Los líos de la PTAR Salitre, obra que les costó $1.5 billones a los bogotanos
El 15 % del recaudo del impuesto predial en Bogotá se destina a temas ambientales y, de ese porcentaje, el 50 % es el que financia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Salitre. La obra está presentando irregularidades que desde el 2021, lo que ha motivado pleitos entre el consorcio CEPS constructor, el Acueducto y la CAR.
Sara Caicedo
Todas las aguas negras, basura, ropa, colchones y hasta restos animales y humanos, por años han llegado al río Bogotá. Por eso, una de las acciones para descontaminarlo es la construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). En la capital, principal responsable de las actuales condiciones del afluente, se planea hacer dos: La PTAR Canoas, para tratar el 70 % de las aguas negras en el sur de la ciudad, y la PTAR Salitre, que se encargará del otro 30 %, proveniente del norte. De la primera, solo se puede decir que sigue en el papel. De la otra, ubicada en el noroccidente de Bogotá, que a pesar de operar parcialmente, hoy es motivo de un gran pleito entre el constructor, el Acueducto de Bogotá y la CAR.
Especial río Bogotá
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En la PTAR Salitre, operacionalmente funciona así: recibe las aguas negras, las filtra, retirar los sedimentos y la trata, para luego depositarla de nuevo en el río Bogotá con hasta menos del 40 % de materia orgánica y con una reducción del 60 % de sólidos suspendidos, disminuyendo los índices de contaminación. Actualmente, tiene la capacidad de tratar 5 metros (mt) cúbicos por segundo de aguas residuales. El origen del pleito es que, a la fecha, debería estar tratando los siete metros cúbicos. ¿Por qué?
Para entender el tema, se debe recordar que la construcción de la PTAR se dividió en dos fases. La primera se entregó en el año 2000 y desde entonces trató 4,3 mt cúbicos por segundo. Su operación, mantenimiento y administración estaba a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. No obstante, ante la expansión de la ciudad al norte, se vio la necesidad de casi duplicar su capacidad. Fue así como en 2016, en la administración de Enrique Peñalosa, comenzó el proceso para la construcción de la segunda fase, la cual proyectaba limpiar más de siete mt cúbicos por segundo.
En esta fase hay tres actores importantes:
1. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la cual está a cargo de ejecutar el proyecto. Adjudicó el contrato de obra, por $1,5 billones, provenientes de un préstamo con el Banco Mundial y el cual se paga con parte de los recursos que le transfiere el Distrito para tareas ambientales. Actualmente, del recaudo total del predial, el 15 % se le trasfieren a la CAR y, de estos, la mitad son para pagar la deuda por la PTAR Salitre
2. El Consorcio Expansión PTAR Salitre (CEPS), la empresa privada a cargo de diseñar y construir la segunda fase de la PTAR Salitre. Fue la entidad encargada de la rehabilitación de la planta (fase 1) para conectarla con la fase 2.
3. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la cual es la entidad encargada de operar la PTAR Salitre.
Así comenzaron los líos de la PTAR Salitre
Al principio, el contrato de la segunda fase de esta planta aparentemente se desarrolló bien. La finalización y la entrega de la planta para su operación estaba programada para septiembre del 2021. El plan era que en ese mes el Acueducto recibía la obra a CEPS y empezaba un año de empalme, para aprender el funcionamiento de la nueva construcción, acoplarse y para poder operarla desde septiembre de este año sin complicaciones.
Sin embargo, en el 2021, cuando se le entregó la obra al Acueducto para comenzar el empalme, la empresa no recibió la planta, argumentando una serie de irregularidades. De acuerdo con el Acueducto, de los 5.000 equipos (máquinas) que hay, había 90 en estado crítico, “y reponerlos es más costoso”, compartió Cristina Arango, gerente del Acueducto. De acuerdo con ella, estas máquinas nunca funcionaron, no se les hicieron las pruebas correspondientes, presentan fallas reiteradas, ni tampoco hubo claridad sobre la garantía de esos equipos. Por ejemplo, de los 11 sopladores que tiene la planta, solo 4 están disponibles.
