Las dificultades que atraviesan las víctimas en Bogotá

La Ley de Víctimas estableció que tanto el Estado como cada ente territorial deben establecer un plan de contingencia para la ayuda humanitaria inmediata y subsidiaridad a las víctimas. En este proceso se debe hacer el diagnóstico del riesgo de victimización y las rutas de respuesta de atención inmediata (según el hecho victimizante), así como las necesidades y medidas de aislamiento, en caso de ser necesarias. (Vea también: La capital, en deuda con las víctimas)

El Distrito, además, es responsable de garantizar la alimentación, los elementos de aseo y cocina, el alojamiento transitorio y la atención médica y psicosocial de emergencia a las víctimas que lleguen a la capital. En el caso especial del desplazamiento forzado, la atención debe asegurar la inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV), así como el seguimiento a sus casos durante la atención inmediata (Vea también: Escuelas para las víctimas en Bogotá). 

En Bogotá hay habilitados siete puntos de atención (Suba, Chapinero, Kennedy, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y la terminal de transportes) donde tanto la Alta Consejería como la Unidad de Víctimas se encargan de caracterizar y brindar la atención inicial a estos ciudadanos, que consiste en la declaración ante el Ministerio Público (un delegado de la Personería o la Defensoría), la atención de los equipos interdisciplinarios (psicológico, de atención social, abogado y un enlace de ayuda humanitaria) y, finalmente, dependiendo de la situación, definir qué tipo de atención recibirá y quién la brindará (Vea también: Así funcionará el nuevo programa de vivienda que impulsará la Alcaldía de Bogotá).

Pero estos procesos toman su tiempo y no son tan rápidos como quieren las víctimas. José López Pardo tuvo que huir en 2007 de La Macarena (Meta) junto con dos de sus hijas, luego de que la guerrilla matara a sus otros dos hijos. Estuvo unos meses en Venecia (Cundinamarca), antes de llegar a Bogotá, donde comenzó su odisea para ser reparado. Primero fue identificado en uno de los centros de recepción, “y ese mismo día me hicieron dos entrevistas con las que me catalogaron como desplazado forzado”, dice. (Vea aquí: La ruta de Bogotá tras la firma de la paz)

Después empezó a recibir un subsidio que no le siguieron dando, porque ya estaba adelantado su trámite de indemnización con la Unidad de Víctimas. “Pero me quedé esperando a que me llamaran, para que nos repararan o nos reubicaran, porque somos víctimas del conflicto”. Por eso decidió viajar a Icononzo (Tolima) con la idea de buscar mejores oportunidades para él y sus hijas.

Situaciones similares viven las personas que asisten a los centros de atención dispuestos por el Distrito. En Chapinero, uno de los puntos donde más víctimas se atienden, se ven a decenas de personas esperando un turno para que la Unidad de Víctimas escuche sus casos. De acuerdo con una de las funcionarias (que pidió reserva de su nombre), varios de los que se acercan a estos puntos se devuelven con cierta decepción.

La razón es que muchos de los que llegan desconocen que la ayuda o la atención humanitaria inmediata sólo se da a quienes han sido víctimas del conflicto en los últimos tres meses. “Algunos acuden cuando se quedan sin empleo o atraviesan una grave situación económica, mientras que hay otros que llevan años asistiendo en busca de una indemnización”, explicó la funcionaria.

Los líos

Pero el desconocimiento del procedimiento no es la única dificultad que afrontan las víctimas en Bogotá. Incluso, ni siquiera al ser reparadas o beneficiadas con alguno de los programas sociales del Distrito o la nación las blinda de seguir enfrentando problemas. El primero es el choque cultural. Según Jenny Pérez, víctima del conflicto y miembro del Grupo del Costurero del Centro de Paz y Reconciliación, el desarraigo que implica dejar su lugar de origen para llegar a Bogotá es doloroso y se ve reflejado en su día a día.

Sin embargo, para ella la situación va más allá. Cree que la mayoría de las víctimas llegan a la capital porque tienen la percepción de que en la ciudad están los actores y las organizaciones encargadas de orientarlos, pero, “¿por qué no hay otra metodología?, ¿por qué una víctima llega a la terminal y no encuentra de inmediato el acompañamiento que necesita para que le ayuden a hacer valer sus derechos?”.

