En la tarde de este 11 de abril se conocerá la decisión de la demanda más alta que haya tenido Bogotá en su contra: el litigio de la UAESP y el Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana. No solo está en juego $1,2 billones que los ciudadanos deberían pagar, sino también, el porvenir de uno de los rellenos sanitarios más grandes de América Latina. Le damos algunos datos para que entienda cuál es el pleito.
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¿Qué es Doña Juana?
Doña Juana es un relleno sanitario con un área de 623 hectáreas, destinadas para la disposición final de los desechos, ubicado entre los sectores de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, en la localidad de Ciudad Bolívar.
De acuerdo con la administración distrital, Doña Juana se diferencia de un botadero de basuras al estar diseñada para tratar cada uno de los residuos que llegan y que posteriormente se producen después de la disposición final. Actualmente, es operado por el concesionario CGR, bajo la supervisión de la interventoría Unión Temporal Inter DJ y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).
Según la Secretaría Distrital de Ambiente, la vida útil de Doña Juana, que presta servicio desde 1988, vencerá este próximo año. Está en duda cuál será su futuro.
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¿Cuál es el pleito entre el Distrito y el CGR?
Las diferencias entre el concesionario y el Distrito no son nuevas. Desde 2010, año en el que se adjudicó el contrato para la operación del relleno sanitario y el tratamiento de lixiviados (líquidos contaminantes de las basuras), inició la controversia entre ambos actores.
El pleito arbitral vigente lo convocó el CGR, que demandó por segunda vez al Distrito, argumentando que, casi desde que asumió la operación del sitio de disposición, la remuneración pactada en el contrato nunca alcanzó para cubrir todas las obligaciones, entre ellas, la de renovar la planta de tratamiento de lixiviados.
Además, alega un desequilibrio financiero en tanto no habría recibido la remuneración a tiempo en las anteriores administraciones. Pide que se le reconozcan lo que, según sus cuentas, debió recibir en estos 12 años de labores: $1,2 billones.
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Por su parte, la UAESP, que presentó una contrademanda, expone que fue el consorcio el que incumplió con lo firmado, en tanto debió realizar de manera precisa los cálculos de los gastos e inversiones a los que se comprometía contractualmente para operar el relleno sanitario. Además, asegura que tiene un fallo a su favor, el de la primera demanda presentada por el operador en 2018.
Vale recordar que, durante la licitación, CGR ganó el contrato al presentar la oferta más baja entre sus competidores. También, que en el proceso se descubrió que uno de los miembros del consorcio presentó estados financieros en Colombia, que no correspondían a los publicados por su casa matriz en Brasil.
¿Qué decidirá el Tribunal de Arbitraje este martes 11 de abril?
Los jueces, que analizaron el laudo arbitral, decidirán si la Alcaldía de Bogotá, a través de la UAESP, debe pagarle al operador CGR $1,2 billones y, de paso, permitir su continuidad al frente del sitio de disposición, o si declara el incumplimiento del contrato del privado y le da luz verde a la Administración Distrital para ponerle fin a la concesión.
¿Qué pasa si gana el CGR?
Si gana CGR, la billonaria suma la asumirán todos los bogotanos. De otro lado, queda en duda si el operador se pondría al día con los incumplimientos del contrato, ya que el dinero iría a sus arcas y sería para sus socios.
¿Qué pasa si gana el Distrito?
Además de liberarse del billonario pago que solicita el operador, la administración distrital espera dar por terminado el contrato con el CGR. Se sabe que le está pidiendo a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) la licencia ambiental para reorganizar el predio de Doña Juana como parque de innovación tecnológica y de esta manera, no quedar solamente en manos de privados.
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