Las incertidumbres tras la aprobación del POT por decreto en Bogotá

La decisión de la alcaldesa Claudia López de aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por decreto genera más inconformidades y preguntas que las que surgieron durante el infructuoso trámite en el Concejo. Pese a que la mandataria resalta la necesidad de actualizar la norma e insiste en que se garantizó el debido proceso antes de firmarlo, no solo hay dudas sobre el alcance de las modificaciones que puede establecer en la reglamentación, sino que abre una polémica alrededor de su legitimidad.

Lea: POT de Bogotá: lo que debe saber del plan aprobado

La razón: siguen los cuestionamientos por la participación ciudadana, no recibió un concepto ni positivo ni negativo del Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD) y al final no se lograron unificar las tres ponencias positivas que se alcanzaron a presentar en el Concejo.

Tal vez por esto la intervención de la mandataria tras la firma del documento se centró en explicar cuál es el contenido del nuevo POT de la ciudad y los compromisos que adquiere. “El POT, además de resolver procesos históricos, lo hace con las tres urgencias que nos puso la vida, lo que no permite aplazar más la decisión”.

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Con esto último se refiere a la deuda social, que se evidenció con el paro nacional; a la deuda ambiental y las necesidades para atender el cambio climático; a una nueva modalidad de transporte verde y multimodal; a la consolidación de las nuevas unidades de planeación local, que reemplazarán las localidades, y a la integración con los municipios cercanos, que se busca con la Región Metropolitana.

Pero lo más importante de su intervención tiene que ver con el documento que se aprobó, es decir, el que radicó en el Concejo en septiembre de este año y que no cuenta con los cambios que se acordaron en los últimos meses y que la mandataria dijo incluirán en la reglamentación del POT.

“El 95 % de las cosas que nos propuso la ciudadanía, el Concejo y los gremios están quedando incorporadas en la reglamentación que vamos a hacer”, dijo López, quien además indicó que lo primero que está en la lista es cumplir las promesas que se hicieron en el cabildo abierto, como no incrementar el tamaño mínimo de las bodegas de acopio, socializar la nueva reglamentación con los curadores y acordar nuevas reglamentaciones con los constructores. Después de elecciones se definirán los aspectos de las nuevas localidades y las 25 zonas de actividades estratégicas, donde se concentrarán los planes de renovación, entre otras cosas.

En contexto: Estos serán los temas prioritarios que se modificarán del nuevo POT de Bogotá

Estos cambios y la fecha que se escogió para firmar el decreto no convencen a gremios ni a expertos. Para Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, lo que hace la alcaldesa al expedir un decreto y prometer cambios en su reglamentación “es como comprar un vestido que le queda a uno chiquito y a la vez compra retazos para arreglarlo. Eso crea mucha incertidumbre porque no sabemos ni cómo ni cuándo lo va a hacer y, además, queda la duda de qué cosas podrá modificar por decreto y que requerirán una modificación que deba ser llevada al Concejo. Esto abre una caja de Pandora, porque va a modificar el documento base”.

Algo similar opina Alejandro Callejas, director de Camacol Bogotá y Cundinamarca, para quien la aprobación del documento inicial podría afectar la oferta de vivienda en la ciudad para los próximos años. “Esa decisión va en contra de lo que le pidió todo el mundo a la alcaldesa. Cambiar el decreto a través de otras reglamentaciones es una visión equivocada de cómo se deben hacer las cosas, porque de entrada está aceptando que su proyecto tiene errores, pero por capricho político decidió sacarlo como sea”.

Desde la otra esquina, el cabildante Julián Sastoque llama la atención sobre las otras condiciones que sortearía López de no haber firmado el plan por decreto y hubiera vuelto a llevar el proyecto al Concejo. “La decisión no es una sorpresa. Era bastante ingenuo pensar que era una opción volver a sacar un POT en plena coyuntura electoral, en la que solo respondería a estrategias políticas y en la que además nadie asegura que no tendrá que sortear con los impedimentos que se tuvieron este año”.

Lo cierto es que con la firma del nuevo POT por decreto comienzan de nuevo debates con respecto a la incidencia que tendrá la ciudadanía y los diferentes sectores en lo que López promete cambiar en la reglamentación, así como vendrá la carrera por su implementación, pues en juego está la legitimidad que requieren los programas para que las siguientes administraciones se comprometan a continuar los planes del POT.

Desde ya se prometen denuncias por temas estructurales, como las nuevas localidades, el futuro de la ALO y la necesidad de vivienda en la ciudad, mientras que el Distrito tendrá que tener como promesa en el nuevo año dar claridad a las incertidumbres que hoy quedan en el aire con esta nueva decisión.

