Libertad de los procesados, opción ante el desbordado hacinamiento

La ley dice que la prisión preventiva es una medida excepcional, no la regla. Sin embargo, en el imaginario de la gente está que los todos problemas de seguridad se resuelven mandando a cualquier sospechoso a prisión, al punto de pensar que el no hacerlo es sinónimo de impunidad. No obstante, al otro lado hay un problema casi inmanejable para las autoridades judiciales: el hacinamiento.

Hoy algunos fiscales, en contra de su criterio legal y para no quedar en el centro de las críticas, piden medida de aseguramiento por todo. Algunos jueces, siguiendo la misma línea, la otorgan sin importar, entre otros aspectos, la falta de cupos carcelarios, ya que eso es asunto de otra autoridad: el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). El resultado: estaciones de policía, URI y cárceles donde no cabe “una aguja”.

Según el abogado Daniel Cardona Soto, en el país no se tiene una verdadera política criminal, pues se promueven leyes que aumentan penas y prohíben beneficios, lo que contribuye a un aumento en las condiciones de hacinamiento. “En su afán de mostrar resultados, la Fiscalía presenta ante los jueces unos casos que logran un estándar para la imposición de medidas de aseguramiento, pero no así para una eventual condena. Por lo tanto, tenemos una alta proporción de personas detenidas preventivamente, pero que, en todo caso, son y deben ser consideradas inocentes al no haber sido vencidas en juicio”, indicó el abogado.

Situación en las Estaciones de Policía

En la estación de Policía de la localidad Fontibón 35 personas tienen que compartir una celda en donde la ropa, las hamacas y los artículos de primera necesidad cuelgan de los techos y las paredes, para optimizar el limitado espacio que tienen. Las visitas de la Personería de Bogotá dan cuenta del día a día que se vive en las Unidades de Respuesta Inmediata (URI) y los centros de detención, como el de Fontibón, la cual tiene una capacidad máxima de 40 detenidos, pero alberga 109 personas.

Este caso hace parte de las 19 estaciones que, según el último reporte de la Policía de Bogotá, presentan un problema de hacinamiento, ya que el cupo que registra la ciudad en estos centros de reclusión es de máximo 1.006 personas. Sin embargo, hoy en día las cifras indican que se encuentran 3.073 detenidos.

Ante esto, la Personería emitió una alerta en febrero sobre la preocupación en las cifras de sobreocupación en la ciudad, en especial, teniendo en cuenta que en muchos de los casos los detenidos se encuentran de manera transitoria y a la espera de definir su situación legal. Los datos indican que del total de personas detenidas en las estaciones de policía, 2.604 individuos, entre ellos 69 mujeres, se encuentran en calidad de sindicados.

La entidad pidió, además, “seguir abriendo cupos en las diferentes cárceles y en los diferentes centros de retención, para combatir contra el hacinamiento en Bogotá”, como lo aseguró Ricardo Medina, delegado para la coordinación del Ministerio Público.

Le pude interesar: Delincuencia ante la justicia: entre el desconocimiento y los malos procedimientos

Las estaciones de Policía de Bosa, Teusaquillo, Usaquén y Chapinero son las que registran un mayor número de sobre ocupación, pues todas presentan un porcentaje de hacinamiento mayor al 500 %. En el caso de la de Bosa, esta registra un total de 227 detenidos, de los cuales 29 ya han sido condenados y 198 se encuentran imputados. Además, si la estación cuenta con una capacidad máxima para 30 personas, eso traduce que existe un 656,67 % de hacinamiento.

Otro ítem importante que ha aumentado los índices de hacinamiento en las estaciones es la detención de ciudadanos extranjeros. Cifras de la Policía Metropolitana indican que 560, entre ellos 14 mujeres, se encuentran privados de la libertad en estos centros de detención. Es relevante destacar que esta cifra representa más del 50 % de la capacidad real que tienen las estaciones para albergar a los detenidos.

