Las vías municipales se construyen de la mano de los cundinamarqueses

José Vicente Hernández, presidente de Asojuntas en Caparrapí (Cundinamarca), recuerda cuando las escuelas, los puentes y demás infraestructuras las construían las juntas de acción comunal. Describe que en aquellos días la comunidad era más cercana entre sí, pues acostumbraba a trabajar en proyectos que los beneficiaban a todos.

Hoy Hernández y otros comunales ven cómo esa antigua tradición se intenta revivir con los recursos que asigna la Gobernación de Cundinamarca, a través del Instituto Departamental de Acción Comunal (Idaco), a las juntas de acción comunal de los municipios. Puntualmente, lo que permite esta estrategia es adelantar proyectos de infraestructura que no requieren mano de obra calificada, contratando directamente a sus habitantes y dinamizando sus economías.

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Disney Barbosa, presidente de Asojuntas en La Mesa (Cundinamarca), explica que más allá de la generación de empleo, este tipo de proyectos impactan positivamente en la economía del sector, en la medida en que los materiales para estas obras los compran a los comerciantes locales, al igual que otros gastos, como el de restaurantes.

Es por lo anterior que para la Gobernación de Cundinamarca la aplicación de esta estrategia (posible gracias a la Ley 1551 de 2012) se traduce en un pilar para la reactivación del departamento y más si se tiene en cuenta que, hasta la fecha, la administración ha invertido en ella $52.000 millones, de los cuales $42.500 millones se destinaron este año en una convocatoria, que favoreció a 858 proyectos (de los 116 municipios) y de los que se espera generar 10.000 empleos directos y 4.000 indirectos.

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En suma, los proyectos aprobados incluyen el mejoramiento de 33 escenarios deportivos, 39 escenarios comunales y la construcción de 40 parques, andenes, alamedas, 18 alcantarillas y 728 placas huellas, que suman 64.720 metros lineales.

Pese a que la ley que permite a las gobernaciones trabajar de la mano con sus comunales está por cumplir una década, Cundinamarca es de los pocos departamentos que la aprovecha. Y es que según el gerente general de Idaco, Luis Hernan Zambrano, no existen razones para no confiar estos recursos a las comunidades, pues en este proceso hay una veeduría y un acompañamiento técnico, que permite que los proyectos se desarrollen de manera oportuna y con los máximos estándares de calidad.

“Brindamos un acompañamiento técnico y social. Tenemos preestablecidos unos diseños tipo para realizar, por ejemplo, las placas huella, entonces dependiendo de la cantidad de vehículos que pasan por la vía y su peso establecemos el diseño tipo que más se adecua. Adicionalmente, ponemos un supervisor de obra (que está pendiente a que se cumplan con las especificaciones técnicas), así como un director de obra (que es quien da las indicaciones a los comunales) y unas veedurías conformadas por la misma comunidad, las cuales están al pendiente de cómo se realiza todo”, detalla Zambrano.

El gerente de Idaco también describe lo que sería un “gana gana” para ambas partes, pues en esta estrategia no solo los miles de millones de pesos que invierte la Gobernación terminan en los bolsillos de los comunales, sino que el departamento queda con obras de una mayor calidad y extensión a las que se hubieran logrado de haberse contratado con empresas privadas.

Esto tiene más de una explicación. La primera es que las juntas de acción comunal “estiran el billete” que les da la Idaco, por medio de bazares, rifas, tamaladas y demás eventos sociales, para conseguir aún más dinero. Es así como se han presentado casos en donde se invierte para construir 100 metros de placa huella, y la comunidad termina haciendo 200. Según Barbosa, en La Mesa han llegado incluso a cuadruplicar los recursos.

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Otra explicación es que la corrupción se reduce en extremo (a la fecha no se han encontrado casos de malos manejos de dineros), pues los comunales son conscientes de que esas placas huella son para sus carros y, a la larga, para el disfrute de sus hijos. Por eso no les interesa quitarle cemento a la mezcla y a los comerciantes no les atrae la idea de inflar los precios aprovechando las ventajas que se les dan. De hecho, se les pide que los bajen lo máximo posible para ganar más puntos en la convocatoria.

Con esta iniciativa de “todos ponen”, la Gobernación le apunta a un desarrollo territorial construido con el pulso de sus propios habitantes. Una oportunidad no solo para ayudar con empleo a quienes más lo necesitan, sino para abrir más el grifo de la reactivación, pues las nuevas vías, los parques renovados y demás espacios se traducen en mejoras para la distribución de los productos de sus campesinos o reforzar su atractivo turístico, para mostrar la mejor cara del departamento. ¿Por qué no se hace lo mismo en otras partes del país? Es lo que la mayoría de beneficiados hoy se preguntan.