A las dificultades administrativas y los vacíos que puedan existir en la ruta de atención, también se enfrentan a situaciones insólitas. Por ejemplo, uno de los puntos que preocupa a la Alta Consejería Distrital es lo que se vive en las viviendas gratis que entregó el Gobierno (que no superan los 60 metros cuadrados), a donde llegaron víctimas que nunca vivieron en propiedad horizontal, lo que ha generado choques de convivencia.

Allí se viven líos simples, como la falta de costumbre de pagar servicios públicos o administración; el vivir con animales de granja en sus casas, como gallinas; quemar la basura en sus apartamentos, cuando se les pasaba el carro recolector, e incluso, un caso tan insólito como el de la tenencia de un burro en un apartamento del Parque de La Hoja, que lo llevaron cuando era pequeño, creció y tuvieron que sacarlo con ayuda de Bomberos, porque ya no cabía por ninguna puerta.

Sin embargo, hay problemas más complejos: en algunos de estos conjuntos se han detectado serios problemas de delincuencia. “Hay microtráfico, extorsión y todo tipo de problemas asociados con estos delitos. Incluso, por razones que no hemos identificado, descubrimos casos en los que las víctimas terminaron viviendo al lado de sus victimarios”, dijo la alta consejera para las víctimas, Ángela Anzola.

Los nuevos retos

Todo este panorama ha obligado a la administración a afinar los programas, mejorar los seguimientos y difundir mejor toda la oferta que tiene el Distrito para que llegue a los que realmente necesitan atención. Eso sí, aclara la alta concejera, el Distrito brinda toda la atención y cuenta con los albergues suficientes para recibir a las víctimas que a diario llegan a la ciudad.

“Lo normal es recibirlas en cada uno de nuestros albergues. No somos una entidad de salud, pero sí les brindamos atención, porque muchos vienen con daños psicológicos o físicos bastante graves. Nosotros funcionamos por demanda. En la medida que la gente llega a nuestros centros se le atiende, pero hay otro grupo que, posiblemente por desconocimiento, no nos busca. Lo más grave es que muchas veces es la gente más vulnerable la que no se entera de que existe este tipo de servicio para las víctimas del conflicto”.

Anzola agrega que la recepción de víctimas ha disminuido en la capital. Aunque es prematuro hablar de consecuencias concretas de la firma del Acuerdo de Paz, ella cree que el efecto es evidente en la cantidad de personas que atienden. Antes al albergue principal llegaban en promedio 80 personas, mientras que los satélites, donde se reciben a personas con situaciones especiales, como las que van solas o deben ser aisladas por seguridad o enfermedad, llegaban 50 personas. “Ahora se atienden 50 en el albergue central y 30 en los satélites. Para aquellos que dicen que la paz no existe, les podemos decir que no es cierto. Esta es la prueba fehaciente de que han bajado los números de víctimas”.

Sin embargo, esto no quiere decir que la cifra no pueda repuntar. La consejera destaca que en los últimos meses se ha aumentado la llegada de habitantes de Chocó, según ella, debido a que ese departamento es una zona de control del Eln y dicha guerrilla estaría aprovechando el vacío que dejaron las Farc para realizar acciones violentas en la zona. “Ahí puede haber un nuevo resurgimiento de violencia”.

Por eso no pueden bajar la guardia y a la par con los constantes ajustes, planean iniciar una campaña para que iniciativas como los subsidios de vivienda, la ayuda humanitaria inmediata o los programas de educación y empleo se conviertan en un tema de voz a voz, “para que quienes conozcan nuestros programas les ayuden e informen a las víctimas que acaban de llegar a la ciudad que existen una serie de servicios para ellos”.

A esto se suman planes como “Bogotanicemonos los acuerdos”, cinco conversatorios con los que se pretende analizar los retos que dejó la firma de la paz para incluir en el diálogo a la ciudadanía. “El reto ha sido vincular nuevos públicos, como el empresariado, y por eso se está pensando en que en el resto de ciclos haya encuentros con víctimas y excombatientes, y se logre un diálogo sobre estos temas”, afirmó Anzola.

Asimismo, adelantan “encuentros improbables”, con los que buscan que diferentes actores se conozcan y se identifiquen, “por ejemplo, van indígenas emberas desplazados a dialogar con niños de un colegio, contrastando diferentes personas”.

El reto del Distrito y de la nación no sólo está en garantizar la cobertura de las necesidades básicas a las víctimas, sino mejorar los mecanismos que visibilicen sus derechos, además de sensibilizar a la ciudadanía para evitar revictimizaciones y así tengan una mejor acogida en la capital.

