“Lo dejaron morir con el cuento de que era sospecha de COVID-19”: familia de Roberto Ruiz

Esta es una de tantas historias que ha recibido El Espectador de familiares que aseguran que, en medio de la muerte de sus seres queridos, han experimentado lo que califican como posibles irregularidades. Las denuncias van desde supuestas negligencias previas al deceso, hasta cobros que, “por error”, las funerarias hicieron a las familias en medio de la actual crisis.

Esta es la denuncia de Sandra Martínez, quien recuerda a su esposo Roberto Ruiz, de 61 años, como un hombre fuerte y trabajador. “Él huyó de la cuarentena, porque tan pronto empezó se mudó a la finca del hermano en Viotá (Cundinamarca). Fue a recoger café y abonar las matas. Luego comenzó a sentirse mal. Le dije que fuéramos al médico, pero se negó diciendo que ‘allá lo mataban a uno’. Entonces contratamos un médico particular, quien ordenó unos exámenes. Con los resultados, dijo que necesitaba tratamiento y aconsejó hacerlo por la EPS y por urgencias, pues de otro modo sería costoso”.

Esta familia acudió a la IPS Cafam Floresta, para evitar un hospital donde hubiera muchos pacientes con coronavirus. Allí le ordenaron a Ruiz una radiografía de pulmones y un TAC abdominal. “No le mandaron prueba de COVID-19, porque no tenía síntomas”, relata la mujer. Con los resultados, el médico decidió hospitalizarlo, porque tenía las plaquetas bajas y requería cirugía, para extraer unos cálculos de la vesícula. “En la noche del 9 de julio fue la última vez que nos abrazamos”, recuerda.

Al día siguiente le informaron que su esposo tenía una pancreatitis aguda y debían trasladarlo a una UCI, porque necesitaba transfusión de sangre. “Pasaron tres días y nos decían que no había UCI disponibles, a pesar de que en ese momento las noticias informaban que la ocupación estaba en 85 %. Parece que solo era para pacientes por coronavirus. Nunca lo trasladaron”, relata Martínez.

Días más tarde se enteró de que a su esposo le habían hecho la prueba de COVID-19. Ahora el lío no era la disponibilidad de una UCI, sino el resultado para saber qué tipo de ambulancia lo tenía que trasladar. Ahí comenzó lo que ella considera un desorden en el sistema de salud, pues pidieron los resultados al hospital, pero “no sabían en qué laboratorio estaban”. Preguntaron a la Secretaría de Salud, pero tampoco recibieron respuesta.

“Al final nos dijeron que la prueba se la había hecho Compensar, así que los llamamos, pero nos dijeron que no los podían entregar, porque él no estaba afiliado a esa EPS. Se tiraban la pelota de un lado a otro”, menciona con indignación. El Espectador consultó a Compensar sobre este caso y la EPS emitió la siguiente respuesta: “La única entidad que puede pronunciarse ante el caso reportado y aclarar de forma adecuada y veraz las inquietudes es la institución médica que estaba manejando al paciente en su hospitalización, ya que el no tener el resultado de una prueba Covid no impide actuar de acuerdo a lo que el paciente requiera. Es decir, los actuales protocolos médicos no definen como condición, el resultado de una prueba para que el paciente sea ingresado a UCI si así lo requiere; es su condición clínica y el criterio del médico tratante quien establece dicho manejo”.

El 13 de julio Sandra recibió una llamada de su esposo, quien le dijo que necesitaba que le llevara agua, porque le iban a hacer un TAC abdominal. “Se la llevé y por el vidrio de la puerta vi cuando lo pasaron al examen. Me saludó con la mano y esa fue la última vez que lo vi bien. La doctora me dijo que se mantenía estable, que le preocupaba la baja en las plaquetas y la hemoglobina, pero que por fortuna no sufría de la presión ni del corazón”.

El 14 de julio completó ocho días hospitalizado y seguía sin ser trasladado. Esa noche llamaron a Sandra y le dijeron que a su esposo le había dado un infarto y que habían pasado treinta minutos sin que le llegara oxígeno a sus órganos, razón por la cual no sabían en qué condiciones iba a quedar.

“Ahí sí, milagrosamente”, dice en tono sarcástico, “autorizaron el traslado para la Clínica Colsubsidio de Roma. También la ambulancia que lo iba a trasladar, sin tener los resultados de la prueba de coronavirus. Me fui a firmar unos papeles, cuando la doctora salió a decirme que le había dado un segundo infarto y que había fallecido”, comenta Sandra, mientras guarda un momento para contener el llanto.

