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El país completa 24 días de paro, en lo que ha sido una jornada sin precedentes y que congrega múltiples clamores del pueblo colombiano que, según expertos, desbordan la representatividad que tiene el Comité Nacional de Paro, el mismo que en varias ocasiones se ha acercado al Gobierno Nacional para intentar concertar una negociación. Tras tantos días de manifestación, es válido preguntarse sobre los costos que ha significado esta jornada, no solo en cuanto a lo material, sino también en lo humano.
Para comenzar, cifras de la ONG Temblores muestran que entre el 28 de abril y el 17 de mayo su plataforma “GRITA” registró más de 2.300 casos de presunta violencia de la Fuerza Pública, entre los cuales figuran 384 víctimas de violencia física, 43 presuntos homicidios, 1.139 detenciones arbitrarias, 18 víctimas de violencia sexual y 146 casos de disparos con armas de fuego.
Por su parte, el balance del Ministerio de Defensa, al 19 de mayo, muestra que en el marco del paro se han registrado 979 casos de civiles lesionados y 15 fallecidos, así como 983 uniformados lesionados y uno fallecido (hecho que ocurrió en Soacha). Solo en Bogotá los policías afectados en las manifestaciones llega a 324. En sus cuentas también reporta afectaciones en 352 establecimientos comerciales, 431 oficinas bancarias, 1.099 vehículos de transporte público, 91 estaciones de gasolina, 107 edificios gubernamentales, 28 peajes y 10 estaciones de Policía.
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Según datos del Ministerio de Hacienda, el balance general de las pérdidas por daños en infraestructura y los efectos de los bloqueos en todo el país alcanzan a la fecha alrededor de $7 billones, siendo los sectores más afectados el comercio, del agro y el transporte. Solo el agropecuario ha perdido casi 800.000 toneladas de productos.
En la capital, por ejemplo, el tejido empresarial ha sido uno de los más golpeados. Según una de las más recientes encuestas de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), el 26 % de los empresarios han tenido pérdidas por daños materiales o de mercancía, mientras que en promedio las empresas han operado con el 40 % de sus trabajadores y el 12 % ha tenido que entrar en la inoperancia ante la imposibilidad que tiene su nómina de llegar a sus puestos de trabajo.
El problema también ha estado en la movilidad, ya que el 78 % ha presentado dificultades en el transporte de sus productos debido al bloqueo en las vías. Este panorama ha hecho que las ventas se vean afectadas en el 55 % de los casos, mientras que el 12 % reporta una caída total en esta materia. El 35 % de los empresarios aseguran que, de continuar las manifestaciones, cerrarían parcialmente, el 48 % reducirían los costos para mantener la operación, el 21 % reducirían el personal contratado y el 6 % cerrarían.
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Parte de las industrias que se han visto más afectadas por los bloqueos es la de la construcción. Camacol comunicó el jueves que por esta situación afecta a 473.000 trabajadores, quienes no han podido ejercer su labor o no pueden llegar a sus sitios de trabajo. Igualmente, de los casi 2.300 proyectos que hay en Colombia (de vivienda y otros usos) el 75 % se ha visto impactado, en parte, porque los insumos no están llegando, pues se encuentran estancados en las vías del país.
De otro lado, el transporte público ha llamado especial atención en los entes gubernamentales, que advierten que la seriedad de las afectaciones pone en riesgo el derecho a la movilidad de los ciudadanos. En Bogotá, por ejemplo, Transmilenio tiene 54 estaciones fuera de servicio, pues no reúnen las condiciones para atender al público, al carecer de puertas, taquillas y lectores de tarjetas, afectando a diario a casi 500.000 personas.
Según el alcalde encargado de Bogotá, Alejandro Gómez, hacer las reparaciones necesarias tardará seis meses (en el mejor de los escenarios) y demandará una inversión cercana a los $18.000 millones y contando, cifra que se suma a la crisis económica que ya tiene el sistema y que espera cerrar el año con un déficit de más de $2 billones.
Mitigar los efectos
Para mitigar estos tipos de afectaciones en infraestructuras públicas y privadas, además de salvaguardar la integridad de los manifestantes, el secretario distrital de Seguridad, Hugo Acero, explica que se viene implementando una estrategia para reducir la generación de actos violentos, que consiste en tener reuniones previas con los organizadores de las marchas y plantones para garantizar la movilización pacífica y su seguridad.
Ya con los puntos de concentración identificados, se hace presencia con gestores de convivencia y mediadores de diálogo, quienes llegan antes, a la espera de los manifestantes, para tener un primer contacto, definir rutas y demás. “Lo que se busca es garantizar ese contacto permanente para la protesta pacífica”, asegura Acero. Del mismo modo detalla que se está cumpliendo con el protocolo establecido para las manifestaciones.
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“Si hay problemas de vandalismo o violencia, o hay riesgo de que eso suceda, los primeros que entran son los gestores de convivencia para dialogar con los líderes de la marcha. Si no ceden, e insisten en la violencia, interviene la Policía. Y si la fuerza disponible no lo alcanza a controlar, es cuando entra el Esmad. Aunque se debe destacar que la mayoría de los manifestantes están marchando de forma pacífica”, explica.
