Las barreras que persisten en la atención de violencias de género

La mañana ayer se llevó a cabo la audiencia de alegatos de conclusión en contra del John Poulos, acusado de feminicidio y ocultamiento de pruebas, por el crimen de la DJ Valentina Trespalacios, ocurrido el 21 de enero de 2023. Poulos, quien ya confesó expresamente que había asesinado a la joven de 21 años, continuará recluido en el pabellón de extraditables de La Picota, hasta que se conozca el sentido de fallo y se defina su situación jurídica. En este caso, la defensa del ciudadano estadounidense ha urdido distintas estrategias, que han alargado el juicio, con lo que se ha entorpecido la administración de justicia.

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Como respuesta a las estratagemas usadas por el abogado del acusado, ayer, mientras se llevaba a cabo la audiencia, colectivos feministas se reunieron frente a los juzgados de Paloquemao para exigir justicia y celeridad a las instituciones involucradas. “Los feminicidas y, en general los hombres que perpetúan este tipo de violencias, encuentran las formas para salirse de los marcos legislativos. Vencimiento de términos, nulidades, etcétera. Siempre es lo mismo. Marañas y estrategias para salirse con la suya. Y al final, muchos agresores quedan libres y siguen agrediendo mujeres”, señalaron, en diálogo con El Espectador, las líderes de Destapemos la Olla, colectivo de mujeres que lideró el plantón.

“Creemos que es importante que el Estado empiece a apostarle a temas de transformación cultural y de pedagogía con los hombres, para transformar esa masculinidad tan violenta y dominante, que históricamente se ha sobrepuesto a los cuerpos de las mujeres. A la prevención y a la sensibilización es a lo que hay que apostarle, porque si nos quedamos en lo punitivo, la transformación estructural no va a ocurrir”, añadieron las integrantes de Destapemos la Olla, organización que nació en 2018 para visibilizar casos de Violencias de Género ocurridos en la Universidad Externado de Colombia.

Para Laura Vásquez, antropóloga e integrante de La Creciente Feminista y la Campaña por el derecho al aborto, “las barreras de acceso a la justicia para las mujeres es una expresión más de la desigualdad de género que vivimos en Colombia. Las afectaciones se pueden percibir en varios niveles: está el nivel individual, en cuanto a lo emocional, pero también está el componente social, económico y la revictimización o falta de condiciones dignas en un proceso judicial por violencia de género. Las dificultades que encuentran las víctimas cuando denuncian refuerzan la sensación de que la justicia no está hecha para ella”.

La entraña machista de nuestra cultura; la independencia económica de las mujeres, y la revictimización que ejercen algunos funcionarios sin la formación que se requiere para atender este tipo de casos, configuran las principales barreras que encuentran las mujeres víctimas de violencia de género para hacer justicia. En ese sentido, la Red Jurídica Feminista, en total, ha identificado seis barreras principales. Helena Gómez, abogada en derechos humanos y justicia social de la Red detalla los vacíos que han hallado durante sus procesos de acompañamiento, asesoría y veeduría.

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“Primero tenemos las barreras culturales y sociales. No solo son las normas que perpetúan la discriminación y la violencia basada en género, sino que además minimizan la gravedad de la conducta ante los ojos de la sociedad, hecho que refuerza estereotipos que llegan, incluso, a escenarios judiciales que inciden en la revictimización basada, justamente, en la discriminación. Cuando una mujer llega a pedir medidas de protección, por ejemplo, se encuentran con funcionarios o entidades que no tiene enfoques de género”.

En segunda medida resalta las barreras de acceso a la justicia: “encontramos lo que llamamos el ping-pong judicial, que consiste en ir a denunciar a una entidad y de allí a otra y de allí a otra. Esto, además de demorar un proceso, que debe ser atendido y resuelto con urgencia, permite la revictimización, en el entendido de que muchos funcionarios no tienen la formación que se necesita para atender este tipo de denuncias”.

