Los otros desplazados del Bronx

Una familia de víctimas de la violencia, que subsistía de un local comercial que tenía arrendado en el Bronx. Tres familias de recicladores, con bodegas llenas de material y algo de dinero en efectivo. Arrendatarios que quedaron sin techo y sin opción de sacar sus pertenencias. Todos tienen algo en común: contra ellos no existe ningún proceso judicial, tenían sus documentos en regla y hoy forman parte del grupo de los otros desplazados del Bronx.

No hay discusión sobre la necesidad de la intervención que adelantó la Alcaldía el pasado 28 de mayo, porque la zona se había convertido en el principal imperio del crimen de la ciudad. Sin embargo, más allá de lo policial es evidente que faltó planear una intervención integral. No tuvieron claro qué hacer con quienes vivían de manera legal ni calcularon los efectos de la operación. La dispersión de habitantes de calle enfrentan las demandas de algunos afectados por la presunta violación al debido proceso.

Se trata de un grupo de ciudadanos, entre arrendatarios, comerciantes y propietarios de inmuebles, que insisten en que sus negocios y sus casas, pese a quedar en medio de este infierno, eran legales, pagaban impuestos y no tenían líos con la justicia. Incluso, sostienen que las autoridades carecían de órdenes de allanamiento expedidas por un juez, como para haberlos despojado y desplazado sin al menos una explicación. Hoy señalan que tras la intervención policial se quedaron con las manos vacías. Varios ya contactaron abogados para llevar ante los tribunales lo que consideran una violación al debido proceso.

Las denuncias

Las primeras historias llegaron a la Defensoría del Pueblo, a donde acudieron arrendatarios, comerciantes, propietarios e, incluso, habitantes de calle a quejarse por el procedimiento que adelantó el Distrito. “Se acercaron personas en tres situaciones especiales. Los primeros fueron los residentes, comerciantes y propietarios”, explica el defensor en Bogotá, William Suárez.

Los residentes denuncian que las autoridades los maltrataron, los desplazaron y ni siquiera pudieron sacar sus pertenencias. Otro es el caso de los comerciantes formales, que exhiben los documentos de sus negocios y expresan que tenían dinero y mercancías que quedaron retenidos sin un debido proceso; aseguran, además, que los sacaron de sus establecimientos vulnerando su derecho al trabajo y la propiedad sobre esos artículos. “No les dijeron que la mercancía quedaba retenida, no les hicieron inventario. Los sacaron a la fuerza y listo”, agrega el defensor.

Finalmente están los propietarios, que se vieron abocados a abandonar sus propiedades por la falta de protección de las autoridades cuando los criminales se tomaron el Bronx, y hoy escuchan que demolerán sus propiedades sin presentarles estudios técnicos, sin cumplir el debido proceso y sin hacerles ninguna oferta.

“Todo se resume en lo siguiente: en este proceso aparentemente se violaron los derechos al debido proceso, a la defensa y a la propiedad. Para allanar un negocio, cerrar un local, incautar mercancía, decir que van a demoler por ruina… para todo hay un proceso. Si no lo cumplieron, seguramente vendrán demandas contra el Distrito, que sería un panorama preocupante”, concluye el defensor del Pueblo en Bogotá.

Las historias

Una mujer afectada que radicó una acción de tutela contra el Distrito relata, por ejemplo, que en 1994 su esposo compró cuatro propiedades en el sector donde años después se formó el Bronx. Inicialmente vivieron allí y su marido montó un taller de mecánica industrial. Tras la intervención del Cartucho y cuando llegó la ola de habitantes de calle a esa zona, tuvieron que salir. Para garantizar la pertenencia de los predios, los arrendaron a personas que luego los usaron como residencias pagadiario.

“Por un tiempo nos pagaban el arrendamiento, hasta que un día nos llamaron a decirnos que los habían sacado y que eso quedó en manos de los delincuentes. Nunca pudimos volver. Hoy nos dicen que nos van a demoler las casas y nadie nos da razón. Le he escrito a muchas autoridades y nadie responde. Estimo que esas propiedades pueden costar alrededor de $500 millones que alguien nos tendrá que pagar”.