José Vicente Hernández, presidente de Asojuntas en Caparrapí (Cundinamarca), recuerda cuando las escuelas, los puentes y demás infraestructuras las construían las juntas de acción comunal. Describe que en aquellos días la comunidad era más cercana entre sí, pues acostumbraba a trabajar en proyectos que los beneficiaban a todos.

Hoy Hernández y otros comunales ven cómo esa antigua tradición se intenta revivir con los recursos que asigna la Gobernación de Cundinamarca, a través del Instituto Departamental de Acción Comunal (Idaco), a las juntas de acción comunal de los municipios. Puntualmente, lo que permite esta estrategia es adelantar proyectos de infraestructura que no requieren mano de obra calificada, contratando directamente a sus habitantes y dinamizando sus economías.

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Disney Barbosa, presidente de Asojuntas en La Mesa (Cundinamarca), explica que más allá de la generación de empleo, este tipo de proyectos impactan positivamente en la economía del sector, en la medida en que los materiales para estas obras los compran a los comerciantes locales, al igual que otros gastos, como el de restaurantes.

Es por lo anterior que para la Gobernación de Cundinamarca la aplicación de esta estrategia (posible gracias a la Ley 1551 de 2012) se traduce en un pilar para la reactivación del departamento y más si se tiene en cuenta que, hasta la fecha, la administración ha invertido en ella $52.000 millones, de los cuales $42.500 millones se destinaron este año en una convocatoria, que favoreció a 858 proyectos (de los 116 municipios) y de los que se espera generar 10.000 empleos directos y 4.000 indirectos.

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En suma, los proyectos aprobados incluyen el mejoramiento de 33 escenarios deportivos, 39 escenarios comunales y la construcción de 40 parques, andenes, alamedas, 18 alcantarillas y 728 placas huellas, que suman 64.720 metros lineales.

Pese a que la ley que permite a las gobernaciones trabajar de la mano con sus comunales está por cumplir una década, Cundinamarca es de los pocos departamentos que la aprovecha. Y es que según el gerente general de Idaco, Luis Hernan Zambrano, no existen razones para no confiar estos recursos a las comunidades, pues en este proceso hay una veeduría y un acompañamiento técnico, que permite que los proyectos se desarrollen de manera oportuna y con los máximos estándares de calidad.

“Brindamos un acompañamiento técnico y social. Tenemos preestablecidos unos diseños tipo para realizar, por ejemplo, las placas huella, entonces dependiendo de la cantidad de vehículos que pasan por la vía y su peso establecemos el diseño tipo que más se adecua. Adicionalmente, ponemos un supervisor de obra (que está pendiente a que se cumplan con las especificaciones técnicas), así como un director de obra (que es quien da las indicaciones a los comunales) y unas veedurías conformadas por la misma comunidad, las cuales están al pendiente de cómo se realiza todo”, detalla Zambrano.

El gerente de Idaco también describe lo que sería un “gana gana” para ambas partes, pues en esta estrategia no solo los miles de millones de pesos que invierte la Gobernación terminan en los bolsillos de los comunales, sino que el departamento queda con obras de una mayor calidad y extensión a las que se hubieran logrado de haberse contratado con empresas privadas.

Esto tiene más de una explicación. La primera es que las juntas de acción comunal “estiran el billete” que les da la Idaco, por medio de bazares, rifas, tamaladas y demás eventos sociales, para conseguir aún más dinero. Es así como se han presentado casos en donde se invierte para construir 100 metros de placa huella, y la comunidad termina haciendo 200. Según Barbosa, en La Mesa han llegado incluso a cuadruplicar los recursos.

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Otra explicación es que la corrupción se reduce en extremo (a la fecha no se han encontrado casos de malos manejos de dineros), pues los comunales son conscientes de que esas placas huella son para sus carros y, a la larga, para el disfrute de sus hijos. Por eso no les interesa quitarle cemento a la mezcla y a los comerciantes no les atrae la idea de inflar los precios aprovechando las ventajas que se les dan. De hecho, se les pide que los bajen lo máximo posible para ganar más puntos en la convocatoria.

Con esta iniciativa de “todos ponen”, la Gobernación le apunta a un desarrollo territorial construido con el pulso de sus propios habitantes. Una oportunidad no solo para ayudar con empleo a quienes más lo necesitan, sino para abrir más el grifo de la reactivación, pues las nuevas vías, los parques renovados y demás espacios se traducen en mejoras para la distribución de los productos de sus campesinos o reforzar su atractivo turístico, para mostrar la mejor cara del departamento. ¿Por qué no se hace lo mismo en otras partes del país? Es lo que la mayoría de beneficiados hoy se preguntan.