Las cifras que se ventilaron en el Concejo y que dimensionan el abuso policial en Bogotá

Protestas en Suba

Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA

Al menos 48 causas por violencia sexual en los últimos dos años y alrededor de 11.000 por agresiones físicas en los último cuatro años son el inventario de denuncias contra uniformados de la Policía en Bogotá. Así lo dio a conocer el concejal Diego Cancino (Alianza Verde), en un debate de control político, en el que dice que el mal comportamiento de los uniformados es un asunto estructural y no de “manzanas podridas”. Por eso, insiste en la necesidad de una reforma a la institución.

En el caso de violencia sexual, según los documentos recopilados por el cabildante, 34 fueron el año pasado y 14 este año, siendo la localidad de La Candelaria la más afectada, con 13 denuncias. Sobre agresiones, en promedio, los datos indican que se registraron seis denuncias diarias en promedio, sin contar con los casos que no conocieron las autoridades.

Para completar la fotografía, el cabildante resaltó una situación particular: mientras crece la desconfianza en las instituciones, los delincuentes vienen ganando terreno. Y lo sustentó basado en las alertas tempranas que ha hecho la Defensoría del Pueblo en los últimos dos años, que advierten que localidades como Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Usaquén, Rafael Uribe y Usme están en riesgo de control territorial por grupos paramilitares y bandas de microtráfico.

“Es altamente probable la ocurrencia de homicidios selectivos y múltiples; atentados contra la vida e integridad personal; cobro de extorsiones; desapariciones forzadas; utilización de métodos y medios para generar terror; ataques indiscriminados contra la población civil como consecuencia de la instalación y activación de artefactos explosivos; despojos: violencia sexual y reclutamientos forzados y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes”, viene advirtiendo la Defensoría.

Este es el panorama que presentó Cancino en la segunda sesión del debate de control político que se adelanta en el Concejo de Bogotá, por los hechos de violencia que se registraron el pasado 9 y 10 de septiembre.

A la recolección de datos, en la que reunió información de Medicina Legal, Defensoría del Pueblo y la propia Policía, también expuso que entre el 17 de marzo y el 27 de mayor de este año se registraron 8.069 detenciones que el cabildante calificó como arbitrarias, ya que “la Policía se llevó mucha gente a bodegas, donde nadie sabía qué pasaba exactamente, debido a la ausencia de Centros de Traslados por Protección, violando las obligaciones internacionales de prevención de la desaparición forzada”.

Por estas razones, su intervención se basó en una fuerte crítica hacia la Fuerza Pública, denominando como crímenes de Estado los malos procedimientos de algunos policías. De hecho, el argumento más controversial del cabildante fue la comparación que hizo entre estos hechos y los delitos por parte de grupos paramilitares, en diferentes regiones de Colombia.

“El terror de la Colombia profunda se está viendo en las localidades de Bogotá: Suba, Usaquén, Kennedy y Engativá y tienen un patrón similar a lo ocurrido en El Placer (Putumayo), El Salado (Bolívar), San Onofre (Sucre) y Bahía Portete (La Guajira), donde la población sufre amenazas, desaparición forzada, homicidios de jóvenes, seguimientos, llamadas anónimas, regulación social, panfletos y violencia selectiva por parte de grupos paramilitares, con la intención de hacer control territorial”, señaló.

La comparación de estos patrones la justifica luego de asegurar que algunos testimonios de jóvenes, que estuvieron en las movilizaciones del 9 y 10 de septiembre, en especial en el sector del Verbenal y El Codito, demostrarían que algunos uniformados supuestamente los han amenazado. Por otro lado, aunque la Fiscalía rectificar la información suministrada por la Personería, frente a la desaparición de cuatro personas en la capital, de las más de 40 denuncias recibidas, Cancino asegura que tiene conocimiento de que en Usaquén aún no aparece un joven de 13 años.

“Los jóvenes están atemorizados y la familia del muchacho que estuvo denunciando el caso tampoco ha vuelto a hablar y no sabemos dónde están. Una camioneta blanca con platón se llevó al chico frente a la presencia de cinco policías y nadie responde. Allá hay amenazas, panfletos, persecuciones en camionetas, asesinatos y nadie dice nada”, denunció el cabildante.

Sobre sus controversiales declaraciones, cabildantes como Jorge Colmenares (Centro Democrático) expresaron su rechazo, asegurando que, si bien se han presentado algunas irregularidades con la Fuerza Pública, no se tiene que generalizar y se debe actuar de manera contundente solo con los agentes que las cometan. “Tal y como lo mencioné en el debate, tengo que ser totalmente claro con el apoyo a la Fuerza Pública, que siempre se encarga de garantizar la democracia y la ley. Que algunos se aprovechen de su deber no da el derecho a que el concejal Cancino los llame ‘parapolicías’, cuando se ha demostrado que la institución ha trabajado en pro de los bogotanos. Sí hay hechos que se tienen que esclarecer, pero el respeto debe ser claro”, expresó.

Asimismo, en su análisis frente a los hechos registrados el pasado 9 y 10 de septiembre, dice Colmenares, se evidenció la ausencia de control y coordinación del Distrito para evitar este tipo de situaciones violentas. “La ausencia del secretario de Seguridad fue totalmente clara. Se demostró que la Alcaldía y la Secretaría de Gobierno tuvieron pleno conocimiento de lo que iba sucediendo en esa fatídica noche y no se hizo mucho”.

Por su parte, Andrés Forero (Centro Democrático), dijo que lo que más le llama la atención de las duras críticas que hizo Cancino, es que la jefe de la Policía es la alcaldesa Claudia López, quien hacía parte de su partido político y que, aunque hay claras evidencias de las faltas de miembros de la institución, no debe generalizar. “Sin duda hubo actuares indebidos de algunos miembros de la fuerza pública, no da pie para generalización porque esta institución trabaja día a día de manera honorable para proteger a las personas. No se merecen ser llamados de esa manera. Sí tienen que haber sanciones ejemplarizantes para quienes hayan incumplido la ley, pero no se puede generalizar"; reiteró.

Por ahora, las opiniones y los datos siguen sobre la mesa. Aclarar lo que viene sucediendo en la ciudad y buscar un camino para recuperar la confianza entre la ciudadanía y las instituciones será una tarea difícil , pero obligatoria.