Los $17.500 millones que el IDRD perdió en atracciones en el parque Salitre Mágico

¿Sabía que el parque Salitre Mágico es de los bogotanos, pero lo opera un privado? Y no es lo único: si el IDRD hubiera sido diligente con el primer contrato de operación, hoy las atracciones también serían del Distrito y estaría recibiendo más recursos por la explotación de uno de los centros de entretenimiento más concurridos del país (50.000 visitantes en promedio al mes). Pero una gestión “antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna” llevaron a que el Instituto perdiera $17.500 millones. Así lo advierte la Contraloría, tras auditar el contrato que se firmó en 1994 y estuvo vigente hasta 2020, en el que no solo halló incumplimientos, sino omisiones y decisiones cuestionables.

¿Sabía que el parque Salitre Mágico es de los bogotanos, pero lo opera un privado? Y no es lo único: si el IDRD hubiera sido diligente con el primer contrato de operación, hoy las atracciones también serían del Distrito y estaría recibiendo más recursos por la explotación de uno de los centros de entretenimiento más concurridos del país (50.000 visitantes en promedio al mes). Pero una gestión “antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna” llevaron a que el Instituto perdiera $17.500 millones. Así lo advierte la Contraloría, tras auditar el contrato que se firmó en 1994 y estuvo vigente hasta 2020, en el que no solo halló incumplimientos, sino omisiones y decisiones cuestionables.

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Historia detrás del parque

Este parque, que ocupa casi tres hectáreas, se inauguró como público en 1973, pero en junio de 1994 el entonces director del IDRD, Hernán Cortés (administración de Jaime Castro), le entregó la operación a Reforestación y Parques S. A., sociedad constituida 12 días antes de la firma que, a través de un contrato de arrendamiento, obtuvo la explotación de las instalaciones, los parqueaderos, atracciones y hasta la opción de construir. El plazo inicial fue a 15 años, en los que debía pagarle al Distrito un porcentaje de los ingresos brutos, que empezó en 4 % e incrementaba cada año, hasta llegar al 10 % ,a partir del año 2000.

Desde el comienzo hubo polémica. No solo por la fecha de constitución del operador y su falta de experiencia, sino por lo que vino después. En enero de 1995, Antanas Mockus nombró director del IDRD a Guillermo Peñalosa Londoño. ¿La particularidad? Seis meses antes, cuando Reforestación y Parques firmó el contrato con el Distrito, él era miembro de la junta directiva, en representación de su familia, que era accionista de la sociedad. Es decir, en poco tiempo pasó de contratista a tomar decisiones sobre el contrato.

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Y luego, en agosto de 1998, siendo alcalde Enrique Peñalosa (hermano de Guillermo), se dio, tal vez, la modificación más significativa al contrato. La directora del IDRD, Ruth María Mojica, amplió el plazo (terminó en 2020) y rebajó al 4 % de los ingresos brutos las transferencias a favor del Distrito, con el argumento de que el operador haría más inversiones. Vale aclarar que en ese momento los socios originales de Reforestación y Parques (entre ellos, la empresa que representó Guillermo Peñalosa) habían vendido.

Entre junio de 1994 y enero de 2020 (cuando terminó el arrendamiento) el contrato tuvo 11 modificaciones: Una en la alcaldía de Antanas Mockus, dos en la de Paul Bromberg, una en la de Samuel Moreno y siete en las dos administraciones de Enrique Peñalosa. Con un dato adicional: el contrato aún no se ha liquidado.

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Cuestionamientos

Hace poco, la Contraloría Distrital auditó cada detalle del contrato y descubrió posibles irregularidades a lo largo de su ejecución, que la llevaron a establecer un posible detrimento patrimonial. La primera, que el IDRD se equivocó al elegir un contrato de arrendamiento para la explotación de un bien público, lo cual se ajustaba más a una concesión.

La segunda, epicentro del presunto detrimento, no haber hecho cumplir la cláusula que obligaba al operador a restituir a favor del Distrito las inversiones que hubiera hecho durante la explotación del parque, cuando terminara el contrato. El asunto es que en el documento también quedó que las instalaciones, mejoras y atracciones construidas o instaladas con recursos de Reforestación y Parques las podría retirar o negociar con el IDRD.

Es evidente que en los años del contrato el parque se modernizó, con nuevas atracciones mecánicas, que aumentaron los visitantes y las ventas. Desde la modificación de 1998, los ingresos pasaron de $3.000 millones a $17.000 en 2001, cifra que creció año a año, hasta cerrar en 2019 con un reporte de $36.000 millones. La discusión ahora es ¿quién es el dueño de las atracciones mecánicas? Para la Contraloría es claro: el Distrito.

En su criterio, el operador debió haberlas entregado al IDRD y todo por un detalle: se adquirieron como parte de las inversiones obligatorias que debía hacer el operador. Y respalda su conclusión con un peritazgo, donde se supo que gran parte de las atracciones no las compró el operador con recursos propios, sino que las pagó como gasto operacional del parque.

Y en este caso, dice el ente de control, si bien Reforestación y Parques podía adquirir las atracciones por su cuenta y con recursos propios, el haberlas pagado con los recursos que se destinan para garantizar la operación del parque cambia la figura. “Si las atracciones se pagaron de la misma operación del parque, las atracciones son del parque y debieron ser restituidas al Distrito”, enfatiza la Contraloría.

