Las manifestaciones en Bogotá y su efecto en el COVID-19

En septiembre, Bogotá ha vuelto a experimentar multitudinarias protestas, esta vez por cuenta del abuso policial del que fue víctima el abogado Javier Ordóñez. Aunque la protesta pública y pacífica es un derecho consagrado en la Constitución, es clave recordar que la pandemia continúa y con ella el llamado al distanciamiento social para salvar vidas.

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Hasta el martes, la capital contaba con 254.200 casos confirmados, lo que la mantiene, por mucho, como el territorio con las cifras más altas de COVID-19 del país. Esto responde a diversos factores, como la cantidad de su población, por lo que una mirada más acertada sería analizar el comportamiento según la tasa por habitantes.

Teniendo en cuenta esa relación, los casos activos en la capital se estiman en 457,5 por cada 100.000 habitantes; la tasa de mortalidad en hombres es de 104 y en mujeres de 52,2.

Para conocer el efecto que causarían las manifestaciones en el COVID-19, El Espectador consultó a varios expertos. Uno de ellos la epidemióloga Silvana Zapata Bedoya. Esta profesional, echando mano de una plataforma de modelación de la Universidad EAFIT, la cual tiene en cuenta variables como la probabilidad de salir a la calle, el uso de tapabocas y el número de interacciones promedio, entre otras, estima que Bogotá podría superar los 313.000 casos para el 11 de octubre, es decir, 58.800 más de los que registraron el 21 de septiembre. Hay que tener presente que, en promedio, la ciudad reporta el incremento de unos 1.000 casos cada día.

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Zapata advierte que estos modelos son dinámicos y que “depende de nosotros cambiarlos, o no, con nuestro comportamiento. Especialmente con el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el evitar espacios cerrados, concurridos y de contacto cercano”. Su modelaje también le permite ver que el COVID-19 en Bogotá va a registrar múltiples oleadas, sobre todo a finales de septiembre y principios de octubre, pues el efecto de las aglomeraciones en las protestas tardarían en manifestarse entre dos y tres semanas.

Sin embargo, asegura que el pico que se experimentará no será tan grave como por el que ya pasó la ciudad, por lo que Bogotá no volvería a una cuarentena estricta. Para ella y otros expertos, los indicadores más importantes ahora son la mortalidad y el número de personas hospitalizadas. En lo último, la capital ha experimentado una constante mejora, pues la ocupación de las UCI (según la base de datos del Distrito) pasó de alcanzar su punto más alto, que fue del 93,2 %, el 26 de julio, a consolidar cerca del 54 % en los últimos días. Zapata prevé que, por los rebrotes intensificados a causa de las manifestaciones, esta curva volvería a ser ascendente, hasta llegar incluso al 80 %.

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Para Jorge Martín Rodríguez, profesor investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, en estos momentos la ciudad tiene a su favor un servicio de salud más preparado, más laboratorios y la ejecución del PRASS (Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible), aunque el lunes la alcaldesa comunicó que se cambiará de estrategia, pues la ciudad pasará a DAR, la cual consiste en una ruta que arranca con la ‘Detección’ de síntomas , el ‘Aislamiento’ de sintomáticos (ya no se requerirá prueba) y el ‘Reporte’ de los mismos para la realización del cerco epidemiológico.

“No podemos bajar la guardia, la pandemia sigue pero por términos económicos, sociales y psicológicos, entre otros, tenemos que convivir con esta situación”, asegura Martín.

Estas mejoras, sobre todo la que tiene que ver con la ocupación de UCI, le permiten al Distrito seguir maniobrando con su estrategia de los cupos epidemiológicos, la cual consiste en analizar el riesgo de propagación del virus que representa cada actividad económica, conglomerarlas y, con base en eso, asignar unos turnos para que cada una pueda funcionar en la “nueva realidad”.

El lunes también se conocieron noticias en esta materia, pues todas las actividades económicas, según el horario asignado, podrán operar los siete días de la semana, además del levantamiento del pico y cédula y el permiso para que las iglesias y gimnasios puedan reactivarse, entre otros anuncios.

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Gómez anticipó a este medio que en los próximos días se espera una redistribución de UCI, es decir, tomar parte de las que son para pacientes de COVID y ponerlas al servicio de procedimientos quirúrgicos de mediana y alta complejidad que habían sido suspendidos por cuenta de la pandemia y que, en las últimas semanas, se han vuelto a proporcionar. Ejemplo de estos son las cirugías de cadera, corazón, cirugías para tratamiento de cáncer y trasplantes.

“Respetamos la protesta es ciudadana, pero el riesgo en materia de COVID sigue allí. De modo que la recomendación para todos los actores sociales es que conservemos la calma, y que si hay expresiones de inconformidad, estas sean lo más civilistas posibles y eviten en todo caso las aglomeraciones y confrontaciones”, concluyó el secretario.

