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Los indígenas asentados en el Parque Nacional van a completar un mes en ese sitio, y están lejos de encontrar alternativas; se han agudizado las tensiones, por las condiciones en las que están, y la inminencia de un desalojo, ya que el Distrito se mantiene que no negociará con ellos.
Esto ha tenido varias implicaciones. En primera instancia, se ofreció alojamiento temporal en el parque La Florida, en el occidente de la ciudad, mientras la Unidad de Víctimas realiza la identificación para comenzar el retorno y la entrega de ayudas a quienes se queden. Al respecto, el director de la Unidad, Ramón Rodríguez, indicó que se están estructurando los planes para su regreso, que a finales de noviembre comenzaría el proceso.
A esta opción solo se acogieron los embera-chamís. En el Parque Nacional se quedaron los katíos y otras 12 comunidades que integran el grupo, que denominaron Autoridades Indígenas de Bakatá y que tienen solicitudes adicionales, por lo que pidieron al Distrito un diálogo para buscar soluciones, pero no se ha aceptado.
Ante esto, lo que avanzó fue una acción para el restablecimiento del espacio público, promovida por los vecinos. Se intentaron hacer tres audiencias públicas, la última ayer, pero no llegaron los indígenas. Allí se decidió que se haría el desalojo, pero cuando la Unidad de Víctimas haga la caracterización, para definir la oferta institucional y se garantice un nuevo sitio transitorio, con condiciones mínimas.
Si bien esto vuelve a dejar en el limbo el traslado de los indígenas, dado que los que están en el parque no han permitido su identificación, detrás de las tensiones hay otros conflictos que requieren atención.
Las comunicaciones
Desde que llegaron al Parque Nacional, comunidades indígenas como la wayuu, kubeo, yanakona, koreguaje y nasa pidieron al Distrito una mesa de diálogo, con tres solicitudes: garantizar el retorno y la reparación, el reasentamiento a través de arriendos transitorios o el traslado a un lugar que pueda albergar al colectivo y garantizar su participación en la implementación de la política pública indígena en la ciudad. La importancia de ese último punto radica en que buscan reconocimiento como interlocutores de las comunidades indígenas que integran el grupo, para participar en la estructuración de acciones distritales, lo que originó discrepancias.
Los primeros fueron los del cabildo indígena muisca de Bosa. En una carta del 7 de octubre, que firmó la lideresa Ángela Chiguasuque, mostraron preocupación por la situación de los indígenas en el parque, pero pidieron al Gobierno no dar reconocimiento a las Autoridades Indígenas de Bakatá, dado que no contarían con la legitimidad de los gobiernos de sus lugares de origen ni del Ministerio del Interior. “Ponen en riesgo la unidad de los pueblos y reivindicaciones como sujetos colectivos de derechos sobre intereses personales”, señalaron.
Cinco días después, la Asociación de Cabildos Indígenas Embera-katío de Chocó enviaron un comunicado en el que piden “no dar actas de posesión a comunidades de sus zonas sin el debido proceso” y desconocer a los líderes de las familias desplazadas en Bogotá. “Quien motive al desconocimiento de las autoridades legítimas estará sujeto a las sanciones y los procesos de armonización que el pueblo embera manifieste en su jurisdicción especial indígena”.
Por último, emitieron una resolución, en la que hacen señalamientos como que hay familias que salen por su propia voluntad a las grandes ciudades y se declaran víctimas del conflicto sin serlo, por lo que piden a las autoridades cerciorarse de la legitimidad de las declaraciones y garantizar el retorno de quienes están en mendicidad.
En parte, esto dio pie para que el Distrito se mantuviera en no negociar, por ahora. “No solo instrumentalizan políticamente a niños, exponiéndolos al sol y al agua, cuando podrían estar en un albergue en La Florida”, indicó el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, quien agregó que garantizaría el diálogo “con el proceso de reconocimiento político que aspira la organización Bakatá” mientras no se expongan a los menores de edad.
Ante estos señalamientos, Jairo Montañez, uno de los líderes e integrante de las Autoridades Indígenas de Bakatá, dijo que el carácter político de la discusión se lo estaría dando el Distrito y que Gómez estaría calumniándolos sobre la instrumentalización de los niños. “De forma repetitiva les hemos dichos que el traslado a La Florida no es la mejor opción. Estamos pidiendo garantías, porque es evidente que desconocen nuestras problemáticas”.
En cuanto a las comunicaciones de los cabildos, explica que los muiscas no les pueden impedir crear una nueva autoridad, mientras que la organización embera no sería la autoridad territorial competente para hacer esas aseveraciones. “Tenemos un comunicado contrario al de la asociación de cabildos, que no representa a la autoridad y solo tiene carácter administrativo. El que tenemos sí tiene un marco legítimo y registro en el Ministerio, para emitir conceptos, en el que se le da potestad de autoridad a Leonival Campo”.
Por ello, la respuesta de los indígenas es que solo se moverán del parque hasta que les den garantías. Lo clave ahora será la caracterización, con la que se podrá ir adelantando el proceso, pero sobre la mesa queda la otra concertación, que involucraría a más comunidades indígenas.
