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Los balances financieros de las empresas operadoras del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) están en rojo. Ellas lo vienen diciendo desde el año pasado, Transmilenio lo sabe y la interventoría lo ratifica de forma contundente: cuatro de las siete compañías que tienen buses en circulación, se encuentran en causal de disolución. Es decir, están en la quiebra. Mantenerlas sería convertir su hueco financiero en un verdadero hoyo negro.
En el más reciente informe que le presentó el interventor a Transmilenio, que data de junio, se lee que “los ingresos no compensan los gastos y costos de operación de los concesionarios”. Esto ha llevado a que el nivel de endeudamiento de los operadores, en promedio, supere el 70 %, lo que “significa que la mayor parte de los activos de las empresas pertenecen a sus proveedores y acreedores, como consecuencia de sus obligaciones financieras a largo plazo”.
Esta afirmación la justifican las siguientes cifras: aunque el SITP cuenta con casi 6.500 vehículos, estos solo movilizan 1,4 millones de pasajeros diarios de los 4 millones que se tenía como meta mínima. Este desbalance equivale a que los operadores dejan de recibir $4.500 millones diarios ($1,6 billones al año). Y si a esto se suma la competencia de los buses tradicionales (6.312, según el Observatorio de Movilidad), que movilizan 2,2 millones de pasajeros al día, es fácil encontrar las razones del déficit.
El interventor llama la atención puntualmente sobre cuatro empresas: Tranzit (que opera en Usme), Gmóvil (Engativá), Este es mi Bus (Tintal y Calle 80) y Masivo Capital (Suba oriental y Kennedy). Y lo hace porque, según las cuentas, se encuentran ante una posible causal de disolución por la acumulación de pérdidas y el deterioro de su patrimonio. Y concluye: “La interventoría ha alertado a los concesionarios para que tomen las acciones necesarias para superar la situación”.
Todo indica que las empresas ya están actuando, pero le apuntan al peor escenario. Algunos operadores piensan pedir la terminación de los contratos. Aunque esa puede ser una forma de presionar al Distrito para que busque soluciones rápidas y de fondo, en la mesa de la gerente de Transmilenio ya está puesta una solicitud formal. Se trata de la que hizo Tranzit el 20 de septiembre, en la que pidió analizar la posibilidad de terminar de mutuo acuerdo el contrato porque no tienen cómo seguir garantizando el servicio. Otros tres operadores anunciaron que seguirán el mismo camino: Suma, Masivo Capital y Este es mi Bus.
Estas cuatro empresas cubren con buses azules el 50 % del transporte público de Bogotá, en 6 de las 13 zonas que hay en la ciudad, como Usme, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba Oriental, Calle 80 y Tintal Zona Franca, con un potencial de casi tres millones de usuarios. Además, tienen 3.000 buses (de los 6.500 que hay) y 114 rutas (de 265). Si se concreta la terminación de los contratos, sumada a la reciente liquidación de Coobús y Egobús, la estabilidad del transporte público en Bogotá estaría en riesgo.
El concejal Antonio Sanguino, quien viene estudiando los reportes de la interventoría del SITP, señala que esta situación “obliga a que la administración tome medidas urgentes para evitar que el sistema de transporte colapse, porque ninguno de los concesionarios estaría en capacidad de mantener la operación”.
El problema crece y a la fecha la Secretaría de Movilidad guarda silencio porque, dice, no es suya la vocería. Transmilenio, por su parte, reconoce el gran deterioro del sistema, pero que ante la solicitud de los operadores no se puede pronunciar porque hay discusiones jurídicas. Sostiene, eso sí, que los usuarios son la prioridad y que sigue trabajando para mejorar el servicio. En resumen, por ahora no hay decisiones claras ni de fondo.
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