Los contratos de Baltasar Garzón

El exjuez español Baltasar Garzón es conocido por dos cosas: haber pedido en extradición al exdictador chileno Augusto Pinochet en 1998 y haber sido inhabilitado en su país por 11 años por haber interceptado ilegalmente conversaciones entre unos abogados y sus defendidos. Ahora también es conocido en Colombia por sus asesorías en temas de paz. Sin embargo, desde sus primeras apariciones han surgido críticas contra las entidades oficiales que lo han contratado.

La más reciente apunta al contrato y las prórrogas que firmó entre 2012 y 2013 con Canal Capital. Según la Contraloría Distrital, detrás hubo un posible detrimento patrimonial que asciende a casi $80 millones. El dato surge en medio de la pelea de algunos concejales con el gerente de Canal Capital, Hollman Morris. El documento del ente de control señala que el canal contrató al conocido exjuez español para conducir y realizar un programa de entrevistas entre 2012 y 2013. Sin embargo, hallaron dos posibles irregularidades: que se firmó sin que Garzón tuviera visa de trabajo y que éste luego no cumplió el objeto contractual, generando un presunto detrimento patrimonial de $81 millones.

La cifra la reveló la Contraloría en respuesta a un derecho de petición del concejal del PIN Marco Fidel Ramírez, quien pidió la relación de hallazgos fiscales hechos por la entidad en la auditoría al canal público. La entidad fiscal contestó que halló un posible detrimento, que podría tener incluso incidencias disciplinarias y fiscales, luego de revisar el contrato por cuatro meses que firmó Canal Capital con Garzón para hacer el programa Hablemos de paz y derechos humanos, que incluía 14 programas, seis que se realizarían en el exterior y ocho en Colombia.

Sin embargo, según el ente de control, Garzón “no estaba habilitado para trabajar en el país, ya que, según datos de la Cancillería, la visa temporal para trabajar la obtuvo el 16 de noviembre de 2012” y el contrato con Canal Capital lo firmó el 28 de septiembre de ese año, es decir, dos meses antes. Además, de los seis programas acordados en el exterior, faltó uno.

Según los documentos de Canal Capital, el exjuez entrevistó a Federico Mayor Zaragoza y a Fernando Vallespin, en España; a Diego García-Sayán, en Perú, y a Rafael Correa, en Ecuador. Además, uno de los programas internacionales se cambió por dos entrevistas nacionales, al expresidente español Felipe González, en Cartagena, y al economista Jorge Garay, en Bogotá. No obstante, como lo anota la Contraloría, faltó una entrevista, pese a que se pagó todo el contrato: $163 millones.
Adicionalmente, hubo otro presunto detrimento, esta vez por $10 millones, por una prórroga al contrato que se hizo en marzo de 2013 para seguir con el programa de entrevistas. Sobre esta prórroga, la Contraloría afirmó que se improvisó en la elección de los personajes, ya que se terminó entrevistando al gerente del canal, Hollman Morris, por lo que pagó $8 millones.

“Esta actuación resulta antieconómica al interés del erario distrital, ya que no resulta coherente que el representante legal de la entidad, teniendo plena disposición de los equipos técnicos y humanos, realice erogaciones para su propia entrevista”. A este señalamiento, Canal Capital argumentó que Morris ha sido un comunicador internacionalmente premiado por su defensa de los derechos humanos. Pero la Contraloría contestó que, si bien son ciertas las calidades de Morris, el espacio era para “personajes no comunes en los medios”.

El informe del ente de control señala que en septiembre de 2013 hubo un tercer contrato con el exjuez Garzón para seguir con el programa, donde habría otro posible detrimento por $57 millones, ya que no se entregaron dos programas acordados sobre líderes sindicales y Edgardo Buscaglia (este último en México) y por la repetición de un programa sobre víctimas del conflicto armado.

A esto se suma que en este último contrato hubo supuestos sobrecostos sin justificación. Se pagaron 16 programas en Bogotá con un sobrecosto de $1 millón por cada uno; dos por fuera de la ciudad, con un posible sobrecosto de $2 millones cada uno, y dos programas con entrevistas internacionales, con sobrecosto de $4 millones cada uno. Esto sumaría casi $28 millones. Sobre este punto, Canal Capital argumentó que “debido a las agendas y compromisos previos, aumentaron los costos de desplazamiento de los entrevistadores, por lo que fue necesario hacer un ajuste del valor de cada capítulo”. Esta justificación fue desestimada por la Contraloría.
De esta forma, la auditoría de tres contratos entre Baltasar Garzón y Canal Capital arrojaría un presunto detrimento patrimonial de $81 millones. El gerente del Canal Capital, Hollman Morris, por su parte, ha reiterado en todos los espacios que la mayoría de críticas a su administración hacen parte de una persecución política de sus enemigos y que el reconocimiento de la calidad de contenido del Canal Capital es evidente.