La versión del constructor es diferente. El consorcio responde que todos los equipos pasaron por un peritaje técnico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Asimismo, todas las máquinas contaron con un periodo de corrección de defectos y hasta el 2020 funcionaban. Así lo indicó Gloria Giraldo, gerente de CEPS, quien afirmó que los daños de los que habla el Acueducto se produjeron después de la entrega de estos equipos. Agregó que la garantía no cubría los daños posteriores, que serían responsabilidad del Acueducto.
Sin manuales
En este punto, entra el segundo lío: la falta de manuales de operación de los equipos y de garantía. La gerente del Acueducto le indicó a El Espectador que, cuando hicieron el empalme, nunca encontraron manuales que indicaran cómo funcionan correctamente las maquinas. Por lo que decidieron contratar una empresa externa que les ayudara y los acompañara en el proceso de empalme, ya que “la operación ha sido difícil, por las deficiencias de la planta, sobre todo de los equipos”.
Aunque CEPS desmiente a la entidad Distrital y dice que sí entregaron los manuales, junto a una serie de documentos, el Acueducto afirma que al llegar a la planta solo encontraron un cuarto lleno de papeles, pero que ninguno era un manual. Es decir, nunca hubo una entrega formal de los documentos. “El Acueducto ha hecho por su parte mantenimientos preventivos. Sin embargo, no se puede hacer la reposición de los equipos, porque son costosos y esto aumentaría el valor de la tarifa de alcantarillado que se le cobra a los bogotanos”, indicó la empresa.
La tercera queja del Acueducto es la falla en la box culvert, estructura que funciona como un depósito grande, la cual se desplazó durante su operación y desde marzo está presentando filtraciones, queja que se suma a que, según la empresa, la obra en septiembre del 2021 estaba sin terminar. “Preocupa la situación, porque el 12 de septiembre del 2022 se acaba el contrato, que dice que en esa fecha la obra debe estar lista”, agregó la gerente Arango.
Así funciona la PTAR Salitre a pesar de las irregularidades
Aunque, el Acueducto sigue denunciando que la PTAR no está lista, en junio la Procuraduría emitió una alerta, porque no estaba operando la planta, tal como se había acordado en el contrato. Esto llevó a que Nelly Villamizar, magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y quien vela por el cumplimiento de la sentencia que ordena la recuperación del río Bogotá, emitiera un auto, en el que ordenó a la empresa Distital comenzar a operar, con todas estas implicaciones. La funcionaria señaló que debía cumplirse el contrato pactado por la CAR y que la planta se encontraba en disposición de ser operada.
La decisión no fue cayó bien, al punto de que la exconcejal de Bogotá y próxima ministra de Ambiente, Susana Muhamad, denunció que Villamizar estaba favoreciendo al consorcio encargado. “A pesar de los incumplimientos informados por la interventoría, la EAAB, y la CAR, se obligó, a través de decisiones judiciales, que se expidiera la certificación de aceptación de la entrega operativa de la planta (hito 1) y le exigió al Acueducto de Bogotá recibir la obra sin garantizar su pleno funcionamiento”, indicó.
Y agregó: “Después de la revisión de toda la documentación y de hacer una visita, se han evidenciado que, conforme a las fallas e incumplimientos del contratista, esta decisión no está amparando los derechos colectivos del medio ambiente sano, sino que está favoreciendo al contratista que, a la fecha, no ha cumplido con los requerimientos que reiteradamente se le han solicitado, efectuando con sus decisiones el contrato, desconociendo que por cada día de retraso en la entrega, corresponderían sanciones de 90.000 dólares diarios”, señaló en un su momento Muhamad en la denuncia que hizo.
Actualmente, el Acueducto trabaja en la obra con 97 operarios en la planta. Sin embargo, hay más personas en los laboratorios y áreas administrativas, entre otras. Por su parte, el consorcio CEPS, enfatiza que, fuera de que la planta funciona bien, el Acueducto nunca debió asumir que iba a estar a cargo de la planta o que iba a ser la entidad titular de esta obra. “El Acueducto se creyó el dueño y eso es falso. Uno no traslada $1,5 billones por donación o algo así. Nunca existió en los documentos que el Acueducto iba a ser el titular”. Mientras tanto, los bogotanos deberán asumir el pago de esos 1,5 billones de pesos, y de las sanciones por cada día que tuvo de retraso que tuvo la obra. ¿Estaremos frente al futuro elefante blanco de Bogotá?
