Las apuestas para incluir en la economía a los venezolanos

A sol y lluvia, con maletas a cuestas, atravesando trochas y evadiendo los peligros del camino. Así ha llegado un considerable número de venezolanos a Colombia, quienes, huyendo de su país, arribaron con la intención de rehacer sus vidas. Se estima que hay 1,7 millones de migrantes venezolanos, el 56 % de los cuales son irregulares; es decir, evadieron los controles fronterizos, permanecen sin una visa de trabajo o ingresaron como turistas y se quedaron.

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Según datos de Migración Colombia, este fenómeno ha incrementado casi 7.000 % desde 2014. Por años, esto ha despertado el interés de la ciudadanía, organizaciones y autoridades políticas. También, genera opiniones divididas entre quienes consideran que deben ser deportados, pues, dicen, su presencia ha incrementado la inseguridad, el gasto social y el desempleo para los nacionales, y quienes creen que su adecuada inclusión beneficiaría el panorama económico del país.

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Al respecto, Jerónimo Castillo, director de seguridad y política criminal de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en un conversatorio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), aseguró que no existen cifras que indiquen que en Bogotá ha habido un cambio abrupto en el comportamiento delictivo a partir de la migración venezolana. Es más, argumenta que “los grupos criminales en la ciudad siguen estables”. No obstante, no desconoce su participación en actos delictivos. De hecho, dice que han aumentado las capturas de estos no porque delincan más, sino porque el foco de la Policía estaría dirigido más hacia ellos que hacia los nacionales. Agrega que no se ha registrado una movilización de bandas o grupos criminales desde Venezuela hacia Bogotá, y que quienes delinquen operan en roles bajos como jíbaros, campaneros, receptores de bienes robados, fleteo y transportadores de microtráfico. “Hay ausencia de venezolanos en roles de mando”, detalla.

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Esto refuerza la conclusión de que la mayoría busca “ganarse la vida honradamente”, una realidad a la que se le podría sacar provecho con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes, que busca regularizar su permanencia, caracterizarla y ofrecer beneficios económicos, como permisos de trabajo y oportunidades para crear empresa. Hay que tener en cuenta que esta estrategia está concebida para los próximos diez años, por lo que el coletazo de la pandemia no sería tan representativo.

Y es que con esta base jurídica hay argumentos de peso sobre lo positivo que puede resultar el fenómeno migratorio para la nación, pues esta población (el 74,3 % de los migrantes venezolanos está en edad de trabajar) representa oportunidades para el incremento del gasto en los hogares, la creación de empresa (y por ende de empleo), además de aportes a impuestos y seguridad social (más recaudo para el país y más plata para las pensiones y el sistema de salud). En esto Bogotá busca ser protagonista, pues es la ciudad del país que concentra a la mayor cantidad de venezolanos (340.711 o 20 % del total nacional). La sola capital supera en conjunto a departamentos como Norte de Santander (181.121), Atlántico (162.396), Antioquia (157.949) y La Guajira (150.806).

Lea también: ¿Dónde están los venezolanos en Bogotá?

En esta senda de inclusión, secretarios como Margarita Barraquer (general), Xinia Navarro (Integración Social) y Hugo Acero (Seguridad) coinciden en la importancia de caracterizar a esta población irregular para entender sus realidades y avanzar en políticas públicas que los beneficien. En parte, ese trabajo ya se ha venido haciendo en la primera fase del estatuto, para el cual el Distrito ha puesto a disposición quince puntos de atención a población venezolana en su red CADE. En la misma línea, USAID también ha destinado US$6,6 millones para beneficiar a migrantes y comunidades receptoras. Solo en Bogotá, la administración de Claudia López espera invertir más de $9.500 millones en el cuatrienio, con los cuales se pretende alcanzar a unas 150.000 personas en programas liderados por la Secretaría de Integración Social.

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Pero existe una propuesta adicional: la de Anderson García, uno de tantos venezolanos irregulares. Él, quien es contador público titulado y en Colombia se desempeña como barbero, considera acertado que en el país se les permitiera gestionar un pasaporte que les dé la posibilidad de viajar a otras naciones donde, si así lo consideran, encuentren mejores oportunidades. “Muchos llegamos acá y nos tenemos que quedar. Hay quienes tenemos familia en Europa o en otros lugares, así como oportunidades de trabajo, pero no podemos salir. Si tuviéramos un documento que nos permitiera viajar, eso sería algo positivo”, asegura, al considerarlo incluso como un negocio para el país, pues su propuesta es que les sea cobrado a los venezolanos igual que a los colombianos.