Le suma las barreras económicas: “Muchas de las mujeres que buscan apoyo legal o jurídico no cuentan con la capacidad para costearlo, debido a que dependen económicamente de los victimarios. Esto se suma a las barreras institucionales, donde hay una clara falta de sensibilidad en general, en relación hacia la Violencia basada en Género. Por ejemplo, en muchos hospitales se desconoce el protocolo de atención Esta misma situación se replica en escenarios relacionados con la justicia, la policía, los tribunales y los servicios de apoyo. Y esto, en últimas, obstruye el acceso a la justicia, porque la institucionalidad es la puerta de acceso a la justicia”.

La cuarta barrera que resalta la abogada es la jurídica, específicamente al no saber dónde acudir para denunciar; una línea púrpura en donde no contestan o contestan mal; un CAI en el que le van a decir que debe ir a x o y lugar. “El tema de la inmediatez es complejo. Los horarios de ciertas casas de justicia, que cierran en horarios extralaborales, que es el momento cuando ocurren más casos de violencia contra las mujeres”.

La lista de dificultades la complementan las barreras psicológicas, donde impera el miedo constante a las represalias por denunciar y al tabú, a la culpa y a la estigmatización de la sociedad o incluso de sus redes de apoyo, y las geográficas:, haciendo alusión específicamente a las zonas rurales, a los municipios más alejados e incluso veredas de grandes ciudades, donde las rutas de atención son de difícil acceso o inexistentes.

Entretanto, los vacíos señalados continúan dinamitando la confianza que las mujeres depositan en las instituciones y propiciando, como consecuencia, un subregistro de los casos de maltrato. La pedagogía, la mejora de los protocolos y los cambios en la concepción de los roles de género, que hemos asumido desde la primera formación, son fundamentales para que un problema tan enquistado en nuestra sociedad deje de tratarse, esencialmente, desde un punto de vista punitivo y se acompañe de herramientas sociales y preventivas más robustas.

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Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

La mañana ayer se llevó a cabo la audiencia de alegatos de conclusión en contra del John Poulos, acusado de feminicidio y ocultamiento de pruebas, por el crimen de la DJ Valentina Trespalacios, ocurrido el 21 de enero de 2023. Poulos, quien ya confesó expresamente que había asesinado a la joven de 21 años, continuará recluido en el pabellón de extraditables de La Picota, hasta que se conozca el sentido de fallo y se defina su situación jurídica. En este caso, la defensa del ciudadano estadounidense ha urdido distintas estrategias, que han alargado el juicio, con lo que se ha entorpecido la administración de justicia.

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Como respuesta a las estratagemas usadas por el abogado del acusado, ayer, mientras se llevaba a cabo la audiencia, colectivos feministas se reunieron frente a los juzgados de Paloquemao para exigir justicia y celeridad a las instituciones involucradas. “Los feminicidas y, en general los hombres que perpetúan este tipo de violencias, encuentran las formas para salirse de los marcos legislativos. Vencimiento de términos, nulidades, etcétera. Siempre es lo mismo. Marañas y estrategias para salirse con la suya. Y al final, muchos agresores quedan libres y siguen agrediendo mujeres”, señalaron, en diálogo con El Espectador, las líderes de Destapemos la Olla, colectivo de mujeres que lideró el plantón.

“Creemos que es importante que el Estado empiece a apostarle a temas de transformación cultural y de pedagogía con los hombres, para transformar esa masculinidad tan violenta y dominante, que históricamente se ha sobrepuesto a los cuerpos de las mujeres. A la prevención y a la sensibilización es a lo que hay que apostarle, porque si nos quedamos en lo punitivo, la transformación estructural no va a ocurrir”, añadieron las integrantes de Destapemos la Olla, organización que nació en 2018 para visibilizar casos de Violencias de Género ocurridos en la Universidad Externado de Colombia.