Situación en las URI

En las Unidades de Reacción Inmediata (URI) el panorama también es causa de preocupación, pues los últimos datos registrados por la Defensoría del Pueblo señalan que algunas URI, como la de Puente Aranda, hay un hacinamiento del 776 % y la de Engativá alcanza el 442 %. Asimismo, indicó que estos lugares, pese a tener una capacidad para aproximadamente 30 personas, albergan hasta 780 detenidos.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, denunció las carencias al interior de estos centros. Aseguró que “la vulneración de derechos es evidente en estos lugares, en los que los detenidos deberían estar máximo 36 horas, pero en ocasiones permanecen hasta dos años. No se dan las condiciones mínimas en las que pueda habitar una persona y se evidencian fallas en la prestación de los servicios de salud y de alimentación, principalmente”.

La entidad también informó que se han llegado a presentar casos donde funcionarios de la Policía Nacional han expresado su molestia referente al personal designado para custodiar a esta población, pues según ellos deben retirar unidades de sus labores de vigilancia. Además, se presentan casos en los que el personal destinado a proteger estos centros transitorios es insuficiente.

Según Camargo, esta situación trae como resultado que las personas recluidas, bajo estas condiciones extremas de hacinamiento en los centros de detención temporal, sean aún más precarias que las de la población privada de la libertad en los centros de reclusión.

Lea también: “La Fiscalía piensa más en la noticia que en el valor de la justicia”: Jesús Yepes

Situación en las cárceles

Al observar las cifras más recientes del Inpec sobre los centros carcelarios en Bogotá, se observa que el problema de hacinamiento sigue siendo común en el sistema penitenciario. En la ciudad hay una población de 12.214 personas recluidas, la cuales se distribuyen entre el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá; la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bogotá y, por último, la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad Para Mujeres de Bogotá.

Teniendo en cuenta que la capacidad real para albergar a la población de estos tres centros carcelarios es de 10.126 personas, nuevamente se presenta un problema de aglomeración que para este caso es del 20 %.

El hacinamiento está inmerso en un problema estructural latente en la demora de los procesos judiciales, ya que de los más de 12 mil detenidos en estos centros carcelarios, 2.733 individuos apenas los están procesando. Las personas están siendo detenidas, pero sus procesos son tardíos, lo que no permite contribuir a una resolución eficiente de su situación judicial y, por lo tanto, persiste su estancia en los centros de detención.

A pesar de que las cifras no llegan a niveles exacerbados como con las estaciones de policía y las URI, el tema no deja ser signo de preocupación, pues la información revela que todos los centros de detención tanto de carácter temporal como penitenciarios se encuentran con sobrecupo en sus instalaciones.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá, de El Espectador.

La ley dice que la prisión preventiva es una medida excepcional, no la regla. Sin embargo, en el imaginario de la gente está que los todos problemas de seguridad se resuelven mandando a cualquier sospechoso a prisión, al punto de pensar que el no hacerlo es sinónimo de impunidad. No obstante, al otro lado hay un problema casi inmanejable para las autoridades judiciales: el hacinamiento.

Hoy algunos fiscales, en contra de su criterio legal y para no quedar en el centro de las críticas, piden medida de aseguramiento por todo. Algunos jueces, siguiendo la misma línea, la otorgan sin importar, entre otros aspectos, la falta de cupos carcelarios, ya que eso es asunto de otra autoridad: el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). El resultado: estaciones de policía, URI y cárceles donde no cabe “una aguja”.

Según el abogado Daniel Cardona Soto, en el país no se tiene una verdadera política criminal, pues se promueven leyes que aumentan penas y prohíben beneficios, lo que contribuye a un aumento en las condiciones de hacinamiento. “En su afán de mostrar resultados, la Fiscalía presenta ante los jueces unos casos que logran un estándar para la imposición de medidas de aseguramiento, pero no así para una eventual condena. Por lo tanto, tenemos una alta proporción de personas detenidas preventivamente, pero que, en todo caso, son y deben ser consideradas inocentes al no haber sido vencidas en juicio”, indicó el abogado.

Situación en las Estaciones de Policía

En la estación de Policía de la localidad Fontibón 35 personas tienen que compartir una celda en donde la ropa, las hamacas y los artículos de primera necesidad cuelgan de los techos y las paredes, para optimizar el limitado espacio que tienen. Las visitas de la Personería de Bogotá dan cuenta del día a día que se vive en las Unidades de Respuesta Inmediata (URI) y los centros de detención, como el de Fontibón, la cual tiene una capacidad máxima de 40 detenidos, pero alberga 109 personas.