Su paso por Colombia

A comienzos de 2011, el presidente Juan Manuel Santos le extendió una invitación al exjuez para asesorar al Gobierno en derechos humanos, pero Garzón declinó la oferta. Sin embargo, en junio llegó al país como asesor externo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) de la OEA, entidad creada en 2004 para acompañar la desmovilización de los paramilitares, y trabajó como experto en temas de justicia y paz, ley de víctimas y posconflicto.

En febrero de 2012, el presidente Juan Manuel Santos anunció que el exjuez Garzón seguiría prestando su colaboración asesorando a la MAPP con los grupos paramilitares en Colombia hasta que se le acabara el contrato con la OEA y agregó que buscaría otros frentes de trabajo en los cuales el exjuez español pudiera seguir prestando su colaboración al Gobierno.

Fue así como ese mismo año firmó el contrato para el programa de entrevistas con Canal Capital y se convirtió en uno de los asesores “estrellas” de la Fiscalía General. En junio de 2012 consolidó un acuerdo con el ente acusador para asesorarlo en derechos humanos. El acuerdo se concretó cuando el fiscal general, Eduardo Montealegre, le adjudicó de forma directa un contrato por $725 millones para prestar “apoyo técnico al fiscal general para la investigación penal de la macrocriminalidad en contextos de justicia transicional”.

Y si, a criterio de la Contraloría Distrital, el contrato con Canal Capital era irregular por haber sido firmado antes de tener permiso de trabajo en el país, el que firmó con la Fiscalía bien podría enmarcarse en esta misma aparente irregularidad. Garzón firmó el primer contrato con el ente acusador el 8 de octubre de 2012, es decir, 10 días antes de que Gobierno y Farc se encontraran por primera vez en Oslo (Noruega) para iniciar los diálogos de paz y casi un mes antes de obtener su visa de trabajo temporal (16 de noviembre de 2012).

El exjuez español Baltasar Garzón es conocido por dos cosas: haber pedido en extradición al exdictador chileno Augusto Pinochet en 1998 y haber sido inhabilitado en su país por 11 años por haber interceptado ilegalmente conversaciones entre unos abogados y sus defendidos. Ahora también es conocido en Colombia por sus asesorías en temas de paz. Sin embargo, desde sus primeras apariciones han surgido críticas contra las entidades oficiales que lo han contratado.

La más reciente apunta al contrato y las prórrogas que firmó entre 2012 y 2013 con Canal Capital. Según la Contraloría Distrital, detrás hubo un posible detrimento patrimonial que asciende a casi $80 millones. El dato surge en medio de la pelea de algunos concejales con el gerente de Canal Capital, Hollman Morris. El documento del ente de control señala que el canal contrató al conocido exjuez español para conducir y realizar un programa de entrevistas entre 2012 y 2013. Sin embargo, hallaron dos posibles irregularidades: que se firmó sin que Garzón tuviera visa de trabajo y que éste luego no cumplió el objeto contractual, generando un presunto detrimento patrimonial de $81 millones.

La cifra la reveló la Contraloría en respuesta a un derecho de petición del concejal del PIN Marco Fidel Ramírez, quien pidió la relación de hallazgos fiscales hechos por la entidad en la auditoría al canal público. La entidad fiscal contestó que halló un posible detrimento, que podría tener incluso incidencias disciplinarias y fiscales, luego de revisar el contrato por cuatro meses que firmó Canal Capital con Garzón para hacer el programa Hablemos de paz y derechos humanos, que incluía 14 programas, seis que se realizarían en el exterior y ocho en Colombia.

Sin embargo, según el ente de control, Garzón “no estaba habilitado para trabajar en el país, ya que, según datos de la Cancillería, la visa temporal para trabajar la obtuvo el 16 de noviembre de 2012” y el contrato con Canal Capital lo firmó el 28 de septiembre de ese año, es decir, dos meses antes. Además, de los seis programas acordados en el exterior, faltó uno.

