Las acciones afirmativas para indígenas, afro y gitanos en Bogotá

Una partera para la comunidad afro del Chocó es más importante que cualquier médico especializado. “Ella es la que atiende todo el embarazo y evita que tenga que hacerse una cesárea, porque la partera tiene el conocimiento y la capacidad de manejar un parto. Es en resumen nuestro médico tradicional”, asegura Julissa Mosquera, líder de la comunidad afro.

Con el masivo desplazamiento que se ha dado en el Pacífico colombiano, muchas de esas mujeres han llegado a la ciudad. De diferentes formas han continuado con sus labores, lo que ha cambiado es que desde este año se han organizado y trabajan para su comunidad desde casas que han llamado quilombos.

Estas casas históricamente son para las comunidades afros lugares de poder, donde se concentran sus sabidurías. En Bogotá ya hay seis y se espera que para el próximo año sean 10, donde no solo se concentren los conocimientos afros, sino los de otras etnias, como las indígenas y gitanas, algunas de las cuales ya asisten a estos lugares.

Su conformación hace parte de lo acordado entre el Distrito y los representantes de las minorías reconocidas en la ciudad (indígenas, afros, raizales y gitanos) para consolidar una serie de acciones afirmativas, con las que no sólo se busca que dichas comunidades tengan representación en las diferentes secretarías, sino que se puedan fortalecer sus culturas y costumbres, así como satisfacer la mayoría de sus necesidades.

Por ejemplo, en la comunidad rrom o gitana la educación parte de la kumpania, el conjunto de familias que decide vivir cerca o recorrer diferentes lugares de manera itinerante. El Distrito, dentro de las estrategias para cumplir con las acciones, se compromete a garantizar “el acceso y permanencia de sus integrantes a la educación formal en todos los niveles”, acompañando sus procesos de formación.

En el caso de los indígenas, se ha realizado “trabajo cooperativo étnico”, en el que se han hecho ofertas laborales incluyentes para los cabildos que hay en la ciudad, así como la asignación de traductores en lenguas ancestrales en algunos colegios públicos.

Para el secretario de Gobierno, Miguel Uribe, lo importante de este proceso es que ha sido concertado. “Teniendo en cuenta lo representativo de estos grupos étnicos en la ciudad, trabajamos con ellos y todas las entidades distritales. Hicimos planes diferenciales por etnia, con lo que pudimos tener en cuenta las particularidades por cada uno de los grupos”.

En total se lograron consolidar 229 acciones afirmativas, de las cuales 73 son con los afros, 77 con los indígenas, 41 con los rrom y 37 con el pueblo raizal. De estas, 38 de los proyectos están enfocados en temas educativos; siete, en cultura, integración social y gobierno; cinco, en salud y desarrollo económico; cuatro en hábitat; tres en ambiente, y finalmente dos en el sector mujer.

Esto demuestra que uno de los principales temas que se desarrollaron en los 15 talleres y 20 mesas de concertación fue el de educación. Para Julissa, se lograron grandes avances como la consolidación de una licenciatura en la Universidad Pedagógica, para darles la posibilidad a los líderes de profesionalizarse en derechos humanos, ya que la mayoría lo hace de forma empírica y sin ningún tipo de remuneración. Lo que le preocupa es la forma en que se organizó. “Lástima que la convocatoria se hizo en un corto tiempo, porque muchos de los líderes no tenían dinero para comprar el pin, por lo que creemos que quienes se van a quedar con los cupos serán al fin de cuentas gente que no es tan líder”, asegura Julissa.

A pesar de esto, las comunidades se sienten satisfechas con muchos de los acuerdos. Por ejemplo, la comunidad afro logró consolidar un proyecto con la Secretaría de Integración Social para rescatar el “espíritu del tambor”, con lo que se podrán enseñar en el colegio a los niños de esta comunidad los cantos propios, “para traer a través de los juegos esa memoria perdida, que muchos de esos menores, que han nacido en la ciudad, no la reconocen, porque no la han vivido”.

