Los cambios que promete la reforma al Estatuto Orgánico en Bogotá

El Congreso aprobó la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá, documento que dicta los lineamientos políticos, administrativos y fiscales bajo los que se rige la capital. Aunque no se trató de una reestructuración, sí incluyó modificaciones que desde hace años se venían pidiendo y que darán vía libre a propuestas como la de ampliar el número de las localidades de la ciudad. Su aplicación tomará tiempo, pero desde ya hay posiciones encontradas con respecto a su funcionalidad y a los nuevos roles que se determinaron.

Varias de las modificaciones incluidas en el documento final (18 artículos) se pueden agrupar, como es el caso de los nuevos roles que se dan a los alcaldes locales. Pese a que en un principio el proyecto proponía cambiar el método para su elección, al final se excluyó debido a que requiere modificación constitucional. Lo que sí quedó en claro fue que deberán cumplir con los requisitos máximos que tienen los secretarios de despacho, es decir: título profesional, uno de posgrado y experiencia.

Sumado a esto, se pide paridad en la elección de los alcaldes locales, por lo que el 50 % tendrán que ser mujeres, mientras que con respecto a su administración se incluyó la creación de gabinetes locales, en los que estarán delegados de cada secretaría, reuniones semestrales con la Secretaría de Gobierno, para articular acciones, y un nuevo Consejo Distrital de Gobierno para Asuntos Locales, que atenderá únicamente los asuntos de las localidades, en los que se reunirá el mandatario mayor, los secretarios y los alcaldes locales.

Con respecto a las juntas administradoras locales (JAL), dentro de lo más destacado está que ahora podrán citar a funcionarios a debates de control político, así como acceder a mesas de apoyo técnico por localidad y presentar ante el Concejo proyectos de acuerdo concernientes a su territorio. Del mismo modo, ahora del presupuesto distrital, se tendrá que asignar a las localidades mínimo el 12 %.

Por último está la creación de las nuevas localidades. Además de que permite la consolidación de localidades rurales con condiciones diferentes a las urbanas, teniendo en cuenta los criterios demográficos, sociales y ambientales, deja en manos del Plan de Ordenamiento Territorial su creación y delimitación. De hecho, en el proyecto POT de Claudia López ya se habla de cambiar las localidades por zonas de planeación local, que ya no serían 20 sino 30 y ninguna superaría el medio millón de habitantes.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, resaltó que la actualización del Estatuto, que no se modificaba desde hace 28 años, es importante en la medida que no consideraba las dimensiones de localidades como Suba y Kennedy. “Son más grandes que ciudades como Barranquilla y Cartagena. Esta realidad local demanda mayores presupuestos, mayor descentralización y mayor capacidad institucional desde las alcaldías locales, con gabinetes locales y un aumento presupuestal e instrumentos para que el territorio se ordene de mejor manera y responda al estallido social que vive Bogotá y Colombia”.

En este mismo sentido, José Daniel López (Cambio Radical), uno de los promotores del proyecto, resalta que “es la primera vez que se reforma el Estatuto luego de más de 15 intentos fallidos y se hace en el tema que más riesgos ha mostrado en el Distrito, que son las alcaldías locales. Este proyecto es parte de una saga sin precedentes de logros legislativos a favor de Bogotá: la segunda vuelta para elegir alcalde mayor, la Región Metropolitana, el Estatuto de Ciudades Capitales y, ahora, la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá”.

Desde el Concejo la reforma no se vio con el mismo optimismo. Algunos cabildantes cuestionaron la burocracia que se podría generar, mientras que otros, como Carlos Carrillo, Carlos Fernando Galán, Susana Muhamad y Sara Castellanos cuestionaron que se deje en manos de una herramienta de planeación, como el POT, una decisión administrativa como lo es la conformación de nuevas localidades. “Implicaría que una decisión trascendental en materia de representatividad, política y democrática, quedará en manos de la aprobación exclusiva de la administración distrital, en caso de que el Concejo de Bogotá no decida sobre el POT”, indicó Carrillo (Polo).

Asimismo, dentro de la reforma se incluyeron otros dos puntos que no están relacionados con las alcaldías locales, pero que también podrían representar grandes cambios. Por un lado está la creación de un régimen salarial especial para empleados públicos, que tendrá que reglamentar el Gobierno Nacional en los próximos seis meses. Junto a esto se determina que ciertos recursos adicionales del presupuesto ya no deberán pasar por el Concejo, así como tampoco la aprobación de vigencias futuras en determinadas circunstancias.

Con la suerte de su lado, el Distrito tiene vía libre para ejecutar su propuesta de que en la ciudad haya 32 unidades de planeación que reemplazarían a las localidades y que de reglamentarse con el POT, a finales de diciembre, podrían entrar en rigor para 2028. La discusión no la tendrá fácil en el Concejo, donde además deberán reglamentarse otras de las disposiciones de esta nueva reforma.

