Un año y cuatro meses después, el caso de Kooby Duarte sigue lejos de obtener una resolución definitiva. El proceso en curso contra dos policías implicados en el caso, ha sido objeto de dilaciones y un desarrollo jurídico anómalo que dio un vuelco inesperado en las últimas horas.
Nota en contexto: Víctimas de violencia policial, la difícil lucha por no revictimizar y lograr justicia.
En los juzgados de Paloquemao hoy se llevó a cabo una nueva audiencia en el marco de este caso que terminó con un anuncio que sorprendió a la mamá del joven fallecido y su abogado. En el transcurso de la diligencia judicial, la Fiscalía informó que había recibido una petición por parte del brigadier general Marco Suárez para que el proceso fuera trasladado a la justicia penal militar.
En el documento que el brigadier radicó frente a la Fiscalía en mayo del presente año, se comunicó que la Policía ya comenzó una investigación interna sobre el procedimiento del que dimanó la muerte de Kooby Duarte. Por ende, conforme al cuadro argumental del brigadier, el caso es jurisdicción de la justicia penal militar y no de la ordinaria.
Esta información tomó por sorpresa al abogado Rubén Avellenada, quien no termina de entender el trasfondo de esta solicitud y la actitud de la Fiscalía frente a la misma. En entrevista con este diario, el jurista comentó que no entiende por qué el ente investigador tardó hasta 6 meses para dar a conocer esta novedad. “Yo me llevo la sorpresa de la solicitud para que el proceso pase a la justicia militar fue radicada en mayo, cuando la parte de las víctimas se mantenía totalmente desinformada sobre este hecho”.
La omisión de esta información, reclama Avellaneda, va en contra de la protección a la que por ley tienen derecho las víctimas de este tipo de procesos. Por otro lado, ya en la materia meramente legal, no hay un trasfondo jurídico coherente para que este caso pase a la justicia penal militar. A raíz de la sentencia SU190 de 2021 que profirió la Corte Constitucional, tras la muerte a manos del ESMAD de Dilan Cruz, las muertes en el marco de un abuso de fuerza por parte de las autoridades no pueden ingresar a la jurisdicción militar.
Apoyado en esta sentencia, el abogado considera que la petición por parte del brigadier es errónea y se cuestiona los lineamientos que siguió la fiscal a cargo del caso tanto para recibirla, como para retenerla durante los últimos 6 meses. Una vez culminó la audiencia, el abogado le contó a El Espectador, que trabajaría en una solicitud para que “una personería jurídica de esa instancia militar reconozca mi solicitud en la cual les argumentó el porqué ellos no son competentes para asumir el proceso por la muerte de Koobi”.
En caso de una respuesta negativa, el abogado manifiesta que escalará el caso a la Corte Constitucional a través de una acción de tutela. “Eso es lo que se busca, que la Corte Constitucional revise el caso”, manifestó el abogado.
Amenazas, atisbos de impunidad y maniobras dilatorias
En medio del proceso en curso, el abogado Avellaneda denuncia que los uniformados implicados han recurrido a maniobras dilatorias para alargar el proceso. “Han cambiado de abogados dos veces. Cuando cambian de defensor, solicitan aplazar la audiencia para que el nuevo abogado se pueda poner al tanto de los pormenores, y con eso han dilatado el proceso”, contó el abogado.
Por otra parte, tanto la patrullera Tatiana Badillo Rojas, como el uniformado Jorge Enrique Castro, no han sido separados de su cargo. Si bien, hay una imputación de la Fiscalía en contra de los dos policías por asesinato, la institución no ha considerado apartarlos de sus funciones, como usualmente ocurre en estos casos.
“Los policías siguen actuando en la Policía y estoy a punto de radicar una acción de tutela para conocer cuál fue la acción disciplinaria en contra de ellos, porque hay todo un arsenal de pruebas que comprueba que ellos actuaron irregularmente”, complementó el abogado.
En vista de estos sucesos, la mamá del joven fallecido, a través de su abogado, interpondrá una queja en contra de la fiscal Karol Pardo por omitir la información sobre la petición para cambiar la jurisdicción del caso.
La muerte de Kooby Duarte en medio de un procedimiento policial
Pasadas las 8:40 p.m. del pasado martes, Kooby salió de la universidad ECI, en donde estudiaba Ingeniería Química, y abordó su motocicleta. De manera simultánea, los radios de la Policía del sector sonaron insistentemente pidiendo presencia de uniformados sobre la avenida Caracas, entre calles 45 y 46, pues, al parecer, se estaría presentando el hurto a un automotor.
Cuando las autoridades llegaron al lugar vieron dos motocicletas detenidas a una distancia considerable entre ellas. Según indicó la Policía en un primer momento, de una de esas motocicletas habrían salido dos disparos, por lo que una patrullera que llegó al sitio accionó su arma de dotación en dos oportunidades. A pesar de que se habla de cuatro disparos y una segunda pistola, en el lugar no se habría hallado la supuesta arma o los otros casquillos.
De acuerdo con lo relatado por las autoridades, esa noche y después de los disparos, hubo una corta persecución, hasta que, cerca a la carrera 14 con calle 48, una de las motos se detuvo. Era la de Kooby. Cuando las autoridades lo alcanzaron, él habría dicho que no tenía nada y se desplomó.
Hasta ahora no se ha confirmado que Kooby haya disparado, pues en la zona no se ha encontrado ninguna otra arma. Además, dicen sus familiares, al hospital llegó sin celular, sin billetera y otras pertenencias, las cuales él sí tenía ese día, cuando le disparó la uniformada de la Policía.
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