En el tema de vivienda, se les da a los grupos étnicos un puntaje adicional para acceder al programa de vivienda efectiva (PIVE), mientras que en la Secretaría de la Mujer apoyarán a 300 de ellas en la Escuela de Formación Política para aportar al fortalecimiento de procesos de identidad cultural. Además, se vincularán 10 mujeres pertenecientes a las minorías, “porque es importante que una persona de la misma etnia atienda a la gente de su comunidad. Puede parecer irrelevante, pero es importante para generar confianza y entender la situación”, manifiesta la líder.

Asimismo, la Secretaría de Gobierno tiene previsto desarrollar el próximo año una campaña antidiscriminación con la que se pretende no sólo incluir al sector público y a la academia, sino a muchas otras entidades privadas y población civil, en especial a la que incurre en la discriminación. “La idea es potencializar la diversidad cultural, con la que se puede generar desarrollo económico y empleo. Que el diálogo no sea sólo entre ellos o los que nos interesa esta materia, sino que sea un diálogo amplio con toda la ciudadanía, para acabar estereotipos y prejuicios”, asegura el secretario Uribe.

Si bien se logró avanzar en las políticas públicas de inclusión a través de la consolidación de los decretos que avalan los proyectos, Julissa dice que aún quedan cosas por hacer, como lograr un diálogo más ameno con la Unidad de Protección, ya que el riesgo de muchos de los líderes es alto dentro de los mismos entornos y esto, según ella, no es tenido en cuenta. Asimismo, quedaron por fuera las 12 casas que se habían instaurado con la administración anterior, en las que se habían adelantado procesos y se quedaron por fuera por falta de presupuesto.

A pesar de esto, Julissa cree que este fue un gran éxito de los consejeros que participaron de la elaboración de las acciones. “Sentimos que se logró, no en la medida de lo más perfecto, pero sí se hicieron acciones que podrán ayudar a disminuir o a mitigar las brechas de inequidad que existen contra nuestras comunidades. El solo hecho de tener unas acciones afirmativas firmadas nos permitirá actuar para atender la pobreza y la desigualdad en las localidades”, concluyó la líder.

*Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook

Una partera para la comunidad afro del Chocó es más importante que cualquier médico especializado. “Ella es la que atiende todo el embarazo y evita que tenga que hacerse una cesárea, porque la partera tiene el conocimiento y la capacidad de manejar un parto. Es en resumen nuestro médico tradicional”, asegura Julissa Mosquera, líder de la comunidad afro.

Con el masivo desplazamiento que se ha dado en el Pacífico colombiano, muchas de esas mujeres han llegado a la ciudad. De diferentes formas han continuado con sus labores, lo que ha cambiado es que desde este año se han organizado y trabajan para su comunidad desde casas que han llamado quilombos.

Estas casas históricamente son para las comunidades afros lugares de poder, donde se concentran sus sabidurías. En Bogotá ya hay seis y se espera que para el próximo año sean 10, donde no solo se concentren los conocimientos afros, sino los de otras etnias, como las indígenas y gitanas, algunas de las cuales ya asisten a estos lugares.

Su conformación hace parte de lo acordado entre el Distrito y los representantes de las minorías reconocidas en la ciudad (indígenas, afros, raizales y gitanos) para consolidar una serie de acciones afirmativas, con las que no sólo se busca que dichas comunidades tengan representación en las diferentes secretarías, sino que se puedan fortalecer sus culturas y costumbres, así como satisfacer la mayoría de sus necesidades.

Por ejemplo, en la comunidad rrom o gitana la educación parte de la kumpania, el conjunto de familias que decide vivir cerca o recorrer diferentes lugares de manera itinerante. El Distrito, dentro de las estrategias para cumplir con las acciones, se compromete a garantizar “el acceso y permanencia de sus integrantes a la educación formal en todos los niveles”, acompañando sus procesos de formación.

En el caso de los indígenas, se ha realizado “trabajo cooperativo étnico”, en el que se han hecho ofertas laborales incluyentes para los cabildos que hay en la ciudad, así como la asignación de traductores en lenguas ancestrales en algunos colegios públicos.