En suma, hay quienes ven una oportunidad en la migración, mas no un problema. El presidente Duque fue aplaudido por su estrategia del estatuto y no es de extrañar, porque es interpretado como un acto humanitario; una decisión de gobierno empática que, más que a un migrante, ve a una persona que, como todas, merece vivir con dignidad.

A sol y lluvia, con maletas a cuestas, atravesando trochas y evadiendo los peligros del camino. Así ha llegado un considerable número de venezolanos a Colombia, quienes, huyendo de su país, arribaron con la intención de rehacer sus vidas. Se estima que hay 1,7 millones de migrantes venezolanos, el 56 % de los cuales son irregulares; es decir, evadieron los controles fronterizos, permanecen sin una visa de trabajo o ingresaron como turistas y se quedaron.

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Según datos de Migración Colombia, este fenómeno ha incrementado casi 7.000 % desde 2014. Por años, esto ha despertado el interés de la ciudadanía, organizaciones y autoridades políticas. También, genera opiniones divididas entre quienes consideran que deben ser deportados, pues, dicen, su presencia ha incrementado la inseguridad, el gasto social y el desempleo para los nacionales, y quienes creen que su adecuada inclusión beneficiaría el panorama económico del país.

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Al respecto, Jerónimo Castillo, director de seguridad y política criminal de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en un conversatorio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), aseguró que no existen cifras que indiquen que en Bogotá ha habido un cambio abrupto en el comportamiento delictivo a partir de la migración venezolana. Es más, argumenta que “los grupos criminales en la ciudad siguen estables”. No obstante, no desconoce su participación en actos delictivos. De hecho, dice que han aumentado las capturas de estos no porque delincan más, sino porque el foco de la Policía estaría dirigido más hacia ellos que hacia los nacionales. Agrega que no se ha registrado una movilización de bandas o grupos criminales desde Venezuela hacia Bogotá, y que quienes delinquen operan en roles bajos como jíbaros, campaneros, receptores de bienes robados, fleteo y transportadores de microtráfico. “Hay ausencia de venezolanos en roles de mando”, detalla.

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Y es que con esta base jurídica hay argumentos de peso sobre lo positivo que puede resultar el fenómeno migratorio para la nación, pues esta población (el 74,3 % de los migrantes venezolanos está en edad de trabajar) representa oportunidades para el incremento del gasto en los hogares, la creación de empresa (y por ende de empleo), además de aportes a impuestos y seguridad social (más recaudo para el país y más plata para las pensiones y el sistema de salud). En esto Bogotá busca ser protagonista, pues es la ciudad del país que concentra a la mayor cantidad de venezolanos (340.711 o 20 % del total nacional). La sola capital supera en conjunto a departamentos como Norte de Santander (181.121), Atlántico (162.396), Antioquia (157.949) y La Guajira (150.806).

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Pero existe una propuesta adicional: la de Anderson García, uno de tantos venezolanos irregulares. Él, quien es contador público titulado y en Colombia se desempeña como barbero, considera acertado que en el país se les permitiera gestionar un pasaporte que les dé la posibilidad de viajar a otras naciones donde, si así lo consideran, encuentren mejores oportunidades. “Muchos llegamos acá y nos tenemos que quedar. Hay quienes tenemos familia en Europa o en otros lugares, así como oportunidades de trabajo, pero no podemos salir. Si tuviéramos un documento que nos permitiera viajar, eso sería algo positivo”, asegura, al considerarlo incluso como un negocio para el país, pues su propuesta es que les sea cobrado a los venezolanos igual que a los colombianos.

En suma, hay quienes ven una oportunidad en la migración, mas no un problema. El presidente Duque fue aplaudido por su estrategia del estatuto y no es de extrañar, porque es interpretado como un acto humanitario; una decisión de gobierno empática que, más que a un migrante, ve a una persona que, como todas, merece vivir con dignidad.