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Todas las aguas negras, basura, ropa, colchones y hasta restos animales y humanos, por años han llegado al río Bogotá. Por eso, una de las acciones para descontaminarlo es la construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). En la capital, principal responsable de las actuales condiciones del afluente, se planea hacer dos: La PTAR Canoas, para tratar el 70 % de las aguas negras en el sur de la ciudad, y la PTAR Salitre, que se encargará del otro 30 %, proveniente del norte. De la primera, solo se puede decir que sigue en el papel. De la otra, ubicada en el noroccidente de Bogotá, que a pesar de operar parcialmente, hoy es motivo de un gran pleito entre el constructor, el Acueducto de Bogotá y la CAR.
Especial río Bogotá
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En la PTAR Salitre, operacionalmente funciona así: recibe las aguas negras, las filtra, retirar los sedimentos y la trata, para luego depositarla de nuevo en el río Bogotá con hasta menos del 40 % de materia orgánica y con una reducción del 60 % de sólidos suspendidos, disminuyendo los índices de contaminación. Actualmente, tiene la capacidad de tratar 5 metros (mt) cúbicos por segundo de aguas residuales. El origen del pleito es que, a la fecha, debería estar tratando los siete metros cúbicos. ¿Por qué?
Para entender el tema, se debe recordar que la construcción de la PTAR se dividió en dos fases. La primera se entregó en el año 2000 y desde entonces trató 4,3 mt cúbicos por segundo. Su operación, mantenimiento y administración estaba a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. No obstante, ante la expansión de la ciudad al norte, se vio la necesidad de casi duplicar su capacidad. Fue así como en 2016, en la administración de Enrique Peñalosa, comenzó el proceso para la construcción de la segunda fase, la cual proyectaba limpiar más de siete mt cúbicos por segundo.
En esta fase hay tres actores importantes:
1. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la cual está a cargo de ejecutar el proyecto. Adjudicó el contrato de obra, por $1,5 billones, provenientes de un préstamo con el Banco Mundial y el cual se paga con parte de los recursos que le transfiere el Distrito para tareas ambientales. Actualmente, del recaudo total del predial, el 15 % se le trasfieren a la CAR y, de estos, la mitad son para pagar la deuda por la PTAR Salitre
2. El Consorcio Expansión PTAR Salitre (CEPS), la empresa privada a cargo de diseñar y construir la segunda fase de la PTAR Salitre. Fue la entidad encargada de la rehabilitación de la planta (fase 1) para conectarla con la fase 2.
3. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la cual es la entidad encargada de operar la PTAR Salitre.
Así comenzaron los líos de la PTAR Salitre
Al principio, el contrato de la segunda fase de esta planta aparentemente se desarrolló bien. La finalización y la entrega de la planta para su operación estaba programada para septiembre del 2021. El plan era que en ese mes el Acueducto recibía la obra a CEPS y empezaba un año de empalme, para aprender el funcionamiento de la nueva construcción, acoplarse y para poder operarla desde septiembre de este año sin complicaciones.
Sin embargo, en el 2021, cuando se le entregó la obra al Acueducto para comenzar el empalme, la empresa no recibió la planta, argumentando una serie de irregularidades. De acuerdo con el Acueducto, de los 5.000 equipos (máquinas) que hay, había 90 en estado crítico, “y reponerlos es más costoso”, compartió Cristina Arango, gerente del Acueducto. De acuerdo con ella, estas máquinas nunca funcionaron, no se les hicieron las pruebas correspondientes, presentan fallas reiteradas, ni tampoco hubo claridad sobre la garantía de esos equipos. Por ejemplo, de los 11 sopladores que tiene la planta, solo 4 están disponibles.
La versión del constructor es diferente. El consorcio responde que todos los equipos pasaron por un peritaje técnico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Asimismo, todas las máquinas contaron con un periodo de corrección de defectos y hasta el 2020 funcionaban. Así lo indicó Gloria Giraldo, gerente de CEPS, quien afirmó que los daños de los que habla el Acueducto se produjeron después de la entrega de estos equipos. Agregó que la garantía no cubría los daños posteriores, que serían responsabilidad del Acueducto.