Puntualmente, en el marco del paro, el secretario reporta que en los días más complejos se ha requerido la presencia de 6.500 efectivos de la Policía, quienes, debido a lo prolongado que se ha tornado la jornada de protesta, han demandado una inversión del Distrito de $3.900 millones para raciones diarias de desayuno, almuerzos, cenas y refrigerios. Esto ha significado un reto financiero, teniendo en cuenta que estos han sido gastos adicionales al presupuesto asignado para Seguridad, Convivencia y Justicia, por lo que han tenido que conseguir adiciones, ya que el rubro para este tipo de labores se ha ido agotando.
También hay que tener en cuenta que para estas movilizaciones el Distrito ha dispuesto de 194 gestores de convivencia y más de 50 grupos de diálogo social. Este medio pudo precisar que cada uno de los primeros tiene un salario de $2’600.000, por lo que entre todos, a la fecha, suman una inversión distrital de al menos $504 millones. Aunque El Espectador consultó a la Policía Metropolitana de Bogotá para conocer lo que ha representado financieramente atender esta larga jornada de protestas, no fue posible obtener una respuesta.
El costo para la Policía
No obstante, se pueden hacer aproximaciones con base en los contratos y las solicitudes de cotización que ha publicado la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional en el Secop. Ejemplo de esto es una convocatoria, en proceso de evaluación y observaciones, en la que se dispone de un presupuesto de casi $10.500 millones para la “adquisición de municiones menos letales y lanzadores de gas de 37 mm”.
Parte de las propuestas recibidas muestran que una granada de gas lacrimógeno puede costar $189.160 la unidad, una granada de aturdimiento $155.080, una granada multiimpacto $153.040, una granada de humo de varios colores $121.040 y un lanzador de gas de 37 o 38 mm $3,9 millones. Cada vez que deben activar uno de estos elementos, suma en los gastos.
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Hace unos días el senador Wilson Arias se refirió acerca de estas multimillonarias compras que planea hacer el Gobierno (las cuales estarían próximas a adjudicarse). A la ya mencionada, por casi $10.500 millones, se suma otra por $3.622 millones, la cual tiene como descripción la “adquisición de equipo de protección antimotín”.
Este medio pudo corroborar que este año se han adjudicado y celebrado por lo menos dos contratos para la adquisición de equipos antimotín y dotación. Uno por $751,6 millones y el otro por $118,1 millones. Entre los datos recopilados, se tiene que solo un protector corporal para un agente del Esmad puede costar $4 millones; un casco táctico antimotin, $790.000; un casco de seguridad tipo safari, $282.175, y unos guantes antimotines, $73.333.
Sobre las dos grandes compras enunciadas por el senador Arias, detalla que la primera incluye la adquisición de 98.686 cartuchos de gas lacrimógeno, por un valor de $5.434 millones. Además, un total de 25.349 granadas, entre ellas 9.935 de gas, 5.650 de aturdimiento, 5.843 multi-impacto y 3.921 de humo, por $4.124 millones.
“El documento revela la compra de 60.684 esferas explosivas, por $509 millones y 107 rifles lanzadores de gas, por $426 millones, para un total de $10.495 millones”, detalló, al señalar que la adjudicación estaba programada para el pasado 20 de mayo, es decir, el pasado jueves. Sobre la segunda compra, precisó que la Fuerza Pública pretende comprar 650 protectores corporales, 2.138 escudos y 1.948 cascos antimotín, por $3.622 millones, adquisición que calificó el congresista como “un derroche para aumentar la represión”.
Aunque el uso del Esmad se justifica desde el Estado por el cumplimiento de su misión, la cual es “controlar los disturbios, multitudes, bloqueos, acompañamiento a desalojos de espacios públicos o privados que se presenten en zona urbana o rural del territorio nacional, con la eventual materialización de hechos terroristas y delincuenciales, para restablecer el ejercicio de los derechos y libertades públicas”, hay quienes aseguran que deberían desmontarlo.
Entre ellos, los denominados Escudos Azules, movimiento de manifestantes que se ubican en la primera línea en las protestas, según dicen, para mantener el orden. Simona, una de sus integrantes, argumenta que esto es necesario teniendo en cuenta el abuso policial que se ha cometido en el marco del paro nacional. “Hay cifras que afirman que el Esmad es el responsable de 52 muertes, de las cuales 10 están por confirmar. Aparte de esto, es carísimo lo que le resulta a Colombia el uso del escuadrón antimotines”, dice.
Más allá de los balances económicos y las opiniones políticas, lo cierto es que el paro ya casi completa un mes, y aunque para muchos manifestantes más que pérdidas se han tenido ganancias a partir de los avances que ha logrado su resistencia, la situación económica de la capital y del país es compleja, no solo desde ahora, sino desde que se comenzó a sentir el coletazo del COVID-19 (tal y como lo reflejan cifras como la del desempleo, la pobreza y el PIB que presenta el DANE). El llamado sigue siendo a defender la paz y evitar la violencia destructiva, que ya empieza a pasar cuenta de cobro.