El Congreso aprobó la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá, documento que dicta los lineamientos políticos, administrativos y fiscales bajo los que se rige la capital. Aunque no se trató de una reestructuración, sí incluyó modificaciones que desde hace años se venían pidiendo y que darán vía libre a propuestas como la de ampliar el número de las localidades de la ciudad. Su aplicación tomará tiempo, pero desde ya hay posiciones encontradas con respecto a su funcionalidad y a los nuevos roles que se determinaron.

Varias de las modificaciones incluidas en el documento final (18 artículos) se pueden agrupar, como es el caso de los nuevos roles que se dan a los alcaldes locales. Pese a que en un principio el proyecto proponía cambiar el método para su elección, al final se excluyó debido a que requiere modificación constitucional. Lo que sí quedó en claro fue que deberán cumplir con los requisitos máximos que tienen los secretarios de despacho, es decir: título profesional, uno de posgrado y experiencia.

Sumado a esto, se pide paridad en la elección de los alcaldes locales, por lo que el 50 % tendrán que ser mujeres, mientras que con respecto a su administración se incluyó la creación de gabinetes locales, en los que estarán delegados de cada secretaría, reuniones semestrales con la Secretaría de Gobierno, para articular acciones, y un nuevo Consejo Distrital de Gobierno para Asuntos Locales, que atenderá únicamente los asuntos de las localidades, en los que se reunirá el mandatario mayor, los secretarios y los alcaldes locales.

Con respecto a las juntas administradoras locales (JAL), dentro de lo más destacado está que ahora podrán citar a funcionarios a debates de control político, así como acceder a mesas de apoyo técnico por localidad y presentar ante el Concejo proyectos de acuerdo concernientes a su territorio. Del mismo modo, ahora del presupuesto distrital, se tendrá que asignar a las localidades mínimo el 12 %.

Por último está la creación de las nuevas localidades. Además de que permite la consolidación de localidades rurales con condiciones diferentes a las urbanas, teniendo en cuenta los criterios demográficos, sociales y ambientales, deja en manos del Plan de Ordenamiento Territorial su creación y delimitación. De hecho, en el proyecto POT de Claudia López ya se habla de cambiar las localidades por zonas de planeación local, que ya no serían 20 sino 30 y ninguna superaría el medio millón de habitantes.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, resaltó que la actualización del Estatuto, que no se modificaba desde hace 28 años, es importante en la medida que no consideraba las dimensiones de localidades como Suba y Kennedy. “Son más grandes que ciudades como Barranquilla y Cartagena. Esta realidad local demanda mayores presupuestos, mayor descentralización y mayor capacidad institucional desde las alcaldías locales, con gabinetes locales y un aumento presupuestal e instrumentos para que el territorio se ordene de mejor manera y responda al estallido social que vive Bogotá y Colombia”.

En este mismo sentido, José Daniel López (Cambio Radical), uno de los promotores del proyecto, resalta que “es la primera vez que se reforma el Estatuto luego de más de 15 intentos fallidos y se hace en el tema que más riesgos ha mostrado en el Distrito, que son las alcaldías locales. Este proyecto es parte de una saga sin precedentes de logros legislativos a favor de Bogotá: la segunda vuelta para elegir alcalde mayor, la Región Metropolitana, el Estatuto de Ciudades Capitales y, ahora, la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá”.

Desde el Concejo la reforma no se vio con el mismo optimismo. Algunos cabildantes cuestionaron la burocracia que se podría generar, mientras que otros, como Carlos Carrillo, Carlos Fernando Galán, Susana Muhamad y Sara Castellanos cuestionaron que se deje en manos de una herramienta de planeación, como el POT, una decisión administrativa como lo es la conformación de nuevas localidades. “Implicaría que una decisión trascendental en materia de representatividad, política y democrática, quedará en manos de la aprobación exclusiva de la administración distrital, en caso de que el Concejo de Bogotá no decida sobre el POT”, indicó Carrillo (Polo).

Asimismo, dentro de la reforma se incluyeron otros dos puntos que no están relacionados con las alcaldías locales, pero que también podrían representar grandes cambios. Por un lado está la creación de un régimen salarial especial para empleados públicos, que tendrá que reglamentar el Gobierno Nacional en los próximos seis meses. Junto a esto se determina que ciertos recursos adicionales del presupuesto ya no deberán pasar por el Concejo, así como tampoco la aprobación de vigencias futuras en determinadas circunstancias.

Con la suerte de su lado, el Distrito tiene vía libre para ejecutar su propuesta de que en la ciudad haya 32 unidades de planeación que reemplazarían a las localidades y que de reglamentarse con el POT, a finales de diciembre, podrían entrar en rigor para 2028. La discusión no la tendrá fácil en el Concejo, donde además deberán reglamentarse otras de las disposiciones de esta nueva reforma.