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Los integrantes de las primeras líneas de Bogotá están en la mira de las autoridades. En los últimos 15 días se ha conocido la captura de al menos 20 personas, a las que relacionan con hechos vandálicos y casos graves de tortura y agresión. A la mayoría de los detenidos se les imputan concierto para delinquir, terrorismo, daño en bien público y violencia contra servidor público en el marco del paro nacional.
Entre los casos más sonoros está la captura de alias 19, líder de la Primera Línea del Portal Américas, a quien, junto a otras tres personas, le atribuyen el ataque a dos personas, a quienes habrían amarrado y herido con armas cortopunzantes, como lo reportó la Fiscalía, con imágenes que evidenciarían el hecho. En Cundinamarca se han dado casos similares con la aprehensión de dos personas, por la quema del peaje El Roble, y la de cuatro jóvenes en Soacha, a quienes acusan de secuestro simple, hurto y tortura a un presunto infiltrado que, según la defensa, fue entregado a las autoridades sin lesiones, como muestran los videos de ese día.
Para el abogado Rubén Acosta, integrante de la Primera Línea Jurídica, estos casos hay que verlos con detenimiento dado que, señala, son similares a los de otros procesados por porte de armas, estupefacientes y hasta explosivos, a los que no se les ha incautado nada. “El pico más alto de capturas fue antes del 20 de julio, fecha en que varias delegaciones de Primera Línea decidieron arribar a Bogotá”.
Sumado a esto, indica que varias de las 134 capturas que reportó el Gobierno Nacional en el país han sido consideradas ilegales por los jueces, mientras que en el caso de tortura y terrorismo en Portal Américas, no hay pruebas que relacionen a los detenidos, más allá de la declaración de informantes, por lo que Acosta asevera que “la Fiscalía no ha sido juiciosa en individualizar a los responsables, por el contrario, ha hecho una investigación como si se tratara de una estructura criminal para responsabilizar a varios líderes e incluso a jóvenes que ocasionalmente participaron de las marchas. Los verdaderos vándalos siguen en las calles y ellos saben quiénes son”.
Ante esto el Gobierno ha insistido en que no criminaliza la protesta pacífica, sino los actos vandálicos. Al respecto, el ministro de Defensa, Diego Molano, ha sostenido que no permitirán “islas de anarquía”, como denominó a lo que se presentó en el portal de las Américas. “En el caso de la Primera Línea, es claro que unos hacen la manifestación y otros cometen actividades criminales, que pueden calificarse como acciones terroristas”, dijo la semana pasada a Blu Radio.
De otro lado, la controversia se ha generado por la reciente denuncia de una de las caras más visibles de la Primera Línea en Suba, quien afirma que el pasado jueves fue capturado por sujetos de civil, que se identificaron como miembros del GOES (Grupo de Operaciones Especiales de la Policía) y quienes, según él, lo esposaron, le pegaron y lo amedrentaron.
“Cuando me quitaron lo que me pusieron en la cabeza y me soltaron las esposas, me dijeron que ya iba para el hueco, que hablara. Pero apenas me soltaron, tiré pata y me tiré a la puerta de la camioneta, para intentar abrirla (…). Cuando cai al piso, empecé a correr”, dijo el joven, en una transmisión en vivo, a través de redes sociales.
Ante los hechos, el comandante de la Policía de Bogotá, general Jorge Eliécer Camacho, señaló que se inició un trabajo para ubicar las cámaras del sector que el joven señala, pero en la hora indicada no encontraron registro del vehículo. “La placa que él dio no está en el inventario. No hay evidencia, pero seguimos en la investigación y radicamos la solicitud de apertura criminal ante la Fiscalía”.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, indicó que le ofrecieron al joven el ingreso a la ruta de líderes, así como apoyo en la denuncia, pero no aceptó. “Creo que ya tiene acompañamiento de una ONG”, dijo. Frente a las capturas y los diálogos que mantienen con las primeras líneas, el funcionario indicó que desde el principio se dejó claro que las judicializaciones seguirían.
Con las múltiples capturas, el reto para las autoridades está en lograr demostrar que fueron oportunos y precisos en las investigaciones, de lo contrario (como ha ocurrido en otras ocasiones), corren el riesgo de darles la razón a los abogados de los detenidos, quienes consideran que, sin pruebas contundentes, todo se puede interpretar como una judicialización y criminalización de la protesta social.