Para Laura Vásquez, antropóloga e integrante de La Creciente Feminista y la Campaña por el derecho al aborto, “las barreras de acceso a la justicia para las mujeres es una expresión más de la desigualdad de género que vivimos en Colombia. Las afectaciones se pueden percibir en varios niveles: está el nivel individual, en cuanto a lo emocional, pero también está el componente social, económico y la revictimización o falta de condiciones dignas en un proceso judicial por violencia de género. Las dificultades que encuentran las víctimas cuando denuncian refuerzan la sensación de que la justicia no está hecha para ella”.

La entraña machista de nuestra cultura; la independencia económica de las mujeres, y la revictimización que ejercen algunos funcionarios sin la formación que se requiere para atender este tipo de casos, configuran las principales barreras que encuentran las mujeres víctimas de violencia de género para hacer justicia. En ese sentido, la Red Jurídica Feminista, en total, ha identificado seis barreras principales. Helena Gómez, abogada en derechos humanos y justicia social de la Red detalla los vacíos que han hallado durante sus procesos de acompañamiento, asesoría y veeduría.

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“Primero tenemos las barreras culturales y sociales. No solo son las normas que perpetúan la discriminación y la violencia basada en género, sino que además minimizan la gravedad de la conducta ante los ojos de la sociedad, hecho que refuerza estereotipos que llegan, incluso, a escenarios judiciales que inciden en la revictimización basada, justamente, en la discriminación. Cuando una mujer llega a pedir medidas de protección, por ejemplo, se encuentran con funcionarios o entidades que no tiene enfoques de género”.

En segunda medida resalta las barreras de acceso a la justicia: “encontramos lo que llamamos el ping-pong judicial, que consiste en ir a denunciar a una entidad y de allí a otra y de allí a otra. Esto, además de demorar un proceso, que debe ser atendido y resuelto con urgencia, permite la revictimización, en el entendido de que muchos funcionarios no tienen la formación que se necesita para atender este tipo de denuncias”.

Le suma las barreras económicas: “Muchas de las mujeres que buscan apoyo legal o jurídico no cuentan con la capacidad para costearlo, debido a que dependen económicamente de los victimarios. Esto se suma a las barreras institucionales, donde hay una clara falta de sensibilidad en general, en relación hacia la Violencia basada en Género. Por ejemplo, en muchos hospitales se desconoce el protocolo de atención Esta misma situación se replica en escenarios relacionados con la justicia, la policía, los tribunales y los servicios de apoyo. Y esto, en últimas, obstruye el acceso a la justicia, porque la institucionalidad es la puerta de acceso a la justicia”.

La cuarta barrera que resalta la abogada es la jurídica, específicamente al no saber dónde acudir para denunciar; una línea púrpura en donde no contestan o contestan mal; un CAI en el que le van a decir que debe ir a x o y lugar. “El tema de la inmediatez es complejo. Los horarios de ciertas casas de justicia, que cierran en horarios extralaborales, que es el momento cuando ocurren más casos de violencia contra las mujeres”.

La lista de dificultades la complementan las barreras psicológicas, donde impera el miedo constante a las represalias por denunciar y al tabú, a la culpa y a la estigmatización de la sociedad o incluso de sus redes de apoyo, y las geográficas:, haciendo alusión específicamente a las zonas rurales, a los municipios más alejados e incluso veredas de grandes ciudades, donde las rutas de atención son de difícil acceso o inexistentes.

Entretanto, los vacíos señalados continúan dinamitando la confianza que las mujeres depositan en las instituciones y propiciando, como consecuencia, un subregistro de los casos de maltrato. La pedagogía, la mejora de los protocolos y los cambios en la concepción de los roles de género, que hemos asumido desde la primera formación, son fundamentales para que un problema tan enquistado en nuestra sociedad deje de tratarse, esencialmente, desde un punto de vista punitivo y se acompañe de herramientas sociales y preventivas más robustas.

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