablado fuertes relaciones a través de mexicanos y migrantes de otros países centroamericanos que han llegado al departamento. Esto, según la Defensoría, se evidenciaría en el aumento de extranjeros de este tipo que se han capturado en los últimos años, relacionados con el narcotráfico, así como por el incremento de lugares en los que se procesa droga en el centro del país.
Por ejemplo, en diciembre de 2016, se encontraron alrededor de dos toneladas de cocaína, avaluadas en US$100 millones, que ocultaron en boyas de amarre para buques y que al parecer pertenecían a los Zetas. También están los laboratorios móviles que se han encontrado en Sibaté, en los que algunas familias son encargadas de instalar, acondicionar y proveer de insumos químicos, para arrendarlos a pequeñas organizaciones criminales por períodos cortos. Al mes pueden procesar hasta tres toneladas del estupefaciente. Cuando se llegaba a ese tope de producción, las construcciones y maquinaria las trasladan a otros puntos, donde se repite el proceso.
Sobre este municipio, no solamente aledaño a Soacha, sino también cercano a Bogotá, se viene registrando un aumento de los homicidios con respecto a años anteriores, así como un incremento del 41 % de las amenazas, lo que para la Defensoría innegablemente está relacionado con las dinámicas de las bandas delincuenciales en Soacha, pues a parte de compartir gran parte de su frontera con este municipio, enfrenta condiciones de vulnerabilidad similares.
Al respecto, el secretario de Gobierno de Soacha, Danny Caicedo, asegura que “en el municipio hay problemáticas agudas, que unidas a la ruptura del tejido social le permite ser vulnerable a la ilegalidad”, por ello manifiesta que han hecho esfuerzos de inversión para fortalecer al Ejército y los organismos de seguridad, pero reconoce que esto no es suficiente. “Hay déficit grande de policías y estamos trabajando con Migración para la atención a venezolanos, pero sin duda hay un olvido completo del Gobierno Nacional, que ni siquiera nos tiene nivelados en la asignación anual de recursos”.
El panorama muestra que el municipio requiere no solo una intervención frontal en contra de la criminalidad que lleva años enquistada en Soacha, sino también la atención integral a un amplio número de barrios informales, que se han constituido en los últimos años, así como a la caracterización completa de sus habitantes, para fortalecer los proyectos sociales y educativos, y, de alguna manera, contrarrestar por todos los frentes las cadenas criminales que se han constituido en esta zona. La pandemia ha recrudecido una situación que debe ser atendida de manera urgente en el municipio.
Los principales hechos del último año
20 de enero
La Brigada 13 del Ejército desarticuló una red transnacional dedicada al narcotráfico y lavado de activos, requerida por la justicia estadounidense. Era una de las estructuras internacionales que han buscado controlar corredores de movilidad en Soacha.
4 de abril
Cuatro hombres mataron a tres personas e hirieron a otras dos, que estaban acampando en Ciudadela Sucre. Por el hecho, una persona adulta y dos menores de edad, que fueron testigos del hecho, abandonaron el municipio junto a sus familias, por temor a represalias.
12 de abril
Una familia fue asesinada, al parecer, porque uno de sus integrantes era miembro de Los Chuncos, banda que controla casas de expendio en el barrio Corintos III. Aunque aumentó la presencia policial, empezaron amenazas contra los vecinos para que no colaboraran con las autoridades.
16 de abril
Bandas que operan en Loma Linda, sector de la Comuna IV, increparon de forma coordinada a la Policía. El hecho derivó en un enfrentamiento armado entre fuerza pública y los grupos armados de delincuencia, que hizo necesaria la intervención del ESMAD.
18 de mayo
Inteligencia de la Policía conoció planes para atentar contra el edil Gustavo Barreto, quien lideró la implementación de rutas de transporte para mejorar la movilidad en Soacha. Al parecer, esto interfirió con planes de Los Paisas para controlar el transporte del municipio.
22 de mayo
La Defensoría conoció que Los Helios, banda de microtráfico, tenía nexos con disidencias de las Farc y asumió el control del sector de La Capilla. La banda es liderada por “Bernardo”, utiliza armamento de largo y corto alcance, y túneles que conectan 11 de sus propiedades.
26 de mayo
La Policía capturó en Ciudad Verde a “Doña Ana”, presunta cabecilla del frente José María Becerra del Eln, quien tendría injerencia en departamentos del sur del país. Su esposo fue capturado en Cauca en 2019 y ambos son investigados por nexos con el Cartel de Sinaloa.
25 de junio
La personera municipal, Nicoll Díaz, fue víctima de un ataque con arma de fuego y piedras contra el vehículo institucional en el que se trasladaba. El ataque ocurrió mientras la funcionaria estaba en labores de mediación de una invasión.
1° de julio
El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, denunció que a su despacho llegó un libro bomba. Eso ocurrió luego de los desalojo ante la invasión de un lote en Ciudadela Sucre, donde más de 800 familias intentaron tomar posesión irregular sobre el terreno.
1° de agosto
Durante la noche se realizó un atentado contra un vehículo de la Policía con una granada de fragmentación. Los hechos ocurrieron en la Comuna II, luego de que se decretara toque de queda debido a la emergencia sanitaria. Tres uniformados resultaron lesionados.
