Las razones de la Corte para suspender la licitación de las basuras

Tal y como hizo con la licitación para la operación del relleno sanitario Doña Juana, de nuevo la Corte Constitucional le ordena al Distrito la suspensión de un proceso contractual, esta vez el de la recolección de las basuras. El negocio de $2,5 billones (el más grande que se entregará este año en la ciudad) debía ser adjudicado el próximo martes, pero el alto tribunal considera que persisten interrogantes sobre si el trámite está beneficiando o no a la población recicladora y por lo tanto le pidió la explicación respectiva a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

En el auto —fechado el pasado jueves— que ordena la suspensión de la licitación, la Corte responde a una tutela interpuesta por Nohra Padilla, líder de los recicladores, quien considera que el pliego de condiciones no tiene en cuenta suficientemente a ese sector.

Los magistrados creen que persisten “dudas fundadas” sobre el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte en la sentencia T-724 de 2003 y en el auto 268 de 2010. Ambas decisiones piden a la Uaesp, o a la entidad del Distrito que haga sus veces, que siempre que se trate de contratación de servicios públicos de aseo incluya acciones afirmativas a favor de los recicladores de Bogotá. Además, el tribunal le pide a la Procuraduría que vigile que se cumpla dicha medida.

La sentencia T-724 fue la base de más de 25 acciones de tutela que los recicladores, liderados la mayoría de las veces por Nohra Padilla, interpusieron en contra de la licitación del relleno Doña Juana, exigiendo más participación en el negocio, con las cuales lograron parar el proceso en al menos dos ocasiones. Una situación que fue calificada en su momento por algunos concejales miembros de la Comisión Accidental de Basuras como “tutelitis”.

La historia parece repetirse ahora con el proceso de las basuras, que ya ha enfrentado con éxito 15 tutelas y al cual le queda pendiente esta última que motivó la orden de suspensión por parte de la Corte.

En el auto se pide a la Uaesp que informe a cualquier despacho judicial que adelante acciones de tutela que la competencia al respecto es de la Corte, es decir, que sólo el alto tribunal podrá seguir tomando decisiones sobre la constitucionalidad de la licitación. La Unidad también deberá responder en concreto cuáles son las “acciones afirmativas” que en el negocio benefician a los recicladores.

Juan Carlos Junca, el nuevo director de la Uaesp, se las adelantó a El Espectador: según el funcionario, los recicladores fueron incluidos en el pliego de condiciones de tres maneras. Primero, se les exige a los oferentes que les den una participación en el consorcio mínima del 5%. Segundo, se tuvo en cuenta a toda la población recicladora y no sólo a los censados por el Distrito. Y tercero, la Unidad promete que la licitación generará 3.600 nuevos empleos a dichas minorías.

El negocio de las basuras busca las empresas que se encargarán de recoger los residuos sólidos domiciliarios en la ciudad durante los próximos siete años. La Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA) autorizó que Bogotá quedara dividida en seis zonas —llamadas Áreas de Servicio Exclusivo (Ases)— para dicha operación. Son 13 los oferentes que pelean por quedarse con máximo dos Ases.

El problema es que a los actuales operadores (Ciudad Limpia, Atesa, Lime y Aseo Capital) se les vencen los contratos y la autorización de las Ases el próximo 15 de septiembre, lo que quiere decir que, si para esa fecha no se ha adjudicado la licitación, se abriría el negocio a una libre competencia en la que las empresas podrían entrar a operar en cualquier parte de Bogotá.

Los retrasos en la licitación (que tenía que haber sido adjudicada hace un año) motivaron la prórroga de los contratos de los cuatro operadores, que originalmente terminaban labores en septiembre de 2010. En momentos en los que una nueva prórroga parece inminente, concejales como Antonio Sanguino creen que los únicos perjudicados serán los usuarios: “La CRA autorizó una disminución del 19% en las tarifas, pero sólo cuando entren a operar los nuevos contratistas. Mientras tanto, los actuales seguirían quedándose con esa diferencia”.

En la Uaesp no confirman ni descartan una nueva prórroga. Lo que sí promete su nuevo director a la ciudad es que jamás se presentará una emergencia sanitaria.

