Las dificultades para concretar las matrículas gratis en la U. Distrital

En medio de la ampliación de la cuarentena se reabre el debate alrededor de las matrículas gratis en las universidades públicas, en especial por la vulnerabilidad de algunos de sus estudiantes por sus dificultades económicas. En el caso de Bogotá, para exonerar del pago a los alumnos de la Universidad Distrital, la institución necesitaría mínimo $14.000 millones. El dilema, entonces, es definir de dónde sacarlos. Mientras la alcaldesa Claudia López dice que pueden salir del presupuesto de la universidad, sus directivas exponen todo un laberinto difícil de resolver. Para ellos, la única opción sería una transferencia de la Alcaldía.

Aunque el tema se planteó desde el comienzo de la emergencia y con el paso del tiempo algunos departamentos y ciudades (como Cundinamarca y Medellín) hicieron inversiones y usaron los aportes del Gobierno Nacional, en Bogotá la discusión se reavivó hace una semana, cuando la alcaldesa López publicó la carta que le envió al rector de la Universidad Distrital, Ricardo García Duarte, en la que le solicitaba asignar recursos del presupuesto de 2020 para cubrir las matrículas de los estudiantes y así garantizar la permanencia.

Esto generó mayor inconformismo, pues como lo ha señalado Julián Báez, representante estudiantil en el Consejo Superior, “la administración distrital no ha hecho el análisis presupuestal e impacto, que significa no recaudar las matrículas en la universidad. El balance financiero que se presenta tiene falencias e inquietudes. Además, se nota la falta de voluntad política del Distrito, que ni siquiera se pronunció en la comisión tercera universitaria sobre su aporte a un plan como el de matrícula cero”.

Las condiciones

Actualmente el presupuesto de la Universidad Distrital depende en un 70 % de las transferencias de la ciudad; 8,5 %, de las transferencias de la nación, y 12,4 %, de recursos propios, provenientes de matrículas, derechos pecuniarios, cursos vacacionales, entre otros. El restante (8,4 %) son de destinación específica (entre los que está la estampilla) y del fondo de préstamos.

De allí deben salir los recursos de funcionamiento, que incluyen pagó de docentes (48,5 %), de nómina administrativa (8,6 %) y la carga pensional (17,6 %), así como gastos de infraestructura. Además los de inversión, entre ellos la investigación, la construcción de la sede en Bosa, la dotación de laboratorios, la modernización administrativa, entre otros.

En total, las necesidades para 2020 sumaban $435.040 millones, ($362.709 millones en funcionamiento y $72.331 millones para inversión), pero solo recibieron $346.079 millones. Es decir, empezaron el año con un déficit de $88.961 millones. “Cubrimos parte de estos faltantes con recursos que nos quedaron del año pasado, como de planta de docentes que se vincularon hasta este año y aportes por $7.900 millones”, dijo Carlos Ramón Bernal, jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

Sumado a esto, se debe tener en cuenta que la pandemia también trajo nuevas necesidades para la universidad, pues se tuvieron que invertir $1.400 millones para preparar y acompañar a los maestros en el manejo de herramientas virtuales, la elaboración de material pedagógico y en aplicaciones que permitieran mayor capacidad. Asimismo, se usaron $2.700 millones para acceso, conectividad y 2.500 tabletas para los estudiantes más vulnerables.

A esto se adiciona el aumento de la planta de profesores, pues para el primer semestre de 2020 se matricularon más de 25 mil estudiantes, pese a que se creía que un alto número aplazaría el semestre; la aplicación de los protocolos de bioseguridad en cada una de las sedes, ante un posible regreso a las aulas (previsto en $5.000 millones), y que hay rubros que se tenían previstos y ya no van a ingresar a las arcas de la universidad, como los cursos vacacionales de mitad de año.

Las salidas

La secretaria de Educación, Edna Bonilla, indicó que se le pidió a la universidad revisar cómo va la ejecución presupuestal. “Hay rubros con ejecución del 1 % y otros que no se han gastado, como el de transporte. Hemos revisado el presupuesto y creemos que hay recursos que garantizan esa gratuidad”. La universidad señala que parte de estos rubros ya se han ido utilizando en las necesidades que han surgido por la pandemia, y si bien existen recursos de inversión sin ejecutar, estos tienen destinaciones fijas, por lo que se requiere un pronunciamiento del Congreso y el Concejo para poderlos usar.

Otra opción sería pedir un préstamo. Sin embargo, hasta la fecha, esta opción solo se tiene contemplada para proyectos como las nuevas sedes de la ASAB e ingeniería. Por esta razón, no se descarta considerar acudir a la figura de las vigencias futuras, para impulsar la gratuidad.

Por último, están los recursos de la estampilla prouniversidad, pagar las pensiones. El Distrito tiene $112.000 millones, que podrían ser para inversión y que no se han ejecutado, porque no se ha suscrito el pacto de concurrencia, del que ya se tienen estudios y que, según el artículo 43 del Plan de Desarrollo, deberá suscribirse en los próximos seis meses. Buscar la forma de poderlos usar resolvería alguno de los dilemas.

Las prioridades de la universidad están puestas, como lo señala Bernal, en lograr la acreditación de alta calidad, satisfacer las necesidades de sus estudiantes y mantener el equilibrio presupuestal, un reto difícil con recursos limitados. Hoy el Consejo Superior Universitario deberá resolver el asunto, pues el tema de la gratuidad en la matrícula es una vieja propuesta que se revive con la pandemia, pero que más allá de una solución temporal, se deberá pensar a futuro.

