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Todo menor de edad o persona en condición de discapacidad tiene derecho a vincularse en los procesos educativos, tanto en planteles públicos como privados. Así lo estipula el Decreto 1421 de 2017, que “reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad en la educación formal, jardines infantiles, que ofrecen preescolar, y colegios que otorgan títulos de bachiller”.
Por su parte, en la Ley 1618 de 2013 se menciona que “El Estado debe garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas en condición de discapacidad, con la adopción de medidas de inclusión, acciones afirmativas, ajustes razonables y eliminación de toda forma de discriminación”.
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Sin embargo, a pesar de esta prosa jurídica, que busca en la literatura plantear un escenario en el que no existe rechazo y hay una vinculación en diferentes espacios sociales; en el día a día esto no sucede. Ejemplo de ello es el caso de Luisa Fernanda Torres, una adolescente de 12 años con discapacidad física e intelectual, tras ser diagnosticada desde el primer mes de vida con citomegalovirus, un virus, que le produjo una meningitis, que le dejó como secuela atrofia cerebral, epilepsia no especificada, parálisis de las extremidades inferiores y hemiplejia espástica.
Según sus padres, no ha sido fácil acceder a procesos de aprendizaje, debido a que se topan con barreras en las instituciones: “He querido matricular a mi hija, porque quiero que estudie con niños sin ningún tipo de discapacidad. Eso ha sido complicado, porque en Ciudad Bolívar, por ejemplo, algunos colegios no tienen siquiera rampas o aulas en el primer piso para facilitar su ingreso”, explica Yudy Lorena Castro, su madre, tutora, psicóloga, terapeuta y cuidadora.
No obstante, encuentra una barrera adicional: hay planteles donde le ponen problema por la edad de Luisa, realidad que evidencia una inconsistencia en las normas, que obliga a “promover el desarrollo y el aprendizaje de esta población con pares de su misma edad”.
Aspecto que, en algunos casos, termina siendo conflictivo, dado que, si bien su hija cumplirá 13 años en mayo, su desarrollo intelectual es el de una niña de 6. Por lo tanto, no es recomendable -pedagógicamente hablando- que la ubiquen en grado sexto o séptimo (por su edad), sino en primero de primaria, dado su proceso de aprendizaje.
De acuerdo con Lidia Marcela Espinosa, psicóloga clínica y orientadora del Instituto Distrital Colegio Brazuelos, en Usme, es importante que los menores de edad en condición de discapacidad se relacionen directamente con niños de edad cercana a la suya, para afianzar sus emociones: “Estas interacciones fortalecen las habilidades sociales y su desarrollo, permitiendo que se vuelvan independientes en algunos aspectos. De igual forma, sirve para que los padres comprendan que la condición de sus hijos no es impedimento para que se relacionen de manera activa en la sociedad”, afirma la experta, quien aclara que en el caso de Luisa se prioriza la edad y no el coeficiente intelectual de la estudiante.
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Otro caso que conoció El Espectador es el de Cristian David Toro, un joven de 16 años que vive con discapacidad física e intelectual, tras padecer epilepsia refractaria degenerativa, diagnóstico que le ha desarrollado una discapacidad permanente del 97 % y que como secuela le dejó una cuadriplejia espástica. Según su mamá, Nataly Grisales, decidieron retirar a su hijo de un colegio en Soacha, dado que, a pesar de estar matriculado, no había un compromiso con su aprendizaje.
“No lo tengo escolarizado. No hay colegios de educación especial. Lo que ofrecen son instituciones con inclusión. Lo llevamos un tiempo y la experiencia no fue buena, porque no le prestaban atención, lo ponían en un rinconcito para que, según ellos, ‘no se lastimara’. Lo retiramos, porque terminó siendo nocivo. Sus compañeros no jugaban con él”, señala Grisales.
En este aspecto, explica la experta en psicología, es clave que la comunidad educativa conozca el diagnóstico y el proceso terapéutico del menor, para que el docente “se vuelva facilitador, que incluya al niño en todas las actividades dentro y fuera del aula. Se debe auspiciar que juegue con los compañeros, que se integre y disfrute del colegio”, asevera Espinosa.
La respuesta del Distrito
De acuerdo con la Secretaría de Educación, la atención a la población en condición de discapacidad en los establecimientos educativos no es opcional ni para los colegios del Estado ni para los promovidos por particulares. Según Mauricio Castillo, subsecretario de Calidad y Pertinencia, todos los planteles en la capital tienen capacidad para atender a estudiantes de esta población. Sin embargo, al plantearle la situación de Luisa Fernanda y las limitaciones de acceso para personas con discapacidad física, afirma que ya se está trabajando en mejorar todas las infraestructuras:
“Hay ciertas condiciones con las que no cuentan las instituciones. Los ajustes forman parte de un plan de adecuación, que se viene adelantando. Pero si visitan todas las sedes, se darán cuenta de que existe accesibilidad en la mayoría”, aclara el funcionario. Adicionalmente, según el reporte del Distrito, en la actualidad están matriculados 18.500 estudiantes en condición de discapacidad, entre ellos algunos con discapacidades física, visual, cognitiva, auditiva y múltiple.
Frente a la calidad académica, menciona Castillo, cada institución reconoce que todos los niños aprenden a ritmos distintos y por ello se hacen ajustes, teniendo en cuenta los Planes Individuales de Ajustes Razonables (Piar) que establecen los maestros con la familia y el estudiante.
Según las cifras de contratación para 2022, los centros educativos distritales cuentan con 970 docentes de apoyo pedagógico, lo que en promedio sería más de uno por institución, sumado a que la Secretaría reporta que se tienen vinculados también a 183 auxiliares de enfermería, 110 mediadores pedagógicos, 14 modelos lingüísticos (quienes enseñan la cultura sorda) y 75 intérpretes de lenguaje de señas.
Pese a que hay herramientas, es clara la necesidad de seguir ajustando detalles para cumplir las normas de inclusión. La meta: cerrar las brechas para hacer del sistema educativo distrital un espacio donde se garanticen plenamente sus derechos.
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