Tras el fallecimiento, a Ruiz lo iban a declarar sospechoso de COVID-19, algo que a la familia le pareció injusto, pues sabían que era poco probable. Además, eso implicaba perder el derecho de darle cristiana sepultura. Así que se resistieron a que sacaran el cuerpo hasta que llegaran los resultados.

De nuevo se enfrentaron a la “pasada de pelota” entre instituciones, que tardaron cuatro días en el proceso, tiempo que estuvo acompañado, dicen, de unas llamadas de “presión psicológica”, en las que les decían que si no sacaba el cadáver del hospital iban a llamar a la Secretaría de Salud y “ahí sí ni las cenizas les iban a dejar ver”, porque este se estaba descomponiendo y convirtiendo en un problema de salud pública.

Ese presentimiento, acompañado de la batalla, tuvo sus frutos. La doctora le envió a Sandra los resultados de la prueba, que salieron negativos. El anuncio marcó un punto y aparte en la historia, porque gracias a esto pudieron darle a Roberto Ruiz un sepelio tradicional.

No obstante, Sandra asegura que “con el cuento de que era sospecha de COVID-19” dejaron morir a su esposo, ya que se mantiene en la premisa de que la transfusión de sangre y la cirugía era todo lo que necesitaba para salvarle la vida. Tal es su convicción que instauró una denuncia penal ante la Fiscalía por homicidio culposo. El caso ya está en manos de un fiscal, quien tendrá que definir si esta muerte obedeció o no a las trabas que le pusieron con la aparente excusa del COVID-19.

Las declaraciones que dieron los voceros de Cafam a este medio coinciden en que el paciente debía ser atendido en una institución de mayor complejidad. “Cafam procedió a generar la orden de remisión y la envió a las entidades responsables”. Esta organización asegura que fue reiterativa en la solicitud, pero que no tuvo una respuesta positiva sino hasta el 14 de julio, a las 11:00 de la noche (una hora antes de la muerte), porque “antes no hubo disponibilidad de camas en las instituciones de la ciudad”.

El histórico de Salud Data (base de datos del Distrito) muestra que el porcentaje de ocupación de UCI por COVID-19 hasta el 14 de julio era del 89,3 %, por lo que la duda es ¿quién debía autorizar la remisión? Resta esperar la investigación que realicen las autoridades para esclarecer qué pasó en este caso, donde abundan las dudas y el dolor.

Esta es una de tantas historias que ha recibido El Espectador de familiares que aseguran que, en medio de la muerte de sus seres queridos, han experimentado lo que califican como posibles irregularidades. Las denuncias van desde supuestas negligencias previas al deceso, hasta cobros que, “por error”, las funerarias hicieron a las familias en medio de la actual crisis.

Esta es la denuncia de Sandra Martínez, quien recuerda a su esposo Roberto Ruiz, de 61 años, como un hombre fuerte y trabajador. “Él huyó de la cuarentena, porque tan pronto empezó se mudó a la finca del hermano en Viotá (Cundinamarca). Fue a recoger café y abonar las matas. Luego comenzó a sentirse mal. Le dije que fuéramos al médico, pero se negó diciendo que ‘allá lo mataban a uno’. Entonces contratamos un médico particular, quien ordenó unos exámenes. Con los resultados, dijo que necesitaba tratamiento y aconsejó hacerlo por la EPS y por urgencias, pues de otro modo sería costoso”.

Esta familia acudió a la IPS Cafam Floresta, para evitar un hospital donde hubiera muchos pacientes con coronavirus. Allí le ordenaron a Ruiz una radiografía de pulmones y un TAC abdominal. “No le mandaron prueba de COVID-19, porque no tenía síntomas”, relata la mujer. Con los resultados, el médico decidió hospitalizarlo, porque tenía las plaquetas bajas y requería cirugía, para extraer unos cálculos de la vesícula. “En la noche del 9 de julio fue la última vez que nos abrazamos”, recuerda.

Al día siguiente le informaron que su esposo tenía una pancreatitis aguda y debían trasladarlo a una UCI, porque necesitaba transfusión de sangre. “Pasaron tres días y nos decían que no había UCI disponibles, a pesar de que en ese momento las noticias informaban que la ocupación estaba en 85 %. Parece que solo era para pacientes por coronavirus. Nunca lo trasladaron”, relata Martínez.

Días más tarde se enteró de que a su esposo le habían hecho la prueba de COVID-19. Ahora el lío no era la disponibilidad de una UCI, sino el resultado para saber qué tipo de ambulancia lo tenía que trasladar. Ahí comenzó lo que ella considera un desorden en el sistema de salud, pues pidieron los resultados al hospital, pero “no sabían en qué laboratorio estaban”. Preguntaron a la Secretaría de Salud, pero tampoco recibieron respuesta.