En medio de la ampliación de la cuarentena se reabre el debate alrededor de las matrículas gratis en las universidades públicas, en especial por la vulnerabilidad de algunos de sus estudiantes por sus dificultades económicas. En el caso de Bogotá, para exonerar del pago a los alumnos de la Universidad Distrital, la institución necesitaría mínimo $14.000 millones. El dilema, entonces, es definir de dónde sacarlos. Mientras la alcaldesa Claudia López dice que pueden salir del presupuesto de la universidad, sus directivas exponen todo un laberinto difícil de resolver. Para ellos, la única opción sería una transferencia de la Alcaldía.

Aunque el tema se planteó desde el comienzo de la emergencia y con el paso del tiempo algunos departamentos y ciudades (como Cundinamarca y Medellín) hicieron inversiones y usaron los aportes del Gobierno Nacional, en Bogotá la discusión se reavivó hace una semana, cuando la alcaldesa López publicó la carta que le envió al rector de la Universidad Distrital, Ricardo García Duarte, en la que le solicitaba asignar recursos del presupuesto de 2020 para cubrir las matrículas de los estudiantes y así garantizar la permanencia.

Esto generó mayor inconformismo, pues como lo ha señalado Julián Báez, representante estudiantil en el Consejo Superior, “la administración distrital no ha hecho el análisis presupuestal e impacto, que significa no recaudar las matrículas en la universidad. El balance financiero que se presenta tiene falencias e inquietudes. Además, se nota la falta de voluntad política del Distrito, que ni siquiera se pronunció en la comisión tercera universitaria sobre su aporte a un plan como el de matrícula cero”.

Las condiciones

Actualmente el presupuesto de la Universidad Distrital depende en un 70 % de las transferencias de la ciudad; 8,5 %, de las transferencias de la nación, y 12,4 %, de recursos propios, provenientes de matrículas, derechos pecuniarios, cursos vacacionales, entre otros. El restante (8,4 %) son de destinación específica (entre los que está la estampilla) y del fondo de préstamos.

De allí deben salir los recursos de funcionamiento, que incluyen pagó de docentes (48,5 %), de nómina administrativa (8,6 %) y la carga pensional (17,6 %), así como gastos de infraestructura. Además los de inversión, entre ellos la investigación, la construcción de la sede en Bosa, la dotación de laboratorios, la modernización administrativa, entre otros.

En total, las necesidades para 2020 sumaban $435.040 millones, ($362.709 millones en funcionamiento y $72.331 millones para inversión), pero solo recibieron $346.079 millones. Es decir, empezaron el año con un déficit de $88.961 millones. “Cubrimos parte de estos faltantes con recursos que nos quedaron del año pasado, como de planta de docentes que se vincularon hasta este año y aportes por $7.900 millones”, dijo Carlos Ramón Bernal, jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

Sumado a esto, se debe tener en cuenta que la pandemia también trajo nuevas necesidades para la universidad, pues se tuvieron que invertir $1.400 millones para preparar y acompañar a los maestros en el manejo de herramientas virtuales, la elaboración de material pedagógico y en aplicaciones que permitieran mayor capacidad. Asimismo, se usaron $2.700 millones para acceso, conectividad y 2.500 tabletas para los estudiantes más vulnerables.

A esto se adiciona el aumento de la planta de profesores, pues para el primer semestre de 2020 se matricularon más de 25 mil estudiantes, pese a que se creía que un alto número aplazaría el semestre; la aplicación de los protocolos de bioseguridad en cada una de las sedes, ante un posible regreso a las aulas (previsto en $5.000 millones), y que hay rubros que se tenían previstos y ya no van a ingresar a las arcas de la universidad, como los cursos vacacionales de mitad de año.

Las salidas

La secretaria de Educación, Edna Bonilla, indicó que se le pidió a la universidad revisar cómo va la ejecución presupuestal. “Hay rubros con ejecución del 1 % y otros que no se han gastado, como el de transporte. Hemos revisado el presupuesto y creemos que hay recursos que garantizan esa gratuidad”. La universidad señala que parte de estos rubros ya se han ido utilizando en las necesidades que han surgido por la pandemia, y si bien existen recursos de inversión sin ejecutar, estos tienen destinaciones fijas, por lo que se requiere un pronunciamiento del Congreso y el Concejo para poderlos usar.

Otra opción sería pedir un préstamo. Sin embargo, hasta la fecha, esta opción solo se tiene contemplada para proyectos como las nuevas sedes de la ASAB e ingeniería. Por esta razón, no se descarta considerar acudir a la figura de las vigencias futuras, para impulsar la gratuidad.

Por último, están los recursos de la estampilla prouniversidad, pagar las pensiones. El Distrito tiene $112.000 millones, que podrían ser para inversión y que no se han ejecutado, porque no se ha suscrito el pacto de concurrencia, del que ya se tienen estudios y que, según el artículo 43 del Plan de Desarrollo, deberá suscribirse en los próximos seis meses. Buscar la forma de poderlos usar resolvería alguno de los dilemas.

Las prioridades de la universidad están puestas, como lo señala Bernal, en lograr la acreditación de alta calidad, satisfacer las necesidades de sus estudiantes y mantener el equilibrio presupuestal, un reto difícil con recursos limitados. Hoy el Consejo Superior Universitario deberá resolver el asunto, pues el tema de la gratuidad en la matrícula es una vieja propuesta que se revive con la pandemia, pero que más allá de una solución temporal, se deberá pensar a futuro.