Emberas piden oportunidades: las razones de la protesta de 120 familias indígenas

“Exigimos seguridad, vivienda digna, educación y salud para retornar a nuestro resguardo del Alto Andágueda, en Bagadó (Chocó). Una vez nos den solución, nos vamos. Si no, seguiremos resistiendo”, dice el vicegobernador Favio Arias Estévez, vocero de las 120 familias indígenas, que están desde el miércoles frente al ministerio de Vivienda, en el centro de Bogotá. Su historia es la de muchos: fueron expulsados de sus tierras por la violencia y la minería ilegal; llegaron a Bogotá, vivieron en pagadiarios, luego en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida y de ahí se asentaron en el Parque Nacional. Hoy, protagonistas de una nueva protesta, dicen estar cansados y que quieren retornar.

“Exigimos seguridad, vivienda digna, educación y salud para retornar a nuestro resguardo del Alto Andágueda, en Bagadó (Chocó). Una vez nos den solución, nos vamos. Si no, seguiremos resistiendo”, dice el vicegobernador Favio Arias Estévez, vocero de las 120 familias indígenas, que están desde el miércoles frente al ministerio de Vivienda, en el centro de Bogotá. Su historia es la de muchos: fueron expulsados de sus tierras por la violencia y la minería ilegal; llegaron a Bogotá, vivieron en pagadiarios, luego en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida y de ahí se asentaron en el Parque Nacional. Hoy, protagonistas de una nueva protesta, dicen estar cansados y que quieren retornar.

Sus necesidades y exigencias, si bien son similares a las del resto de comunidades indígenas que protestan en Bogotá, no las hacen en nombre de todos. Ellos buscan negociar por su cuenta. Se cansaron de esperar, como lo siguen haciendo 1.101 indígenas que están en La Rioja; 851, en La Florida; 561, en el Parque Nacional, y 124, que recién llegaron al Buen Samaritano. Son casi 2.700 indígenas esperando soluciones. Su situación refleja el fracaso de las autoridades para encontrar una salida definitiva.

Sus peticiones son puntuales. Según Usiel Villazón Arias, presidente de la Asociación de Cabildos por Colombia, piden seis cosas para retornar: construir 150 viviendas ancestrales en Bagadó; un kilómetro de placa huella; proyectos de emprendimiento; $5.000 millones de capital semilla para artesanías; integrarlos a Renta Ciudadana del DPS, y que desde la Agencia para la Reincorporación (ARN) fortalezcan proyectos de cultivo en su territorio. “No quieren vivir del subsidio, quieren emprender. Tenemos proyectos listos, pero no ha habido respuesta”, dijo Villazón.

Sin embargo, es claro, de momento, que las condiciones son complejas para su regreso. Según el protocolo de Retornos y Reubicaciones, de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARI), la población víctima de desplazamiento forzado tiene derecho a retornar o reubicarse bajo condiciones de voluntariedad, seguridad, dignidad y sostenibilidad. Sin embargo, según una Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, del 14 de abril de 2023, en Bagadó (Chocó) hay alto riesgo, por presencia del ELN. De hecho, advierten que, dentro de las principales poblaciones en riesgo está el Resguardo indígena Tahami Alto Andágueda, de la etnia Embera Katío. “Encontramos que han aumentado las amenazas contra líderes indígenas, comunidades afro y población civil”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Conscientes de lo que podría tardar llegar a las condiciones óptimas para su retorno, han planteado otra alternativa: ser reubicados en alguno de los 32 predios que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tiene en Bogotá y Soacha. “Estamos dispuestos a ir. Necesitamos un albergue”, destacó Arias Estévez. Pese a la petición, desde la SAE dicen que hace un año vienen ofreciendo predios urbanos y rurales a la Alcaldía de Bogotá y a la Unidad de Víctimas, pero “por ahora no nos han hecho la solicitud formal”, dicen.

En respuesta, el nuevo secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, explicó que “es una decisión de país, en donde tendríamos que definir, antes de entregar el predio, varios asuntos como quién lo debería administrar; quién garantizaría la provisión de alimentos para la población, etc. Entonces eso es una cosa que preocupa y que hay que saber resolver. Esto no es una discusión de entregar el predio, sino saber qué pasa después”.

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Quintero agregó que, por lo pronto, acompañan a estas 120 familias embera con gestores de convivencia y de seguridad, mientras “llegan a acuerdos, porque ha habido un par de cosas que nos han preocupado: por un lado, la restricción de movilidad y, por el otro, un par de agresiones a transeúntes en la zona”. Su misión es facilitar el retorno y que la Nación ayude generando las garantías. “Aun no tenemos el censo, pero queremos cruzar datos para saber cuántas ya han tenido retornos antes, porque eso nos comienza a dar patrones de comportamiento, para saber la mejor manera como abordarlos”.

Más diálogos, pero lejos de soluciones definitivas

El caso de las 120 familias indígenas del Chocó refleja las dificultades que se han tenido a lo largo de cinco años con las diferentes comunidades que han llegado a Bogotá buscando soluciones del gobierno. Si bien, tanto el Distrito como la Nación han hecho inversiones para atenderlas, hoy medidas que eran temporales son permanentes, reflejando desarticulación.

Al preguntarle al secretario sobre por qué no hay soluciones definitivas, apuntó: “toca construir un piso jurídico, que dé competencias a la Nación y el Distrito. Gran parte del problema hoy es que todo pasa por la falta de una norma que defina obligaciones precisas a la hora de atender estos retos, pero no hay una regulación ni un protocolo que nos indique qué hacer en estas situaciones. Una vez exista podremos proceder integralmente, sin riesgo de excedernos o incumplir competencias”.

Según un análisis de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, en 2021, concluyó que toda acción desde el Gobierno y el Distrito tendrá un impacto positivo, dependiendo de la coordinación, la asignación adecuada de recursos y la consulta participativa con las comunidades afectadas. “Mi llamado al Gobierno y al Distrito es que el diálogo es el camino de articular. Se deben respetar los procesos sociales en su esencia y no generar acciones con daño como se ha venido haciendo históricamente. Las puertas siguen abiertas para generar soluciones estructurales”, explicó, Jairo Montañez, defensor de DD. HH y coordinador técnico de autoridades indígenas Bakatá.

Entre 2020 a 2024, la alcaldía ha destinado casi $18.000 millones en atenciones en salud, educación y paquetes sociales, así como el sostenimiento de La Rioja y La Florida, y $1.050 millones en alimentación y aseo por parte de la Unidad de Víctimas. Pero, la falta de reglas claras lleva a que la ciudad y los indígenas sigan esperando soluciones concretas.

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“Si el gobierno y las alcaldías no se ponen activas, el pueblo embera desaparecerá en menos de lo que se puedan imaginar y va a ser una pérdida irreparable para el país”, advirtió Lot Usiel Villazón Arias, consejero Mayor y representante legal de la Asociación de Cabildos indígenas por Colombia.

* A pesar de buscar a la Unidad de Víctimas, al término de esta publicación, no hubo respuesta.

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