La Ley de Víctimas estableció que tanto el Estado como cada ente territorial deben establecer un plan de contingencia para la ayuda humanitaria inmediata y subsidiaridad a las víctimas. En este proceso se debe hacer el diagnóstico del riesgo de victimización y las rutas de respuesta de atención inmediata (según el hecho victimizante), así como las necesidades y medidas de aislamiento, en caso de ser necesarias. (Vea también: La capital, en deuda con las víctimas)

El Distrito, además, es responsable de garantizar la alimentación, los elementos de aseo y cocina, el alojamiento transitorio y la atención médica y psicosocial de emergencia a las víctimas que lleguen a la capital. En el caso especial del desplazamiento forzado, la atención debe asegurar la inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV), así como el seguimiento a sus casos durante la atención inmediata (Vea también: Escuelas para las víctimas en Bogotá). 

En Bogotá hay habilitados siete puntos de atención (Suba, Chapinero, Kennedy, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y la terminal de transportes) donde tanto la Alta Consejería como la Unidad de Víctimas se encargan de caracterizar y brindar la atención inicial a estos ciudadanos, que consiste en la declaración ante el Ministerio Público (un delegado de la Personería o la Defensoría), la atención de los equipos interdisciplinarios (psicológico, de atención social, abogado y un enlace de ayuda humanitaria) y, finalmente, dependiendo de la situación, definir qué tipo de atención recibirá y quién la brindará (Vea también: Así funcionará el nuevo programa de vivienda que impulsará la Alcaldía de Bogotá).

Pero estos procesos toman su tiempo y no son tan rápidos como quieren las víctimas. José López Pardo tuvo que huir en 2007 de La Macarena (Meta) junto con dos de sus hijas, luego de que la guerrilla matara a sus otros dos hijos. Estuvo unos meses en Venecia (Cundinamarca), antes de llegar a Bogotá, donde comenzó su odisea para ser reparado. Primero fue identificado en uno de los centros de recepción, “y ese mismo día me hicieron dos entrevistas con las que me catalogaron como desplazado forzado”, dice. (Vea aquí: La ruta de Bogotá tras la firma de la paz)

Después empezó a recibir un subsidio que no le siguieron dando, porque ya estaba adelantado su trámite de indemnización con la Unidad de Víctimas. “Pero me quedé esperando a que me llamaran, para que nos repararan o nos reubicaran, porque somos víctimas del conflicto”. Por eso decidió viajar a Icononzo (Tolima) con la idea de buscar mejores oportunidades para él y sus hijas.

Situaciones similares viven las personas que asisten a los centros de atención dispuestos por el Distrito. En Chapinero, uno de los puntos donde más víctimas se atienden, se ven a decenas de personas esperando un turno para que la Unidad de Víctimas escuche sus casos. De acuerdo con una de las funcionarias (que pidió reserva de su nombre), varios de los que se acercan a estos puntos se devuelven con cierta decepción.

La razón es que muchos de los que llegan desconocen que la ayuda o la atención humanitaria inmediata sólo se da a quienes han sido víctimas del conflicto en los últimos tres meses. “Algunos acuden cuando se quedan sin empleo o atraviesan una grave situación económica, mientras que hay otros que llevan años asistiendo en busca de una indemnización”, explicó la funcionaria.

Los líos

Pero el desconocimiento del procedimiento no es la única dificultad que afrontan las víctimas en Bogotá. Incluso, ni siquiera al ser reparadas o beneficiadas con alguno de los programas sociales del Distrito o la nación las blinda de seguir enfrentando problemas. El primero es el choque cultural. Según Jenny Pérez, víctima del conflicto y miembro del Grupo del Costurero del Centro de Paz y Reconciliación, el desarraigo que implica dejar su lugar de origen para llegar a Bogotá es doloroso y se ve reflejado en su día a día.

Sin embargo, para ella la situación va más allá. Cree que la mayoría de las víctimas llegan a la capital porque tienen la percepción de que en la ciudad están los actores y las organizaciones encargadas de orientarlos, pero, “¿por qué no hay otra metodología?, ¿por qué una víctima llega a la terminal y no encuentra de inmediato el acompañamiento que necesita para que le ayuden a hacer valer sus derechos?”.