Otros nueve afectados ya tienen abogado. Se trata de Querubín Guzmán, quien los representará en las demandas contra el Estado y tiene su propia interpretación, más allá de las quejas de sus clientes. “Si bien la intervención había que hacerla, realmente todo esto es un distractor social. La esencia del problema es despojar a los propietarios de los inmuebles, pagar barato y luego venderlos caro en el proceso de renovación urbana”.

“Es ilógico e ilegal lo que ocurrió. A los dueños de los inmuebles los despojaron y no saben bajo qué proceso. Aunque le han consultado al Distrito, no les responden. Para quitárselos por extinción de dominio o por expropiación administrativa se deben cumplir unos requisitos que, en este caso, se han incumplido. Se les violaron los derechos al debido proceso y a la defensa”, considera el abogado, que agrega: “Tenemos casos de personas a las que prácticamente los delincuentes les ocuparon la propiedad y las autoridades nunca hicieron nada. La Policía nunca hizo nada y dejó que eso se volviera una zona sin ley. Ahora se las quita la administración y tampoco les responden”.

Él pone como ejemplo a uno de sus clientes, dueño de una cigarrería, que tiene todo en regla. El día de la toma lo sacaron a la fuerza. Allí tenía unas neveras especiales. Entre muebles y el inmueble, sin contar lo que ha perdido por el lucro cesante de su negocio, calcula que pudo haber perdido casi $600 millones. “Otro cliente tenía un negocio legal y mensualmente ganaba $10 millones. Claro, en su negocio encontraron unas máquinas ilegales, pero él no las explotaba. Era una imposición de los delincuentes. Allí imperaba la ley del silencio. Eso no lo han tenido en cuenta”, agrega Guzmán.

Y concluye: “Esta es la otra cara de la realidad. El Distrito tiene que entrar a reparar. Si bien la operación se justificó en el bien común, no se podía llevar por delante a personas que están en el marco de la ley. La evidencia está en que, por ahora, sólo puede demoler nueve predios. El resto será una pelea larga porque incumplió el debido proceso. Claro, la lógica de ellos seguramente fue actuar sin pensar en esos detalles y dejar que la gente demandara al Estado, ¿pero quién terminará pagando? Pues todos nosotros con los impuestos, por una alcaldada”, concluyó.

La respuesta del Distrito

En el Distrito descargan la responsabilidad sobre la Empresa de Renovación Urbana (ERU), que será la encargada de cambiarle la cara al antiguo Bronx. Allí explican que la intervención se ordenó teniendo en cuenta que en la zona operaban grupos ilegales de microtráfico, explotación sexual de menores y delitos relativos a la violación de las libertades individuales, como la tortura y el secuestro. “Todas constitutivas de graves violaciones a los derechos humanos, además de una grave condición estructural objeto de amenaza inminente de ruina”.

Aclaran que, luego de la intervención, la administración designó varias entidades para coordinar acciones, entre ellas a la ERU, que se encargará de la renovación. En el barrio Voto Nacional se adelantará un proyecto urbano integral “que garantice la renovación de una pieza del centro de la ciudad, mediante la normalización de un sector amenazado por la marginalidad y el abandono, que ha perdido funcionalidad y calidad urbanística, y en el que se ha degradado el espacio público y el espacio edificado por su proceso de deterioro”, señalan.

Frente al silencio que denuncian algunos afectados, indican que sólo hasta ahora es que la ERU asume la competencia para atender a la población y a los propietarios. “La ERU desarrollará las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar para la gestión urbana y del suelo”.

Concluyen que la entidad sí ha tenido contacto con varios propietarios del sector, pero que “es pertinente recordar que en la gran mayoría de predios de la zona los propietarios habían perdido el control de los mismos”.

Al consultarle al Distrito si existe un decreto o una orden judicial que impida el acceso de los propietarios al antiguo Bronx, nadie da razón. Aunque insisten en que la ERU ha atendido a algunos para brindarles orientación jurídica y responderles sus inquietudes, los denunciantes que acudieron a la Defensoría del Pueblo afirman lo contrario.

Los denunciantes aclaran, eso sí, que su pelea no es contra la toma del Bronx. Reconocen que el crimen mandaba en la zona, pero reclaman que, pasados casi tres meses, ni siquiera les hayan respondido los oficios que enviaron a la administración ni les han hecho una oferta ni han recibido algún documento oficial que les indique el camino a seguir.