Los expertos hacen un llamado a pensar nuevas formas de protesta, pues las aglomeraciones representan un alto riesgo de propagación. A esto se suma la limitación de las UCI por cuenta de la violencia, ya que en la semana de indignación por el abuso policial, las IPS de Bogotá atendieron más de 520 lesionados, entre civiles y policías, de los cuales 270 siguen hospitalizados.

En septiembre, Bogotá ha vuelto a experimentar multitudinarias protestas, esta vez por cuenta del abuso policial del que fue víctima el abogado Javier Ordóñez. Aunque la protesta pública y pacífica es un derecho consagrado en la Constitución, es clave recordar que la pandemia continúa y con ella el llamado al distanciamiento social para salvar vidas.

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Hasta el martes, la capital contaba con 254.200 casos confirmados, lo que la mantiene, por mucho, como el territorio con las cifras más altas de COVID-19 del país. Esto responde a diversos factores, como la cantidad de su población, por lo que una mirada más acertada sería analizar el comportamiento según la tasa por habitantes.

Teniendo en cuenta esa relación, los casos activos en la capital se estiman en 457,5 por cada 100.000 habitantes; la tasa de mortalidad en hombres es de 104 y en mujeres de 52,2.

Para conocer el efecto que causarían las manifestaciones en el COVID-19, El Espectador consultó a varios expertos. Uno de ellos la epidemióloga Silvana Zapata Bedoya. Esta profesional, echando mano de una plataforma de modelación de la Universidad EAFIT, la cual tiene en cuenta variables como la probabilidad de salir a la calle, el uso de tapabocas y el número de interacciones promedio, entre otras, estima que Bogotá podría superar los 313.000 casos para el 11 de octubre, es decir, 58.800 más de los que registraron el 21 de septiembre. Hay que tener presente que, en promedio, la ciudad reporta el incremento de unos 1.000 casos cada día.

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Zapata advierte que estos modelos son dinámicos y que “depende de nosotros cambiarlos, o no, con nuestro comportamiento. Especialmente con el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el evitar espacios cerrados, concurridos y de contacto cercano”. Su modelaje también le permite ver que el COVID-19 en Bogotá va a registrar múltiples oleadas, sobre todo a finales de septiembre y principios de octubre, pues el efecto de las aglomeraciones en las protestas tardarían en manifestarse entre dos y tres semanas.

Sin embargo, asegura que el pico que se experimentará no será tan grave como por el que ya pasó la ciudad, por lo que Bogotá no volvería a una cuarentena estricta. Para ella y otros expertos, los indicadores más importantes ahora son la mortalidad y el número de personas hospitalizadas. En lo último, la capital ha experimentado una constante mejora, pues la ocupación de las UCI (según la base de datos del Distrito) pasó de alcanzar su punto más alto, que fue del 93,2 %, el 26 de julio, a consolidar cerca del 54 % en los últimos días. Zapata prevé que, por los rebrotes intensificados a causa de las manifestaciones, esta curva volvería a ser ascendente, hasta llegar incluso al 80 %.

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Para Jorge Martín Rodríguez, profesor investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, en estos momentos la ciudad tiene a su favor un servicio de salud más preparado, más laboratorios y la ejecución del PRASS (Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible), aunque el lunes la alcaldesa comunicó que se cambiará de estrategia, pues la ciudad pasará a DAR, la cual consiste en una ruta que arranca con la ‘Detección’ de síntomas , el ‘Aislamiento’ de sintomáticos (ya no se requerirá prueba) y el ‘Reporte’ de los mismos para la realización del cerco epidemiológico.

“No podemos bajar la guardia, la pandemia sigue pero por términos económicos, sociales y psicológicos, entre otros, tenemos que convivir con esta situación”, asegura Martín.

Estas mejoras, sobre todo la que tiene que ver con la ocupación de UCI, le permiten al Distrito seguir maniobrando con su estrategia de los cupos epidemiológicos, la cual consiste en analizar el riesgo de propagación del virus que representa cada actividad económica, conglomerarlas y, con base en eso, asignar unos turnos para que cada una pueda funcionar en la “nueva realidad”.

El lunes también se conocieron noticias en esta materia, pues todas las actividades económicas, según el horario asignado, podrán operar los siete días de la semana, además del levantamiento del pico y cédula y el permiso para que las iglesias y gimnasios puedan reactivarse, entre otros anuncios.

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“Respetamos la protesta es ciudadana, pero el riesgo en materia de COVID sigue allí. De modo que la recomendación para todos los actores sociales es que conservemos la calma, y que si hay expresiones de inconformidad, estas sean lo más civilistas posibles y eviten en todo caso las aglomeraciones y confrontaciones”, concluyó el secretario.

Los expertos hacen un llamado a pensar nuevas formas de protesta, pues las aglomeraciones representan un alto riesgo de propagación. A esto se suma la limitación de las UCI por cuenta de la violencia, ya que en la semana de indignación por el abuso policial, las IPS de Bogotá atendieron más de 520 lesionados, entre civiles y policías, de los cuales 270 siguen hospitalizados.