Los líos que no ha podido enterrar Doña Juana
Más allá de la disputa por la disposición de los residuos mixtos, hay un encontrón entre el Distrito y el operador por la operación del relleno. Los incumplimientos, el monto de los pagos y la licencia ambiental, entre los principales puntos de discordia.
Mónica Rivera / @Yomonriver
Una nueva disputa entre el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) Doña Juana y el Distrito se avivó esta semana por cuenta de una denuncia penal que interpuso el operador del relleno contra Amanda Camacho, directora de la Unidad Especial Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp). La razón: las versiones encontradas sobre quién debe hacer la disposición de los residuos mixtos.
Mientras, por un lado, Mauricio Bernal, representante legal de CGR, señala que ellos se apegan a la cláusula primera del contrato de concesión, en el que se indica que se deben encargar de “la disposición final de residuos sólidos y tratamiento de lixiviados, con alternativas de aprovechamiento de los desechos provenientes del servicio ordinario de aseo”; por el otro está Camacho, quien asegura que este servicio no es ordinario, pues no lo pagan los ciudadanos en la tarifa de aseo y, por consiguiente, el Distrito puede contratar a un tercero para hacerlo.
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El problema comenzó el pasado 3 de marzo, cuando el CGR solicitó el pago de dos facturas por disposición final de residuos mixtos —es decir escombros y basura— de diciembre de 2019 y enero de 2020, que sumaban $2.313 millones. De acuerdo con la directora de la Uaesp, “cuando llegamos en enero, no existía contrato, adición, ni otrosí vigente; es decir, que no había un soporte jurídico que permitiera hacer el pago de esas actividades, por lo que les ofrecimos una nueva fórmula de trabajo que no aceptaron”.
La versión de Bernal indica que el Distrito les respondió que no iba a pagar y anunciaron que harían un estudio de mercado, para decidir si contrataban a un tercero o firmaban un nuevo acuerdo con CGR. “Si entrara un tercero, tendrían que sacar los escombros del relleno y llevarlos a una escombrera, porque no los vamos a usar y nos tendrían que pagar la disposición de la basura, por lo que todo les saldría más costoso”, indicó el directivo.
Por ello y ante la falta de un acuerdo, en una nueva comunicación del 3 de abril, CGR anunció que no continuaría con la disposición de mixtos. “Se permitirá el ingreso de los vehículos que los transportan hasta el patio de mixtos (…). Debe tenerse en cuenta que el patio tiene un área limitada, por lo cual su capacidad de recepción se agotará rápidamente”, aseveraron.
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Fue así como, a los dos días, según CGR, había más de 10.000 toneladas sin tratar y se llenaron dos patios con residuos mixtos, por lo que se comenzó a ubicar sobre vías que no se utilizan. En este momento, le informaron a la Uaesp que continuaría con la disposición, pero la respuesta del Distrito fue que en caso de hacerlo se trataría de una extralimitación y omisión a las obligaciones contractuales, que podría acarrear sanciones administrativas.
De acuerdo con la directora de la Uaesp, hay una versión que CGR no cuenta y es que dentro del relleno hay al menos 170.000 toneladas de residuos mixtos sin tratar, que hacían parte de una acumulación que los vecinos llamaron “la montaña de la vergüenza”, en la que inicialmente había 450.000 toneladas de este tipo de residuos.
Luego de todo esto, el pasado viernes 8 de mayo “fue Troya”. Al relleno entraron funcionarios del Distrito con una retroexcavadora para hacer el manejo de los mixtos, pero los funcionarios del CGR les impidieron el paso con camionetas que atravesaron en la vía, por lo que luego llegó Camacho con cincuenta policías de Ciudad Bolívar. El hecho no pasó a mayores, pero el lunes se conoció la denuncia del CGR contra la funcionaria por prevaricato y contaminación ambiental, mientras que en el transcurso de la semana se conocieron otras acciones.