Según los documentos de Canal Capital, el exjuez entrevistó a Federico Mayor Zaragoza y a Fernando Vallespin, en España; a Diego García-Sayán, en Perú, y a Rafael Correa, en Ecuador. Además, uno de los programas internacionales se cambió por dos entrevistas nacionales, al expresidente español Felipe González, en Cartagena, y al economista Jorge Garay, en Bogotá. No obstante, como lo anota la Contraloría, faltó una entrevista, pese a que se pagó todo el contrato: $163 millones.
Adicionalmente, hubo otro presunto detrimento, esta vez por $10 millones, por una prórroga al contrato que se hizo en marzo de 2013 para seguir con el programa de entrevistas. Sobre esta prórroga, la Contraloría afirmó que se improvisó en la elección de los personajes, ya que se terminó entrevistando al gerente del canal, Hollman Morris, por lo que pagó $8 millones.

“Esta actuación resulta antieconómica al interés del erario distrital, ya que no resulta coherente que el representante legal de la entidad, teniendo plena disposición de los equipos técnicos y humanos, realice erogaciones para su propia entrevista”. A este señalamiento, Canal Capital argumentó que Morris ha sido un comunicador internacionalmente premiado por su defensa de los derechos humanos. Pero la Contraloría contestó que, si bien son ciertas las calidades de Morris, el espacio era para “personajes no comunes en los medios”.

El informe del ente de control señala que en septiembre de 2013 hubo un tercer contrato con el exjuez Garzón para seguir con el programa, donde habría otro posible detrimento por $57 millones, ya que no se entregaron dos programas acordados sobre líderes sindicales y Edgardo Buscaglia (este último en México) y por la repetición de un programa sobre víctimas del conflicto armado.

A esto se suma que en este último contrato hubo supuestos sobrecostos sin justificación. Se pagaron 16 programas en Bogotá con un sobrecosto de $1 millón por cada uno; dos por fuera de la ciudad, con un posible sobrecosto de $2 millones cada uno, y dos programas con entrevistas internacionales, con sobrecosto de $4 millones cada uno. Esto sumaría casi $28 millones. Sobre este punto, Canal Capital argumentó que “debido a las agendas y compromisos previos, aumentaron los costos de desplazamiento de los entrevistadores, por lo que fue necesario hacer un ajuste del valor de cada capítulo”. Esta justificación fue desestimada por la Contraloría.
De esta forma, la auditoría de tres contratos entre Baltasar Garzón y Canal Capital arrojaría un presunto detrimento patrimonial de $81 millones. El gerente del Canal Capital, Hollman Morris, por su parte, ha reiterado en todos los espacios que la mayoría de críticas a su administración hacen parte de una persecución política de sus enemigos y que el reconocimiento de la calidad de contenido del Canal Capital es evidente.

Su paso por Colombia

A comienzos de 2011, el presidente Juan Manuel Santos le extendió una invitación al exjuez para asesorar al Gobierno en derechos humanos, pero Garzón declinó la oferta. Sin embargo, en junio llegó al país como asesor externo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) de la OEA, entidad creada en 2004 para acompañar la desmovilización de los paramilitares, y trabajó como experto en temas de justicia y paz, ley de víctimas y posconflicto.

En febrero de 2012, el presidente Juan Manuel Santos anunció que el exjuez Garzón seguiría prestando su colaboración asesorando a la MAPP con los grupos paramilitares en Colombia hasta que se le acabara el contrato con la OEA y agregó que buscaría otros frentes de trabajo en los cuales el exjuez español pudiera seguir prestando su colaboración al Gobierno.

Fue así como ese mismo año firmó el contrato para el programa de entrevistas con Canal Capital y se convirtió en uno de los asesores “estrellas” de la Fiscalía General. En junio de 2012 consolidó un acuerdo con el ente acusador para asesorarlo en derechos humanos. El acuerdo se concretó cuando el fiscal general, Eduardo Montealegre, le adjudicó de forma directa un contrato por $725 millones para prestar “apoyo técnico al fiscal general para la investigación penal de la macrocriminalidad en contextos de justicia transicional”.

Y si, a criterio de la Contraloría Distrital, el contrato con Canal Capital era irregular por haber sido firmado antes de tener permiso de trabajo en el país, el que firmó con la Fiscalía bien podría enmarcarse en esta misma aparente irregularidad. Garzón firmó el primer contrato con el ente acusador el 8 de octubre de 2012, es decir, 10 días antes de que Gobierno y Farc se encontraran por primera vez en Oslo (Noruega) para iniciar los diálogos de paz y casi un mes antes de obtener su visa de trabajo temporal (16 de noviembre de 2012).