“Al final nos dijeron que la prueba se la había hecho Compensar, así que los llamamos, pero nos dijeron que no los podían entregar, porque él no estaba afiliado a esa EPS. Se tiraban la pelota de un lado a otro”, menciona con indignación. El Espectador consultó a Compensar sobre este caso y la EPS emitió la siguiente respuesta: “La única entidad que puede pronunciarse ante el caso reportado y aclarar de forma adecuada y veraz las inquietudes es la institución médica que estaba manejando al paciente en su hospitalización, ya que el no tener el resultado de una prueba Covid no impide actuar de acuerdo a lo que el paciente requiera. Es decir, los actuales protocolos médicos no definen como condición, el resultado de una prueba para que el paciente sea ingresado a UCI si así lo requiere; es su condición clínica y el criterio del médico tratante quien establece dicho manejo”.

El 13 de julio Sandra recibió una llamada de su esposo, quien le dijo que necesitaba que le llevara agua, porque le iban a hacer un TAC abdominal. “Se la llevé y por el vidrio de la puerta vi cuando lo pasaron al examen. Me saludó con la mano y esa fue la última vez que lo vi bien. La doctora me dijo que se mantenía estable, que le preocupaba la baja en las plaquetas y la hemoglobina, pero que por fortuna no sufría de la presión ni del corazón”.

El 14 de julio completó ocho días hospitalizado y seguía sin ser trasladado. Esa noche llamaron a Sandra y le dijeron que a su esposo le había dado un infarto y que habían pasado treinta minutos sin que le llegara oxígeno a sus órganos, razón por la cual no sabían en qué condiciones iba a quedar.

“Ahí sí, milagrosamente”, dice en tono sarcástico, “autorizaron el traslado para la Clínica Colsubsidio de Roma. También la ambulancia que lo iba a trasladar, sin tener los resultados de la prueba de coronavirus. Me fui a firmar unos papeles, cuando la doctora salió a decirme que le había dado un segundo infarto y que había fallecido”, comenta Sandra, mientras guarda un momento para contener el llanto.

Tras el fallecimiento, a Ruiz lo iban a declarar sospechoso de COVID-19, algo que a la familia le pareció injusto, pues sabían que era poco probable. Además, eso implicaba perder el derecho de darle cristiana sepultura. Así que se resistieron a que sacaran el cuerpo hasta que llegaran los resultados.

De nuevo se enfrentaron a la “pasada de pelota” entre instituciones, que tardaron cuatro días en el proceso, tiempo que estuvo acompañado, dicen, de unas llamadas de “presión psicológica”, en las que les decían que si no sacaba el cadáver del hospital iban a llamar a la Secretaría de Salud y “ahí sí ni las cenizas les iban a dejar ver”, porque este se estaba descomponiendo y convirtiendo en un problema de salud pública.

Ese presentimiento, acompañado de la batalla, tuvo sus frutos. La doctora le envió a Sandra los resultados de la prueba, que salieron negativos. El anuncio marcó un punto y aparte en la historia, porque gracias a esto pudieron darle a Roberto Ruiz un sepelio tradicional.

No obstante, Sandra asegura que “con el cuento de que era sospecha de COVID-19” dejaron morir a su esposo, ya que se mantiene en la premisa de que la transfusión de sangre y la cirugía era todo lo que necesitaba para salvarle la vida. Tal es su convicción que instauró una denuncia penal ante la Fiscalía por homicidio culposo. El caso ya está en manos de un fiscal, quien tendrá que definir si esta muerte obedeció o no a las trabas que le pusieron con la aparente excusa del COVID-19.

Las declaraciones que dieron los voceros de Cafam a este medio coinciden en que el paciente debía ser atendido en una institución de mayor complejidad. “Cafam procedió a generar la orden de remisión y la envió a las entidades responsables”. Esta organización asegura que fue reiterativa en la solicitud, pero que no tuvo una respuesta positiva sino hasta el 14 de julio, a las 11:00 de la noche (una hora antes de la muerte), porque “antes no hubo disponibilidad de camas en las instituciones de la ciudad”.

El histórico de Salud Data (base de datos del Distrito) muestra que el porcentaje de ocupación de UCI por COVID-19 hasta el 14 de julio era del 89,3 %, por lo que la duda es ¿quién debía autorizar la remisión? Resta esperar la investigación que realicen las autoridades para esclarecer qué pasó en este caso, donde abundan las dudas y el dolor.