“Nos trataron como delincuentes, sin darse a la tarea de conocer la real situación. Hoy estamos con las manos vacías, muchos sin su medio de sustento, que nada tenía que ver con el delito, y sin una repuesta de la administración”, concluye un afectado. En resumen, todo está dado para que prosperen las demandas que preparan algunos abogados contra la administración por lo que consideran una arbitrariedad contra los ciudadanos y contra la propiedad privada.

Situación predial del Bronx

Según la ERU, el Bronx lo conforman 36 inmuebles divididos en 64 unidades prediales, que ocupan casi 10.000 metros cuadrados y están avaluados en casi $10.000 millones. Es decir, el metro cuadrado puede costar un millón de pesos. Al revisar documentos de Hacienda, se encuentra que el Bronx es estrato 3, que la mayoría de predios era de uso comercial y que algunos alcanzan un precio catastral de casi $1.000 millones.

De los 36 predios, tres son del Distrito, uno del Fondo para la Lucha contra el Crimen Organizado y otro de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá. Contra dos inmuebles ya declararon la extinción de dominio, y contra siete avanza el trámite. El resto son 22 casas sin líos judiciales, que cuentan con concepto del Idiger sobre amenaza de ruina y, por lo tanto, deben ser demolidas.

La intervención en el Bronx

En la madrugada del sábado 28 de mayo la Policía, la Fiscalía y varias entidades distritales se tomaron el Bronx. La intervención fue el producto de un trabajo de inteligencia de cuatro meses y se dio en medio de una polémica: la presencia de menores de edad en ese sector, quienes estaban vinculados al microtráfico e incluso eran explotados sexualmente.

Lo descubierto allí dejó claro que esas tres cuadras eran las más macabras de la ciudad: historias de desmembramientos, torturas y abusos de toda índole se descubrieron en las semanas posteriores. Todos esos actos eran promovidos por seis ganchos, estructuras criminales que controlaban lo que allí sucedía y cuyo brazo de seguridad eran los sayayines.

Una familia de víctimas de la violencia, que subsistía de un local comercial que tenía arrendado en el Bronx. Tres familias de recicladores, con bodegas llenas de material y algo de dinero en efectivo. Arrendatarios que quedaron sin techo y sin opción de sacar sus pertenencias. Todos tienen algo en común: contra ellos no existe ningún proceso judicial, tenían sus documentos en regla y hoy forman parte del grupo de los otros desplazados del Bronx.

No hay discusión sobre la necesidad de la intervención que adelantó la Alcaldía el pasado 28 de mayo, porque la zona se había convertido en el principal imperio del crimen de la ciudad. Sin embargo, más allá de lo policial es evidente que faltó planear una intervención integral. No tuvieron claro qué hacer con quienes vivían de manera legal ni calcularon los efectos de la operación. La dispersión de habitantes de calle enfrentan las demandas de algunos afectados por la presunta violación al debido proceso.

Se trata de un grupo de ciudadanos, entre arrendatarios, comerciantes y propietarios de inmuebles, que insisten en que sus negocios y sus casas, pese a quedar en medio de este infierno, eran legales, pagaban impuestos y no tenían líos con la justicia. Incluso, sostienen que las autoridades carecían de órdenes de allanamiento expedidas por un juez, como para haberlos despojado y desplazado sin al menos una explicación. Hoy señalan que tras la intervención policial se quedaron con las manos vacías. Varios ya contactaron abogados para llevar ante los tribunales lo que consideran una violación al debido proceso.

Las denuncias

Las primeras historias llegaron a la Defensoría del Pueblo, a donde acudieron arrendatarios, comerciantes, propietarios e, incluso, habitantes de calle a quejarse por el procedimiento que adelantó el Distrito. “Se acercaron personas en tres situaciones especiales. Los primeros fueron los residentes, comerciantes y propietarios”, explica el defensor en Bogotá, William Suárez.