Tal y como hizo con la licitación para la operación del relleno sanitario Doña Juana, de nuevo la Corte Constitucional le ordena al Distrito la suspensión de un proceso contractual, esta vez el de la recolección de las basuras. El negocio de $2,5 billones (el más grande que se entregará este año en la ciudad) debía ser adjudicado el próximo martes, pero el alto tribunal considera que persisten interrogantes sobre si el trámite está beneficiando o no a la población recicladora y por lo tanto le pidió la explicación respectiva a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

En el auto —fechado el pasado jueves— que ordena la suspensión de la licitación, la Corte responde a una tutela interpuesta por Nohra Padilla, líder de los recicladores, quien considera que el pliego de condiciones no tiene en cuenta suficientemente a ese sector.

Los magistrados creen que persisten “dudas fundadas” sobre el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte en la sentencia T-724 de 2003 y en el auto 268 de 2010. Ambas decisiones piden a la Uaesp, o a la entidad del Distrito que haga sus veces, que siempre que se trate de contratación de servicios públicos de aseo incluya acciones afirmativas a favor de los recicladores de Bogotá. Además, el tribunal le pide a la Procuraduría que vigile que se cumpla dicha medida.

La sentencia T-724 fue la base de más de 25 acciones de tutela que los recicladores, liderados la mayoría de las veces por Nohra Padilla, interpusieron en contra de la licitación del relleno Doña Juana, exigiendo más participación en el negocio, con las cuales lograron parar el proceso en al menos dos ocasiones. Una situación que fue calificada en su momento por algunos concejales miembros de la Comisión Accidental de Basuras como “tutelitis”.

La historia parece repetirse ahora con el proceso de las basuras, que ya ha enfrentado con éxito 15 tutelas y al cual le queda pendiente esta última que motivó la orden de suspensión por parte de la Corte.

En el auto se pide a la Uaesp que informe a cualquier despacho judicial que adelante acciones de tutela que la competencia al respecto es de la Corte, es decir, que sólo el alto tribunal podrá seguir tomando decisiones sobre la constitucionalidad de la licitación. La Unidad también deberá responder en concreto cuáles son las “acciones afirmativas” que en el negocio benefician a los recicladores.

Juan Carlos Junca, el nuevo director de la Uaesp, se las adelantó a El Espectador: según el funcionario, los recicladores fueron incluidos en el pliego de condiciones de tres maneras. Primero, se les exige a los oferentes que les den una participación en el consorcio mínima del 5%. Segundo, se tuvo en cuenta a toda la población recicladora y no sólo a los censados por el Distrito. Y tercero, la Unidad promete que la licitación generará 3.600 nuevos empleos a dichas minorías.

El negocio de las basuras busca las empresas que se encargarán de recoger los residuos sólidos domiciliarios en la ciudad durante los próximos siete años. La Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA) autorizó que Bogotá quedara dividida en seis zonas —llamadas Áreas de Servicio Exclusivo (Ases)— para dicha operación. Son 13 los oferentes que pelean por quedarse con máximo dos Ases.

El problema es que a los actuales operadores (Ciudad Limpia, Atesa, Lime y Aseo Capital) se les vencen los contratos y la autorización de las Ases el próximo 15 de septiembre, lo que quiere decir que, si para esa fecha no se ha adjudicado la licitación, se abriría el negocio a una libre competencia en la que las empresas podrían entrar a operar en cualquier parte de Bogotá.

Los retrasos en la licitación (que tenía que haber sido adjudicada hace un año) motivaron la prórroga de los contratos de los cuatro operadores, que originalmente terminaban labores en septiembre de 2010. En momentos en los que una nueva prórroga parece inminente, concejales como Antonio Sanguino creen que los únicos perjudicados serán los usuarios: “La CRA autorizó una disminución del 19% en las tarifas, pero sólo cuando entren a operar los nuevos contratistas. Mientras tanto, los actuales seguirían quedándose con esa diferencia”.

En la Uaesp no confirman ni descartan una nueva prórroga. Lo que sí promete su nuevo director a la ciudad es que jamás se presentará una emergencia sanitaria.