Las maniobras para comenzar la descontaminación del río Bogotá

Es una paradoja. Un proceso que busca desenterrar los vestigios de uno de los cuestionados contratos de Odebrecht en Colombia, permitirá pagar una deuda con los capitalinos: avanzar en la descontaminación del río Bogotá. Se trata de la operación que adelanta la Empresa de Acueducto, de desguazar y sacar pieza por pieza dos tuneladoras que cumplen siete años enterradas a 70 metros de profundidad, en un predio ubicado en límites con el vecino municipio de Soacha.

Estas máquinas, que se convirtieron en el ícono de cómo se estancan obras claves para la capital, se usaron para construir dos enormes túneles (interceptores) que servirán para transportar las aguas negras del centro y del sur de Bogotá a la esperada Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Tunjuelo-Canoas. No obstante, fallas en la planeación llevaron a que un magistrado diera la orden de suspender los trabajos cuando estaban en un 95 % de ejecución. Ahora, otro fallo obliga al Distrito a desenterrarlas.

Las imágenes de cómo se viene adelantando la extracción tienen una larga historia, que comenzó en 2009, cuando se adjudicó al Consorcio Canoas (conformado por CASS Constructores y la Constructora Odebrecht S.A. Colombia) el contrato para construir el interceptor . Hoy se tienen versiones de que el consorcio supuestamente pagó sobornos por $20.000 millones para quedarse con el contrato. En principio, la obra se vendió como uno de los principales proyectos para descontaminar los ríos Tunjuelo y Bogotá, pues la red de túneles y pozos evitaría que las aguas residuales se vertieran directamente a estos afluentes. A pesar de la complejidad del proyecto, se calculó que tardaría tres años en realizarse y estaría operando en 2012.

Para iniciar, llevaron al terreno dos máquinas tuneladoras. Una, especial para terrenos blandos, con la que se construiría el túnel principal, de 9 kilómetros de largo y 4,2 metros de diámetro, por el que se transportarían las aguas negras del río Tunjuelo hasta la PTAR. La segunda, especial para terrenos rocosos, haría el túnel de emergencia entre el predio Canoas y el río Bogotá en la zona del Charquito, cerca del Salto del Tequendama, con una longitud de 200 metros y un diámetro de 3,2 metros. Los trabajos se iniciaron de acuerdo con el cronograma.

Cuando las tuneladoras estaban próximas a ver la luz, llegaron los contratiempos. El diseño original contemplaba que los túneles llegaran hasta un predio en el que se construirían la PTAR y una planta elevadora, para llevar las aguas residuales tratadas al embalse del Muña, con lo que se favorecería Emgesa en su tarea de producción de energía. Sin embargo, la Empresa de Acueducto no logró adquirir a tiempo el terreno denominado Invías, lo que generó los primeros retrasos y un evidente desajuste del presupuesto.

Como alternativa, el Acueducto planteó construir la PTAR en un predio denominado El Charquito, que pese a implicar un cambio de diseños, resultaba más económico para la ciudad. No obstante, este cambio afectaba los planes de construir la planta elevadora que esperaba Emgesa. A la necesidad de tener una alternativa urgente debido a la falta de predios, el Acueducto sumó otra justificación: el Distrito no tenía la obligación de invertir dineros públicos e incluso aumentar las tarifas de aseo 6,4 % para incluir una obra que sólo beneficiaría a la hidroeléctrica.

El pleito llegó a los tribunales y en respuesta a una acción popular, el Consejo de Estado ordenó suspender la obra hasta que se aclararan los diseños, la ubicación, las especificaciones técnicas, las financieras y las ambientales. A la par, el contratista convocó a un tribunal de arbitramento para reclamarle al Distrito que le pagara el contrato, ya que la parálisis de la obra no era su culpa. Los árbitros le dieron la razón al consorcio y concluyeron que la falta de gestión de la Empresa de Acueducto para adquirir el predio produjo retrasos e impedimentos para terminar el interceptor, por lo que obligó a la administración a indemnizar al constructor con $11.800 millones. Finalmente, el Consejo de Estado ordenó en 2012 la entrega inmediata del predio Invías al constructor y pidió al Distrito abrir el pozo para extraer las máquinas enterradas a más de 70 metros de profundidad.

