Un puñado de ciudadanos aglutinados en 16 colectivos radicarán mañana la que probablemente será la primera denuncia penal que reciba en su buzón el Búnker de la Fiscalía. Se trata de una compulsa judicial dirigida contra nadie más y nadie menos que Claudia López y Nicolás García, la alcaldesa de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca.
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De acuerdo a un comunicado que emitieron los grupos que firmaron la denuncia en contra de los mandatarios, la iniciativa penal está motivada por lo que ellos consideran un cobro irregular de una sobretasa aplicada al pago de impuestos vehiculares en la región.
En la denuncia, las organizaciones afirman que desde el 1 de abril del presente año se viene cobrando una tasa adicional a los propietarios de vehículos del 0.2 % sobre el valor total del tributo. Este valor corresponde aproximadamente a unos $ 6.000 por impuesto, pero el valor pagado por el total de contribuyentes, según los demandantes, ascendería a los $10.000 millones. Como prueba de este presunto cobro irregular, adjuntan un recibo en el que se evidencia la aplicación de esta sobretasa.
Pero el problema no es el valor de la sobretasa en sí, que por sí mismo no representa una gran carga adicional a quienes lo pagan. El meollo del que se nutre directamente el reclamo jurídico que sustenta la demanda, radica en que el aumento no fue declarado tal y como lo exige la Ley orgánica 2199 de 2022. Dicha omisión dicen ellos, se cometió tanto en el ejecutivo de la gobernación y la Alcaldía, como en el legislativo, compuesto por el Concejo de Bogotá y la Asamblea de Cundinamarca.
En vista de lo anterior, la ciudadanía denuncia que el cobro de este rubro adicional fue ejecutado en medio “del desconocimiento sistemático de la comunidad”, por lo cual demandarán, tanto a la alcaldesa como al gobernador, por delito de prevaricato por acción, contemplado artículo 142 del código penal.
Las inconformidades de este grupo parecen ir más allá del impuesto. Hay otra reivindicación que llama la atención en el contenido del comunicado emitido hoy. En el documento, además, se puede apreciar como estos 16 movimientos declaran la creación de un Cabildo Abierto, en contra del proyecto Región Metropolitana, desde el cual, dicen ellos, no solo se efectuó la imposición de este tributo. En opinión de los firmantes de la misiva, la iniciativa Bogotá Región se traducirá más adelante en más impuestos, “creación de peajes, volteo de tierras, incremento en el pago de servicios públicos, y un deterioro en la calidad de vida de los habitantes” de los municipios de Cundinamarca.
Por el momento el equipo de asesores de ambos gobernantes se ha pronunciado sobre la demanda, cuyo destino es ahora incierto, debido a que las causales que la impulsan, así como su sustento jurídico, deberá ser examinado en detalle por parte de los fiscales que sean asignados. Habrá que esperar, si después de concluir sus convulsos mandatos, ambos mandatarios deberán ocuparse de resolver los pendientes que les esperan en los tribunales.
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