Error tras error

Hoy resulta que dicha restitución nunca se hizo y el Distrito tampoco la reclamó. De ahí que se hable de un detrimento por casi $17.500 millones. Lo peor es que, al parecer, el tiempo para reclamar expiró. El contrato terminó en enero de 2020 y a partir de ese momento tenían tres días para levantar un acta de entrega, reportando el estado y la relación de todos los bienes, y cuatro meses para liquidarlo. En la auditoría de la Contraloría se encontró que, si bien el IDRD levantó acta de entrega, con fecha del 24 de enero de 2020, no se hizo bien. “En la entrega, por ejemplo, de la edificación Cici Aquapark no se dejó siquiera descrito el abandono de la atracción, que entregaron en ruinas”.

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Y frente a la liquidación, pasados cuatro años, no se ha realizado. Según el IDRD, porque falta que Reforestación y Parques adjunte el soporte sobre el cruce de cuentas. La Contraloría califica este detalle como una omisión gravosa del Distrito, ya que a la fecha no se sabe cómo quedaron las cuentas (inversiones y arrendamiento) y si se el contratista está a paz y salvo. “Es de mencionar que el funcionario que retarda, deniega, omite o rehúsa un acto propio de sus funciones comete delito contra la administración pública”, advirtió.

Hoy, el presunto detrimento no solo se configura en la no restitución de las atracciones mecánicas y las omisiones del Distrito, sino en el nuevo contrato de operación, que se firmó en diciembre de 2019, al cierre de la administración de Enrique Peñalosa. El IDRD entregó, esta vez sí por concesión, la operación de las instalaciones a la concesión Parque Salitre Mágico. En dicho contrato, el privado no solo valoró las atracciones en $17.467 millones, sino que las reportaron como su inversión, en el nuevo acuerdo.

Concepto

Los reparos del ente de control los conoció el IDRD, que en diciembre dio sus explicaciones. Defendió la legalidad del contrato de arrendamiento y para ello se refirió a un laudo arbitral de 2003 y la investigación por celebración indebida de contratos, que precluyó en 2002 la Fiscalía, en la que concluyó que no hubo conducta ilícita, por lo que se configuraba una cosa juzgada.

No obstante, la Contraloría rechazó los argumentos, en especial el de la “cosa juzgada”, pues en este caso, la investigación de la Fiscalía se refirió a hechos previos a 2002 y el contrato se mantuvo vigente hasta 2020, lapso en el que ocurrieron hechos que no se investigaron. “De igual manera, es de aclarar que la Contraloría no es competente para tratar temas penales. Ya será la entidad competente la que se pronuncie al respecto”.

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Para el ente de control, lo que sucedió con el contrato de arrendamiento es una presunta vulneración de los principios de economía, transparencia, responsabilidad, celeridad y eficacia. Además, constituye una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente, que derivaría en un daño patrimonial al Estado. Se debió haber hecho un estudio de las necesidades que sustentaran el contrato, así como una debida planeación y efectivos controles, para haber garantizado la máxima productividad.

“Frente a estos hechos, en los que se observan irregularidades en la concepción y suscripción del contrato de arrendamiento, la reversión de la maquinaria invertida y demás situaciones, es pertinente informar que este ente de control, en cumplimiento de la obligación legal de dar a conocer a las autoridades la comisión de un presunto hecho punible, dará traslado de este informe a la Fiscalía General para lo de su competencia”, señaló la Contraloría en su informe.

Y concluyó: “Este caso conlleva a una observación administrativa, con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $17.467 millones, por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, por la no reversión de las atracciones mecánicas producto de la inversión ofrecida por el arrendatario al IDRD, incumplimientos contractuales y la no liquidación del contrato”.

A modo de cierre: pese a todas las presuntas irregularidades y a las dificultades que tuvo el Distrito con Reforestación y Parques, la sociedad sigue vinculada al parque, como socio del operador, que tiene el nuevo contrato de operación, el cual también está en la mira de la Contraloría por posibles faltas en la estructuración del modelo financiero.

Qué dice el exalcalde Enrique Peñalosa sobre el contrato del parque

El exalcalde Enrique Peñalosa explicó que el tema del contrato para operar Salitre Mágico lo investigaron y no hallaron nada ilegal ni nocivo para la ciudad. “Mi padre era muy cívico y hace como 33 años hicieron una sociedad con la que quisieron mejorar el parque. Jaime Castro adjudicó ese contrato. Cuando iba a iniciar mi primera campaña a la alcaldía, mi padre cedió su 5 %, que no tenía valor, porque nada se había iniciado. Y como director del IDRD, mi hermano Guillermo hizo más exigente el contrato. Las investigaciones concluyeron que todo se ajustó a la ley y favoreciendo al Distrito. En mi segunda administración se hizo una nueva APP, que no ha tenido cuestionamiento”, indicó.

Sobre las ganancias de un privado explotando un bien público considera “excelente que se haya hecho Salitre Mágico donde había unos fierros abandonados. Eso ha permitido el disfrute de muchos. No me parece nada malo que unos empresarios tengan lucro, si cumplen con sus obligaciones y le sirven bien a la ciudad”.

Algunos datos

1. Hernán Cortés, director del IDRD, fue sancionado en 1994 por la Personería, por firmar el arrendamiento sin permiso de Planeación.
2. A Guillermo Peñalosa Londoño lo investigó la Procuraduría, pero precluyó en 2002.
3. Ruth María Mojica, directora del IDRD en 1998, fue sancionada por la Procuraduría con 90 días de sueldo, por líos con el contrato.
4. El contrato fue objeto de una acción popular ante el Tribunal de Cundinamarca. En 2006 se ordenó terminar el contrato, pero el Consejo de Estado lo revocó.
5. De enero de 1994 a enero de 2020, Reforestación y Parques reportó ingresos por $490.000 millones y gastos por $341.000 millones. Por arrendamiento, el Distrito recibió $24.926 millones.

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