Sin manuales
En este punto, entra el segundo lío: la falta de manuales de operación de los equipos y de garantía. La gerente del Acueducto le indicó a El Espectador que, cuando hicieron el empalme, nunca encontraron manuales que indicaran cómo funcionan correctamente las maquinas. Por lo que decidieron contratar una empresa externa que les ayudara y los acompañara en el proceso de empalme, ya que “la operación ha sido difícil, por las deficiencias de la planta, sobre todo de los equipos”.
Aunque CEPS desmiente a la entidad Distrital y dice que sí entregaron los manuales, junto a una serie de documentos, el Acueducto afirma que al llegar a la planta solo encontraron un cuarto lleno de papeles, pero que ninguno era un manual. Es decir, nunca hubo una entrega formal de los documentos. “El Acueducto ha hecho por su parte mantenimientos preventivos. Sin embargo, no se puede hacer la reposición de los equipos, porque son costosos y esto aumentaría el valor de la tarifa de alcantarillado que se le cobra a los bogotanos”, indicó la empresa.
La tercera queja del Acueducto es la falla en la box culvert, estructura que funciona como un depósito grande, la cual se desplazó durante su operación y desde marzo está presentando filtraciones, queja que se suma a que, según la empresa, la obra en septiembre del 2021 estaba sin terminar. “Preocupa la situación, porque el 12 de septiembre del 2022 se acaba el contrato, que dice que en esa fecha la obra debe estar lista”, agregó la gerente Arango.
Así funciona la PTAR Salitre a pesar de las irregularidades
Aunque, el Acueducto sigue denunciando que la PTAR no está lista, en junio la Procuraduría emitió una alerta, porque no estaba operando la planta, tal como se había acordado en el contrato. Esto llevó a que Nelly Villamizar, magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y quien vela por el cumplimiento de la sentencia que ordena la recuperación del río Bogotá, emitiera un auto, en el que ordenó a la empresa Distital comenzar a operar, con todas estas implicaciones. La funcionaria señaló que debía cumplirse el contrato pactado por la CAR y que la planta se encontraba en disposición de ser operada.
La decisión no fue cayó bien, al punto de que la exconcejal de Bogotá y próxima ministra de Ambiente, Susana Muhamad, denunció que Villamizar estaba favoreciendo al consorcio encargado. “A pesar de los incumplimientos informados por la interventoría, la EAAB, y la CAR, se obligó, a través de decisiones judiciales, que se expidiera la certificación de aceptación de la entrega operativa de la planta (hito 1) y le exigió al Acueducto de Bogotá recibir la obra sin garantizar su pleno funcionamiento”, indicó.
Y agregó: “Después de la revisión de toda la documentación y de hacer una visita, se han evidenciado que, conforme a las fallas e incumplimientos del contratista, esta decisión no está amparando los derechos colectivos del medio ambiente sano, sino que está favoreciendo al contratista que, a la fecha, no ha cumplido con los requerimientos que reiteradamente se le han solicitado, efectuando con sus decisiones el contrato, desconociendo que por cada día de retraso en la entrega, corresponderían sanciones de 90.000 dólares diarios”, señaló en un su momento Muhamad en la denuncia que hizo.
Actualmente, el Acueducto trabaja en la obra con 97 operarios en la planta. Sin embargo, hay más personas en los laboratorios y áreas administrativas, entre otras. Por su parte, el consorcio CEPS, enfatiza que, fuera de que la planta funciona bien, el Acueducto nunca debió asumir que iba a estar a cargo de la planta o que iba a ser la entidad titular de esta obra. “El Acueducto se creyó el dueño y eso es falso. Uno no traslada $1,5 billones por donación o algo así. Nunca existió en los documentos que el Acueducto iba a ser el titular”. Mientras tanto, los bogotanos deberán asumir el pago de esos 1,5 billones de pesos, y de las sanciones por cada día que tuvo de retraso que tuvo la obra. ¿Estaremos frente al futuro elefante blanco de Bogotá?
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