Este caso hace parte de las 19 estaciones que, según el último reporte de la Policía de Bogotá, presentan un problema de hacinamiento, ya que el cupo que registra la ciudad en estos centros de reclusión es de máximo 1.006 personas. Sin embargo, hoy en día las cifras indican que se encuentran 3.073 detenidos.

Ante esto, la Personería emitió una alerta en febrero sobre la preocupación en las cifras de sobreocupación en la ciudad, en especial, teniendo en cuenta que en muchos de los casos los detenidos se encuentran de manera transitoria y a la espera de definir su situación legal. Los datos indican que del total de personas detenidas en las estaciones de policía, 2.604 individuos, entre ellos 69 mujeres, se encuentran en calidad de sindicados.

La entidad pidió, además, “seguir abriendo cupos en las diferentes cárceles y en los diferentes centros de retención, para combatir contra el hacinamiento en Bogotá”, como lo aseguró Ricardo Medina, delegado para la coordinación del Ministerio Público.

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Las estaciones de Policía de Bosa, Teusaquillo, Usaquén y Chapinero son las que registran un mayor número de sobre ocupación, pues todas presentan un porcentaje de hacinamiento mayor al 500 %. En el caso de la de Bosa, esta registra un total de 227 detenidos, de los cuales 29 ya han sido condenados y 198 se encuentran imputados. Además, si la estación cuenta con una capacidad máxima para 30 personas, eso traduce que existe un 656,67 % de hacinamiento.

Otro ítem importante que ha aumentado los índices de hacinamiento en las estaciones es la detención de ciudadanos extranjeros. Cifras de la Policía Metropolitana indican que 560, entre ellos 14 mujeres, se encuentran privados de la libertad en estos centros de detención. Es relevante destacar que esta cifra representa más del 50 % de la capacidad real que tienen las estaciones para albergar a los detenidos.

Situación en las URI

En las Unidades de Reacción Inmediata (URI) el panorama también es causa de preocupación, pues los últimos datos registrados por la Defensoría del Pueblo señalan que algunas URI, como la de Puente Aranda, hay un hacinamiento del 776 % y la de Engativá alcanza el 442 %. Asimismo, indicó que estos lugares, pese a tener una capacidad para aproximadamente 30 personas, albergan hasta 780 detenidos.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, denunció las carencias al interior de estos centros. Aseguró que “la vulneración de derechos es evidente en estos lugares, en los que los detenidos deberían estar máximo 36 horas, pero en ocasiones permanecen hasta dos años. No se dan las condiciones mínimas en las que pueda habitar una persona y se evidencian fallas en la prestación de los servicios de salud y de alimentación, principalmente”.

La entidad también informó que se han llegado a presentar casos donde funcionarios de la Policía Nacional han expresado su molestia referente al personal designado para custodiar a esta población, pues según ellos deben retirar unidades de sus labores de vigilancia. Además, se presentan casos en los que el personal destinado a proteger estos centros transitorios es insuficiente.

Según Camargo, esta situación trae como resultado que las personas recluidas, bajo estas condiciones extremas de hacinamiento en los centros de detención temporal, sean aún más precarias que las de la población privada de la libertad en los centros de reclusión.

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Situación en las cárceles

Al observar las cifras más recientes del Inpec sobre los centros carcelarios en Bogotá, se observa que el problema de hacinamiento sigue siendo común en el sistema penitenciario. En la ciudad hay una población de 12.214 personas recluidas, la cuales se distribuyen entre el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá; la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bogotá y, por último, la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad Para Mujeres de Bogotá.

Teniendo en cuenta que la capacidad real para albergar a la población de estos tres centros carcelarios es de 10.126 personas, nuevamente se presenta un problema de aglomeración que para este caso es del 20 %.

El hacinamiento está inmerso en un problema estructural latente en la demora de los procesos judiciales, ya que de los más de 12 mil detenidos en estos centros carcelarios, 2.733 individuos apenas los están procesando. Las personas están siendo detenidas, pero sus procesos son tardíos, lo que no permite contribuir a una resolución eficiente de su situación judicial y, por lo tanto, persiste su estancia en los centros de detención.

A pesar de que las cifras no llegan a niveles exacerbados como con las estaciones de policía y las URI, el tema no deja ser signo de preocupación, pues la información revela que todos los centros de detención tanto de carácter temporal como penitenciarios se encuentran con sobrecupo en sus instalaciones.

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