Los residentes denuncian que las autoridades los maltrataron, los desplazaron y ni siquiera pudieron sacar sus pertenencias. Otro es el caso de los comerciantes formales, que exhiben los documentos de sus negocios y expresan que tenían dinero y mercancías que quedaron retenidos sin un debido proceso; aseguran, además, que los sacaron de sus establecimientos vulnerando su derecho al trabajo y la propiedad sobre esos artículos. “No les dijeron que la mercancía quedaba retenida, no les hicieron inventario. Los sacaron a la fuerza y listo”, agrega el defensor.

Finalmente están los propietarios, que se vieron abocados a abandonar sus propiedades por la falta de protección de las autoridades cuando los criminales se tomaron el Bronx, y hoy escuchan que demolerán sus propiedades sin presentarles estudios técnicos, sin cumplir el debido proceso y sin hacerles ninguna oferta.

“Todo se resume en lo siguiente: en este proceso aparentemente se violaron los derechos al debido proceso, a la defensa y a la propiedad. Para allanar un negocio, cerrar un local, incautar mercancía, decir que van a demoler por ruina… para todo hay un proceso. Si no lo cumplieron, seguramente vendrán demandas contra el Distrito, que sería un panorama preocupante”, concluye el defensor del Pueblo en Bogotá.

Las historias

Una mujer afectada que radicó una acción de tutela contra el Distrito relata, por ejemplo, que en 1994 su esposo compró cuatro propiedades en el sector donde años después se formó el Bronx. Inicialmente vivieron allí y su marido montó un taller de mecánica industrial. Tras la intervención del Cartucho y cuando llegó la ola de habitantes de calle a esa zona, tuvieron que salir. Para garantizar la pertenencia de los predios, los arrendaron a personas que luego los usaron como residencias pagadiario.

“Por un tiempo nos pagaban el arrendamiento, hasta que un día nos llamaron a decirnos que los habían sacado y que eso quedó en manos de los delincuentes. Nunca pudimos volver. Hoy nos dicen que nos van a demoler las casas y nadie nos da razón. Le he escrito a muchas autoridades y nadie responde. Estimo que esas propiedades pueden costar alrededor de $500 millones que alguien nos tendrá que pagar”.

Otros nueve afectados ya tienen abogado. Se trata de Querubín Guzmán, quien los representará en las demandas contra el Estado y tiene su propia interpretación, más allá de las quejas de sus clientes. “Si bien la intervención había que hacerla, realmente todo esto es un distractor social. La esencia del problema es despojar a los propietarios de los inmuebles, pagar barato y luego venderlos caro en el proceso de renovación urbana”.

“Es ilógico e ilegal lo que ocurrió. A los dueños de los inmuebles los despojaron y no saben bajo qué proceso. Aunque le han consultado al Distrito, no les responden. Para quitárselos por extinción de dominio o por expropiación administrativa se deben cumplir unos requisitos que, en este caso, se han incumplido. Se les violaron los derechos al debido proceso y a la defensa”, considera el abogado, que agrega: “Tenemos casos de personas a las que prácticamente los delincuentes les ocuparon la propiedad y las autoridades nunca hicieron nada. La Policía nunca hizo nada y dejó que eso se volviera una zona sin ley. Ahora se las quita la administración y tampoco les responden”.

Él pone como ejemplo a uno de sus clientes, dueño de una cigarrería, que tiene todo en regla. El día de la toma lo sacaron a la fuerza. Allí tenía unas neveras especiales. Entre muebles y el inmueble, sin contar lo que ha perdido por el lucro cesante de su negocio, calcula que pudo haber perdido casi $600 millones. “Otro cliente tenía un negocio legal y mensualmente ganaba $10 millones. Claro, en su negocio encontraron unas máquinas ilegales, pero él no las explotaba. Era una imposición de los delincuentes. Allí imperaba la ley del silencio. Eso no lo han tenido en cuenta”, agrega Guzmán.

Y concluye: “Esta es la otra cara de la realidad. El Distrito tiene que entrar a reparar. Si bien la operación se justificó en el bien común, no se podía llevar por delante a personas que están en el marco de la ley. La evidencia está en que, por ahora, sólo puede demoler nueve predios. El resto será una pelea larga porque incumplió el debido proceso. Claro, la lógica de ellos seguramente fue actuar sin pensar en esos detalles y dejar que la gente demandara al Estado, ¿pero quién terminará pagando? Pues todos nosotros con los impuestos, por una alcaldada”, concluyó.

