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A las recusaciones que han retrasado la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el Concejo, se suman una serie de acciones judiciales en contra de lo que propone el Distrito. Además, crece el temor entre los cabildantes y la ciudadanía por las condiciones en que se aprobaría el proyecto por decreto, ya que no queda tiempo para discutirlo.
El POT es clave para la ciudad, pues es el instrumento que define como crecerá la ciudad en los próximos 12 años y aunque las últimas dos administraciones han presentado propuestas para modificarlo, se cayeron en el Concejo.
En esta ocasión el problema no es que la administración no tenga apoyo en el cabildo, sino que desde hace un mes, la votación del articulado en la Comisión del Plan se ha dilatado por recusaciones, impedimentos y tutelas que han aparecido. Cuando esto ocurre se debe cerrar la sesión y convocar a plenaria para resolverlas y de ahí no ha pasado la discusión.
Entre todos se han echado la culpa. La alcaldesa ha señalado a las cabildantes de la Colombia Humana por una recusación contra todos los concejales que está membreteada con los logos de su partido, mientras que desde la oposición han indicado que los únicos beneficiados de las dilaciones son los del Distrito.
Del otro lado, no ha pasado desapercibido el fuerte choque dentro de la Alianza Verde por la ley de bancadas que impediría a los cabildantes opositores del partido a ir en contra del proyecto. De esto salió una denuncia del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, contra Martín Rivera, debido a que en una de las discusiones el concejal señaló que el funcionario le ofreció puestos dentro del Distrito cuando inició el Gobierno.
Las acciones judiciales
Lo primero en prosperar fue una demanda que admitió la Corte Constitucional y que interpusieron los cabildantes Lucía Bastidas, Emel Rojas, Heidy Sánchez, Carlos Carrillo y Andrés Forero en contra de la reforma al Estatuto orgánico, que le permitió a la alcaldesa incluir el cambio de las localidades en el Plan de Ordenamiento Territorial.
Dentro de sus argumentos, señalan que este aval le quita las competencias al Concejo para definir la pertinencia de ampliar el número de localidades, ya que los obligaría a aprobar el proyecto sin cuestionar los argumentos del Distrito para hacer el cambio.
Por otro lado, apareció una tutela de Ericsson Ernesto Mena Garzón quien solicitaba medidas cautelares y la suspensión inmediata del proyecto POT, aludiendo a que no hubo participación ciudadana y que lo que presentó la Alcaldía no tiene estudios de aguas subterráneas, afectación a la flora y la cobertura vegetal rasante en la ciudad e impacto al suelo entre otras cosas, que finalmente terminó desestimando un juez este viernes 3 de diciembre.
Por el mismo camino, el juzgado 47 penal municipal aceptó estudiar una tutela radicada por Pablo Elías Rueda Montenegro alega que no hubo debido proceso, así como existió una falsa motivación y una extralimitación de funciones en el proyecto POT radicado. Aunque solicitaron medidas cautelares, esto último no fue aceptado.
Por último, está una tutela interpuesta por Andrea López y Oscar David Riveros, en nombre de los vendedores ambulantes, que se enfoca en la participación que tuvo esta población en la estructuración del proyecto, así como tampoco en los puntos del POT enfocados en el espacio público. “Desde que comenzó la reactivación económica y revisando el articulado, evidenciamos que no hay ninguna posibilidad para que nosotros como trabajadores informales podamos seguir haciendo nuestra labor. Tampoco se tiene en cuenta que la ley especifica que no nos puedes sacar de la informalidad si no queremos hacerlo”.
Este domingo se resolvieron, dos de las más de 60 recusaciones e impedimentos que se han presentado en medio de la discusión del POT, que cada vez está más lejos, no solo de discutirse en la plenaria del cabildo sino además dentro de la Comisión del Plan, lo que queda cada vez más abierta la posibilidad a que termine aprobado por decreto sin ninguna de las modificaciones que se han planteado en estos últimos tres meses y/o se han acordado con gremios y comunidades.
Por eso, 15 concejales enviaron una carta a la alcaldesa Claudia López solicitando retirar el proyecto, no solo por las condiciones en las que se ha dilatado la discusión, sino además por la posibilidad que han planteado de no aprobar el proyecto inicial sino aquel que se concertó con dos de las tres ponencias positivas.
“Hacer cambios al proyecto presentado a partir de lo que establezcan las ponencias o un pliego de modificaciones concertado, aunque solucionaría muchos de los inconvenientes de la propuesta inicial, abre la puerta a que la norma sea luego demandada. No existe antecedente jurisprudencial que respalde la tesis de expedir por decreto un texto diferente al radicado, que contenga las propuestas de las ponencias”, señalan en el documento.
Esta semana se cumplen los 90 días de plazo para que el Concejo tome una determinación. Con los tiempos tan acortados las posibilidades quedan reducidas a que se apruebe por decreto, la Comisión del plan lo archive o la administración decida retirarlo. Eso es lo que finalmente se terminará determinando en los próximos tres días.