Para el secretario de Gobierno, Miguel Uribe, lo importante de este proceso es que ha sido concertado. “Teniendo en cuenta lo representativo de estos grupos étnicos en la ciudad, trabajamos con ellos y todas las entidades distritales. Hicimos planes diferenciales por etnia, con lo que pudimos tener en cuenta las particularidades por cada uno de los grupos”.

En total se lograron consolidar 229 acciones afirmativas, de las cuales 73 son con los afros, 77 con los indígenas, 41 con los rrom y 37 con el pueblo raizal. De estas, 38 de los proyectos están enfocados en temas educativos; siete, en cultura, integración social y gobierno; cinco, en salud y desarrollo económico; cuatro en hábitat; tres en ambiente, y finalmente dos en el sector mujer.

Esto demuestra que uno de los principales temas que se desarrollaron en los 15 talleres y 20 mesas de concertación fue el de educación. Para Julissa, se lograron grandes avances como la consolidación de una licenciatura en la Universidad Pedagógica, para darles la posibilidad a los líderes de profesionalizarse en derechos humanos, ya que la mayoría lo hace de forma empírica y sin ningún tipo de remuneración. Lo que le preocupa es la forma en que se organizó. “Lástima que la convocatoria se hizo en un corto tiempo, porque muchos de los líderes no tenían dinero para comprar el pin, por lo que creemos que quienes se van a quedar con los cupos serán al fin de cuentas gente que no es tan líder”, asegura Julissa.

A pesar de esto, las comunidades se sienten satisfechas con muchos de los acuerdos. Por ejemplo, la comunidad afro logró consolidar un proyecto con la Secretaría de Integración Social para rescatar el “espíritu del tambor”, con lo que se podrán enseñar en el colegio a los niños de esta comunidad los cantos propios, “para traer a través de los juegos esa memoria perdida, que muchos de esos menores, que han nacido en la ciudad, no la reconocen, porque no la han vivido”.

En el tema de vivienda, se les da a los grupos étnicos un puntaje adicional para acceder al programa de vivienda efectiva (PIVE), mientras que en la Secretaría de la Mujer apoyarán a 300 de ellas en la Escuela de Formación Política para aportar al fortalecimiento de procesos de identidad cultural. Además, se vincularán 10 mujeres pertenecientes a las minorías, “porque es importante que una persona de la misma etnia atienda a la gente de su comunidad. Puede parecer irrelevante, pero es importante para generar confianza y entender la situación”, manifiesta la líder.

Asimismo, la Secretaría de Gobierno tiene previsto desarrollar el próximo año una campaña antidiscriminación con la que se pretende no sólo incluir al sector público y a la academia, sino a muchas otras entidades privadas y población civil, en especial a la que incurre en la discriminación. “La idea es potencializar la diversidad cultural, con la que se puede generar desarrollo económico y empleo. Que el diálogo no sea sólo entre ellos o los que nos interesa esta materia, sino que sea un diálogo amplio con toda la ciudadanía, para acabar estereotipos y prejuicios”, asegura el secretario Uribe.

Si bien se logró avanzar en las políticas públicas de inclusión a través de la consolidación de los decretos que avalan los proyectos, Julissa dice que aún quedan cosas por hacer, como lograr un diálogo más ameno con la Unidad de Protección, ya que el riesgo de muchos de los líderes es alto dentro de los mismos entornos y esto, según ella, no es tenido en cuenta. Asimismo, quedaron por fuera las 12 casas que se habían instaurado con la administración anterior, en las que se habían adelantado procesos y se quedaron por fuera por falta de presupuesto.

A pesar de esto, Julissa cree que este fue un gran éxito de los consejeros que participaron de la elaboración de las acciones. “Sentimos que se logró, no en la medida de lo más perfecto, pero sí se hicieron acciones que podrán ayudar a disminuir o a mitigar las brechas de inequidad que existen contra nuestras comunidades. El solo hecho de tener unas acciones afirmativas firmadas nos permitirá actuar para atender la pobreza y la desigualdad en las localidades”, concluyó la líder.

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