Por ejemplo, hay dos quejas en la Contraloría, por presunta afectación de los recursos del Distrito, al considerar que “han generado erogaciones, lo que a la postre podría ocasionar detrimento al patrimonio del Estado y peligros para la salud humana como consecuencia de circunstancias ambientales desfavorables”, ya que no ha realizado el pago y lo del pasado viernes habría sido “allanamiento”. Además, solicitaron a la Personería de Bogotá investigar a Camacho por el “el riesgo —caprichoso— que pretende generar en la comunidad colindante al relleno”.
Si bien el operador indica que existe un acta de acuerdo firmada en 2014, por la entonces directora de la Uaesp, Ilva Nubia Herrera, en la que se permite llevar los residuos mixtos al patio de separación y clasificación, que está en el relleno, pero fuera de los polígonos licenciados por la CAR para disposición, esto le permite a la administración distrital sostener que la disposición de los mixtos no está dentro del contrato con CGR y en cambio sí por fuera de la licencia ambiental que ellos tienen.
Por esto, el pasado miércoles el Distrito firmó un contrato con Aguas de Bogotá para hacer la disposición de los mixtos, del que aún no se conocen detalles específicos como, por ejemplo, la operación, a dónde llevarán los escombros y si le pagarán a CGR para disponer de las basuras orgánicas. Mientras tanto, el Distrito prevé sus acciones, pues CGR, pese al aumento de la tarifa que le autorizaron el año pasado, aún no ha cumplido con el tratamiento total de los lixiviados y otras tareas a su mando.
Si el Distrito solicita una nueva licencia ambiental, sería para la transformación de residuos en energía y otro tipo de disposiciones, como lo indica su proyecto de plan de desarrollo. “Aquí lo que hemos perdido es gobernabilidad. La gerencia pública debe ser gobernada por el Distrito con contrataciones y licitaciones, pero sin perder el control sobre sus bienes”, dijo la directora de la Uaesp.
Por ahora, la discusión sigue y tiene otras aristas, como el tribunal de arbitramento que actualmente lleva CGR en contra del Distrito, para un aumento en su tarifa, así como la determinación de la ANLA sobre la solicitud para ampliar la vida útil del relleno. Por lo pronto, resta esperar cómo se supera esta emergencia y qué soluciones de fondo se logran al problema que históricamente ha representando Doña Juana.
Una nueva disputa entre el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) Doña Juana y el Distrito se avivó esta semana por cuenta de una denuncia penal que interpuso el operador del relleno contra Amanda Camacho, directora de la Unidad Especial Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp). La razón: las versiones encontradas sobre quién debe hacer la disposición de los residuos mixtos.
Mientras, por un lado, Mauricio Bernal, representante legal de CGR, señala que ellos se apegan a la cláusula primera del contrato de concesión, en el que se indica que se deben encargar de “la disposición final de residuos sólidos y tratamiento de lixiviados, con alternativas de aprovechamiento de los desechos provenientes del servicio ordinario de aseo”; por el otro está Camacho, quien asegura que este servicio no es ordinario, pues no lo pagan los ciudadanos en la tarifa de aseo y, por consiguiente, el Distrito puede contratar a un tercero para hacerlo.
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El problema comenzó el pasado 3 de marzo, cuando el CGR solicitó el pago de dos facturas por disposición final de residuos mixtos —es decir escombros y basura— de diciembre de 2019 y enero de 2020, que sumaban $2.313 millones. De acuerdo con la directora de la Uaesp, “cuando llegamos en enero, no existía contrato, adición, ni otrosí vigente; es decir, que no había un soporte jurídico que permitiera hacer el pago de esas actividades, por lo que les ofrecimos una nueva fórmula de trabajo que no aceptaron”.
La versión de Bernal indica que el Distrito les respondió que no iba a pagar y anunciaron que harían un estudio de mercado, para decidir si contrataban a un tercero o firmaban un nuevo acuerdo con CGR. “Si entrara un tercero, tendrían que sacar los escombros del relleno y llevarlos a una escombrera, porque no los vamos a usar y nos tendrían que pagar la disposición de la basura, por lo que todo les saldría más costoso”, indicó el directivo.