La decisión de la alcaldesa Claudia López de aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por decreto genera más inconformidades y preguntas que las que surgieron durante el infructuoso trámite en el Concejo. Pese a que la mandataria resalta la necesidad de actualizar la norma e insiste en que se garantizó el debido proceso antes de firmarlo, no solo hay dudas sobre el alcance de las modificaciones que puede establecer en la reglamentación, sino que abre una polémica alrededor de su legitimidad.

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La razón: siguen los cuestionamientos por la participación ciudadana, no recibió un concepto ni positivo ni negativo del Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD) y al final no se lograron unificar las tres ponencias positivas que se alcanzaron a presentar en el Concejo.

Tal vez por esto la intervención de la mandataria tras la firma del documento se centró en explicar cuál es el contenido del nuevo POT de la ciudad y los compromisos que adquiere. “El POT, además de resolver procesos históricos, lo hace con las tres urgencias que nos puso la vida, lo que no permite aplazar más la decisión”.

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Con esto último se refiere a la deuda social, que se evidenció con el paro nacional; a la deuda ambiental y las necesidades para atender el cambio climático; a una nueva modalidad de transporte verde y multimodal; a la consolidación de las nuevas unidades de planeación local, que reemplazarán las localidades, y a la integración con los municipios cercanos, que se busca con la Región Metropolitana.

Pero lo más importante de su intervención tiene que ver con el documento que se aprobó, es decir, el que radicó en el Concejo en septiembre de este año y que no cuenta con los cambios que se acordaron en los últimos meses y que la mandataria dijo incluirán en la reglamentación del POT.

“El 95 % de las cosas que nos propuso la ciudadanía, el Concejo y los gremios están quedando incorporadas en la reglamentación que vamos a hacer”, dijo López, quien además indicó que lo primero que está en la lista es cumplir las promesas que se hicieron en el cabildo abierto, como no incrementar el tamaño mínimo de las bodegas de acopio, socializar la nueva reglamentación con los curadores y acordar nuevas reglamentaciones con los constructores. Después de elecciones se definirán los aspectos de las nuevas localidades y las 25 zonas de actividades estratégicas, donde se concentrarán los planes de renovación, entre otras cosas.

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Estos cambios y la fecha que se escogió para firmar el decreto no convencen a gremios ni a expertos. Para Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, lo que hace la alcaldesa al expedir un decreto y prometer cambios en su reglamentación “es como comprar un vestido que le queda a uno chiquito y a la vez compra retazos para arreglarlo. Eso crea mucha incertidumbre porque no sabemos ni cómo ni cuándo lo va a hacer y, además, queda la duda de qué cosas podrá modificar por decreto y que requerirán una modificación que deba ser llevada al Concejo. Esto abre una caja de Pandora, porque va a modificar el documento base”.

Algo similar opina Alejandro Callejas, director de Camacol Bogotá y Cundinamarca, para quien la aprobación del documento inicial podría afectar la oferta de vivienda en la ciudad para los próximos años. “Esa decisión va en contra de lo que le pidió todo el mundo a la alcaldesa. Cambiar el decreto a través de otras reglamentaciones es una visión equivocada de cómo se deben hacer las cosas, porque de entrada está aceptando que su proyecto tiene errores, pero por capricho político decidió sacarlo como sea”.

Desde la otra esquina, el cabildante Julián Sastoque llama la atención sobre las otras condiciones que sortearía López de no haber firmado el plan por decreto y hubiera vuelto a llevar el proyecto al Concejo. “La decisión no es una sorpresa. Era bastante ingenuo pensar que era una opción volver a sacar un POT en plena coyuntura electoral, en la que solo respondería a estrategias políticas y en la que además nadie asegura que no tendrá que sortear con los impedimentos que se tuvieron este año”.

Lo cierto es que con la firma del nuevo POT por decreto comienzan de nuevo debates con respecto a la incidencia que tendrá la ciudadanía y los diferentes sectores en lo que López promete cambiar en la reglamentación, así como vendrá la carrera por su implementación, pues en juego está la legitimidad que requieren los programas para que las siguientes administraciones se comprometan a continuar los planes del POT.

Desde ya se prometen denuncias por temas estructurales, como las nuevas localidades, el futuro de la ALO y la necesidad de vivienda en la ciudad, mientras que el Distrito tendrá que tener como promesa en el nuevo año dar claridad a las incertidumbres que hoy quedan en el aire con esta nueva decisión.