A las dificultades administrativas y los vacíos que puedan existir en la ruta de atención, también se enfrentan a situaciones insólitas. Por ejemplo, uno de los puntos que preocupa a la Alta Consejería Distrital es lo que se vive en las viviendas gratis que entregó el Gobierno (que no superan los 60 metros cuadrados), a donde llegaron víctimas que nunca vivieron en propiedad horizontal, lo que ha generado choques de convivencia.

Allí se viven líos simples, como la falta de costumbre de pagar servicios públicos o administración; el vivir con animales de granja en sus casas, como gallinas; quemar la basura en sus apartamentos, cuando se les pasaba el carro recolector, e incluso, un caso tan insólito como el de la tenencia de un burro en un apartamento del Parque de La Hoja, que lo llevaron cuando era pequeño, creció y tuvieron que sacarlo con ayuda de Bomberos, porque ya no cabía por ninguna puerta.

Sin embargo, hay problemas más complejos: en algunos de estos conjuntos se han detectado serios problemas de delincuencia. “Hay microtráfico, extorsión y todo tipo de problemas asociados con estos delitos. Incluso, por razones que no hemos identificado, descubrimos casos en los que las víctimas terminaron viviendo al lado de sus victimarios”, dijo la alta consejera para las víctimas, Ángela Anzola.

Los nuevos retos

Todo este panorama ha obligado a la administración a afinar los programas, mejorar los seguimientos y difundir mejor toda la oferta que tiene el Distrito para que llegue a los que realmente necesitan atención. Eso sí, aclara la alta concejera, el Distrito brinda toda la atención y cuenta con los albergues suficientes para recibir a las víctimas que a diario llegan a la ciudad.

“Lo normal es recibirlas en cada uno de nuestros albergues. No somos una entidad de salud, pero sí les brindamos atención, porque muchos vienen con daños psicológicos o físicos bastante graves. Nosotros funcionamos por demanda. En la medida que la gente llega a nuestros centros se le atiende, pero hay otro grupo que, posiblemente por desconocimiento, no nos busca. Lo más grave es que muchas veces es la gente más vulnerable la que no se entera de que existe este tipo de servicio para las víctimas del conflicto”.

Anzola agrega que la recepción de víctimas ha disminuido en la capital. Aunque es prematuro hablar de consecuencias concretas de la firma del Acuerdo de Paz, ella cree que el efecto es evidente en la cantidad de personas que atienden. Antes al albergue principal llegaban en promedio 80 personas, mientras que los satélites, donde se reciben a personas con situaciones especiales, como las que van solas o deben ser aisladas por seguridad o enfermedad, llegaban 50 personas. “Ahora se atienden 50 en el albergue central y 30 en los satélites. Para aquellos que dicen que la paz no existe, les podemos decir que no es cierto. Esta es la prueba fehaciente de que han bajado los números de víctimas”.

Sin embargo, esto no quiere decir que la cifra no pueda repuntar. La consejera destaca que en los últimos meses se ha aumentado la llegada de habitantes de Chocó, según ella, debido a que ese departamento es una zona de control del Eln y dicha guerrilla estaría aprovechando el vacío que dejaron las Farc para realizar acciones violentas en la zona. “Ahí puede haber un nuevo resurgimiento de violencia”.

Por eso no pueden bajar la guardia y a la par con los constantes ajustes, planean iniciar una campaña para que iniciativas como los subsidios de vivienda, la ayuda humanitaria inmediata o los programas de educación y empleo se conviertan en un tema de voz a voz, “para que quienes conozcan nuestros programas les ayuden e informen a las víctimas que acaban de llegar a la ciudad que existen una serie de servicios para ellos”.

A esto se suman planes como “Bogotanicemonos los acuerdos”, cinco conversatorios con los que se pretende analizar los retos que dejó la firma de la paz para incluir en el diálogo a la ciudadanía. “El reto ha sido vincular nuevos públicos, como el empresariado, y por eso se está pensando en que en el resto de ciclos haya encuentros con víctimas y excombatientes, y se logre un diálogo sobre estos temas”, afirmó Anzola.

Asimismo, adelantan “encuentros improbables”, con los que buscan que diferentes actores se conozcan y se identifiquen, “por ejemplo, van indígenas emberas desplazados a dialogar con niños de un colegio, contrastando diferentes personas”.

El reto del Distrito y de la nación no sólo está en garantizar la cobertura de las necesidades básicas a las víctimas, sino mejorar los mecanismos que visibilicen sus derechos, además de sensibilizar a la ciudadanía para evitar revictimizaciones y así tengan una mejor acogida en la capital.