Por ello y ante la falta de un acuerdo, en una nueva comunicación del 3 de abril, CGR anunció que no continuaría con la disposición de mixtos. “Se permitirá el ingreso de los vehículos que los transportan hasta el patio de mixtos (…). Debe tenerse en cuenta que el patio tiene un área limitada, por lo cual su capacidad de recepción se agotará rápidamente”, aseveraron.
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Fue así como, a los dos días, según CGR, había más de 10.000 toneladas sin tratar y se llenaron dos patios con residuos mixtos, por lo que se comenzó a ubicar sobre vías que no se utilizan. En este momento, le informaron a la Uaesp que continuaría con la disposición, pero la respuesta del Distrito fue que en caso de hacerlo se trataría de una extralimitación y omisión a las obligaciones contractuales, que podría acarrear sanciones administrativas.
De acuerdo con la directora de la Uaesp, hay una versión que CGR no cuenta y es que dentro del relleno hay al menos 170.000 toneladas de residuos mixtos sin tratar, que hacían parte de una acumulación que los vecinos llamaron “la montaña de la vergüenza”, en la que inicialmente había 450.000 toneladas de este tipo de residuos.
Luego de todo esto, el pasado viernes 8 de mayo “fue Troya”. Al relleno entraron funcionarios del Distrito con una retroexcavadora para hacer el manejo de los mixtos, pero los funcionarios del CGR les impidieron el paso con camionetas que atravesaron en la vía, por lo que luego llegó Camacho con cincuenta policías de Ciudad Bolívar. El hecho no pasó a mayores, pero el lunes se conoció la denuncia del CGR contra la funcionaria por prevaricato y contaminación ambiental, mientras que en el transcurso de la semana se conocieron otras acciones.
Por ejemplo, hay dos quejas en la Contraloría, por presunta afectación de los recursos del Distrito, al considerar que “han generado erogaciones, lo que a la postre podría ocasionar detrimento al patrimonio del Estado y peligros para la salud humana como consecuencia de circunstancias ambientales desfavorables”, ya que no ha realizado el pago y lo del pasado viernes habría sido “allanamiento”. Además, solicitaron a la Personería de Bogotá investigar a Camacho por el “el riesgo —caprichoso— que pretende generar en la comunidad colindante al relleno”.
Si bien el operador indica que existe un acta de acuerdo firmada en 2014, por la entonces directora de la Uaesp, Ilva Nubia Herrera, en la que se permite llevar los residuos mixtos al patio de separación y clasificación, que está en el relleno, pero fuera de los polígonos licenciados por la CAR para disposición, esto le permite a la administración distrital sostener que la disposición de los mixtos no está dentro del contrato con CGR y en cambio sí por fuera de la licencia ambiental que ellos tienen.
Por esto, el pasado miércoles el Distrito firmó un contrato con Aguas de Bogotá para hacer la disposición de los mixtos, del que aún no se conocen detalles específicos como, por ejemplo, la operación, a dónde llevarán los escombros y si le pagarán a CGR para disponer de las basuras orgánicas. Mientras tanto, el Distrito prevé sus acciones, pues CGR, pese al aumento de la tarifa que le autorizaron el año pasado, aún no ha cumplido con el tratamiento total de los lixiviados y otras tareas a su mando.
Si el Distrito solicita una nueva licencia ambiental, sería para la transformación de residuos en energía y otro tipo de disposiciones, como lo indica su proyecto de plan de desarrollo. “Aquí lo que hemos perdido es gobernabilidad. La gerencia pública debe ser gobernada por el Distrito con contrataciones y licitaciones, pero sin perder el control sobre sus bienes”, dijo la directora de la Uaesp.
Por ahora, la discusión sigue y tiene otras aristas, como el tribunal de arbitramento que actualmente lleva CGR en contra del Distrito, para un aumento en su tarifa, así como la determinación de la ANLA sobre la solicitud para ampliar la vida útil del relleno. Por lo pronto, resta esperar cómo se supera esta emergencia y qué soluciones de fondo se logran al problema que históricamente ha representando Doña Juana.