Pasaron seis años en los que no ocurrió nada. Las máquinas quedaron enterradas y la construcción de la PTAR Canoas en el tintero. Sólo en marzo del año pasado se inició el proceso de extracción, para el que se destinaron $24.000 millones. Según el Acueducto, lo primero fue abrir un pozo de 70 metros de profundidad y 31 metros de diámetro, para llegar hasta el sitio dónde estaban las tuneladoras y poder sacarlas a pedazos.

Actualmente se encuentran en esta etapa. Los ingenieros comenzaron con la máquina que está a menor profundidad, la cual desarmaron y sacaron los accesorios (que miden 100 metros o casi tres buses de Transmilenio). De la segunda y más pequeña ya se extrajo la parte frontal, que la componen el disco de corte y los escudos. Para terminar, faltan las partes traseras, que deben sacar del pozo a más tardar en mayo.

Una vez concluya este proceso, se podrá terminar el 5 % de la obra pendiente desde 2012. Se trata de un conector entre los dos túneles, con el que se busca restarle energía y velocidad al agua que transitará por los ductos. Finalmente se tapará el pozo por donde están sacando las máquinas, con lo que se dará por terminado el interceptor. Lo que sigue es la construcción de la planta elevadora, para la cual se abrirá la licitación el próximo 28 de febrero, proceso que, de acuerdo con María Carolina Castillo, gerente del Acueducto, se hará en compañía de Emgesa, que participará del desarrollo de la contratación y la parte técnica de la obra.

Queda pendiente la construcción de la PTAR Canoas, para la cual el Distrito, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Gobernación firmaron a finales del año pasado un convenio que, en principio, asegura los $4,5 billones necesarios para la obra que trataría el 70 % de las aguas residuales que llegan al río Bogotá. Para abrir la licitación a finales del año, sólo resta que el Acueducto pida ante el Concejo de Bogotá nuevas vigencias futuras y que suscriba el convenio de cofinanciación con la CAR. De cumplir con este plan y empezar obras el próximo año, la planta tendría que estar en funcionamiento en 2023, año en el que comenzaría realmente la descontaminación del río Bogotá.

Es una paradoja. Un proceso que busca desenterrar los vestigios de uno de los cuestionados contratos de Odebrecht en Colombia, permitirá pagar una deuda con los capitalinos: avanzar en la descontaminación del río Bogotá. Se trata de la operación que adelanta la Empresa de Acueducto, de desguazar y sacar pieza por pieza dos tuneladoras que cumplen siete años enterradas a 70 metros de profundidad, en un predio ubicado en límites con el vecino municipio de Soacha.

Estas máquinas, que se convirtieron en el ícono de cómo se estancan obras claves para la capital, se usaron para construir dos enormes túneles (interceptores) que servirán para transportar las aguas negras del centro y del sur de Bogotá a la esperada Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Tunjuelo-Canoas. No obstante, fallas en la planeación llevaron a que un magistrado diera la orden de suspender los trabajos cuando estaban en un 95 % de ejecución. Ahora, otro fallo obliga al Distrito a desenterrarlas.

Las imágenes de cómo se viene adelantando la extracción tienen una larga historia, que comenzó en 2009, cuando se adjudicó al Consorcio Canoas (conformado por CASS Constructores y la Constructora Odebrecht S.A. Colombia) el contrato para construir el interceptor . Hoy se tienen versiones de que el consorcio supuestamente pagó sobornos por $20.000 millones para quedarse con el contrato. En principio, la obra se vendió como uno de los principales proyectos para descontaminar los ríos Tunjuelo y Bogotá, pues la red de túneles y pozos evitaría que las aguas residuales se vertieran directamente a estos afluentes. A pesar de la complejidad del proyecto, se calculó que tardaría tres años en realizarse y estaría operando en 2012.

Para iniciar, llevaron al terreno dos máquinas tuneladoras. Una, especial para terrenos blandos, con la que se construiría el túnel principal, de 9 kilómetros de largo y 4,2 metros de diámetro, por el que se transportarían las aguas negras del río Tunjuelo hasta la PTAR. La segunda, especial para terrenos rocosos, haría el túnel de emergencia entre el predio Canoas y el río Bogotá en la zona del Charquito, cerca del Salto del Tequendama, con una longitud de 200 metros y un diámetro de 3,2 metros. Los trabajos se iniciaron de acuerdo con el cronograma.