La respuesta del Distrito

En el Distrito descargan la responsabilidad sobre la Empresa de Renovación Urbana (ERU), que será la encargada de cambiarle la cara al antiguo Bronx. Allí explican que la intervención se ordenó teniendo en cuenta que en la zona operaban grupos ilegales de microtráfico, explotación sexual de menores y delitos relativos a la violación de las libertades individuales, como la tortura y el secuestro. “Todas constitutivas de graves violaciones a los derechos humanos, además de una grave condición estructural objeto de amenaza inminente de ruina”.

Aclaran que, luego de la intervención, la administración designó varias entidades para coordinar acciones, entre ellas a la ERU, que se encargará de la renovación. En el barrio Voto Nacional se adelantará un proyecto urbano integral “que garantice la renovación de una pieza del centro de la ciudad, mediante la normalización de un sector amenazado por la marginalidad y el abandono, que ha perdido funcionalidad y calidad urbanística, y en el que se ha degradado el espacio público y el espacio edificado por su proceso de deterioro”, señalan.

Frente al silencio que denuncian algunos afectados, indican que sólo hasta ahora es que la ERU asume la competencia para atender a la población y a los propietarios. “La ERU desarrollará las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar para la gestión urbana y del suelo”.

Concluyen que la entidad sí ha tenido contacto con varios propietarios del sector, pero que “es pertinente recordar que en la gran mayoría de predios de la zona los propietarios habían perdido el control de los mismos”.

Al consultarle al Distrito si existe un decreto o una orden judicial que impida el acceso de los propietarios al antiguo Bronx, nadie da razón. Aunque insisten en que la ERU ha atendido a algunos para brindarles orientación jurídica y responderles sus inquietudes, los denunciantes que acudieron a la Defensoría del Pueblo afirman lo contrario.

Los denunciantes aclaran, eso sí, que su pelea no es contra la toma del Bronx. Reconocen que el crimen mandaba en la zona, pero reclaman que, pasados casi tres meses, ni siquiera les hayan respondido los oficios que enviaron a la administración ni les han hecho una oferta ni han recibido algún documento oficial que les indique el camino a seguir.

“Nos trataron como delincuentes, sin darse a la tarea de conocer la real situación. Hoy estamos con las manos vacías, muchos sin su medio de sustento, que nada tenía que ver con el delito, y sin una repuesta de la administración”, concluye un afectado. En resumen, todo está dado para que prosperen las demandas que preparan algunos abogados contra la administración por lo que consideran una arbitrariedad contra los ciudadanos y contra la propiedad privada.

Situación predial del Bronx

Según la ERU, el Bronx lo conforman 36 inmuebles divididos en 64 unidades prediales, que ocupan casi 10.000 metros cuadrados y están avaluados en casi $10.000 millones. Es decir, el metro cuadrado puede costar un millón de pesos. Al revisar documentos de Hacienda, se encuentra que el Bronx es estrato 3, que la mayoría de predios era de uso comercial y que algunos alcanzan un precio catastral de casi $1.000 millones.

De los 36 predios, tres son del Distrito, uno del Fondo para la Lucha contra el Crimen Organizado y otro de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá. Contra dos inmuebles ya declararon la extinción de dominio, y contra siete avanza el trámite. El resto son 22 casas sin líos judiciales, que cuentan con concepto del Idiger sobre amenaza de ruina y, por lo tanto, deben ser demolidas.

La intervención en el Bronx

En la madrugada del sábado 28 de mayo la Policía, la Fiscalía y varias entidades distritales se tomaron el Bronx. La intervención fue el producto de un trabajo de inteligencia de cuatro meses y se dio en medio de una polémica: la presencia de menores de edad en ese sector, quienes estaban vinculados al microtráfico e incluso eran explotados sexualmente.

Lo descubierto allí dejó claro que esas tres cuadras eran las más macabras de la ciudad: historias de desmembramientos, torturas y abusos de toda índole se descubrieron en las semanas posteriores. Todos esos actos eran promovidos por seis ganchos, estructuras criminales que controlaban lo que allí sucedía y cuyo brazo de seguridad eran los sayayines.