Cuando las tuneladoras estaban próximas a ver la luz, llegaron los contratiempos. El diseño original contemplaba que los túneles llegaran hasta un predio en el que se construirían la PTAR y una planta elevadora, para llevar las aguas residuales tratadas al embalse del Muña, con lo que se favorecería Emgesa en su tarea de producción de energía. Sin embargo, la Empresa de Acueducto no logró adquirir a tiempo el terreno denominado Invías, lo que generó los primeros retrasos y un evidente desajuste del presupuesto.

Como alternativa, el Acueducto planteó construir la PTAR en un predio denominado El Charquito, que pese a implicar un cambio de diseños, resultaba más económico para la ciudad. No obstante, este cambio afectaba los planes de construir la planta elevadora que esperaba Emgesa. A la necesidad de tener una alternativa urgente debido a la falta de predios, el Acueducto sumó otra justificación: el Distrito no tenía la obligación de invertir dineros públicos e incluso aumentar las tarifas de aseo 6,4 % para incluir una obra que sólo beneficiaría a la hidroeléctrica.

El pleito llegó a los tribunales y en respuesta a una acción popular, el Consejo de Estado ordenó suspender la obra hasta que se aclararan los diseños, la ubicación, las especificaciones técnicas, las financieras y las ambientales. A la par, el contratista convocó a un tribunal de arbitramento para reclamarle al Distrito que le pagara el contrato, ya que la parálisis de la obra no era su culpa. Los árbitros le dieron la razón al consorcio y concluyeron que la falta de gestión de la Empresa de Acueducto para adquirir el predio produjo retrasos e impedimentos para terminar el interceptor, por lo que obligó a la administración a indemnizar al constructor con $11.800 millones. Finalmente, el Consejo de Estado ordenó en 2012 la entrega inmediata del predio Invías al constructor y pidió al Distrito abrir el pozo para extraer las máquinas enterradas a más de 70 metros de profundidad.

Pasaron seis años en los que no ocurrió nada. Las máquinas quedaron enterradas y la construcción de la PTAR Canoas en el tintero. Sólo en marzo del año pasado se inició el proceso de extracción, para el que se destinaron $24.000 millones. Según el Acueducto, lo primero fue abrir un pozo de 70 metros de profundidad y 31 metros de diámetro, para llegar hasta el sitio dónde estaban las tuneladoras y poder sacarlas a pedazos.

Actualmente se encuentran en esta etapa. Los ingenieros comenzaron con la máquina que está a menor profundidad, la cual desarmaron y sacaron los accesorios (que miden 100 metros o casi tres buses de Transmilenio). De la segunda y más pequeña ya se extrajo la parte frontal, que la componen el disco de corte y los escudos. Para terminar, faltan las partes traseras, que deben sacar del pozo a más tardar en mayo.

Una vez concluya este proceso, se podrá terminar el 5 % de la obra pendiente desde 2012. Se trata de un conector entre los dos túneles, con el que se busca restarle energía y velocidad al agua que transitará por los ductos. Finalmente se tapará el pozo por donde están sacando las máquinas, con lo que se dará por terminado el interceptor. Lo que sigue es la construcción de la planta elevadora, para la cual se abrirá la licitación el próximo 28 de febrero, proceso que, de acuerdo con María Carolina Castillo, gerente del Acueducto, se hará en compañía de Emgesa, que participará del desarrollo de la contratación y la parte técnica de la obra.

Queda pendiente la construcción de la PTAR Canoas, para la cual el Distrito, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Gobernación firmaron a finales del año pasado un convenio que, en principio, asegura los $4,5 billones necesarios para la obra que trataría el 70 % de las aguas residuales que llegan al río Bogotá. Para abrir la licitación a finales del año, sólo resta que el Acueducto pida ante el Concejo de Bogotá nuevas vigencias futuras y que suscriba el convenio de cofinanciación con la CAR. De cumplir con este plan y empezar obras el próximo año, la planta tendría que estar en funcionamiento en 2023, año en el que comenzaría realmente la descontaminación del río Bogotá.